La corrupción no descansa ni cuando la tierra tiempla

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto no solo convirtió en escombros edificios y viviendas; sacudió conciencias, despertó temores y quebró, una vez más, la confianza de los colombianos en la capacidad del Estado para protegerlos cuando más lo necesitan. Volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que Colombia parece incapaz de resolver. ¿Qué pasará con los recursos destinados a atender esta emergencia?

No es una pregunta paranoica. Es una pregunta que nace de la experiencia. Cada vez que el país ha enfrentado una catástrofe o una crisis de gran escala, la corrupción ha encontrado la manera de abrirse paso en medio del dolor ajeno. Lo vimos con la avalancha de Mocoa y con las inundaciones de la ola invernal de 2010-2011. Lo vivimos otra vez durante la pandemia de COVID-19, cuando los contratos exprés, los sobrecostos en insumos médicos y las compras públicas con controles insuficientes se convirtieron en noticia recurrente mientras el país enterraba a sus muertos.

El huracán Iota es quizás el precedente más parecido a lo que hoy enfrentamos. En noviembre de 2020 arrasó San Andrés y Providencia. El Gobierno prometió un ‘Plan de 100 días’ para la reconstrucción, pero los años posteriores mostraron lentitud, denuncias de contrataciones a dedo y recursos que nunca llegaron a los isleños que más los necesitaban. Para la clase política, parece que ninguna tragedia es tan grande que no quepa un negocio turbio en sus escombros.

Las condiciones que permiten ese patrón tienden a repetirse. En una emergencia es razonable, incluso necesario, flexibilizar algunos controles para responder con la rapidez que la situación exige. La contratación directa, los procesos abreviados y una mayor discrecionalidad presupuestal pueden estar plenamente justificados cuando hay vidas en juego y cada hora cuenta.

El problema aparece cuando esa flexibilidad no está acompañada de una vigilancia igualmente rigurosa. Menos controles pueden significar mayor velocidad, pero menor trazabilidad, menor competencia entre proveedores y más espacio para que decisiones aparentemente técnicas terminen favoreciendo intereses particulares. Cuando eso ocurre, los recursos que deberían llegar a quienes lo perdieron todo comienzan a desviarse de manera silenciosa.

Y conviene ser claros: el riesgo no depende únicamente de que aparezcan funcionarios inescrupulosos o personas sin experiencia al frente de la emergencia. Colombia ha demostrado con creces que la corrupción de alto nivel también puede involucrar a profesionales de amplia formación académica —incluso con maestrías y doctorados— y extensas trayectorias en el sector público o privado.

El caso Reficar, por ejemplo, llevó el costo de modernización de la refinería de Cartagena de cerca de 3.800 millones de dólares a más de 8.000 millones. El escándalo de Odebrecht, relacionado con la Ruta del Sol II, involucró a multinacionales, empresarios y funcionarios con educación superior, posgrados y amplia experiencia. El carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Agro Ingreso Seguro mostraron problemas similares.

La mención resulta incómoda, pero es necesaria. La formación académica y la experiencia profesional no garantizan la integridad. Una persona puede conocer perfectamente las normas y, aun así, decidir utilizarlas para favorecer sus propios intereses. En una emergencia, cuando los controles habituales se relajan por necesidad, esa falta de garantía se vuelve todavía más peligrosa.

En el caso de un terremoto, los riesgos pueden anticiparse con facilidad. Pueden aparecer contratos de reconstrucción de viviendas e infraestructura adjudicados sin competencia real, sobrecostos en materiales y ayudas humanitarias, censos de damnificados manipulados para desviar subsidios o empresas de papel creadas para captar contratos de emergencia. Ninguno de estos mecanismos es nuevo. Todos han aparecido, de una u otra forma, después de desastres naturales en Colombia y en otros países.

Por eso la vigilancia no puede comenzar cuando los recursos ya se hayan perdido y solo quede investigar. Tiene que estar presente desde el primer día, al mismo tiempo que se desarrolla la respuesta humanitaria. Los contratos de emergencia y sus beneficiarios deben hacerse públicos con la mayor rapidez posible. La ciudadanía y los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, deben contar con mecanismos efectivos para detectar y corregir irregularidades. Deben existir, además, canales ágiles para que los afectados puedan denunciar sin temor a represalias. Y cuando aparezcan delitos, las investigaciones y sanciones no pueden prolongarse durante años hasta que el país termine olvidando lo ocurrido.

Existe, por otro lado, un asunto menos técnico y mucho más cultural. La ciudadanía no puede bajar la guardia porque se encuentre frente a una tragedia que despierta solidaridad nacional. Precisamente en esos momentos, cuando existe una enorme disposición a ayudar y la atención se concentra en las víctimas, pueden abrirse espacios para quienes buscan aprovecharse de los recursos públicos. Exigir transparencia durante una emergencia no significa desconfiar de la ayuda ni entorpecerla. Significa protegerla para que llegue realmente a quienes la necesitan.

La emergencia deja espacio, además, para una forma sutil de lucha ideológica y de cálculo electoral. Administrar la solidaridad internacional según el color político de quien la ofrece, o convertir la tragedia en vitrina de campaña. Cuando la ayuda humanitaria se filtra por afinidades partidistas, o cuando funcionarios y aspirantes aprovechan la emergencia para hacer política, el Estado no solo arriesga vidas por lentitud. También erosiona la confianza en que la emergencia se gestiona por los damnificados y no por cálculo político.

Colombia ocupa el puesto 99 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 37 sobre 100. La cifra no es un dato abstracto. Es el resultado acumulado de muchas decisiones públicas y de la percepción que esas decisiones dejan en la sociedad. Cada contrato opaco, cada sobrecosto injustificado y cada peso que no llega a su destino alimentan la desconfianza y profundizan el problema.

El terremoto ya produjo un daño que no puede evitarse. Lo que sí podemos evitar es que la tragedia tenga un segundo efecto. No podemos permitir que, además de viviendas destruidas y comunidades afectadas, los recursos destinados a reconstruirlas terminen beneficiando, una vez más, a quienes nada tienen que ver con las víctimas.

La emergencia exige solidaridad, rapidez y eficacia. Pero exige, sobre todo, vigilancia. Porque cuando la tierra tiembla, el Estado debe responder con mayor capacidad. Y cuando los controles se flexibilizan, la sociedad debe responder con mayor atención. Esa vigilancia, sostenida en el tiempo, es la única garantía de que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.