El miedo como sustituto de las propuestas de gobierno

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

Colombia tiene un problema que va más allá de la polarización. No se trata únicamente de que los colombianos estén divididos, algo propio de cualquier democracia en funcionamiento. El problema de fondo es otro. La política ha dejado de ser el espacio donde se confrontan ideas y se ha convertido en un escenario en el que se busca destruir personas.

Lo que hoy circula con mayor frecuencia en redes sociales, en noticieros y en conversaciones cotidianas no son propuestas para resolver los problemas críticos del país. Son acusaciones. No son argumentos. Son etiquetas. Y lo más preocupante no es su existencia, sino que se asuman como verdades. Que una sola palabra, dicha con suficiente fuerza y repetida con insistencia, termine sustituyendo cualquier análisis de la realidad.

Llamar “guerrillero” a alguien sin una sola prueba se ha vuelto un recurso aceptado para algunos. Llamar “paramilitar” a otro con la misma ligereza también. Ninguna de las dos afirmaciones requiere sustento para ellos. Solo necesita eco. Y el eco, en la era de las redes sociales, abunda.

Este deterioro en la opinión pública no ocurrió de la noche a la mañana. Tiene historia, tiene actores y responde a una lógica que conviene entender. Durante décadas, Colombia vivió un conflicto armado que acostumbró a la sociedad a pensar en términos de bandos. Se estaba de un lado o del otro. Esa lógica binaria, que pudo tener cierta utilidad descriptiva en medio de la guerra, se trasladó intacta al debate político. Y allí se convirtió en veneno.

El resultado ha sido una conversación pública en la que ya no se discute qué hacer con la educación, la salud o la tierra. Se discute quién es el enemigo. Y una vez identificado, todo lo demás sobra. No hace falta escucharlo ni refutarlo. Solo hace falta neutralizarlo.

Esa dinámica beneficia a quienes no tienen propuestas sólidas que ofrecer. Es mucho más sencillo señalar que construir. Más barato sembrar miedo que elaborar un programa de gobierno. Más efectivo, en el corto plazo, despertar desconfianza que ganarse la confianza con hechos.

El miedo, además, tiene una propiedad política especialmente útil para quienes lo promueven. Cierra la razón antes de que el argumento llegue. Una ciudadanía atemorizada no evalúa, reacciona. No compara propuestas, busca protección. Y quien se presenta como el único capaz de ofrecerla tiene más posibilidades de ganar.

Colombia ya vivió ese ciclo. En la antesala de elecciones de comienzos de siglo, y en varios procesos electorales posteriores, la violencia se intensificó de manera sistemática y el miedo se instaló como el principal criterio de decisión política. No fue casualidad ni coincidencia. Fue un patrón que se repitió intencionalmente con suficiente regularidad como para exigir una explicación que vaya más allá del azar.

En ese clima enrarecido, las propuestas que exigían reflexión, paciencia y visión de largo plazo perdieron terreno frente a discursos que prometían soluciones rápidas, mano dura y certezas inmediatas. No porque fueran mejores o más convenientes, sino porque el miedo no espera, no compara y no delibera.

Hoy ese patrón no solo amenaza con repetirse. Ya está ocurriendo. La actual contienda electoral para elegir presidente de Colombia se ha convertido en escenario de una campaña deliberada para instalar el miedo, la indignación y la incertidumbre como argumentos centrales.

Desde sectores de la oposición al gobierno actual y frente a la candidatura de Iván Cepeda Castro, se han activado proyectos políticos y mediáticos cuyo propósito no es debatir ideas sino sembrar temor. El mensaje que se repite, con distintas palabras, pero con el mismo trasfondo, es siempre el mismo: si gana el progresismo, el país caerá en el caos, la inseguridad se desbordará y la libertad estará en riesgo.

