Coljuegos denunció a brujos y estafadores
Exigen transferencias bancarias bajo el argumento de que dichos pagos corresponden a supuestos impuestos gubernamentales, retenciones en la fuente o derechos notariales.

La empresa industrial y comercial del Estado encargada de la explotación del monopolio de los juegos de suerte y azar en Colombia, Coljuegos, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras detectar una sofisticada modalidad de estafa trasnacional. El esquema delictivo es operado por redes de falsos brujos y supuestos asesores esotéricos que, empleando canales digitales, logran contactar a ciudadanos extranjeros y residentes en el exterior. Los delincuentes abordan a las víctimas ofreciendo servicios de clarividencia, predicciones numéricas o rituales de prosperidad para supuestamente garantizar el acceso al premio mayor de la lotería Baloto, atrayendo a las personas mediante el uso ilegítimo de la imagen corporativa del juego oficial.
El entramado criminal avanza hacia su fase de fraude financiero una vez que los falsos profesionales del esoterismo convencen a las víctimas de que el supuesto boleto ganador ya fue emitido y se encuentra bajo custodia. Mediante llamadas telefónicas, mensajería de texto y documentos falsificados que imitan la papelería de la entidad reguladora, los estafadores exigen transferencias bancarias internacionales bajo el argumento de que dichos pagos corresponden a supuestos impuestos gubernamentales, retenciones en la fuente o derechos notariales de autenticación indispensables para la liberación de los millonarios dividendos en territorio colombiano.
Frente a la proliferación de estos casos, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, emitió una advertencia pública en la que aclara que ninguna de las plataformas oficiales de juegos novedosos o territoriales en el país recurre a intermediarios, sorteos privados ni cobros anticipados para hacer efectivos los incentivos económicos. El funcionario enfatizó que la suplantación de identidad institucional y de los operadores oficiales de apuestas constituye un delito penal grave, por lo cual la entidad ha dispuesto un equipo jurídico especializado para brindar asesoramiento legal a los extranjeros perjudicados y asegurar el rastreo de las cuentas receptoras del dinero ilícito.
Las autoridades de ciberseguridad y la policía judicial iniciaron las investigaciones necesarias para dar con el paradero de estas agrupaciones que lucran mediante la manipulación emocional y el engaño informático. Los entes de control instaron a la comunidad internacional y a los apostadores locales a verificar de manera estricta cualquier notificación de ganancia directamente en los portales web oficiales y canales de atención autorizados de los operadores. Asimismo, recordaron que los premios legítimos jamás están condicionados al desembolso de dinero en efectivo a cuentas de personas naturales o consorcios no reconocidos por la legislación de juegos de azar en Colombia.



