S.O.S. por la paz
Las llamadas fronteras invisibles han desaparecido: niños y jóvenes pueden desplazarse con libertad para estudiar, visitar a sus familiares o jugar en la calle.
Ramón Elejalde Arbeláez Opinión/El Pregonero del Darién
Los diálogos socio jurídicos que adelanta el Gobierno nacional en Medellín y el Valle de Aburrá con estructuras del crimen organizado —tras la reprochable festividad protagonizada por voceros de estos grupos en la cárcel de Itagüí— han entrado en un periodo de inmovilización. Este estancamiento amenaza con echar por tierra un propósito que venía avanzando por caminos positivos y benéficos para la ciudad, como se verá más adelante.
Hoy existen en el mundo dos modelos ampliamente conocidos para enfrentar las violencias urbanas. El primero, tradicional y largamente ensayado, es el de “muerte y cárcel”, que ha mostrado sus límites; es el llamado “modelo Bukele”, que ha dado resultados en El Salvador a costa de cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos y detenciones masivas de jóvenes, muchos de ellos inocentes. El segundo es el que se explora en Colombia: la búsqueda de la paz mediante el diálogo, que ya demostró su eficacia en procesos como los de las extintas Farc, el EPL y el M-19. Estamos en la obligación de demostrar que la paz urbana también es posible por esta vía.
El modelo que hoy se experimenta en Medellín y el Valle de Aburrá ha dejado resultados innegables. En la actualidad, los homicidios en la ciudad se ubican en tasas de homicidio de un dígito, algo que no registra ninguna otra ciudad del país y que contrasta con los escalofriantes números del pasado. Las llamadas fronteras invisibles han desaparecido: niños y jóvenes pueden desplazarse con libertad para estudiar, visitar a sus familiares o jugar en la calle, sin el temor de que, al cruzar una vía tras un balón, encuentren la muerte. En Medellín no se registra consumo de fentanilo y, en los entornos escolares, no se venden alucinógenos. Además, en varios barrios y durante periodos significativos, la extorsión ha disminuido. Son, en suma, avances visibles logrados a través del diálogo. Y lo más importante, el diálogo no implica menoscabar el ejercicio de la autoridad, las autoridades continúan cumpliendo sus funciones constitucionales y legales.
Quienes se oponen a este proceso no han dimensionado las consecuencias de un eventual fracaso. Esta semana, al escuchar a líderes barriales en el auditorio de una importante cooperativa de la ciudad, se vivieron escenas tan patéticas como conmovedoras: madres implorando la continuidad del proceso para no poner en riesgo la vida de sus hijos; abuelos angustiados ante la posibilidad de tener que abandonar sus viviendas; estudiantes temerosos de regresar a tiempos en los que debían estar en casa antes de las siete de la noche, so pena de perder la vida. Son los habitantes de los barrios populares y de la periferia de la capital antioqueña a quienes deben escuchar las autoridades locales y regionales, y no a las élites que viven con comodidad en ciertos sectores de la ciudad.
Resulta difícil aceptar que, por el imperdonable error de una fiesta vallenata, se arroje por la borda la posibilidad de que el 70 % de la ciudad viva tranquila y en paz. Cuesta creer que ese sea el propósito de algunos líderes locales.
Es el momento de la reflexión serena y no de la desenfrenada búsqueda de un posicionamiento electoral a futuro.