Esa narrativa no es espontánea ni inocente. Está construida con precisión y difundida con recursos. Aparece en titulares que mezclan hechos y especulaciones. Circula en cadenas de mensajes que nadie verifica, pero muchos reenvían. Se instala en el imaginario colectivo antes de que la razón alcance a reaccionar. Y cumple exactamente la función para la que fue diseñada, no convencer sino atemorizar.

La estrategia combina tres ingredientes cuidadosamente. Primero, el miedo, una amenaza difusa pero constante de que algo terrible ocurrirá si el voto va en la dirección equivocada. Segundo, la indignación, la construcción permanente de un agravio, real o exagerado, que mantiene a la ciudadanía en estado de irritación e impide la reflexión serena. Tercero, la incertidumbre, la siembra deliberada de dudas sobre instituciones, procesos y personas, de modo que nadie sepa en qué creer y cualquier promesa de orden resulte atractiva.

Los tres elementos juntos no buscan informar ni persuadir con argumentos. Buscan empujar. Empujar hacia una propuesta radical que ofrece la guerra como solución, el enfrentamiento como método y la eliminación del adversario como horizonte político.

Esa propuesta radical no siempre se presenta con ese nombre. Se disfraza de seguridad, de firmeza, de defensa de valores. Pero su contenido es el mismo de siempre. Más confrontación, menos diálogo, más armas, menos acuerdos. Y para que resulte aceptable, necesita que el miedo haya hecho primero su trabajo. Necesita una ciudadanía suficientemente asustada como para aceptar soluciones que, en condiciones de calma, rechazaría sin dudar.

Lo revelador es que quienes agitan ese miedo rara vez ofrecen una propuesta alternativa concreta. No presentan un plan para reducir la desigualdad, garantizar la seguridad o enfrentar la crisis social del país. Se limitan a señalar al adversario como una amenaza y a presentarse como el dique que impide el desastre. Es una estrategia tan antigua como efectiva, y funciona mejor cuanto menos se examina.

Los señalamientos sin prueba vuelven a circular con fuerza. Las etiquetas vuelven a reemplazar los argumentos. Y la violencia, cuando aparece, no solo destruye vidas. También desplaza el debate, endurece las posiciones y otorga ventaja a quienes viven de la confrontación.

Vale la pena preguntarse con honestidad a quién le sirve que el país no pueda debatir con calma. ¿A quién beneficia que una figura pública sea reducida a una caricatura antes de que sus ideas puedan ser evaluadas? ¿A quién le conviene que la ciudadanía vote con el estómago revuelto por el miedo y la cabeza nublada por la indignación, en lugar de hacerlo con la razón despejada por el análisis?

 ¿A quién beneficia realmente la violencia y que sea el tema central de los medios corporativos de información y no las propuestas de los candidatos? Las respuestas no son cómodas. Pero son necesarias.

Una democracia no muere únicamente cuando alguien toma el poder por la fuerza. También muere, más lentamente y con menos ruido, cuando la mentira se normaliza, cuando la acusación reemplaza al argumento y cuando los ciudadanos dejan de exigir pruebas porque se han acostumbrado a que nadie las presente.

Recuperar el debate no es una tarea exclusiva de los políticos. Es una responsabilidad colectiva. Exigir coherencia, pedir evidencia, resistir la tentación de la etiqueta fácil y negarse a ser instrumento del miedo ajeno son actos políticos tan importantes como el voto mismo.

Colombia merece una conversación a la altura de sus problemas. Y sus problemas son demasiado serios como para seguir siendo reemplazados por insultos, rumores y amenazas fabricadas desde el cálculo electoral. Merece ciudadanos que voten con convicción y no con pánico. Que elijan con criterio y no bajo el efecto de una indignación manufacturada. Que reconozcan, cuando el miedo llame a su puerta, que alguien lo envió con un propósito que no es el bien común. Conversemos sobre el futuro del país sin miedo. Debatamos sin temor para decidir sobre el futuro del país.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.