El trabajo no es una dádiva y eso está en juego en las elecciones presidenciales

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

Cada primero de mayo se conmemora una conquista arrancada a costa de sacrificios, huelgas y vidas. Este año, a pocos días de la elección presidencial en Colombia, el Día del Trabajo adquiere un significado particularmente crítico. En esta ocasión, los trabajadores deberían formularse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuánto de lo conquistado durante el actual gobierno —pese a las obstrucciones del Congreso— estarían dispuestos a perder?

Una afirmación recurrente entre ciertos empresarios ayuda a dimensionar lo que está en juego. Suelen jactarse de crear empleo y «dar trabajo» para que la gente subsista; de alimentar al que «aguanta» hambre. En ocasiones llegan incluso a humillar o presionar a sus empleados con la amenaza del despido si no aceptan condiciones desfavorables. Esa idea —y esa actitud— distorsiona la realidad. El empleador no regala nada ni actúa por altruismo, y el trabajador no recibe una limosna. Lo que existe, en rigor, es una relación de intercambio en la que se entregan tiempo, capacidades y esfuerzo a cambio de un salario que, además, es inferior al valor que ese trabajo genera.

La riqueza que producen las empresas proviene del conocimiento aplicado en máquinas, métodos, procesos y rutinas que los trabajadores ponen en marcha. El capital, por sí solo, no se reproduce; es el trabajo el que lo hace posible. Negar esta realidad facilita justificar la precarización laboral. Eso es, precisamente, lo que está en disputa el 31 de mayo de 2026.

Esa disputa sobre el valor del trabajo y los derechos que de él se derivan no es abstracta, sino que se expresa hoy de manera concreta en el escenario electoral. Las tres candidaturas con mayor intención de voto parten de diagnósticos opuestos y plantean propuestas igualmente divergentes.

La del Pacto Histórico, encabezada por Cepeda, propone dar continuidad a las reformas impulsadas durante el gobierno de Petro y apuesta por dignificar el trabajo mediante mejoras salariales y en prestaciones sociales. Representa la continuidad de transformaciones laborales y pensionales entre las más ambiciosas del siglo.

La reforma pensional, impulsada por el gobierno del cambio y aprobada en el Congreso pese a la resistencia persistente de la oposición, incorporó un pilar solidario que hoy garantiza ingresos básicos a millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La reforma laboral recuperó los recargos dominicales y nocturnos, fortaleció el contrato indefinido y reconoció derechos a los trabajadores de plataformas digitales. A esto se suma un incremento significativo del salario mínimo que, por primera vez en décadas, superó ampliamente la inflación.

En contraste, las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella parten del supuesto de que el mercado laboral padece una rigidez normativa excesiva. Desde esa premisa, proponen desmontar avances recientes en las condiciones de vida de los trabajadores, flexibilizar o reducir recargos laborales, disminuir la participación del sistema público en pensiones o trasladar esa responsabilidad al mercado, y revertir las restricciones a la tercerización, debilitando así el contrato indefinido.

En la práctica, esto implicaría perder mejoras salariales, acentuar la presión para aceptar condiciones desfavorables y regresar a escenarios de inestabilidad laboral sin protección social. Los adultos mayores más pobres quedarían expuestos a mayores riesgos ante eventuales recortes en el gasto público.

Todo esto ocurre en un país con altos niveles de informalidad y jornadas extensas, donde el salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas en muchas ciudades. En ese contexto, la flexibilización no representa modernización, sino una profundización de la precariedad.

En ese sentido, la precariedad laboral no solo tiene efectos económicos directos, sino que también configura un terreno fértil para la disputa política y simbólica. Es precisamente en medio de estas condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad donde ciertos actores encuentran espacio para posicionar narrativas que apelan al temor como mecanismo de movilización.

El discurso del miedo que ha empleado la oposición para intentar recuperar la presidencia no es nuevo. Ha sido una estrategia recurrente durante los últimos cincuenta años, consistente en sembrar desconfianza sobre el futuro, anticipar supuestas amenazas y movilizar a los electores —unas veces indignados, otras prácticamente aterrados—. Esta lógica ha sido reactivada con fuerza desde sectores de derecha a través del proyecto JÚPITER, que busca intimidar y generar incertidumbre entre los trabajadores en espacios privados de grandes empresas, mientras el mensaje se amplifica en medios de comunicación y redes sociales.

Conviene, entonces, precisar qué es lo que está realmente en riesgo, pues no es la economía del país, ni la generación de riqueza, ni la inversión.

Lo que realmente está en juego para la clase trabajadora son los avances concretos derivados de las reformas laboral y pensional del gobierno del cambio, entre ellos la recuperación de recargos por horas extras y trabajo en festivos eliminados con la reforma de 2002, el acceso a seguridad social para adultos mayores, una pensión digna menos expuesta a la volatilidad de los fondos privados y una mayor estabilidad laboral frente a la tercerización abusiva. Eso es lo que pretenden revertir los candidatos de la derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Las advertencias sobre supuestas fugas de empresas o caídas en la inversión han acompañado históricamente toda resistencia a los derechos laborales. Esa narrativa opera como mecanismo de presión, pero no resuelve los problemas estructurales. Colombia necesita empresas que generen valor mediante conocimiento, productividad e innovación, no a costa de recortar derechos.

La conmemoración del primero de mayo no pertenece al pasado. Es una lucha vigente que debe expresarse —en Colombia— en las urnas, en el Congreso, en la movilización social y en cada relación laboral. Los avances recientes son frágiles y pueden revertirse con rapidez si se impone la idea de que el problema del país es el exceso de derechos.

Los trabajadores no son un recurso explotable ni desechable. Son personas con derechos, historia y dignidad. El próximo 31 de mayo no se elige solamente presidente, tampoco etiquetas o consignas vacías, sino que se decide si el trabajo se reconoce como un derecho o si vuelve a tratarse como una dádiva de empresarios. Se define si los logros conquistados se defienden o se entregan.

Celebrar el Día del Trabajo en Colombia este año implica votar con memoria y con conciencia el 31 de mayo…

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.