Más allá del dogma y las etiquetas: La hora de la idoneidad pública

Carlos Arturo Perea Iris* /Opinión/El Pregonero del Darién

Durante décadas, la conversación política en Colombia ha permanecido atrapada en una simplificación conceptual: la venta de etiquetas ideológicas y discursos dogmáticos. Se ha vuelto sistemático catalogar cualquier propuesta de transformación o justicia social bajo la etiqueta del «comunismo» o «castrochavismo», mientras que, desde el extremo opuesto, se califica de «fascista» o «neoliberal» a toda postura que defienda la libertad de empresa o el rigor fiscal. Este modelo de debate, asentado en el pánico moral y la caricaturización del rival, ha obstaculizado el desarrollo nacional y ha impactado con especial gravedad a regiones periféricas como el Urabá y el Darién.

Si se analiza el comportamiento electoral reciente en el ámbito internacional, la lección es nítida: las democracias están penalizando la incapacidad de gestión, al margen de la filiación partidista de los candidatos. En Estados Unidos, durante los comicios de 2024, el Partido Republicano se impuso con 312 votos electorales frente a los 226 de la candidatura demócrata de Kamala Harris. La cobertura de las principales cadenas globales coincidió en que el electorado votó motivado por el impacto de la inflación y la percepción de efectividad en la administración saliente.

De igual forma, en la elección presidencial de Francia en 2022, Emmanuel Macron obtuvo el 58,55 % de los sufragios en segunda vuelta frente al 41,45 % de Marine Le Pen. Macron consolidó su triunfo al presentarse como una alternativa técnica de «Tercera Vía», distante de los dogmas de la derecha y la izquierda tradicionales. Sin embargo, su posterior desgaste político evidencia que ninguna tendencia —sea progresista, centrista o de derecha— constituye un aval perpetuo: ante la falta de resultados medibles en la calidad de vida de las mayorías, el modelo entra en crisis.

Colombia no puede continuar atrapada en la polarización discursiva. El criterio central en el ejercicio democrático y en la elección de los mandatarios —a nivel local, departamental o nacional— debe ser pragmático y ético: evaluar quién posee la capacidad real para gestionar la administración pública.

Quien aspire a liderar un gobierno debe demostrar solvencia técnica, conocimiento territorial y una propuesta sólida de ejecución presupuestal, sin importar la bandera política que enarbole. El debate electoral requiere superar las estrategias de encuadre (framing) orientadas a infundir miedo. La idoneidad, la transparencia y la eficiencia en el gasto público no pertenecen a la izquierda ni a la derecha; son requisitos mínimos de buen gobierno.

En última instancia, la ciudadanía ejerce el poder soberano de decidir la asignación de la administración pública basándose en propuestas verificables y trayectorias contrastables en los frentes político, social, cultural y económico. La carencia de preparación en estos ámbitos suele traducirse en improvisación y estancamiento comunitario. En el Urabá y el Darién, donde las brechas en infraestructura, saneamiento básico y empleo formal representan una deuda histórica, la retórica ideológica resulta insuficiente si no va acompañada de soluciones a las necesidades básicas de la población. Las comunidades exigen proyectos que reduzcan la pobreza, protejan el empleo formal y garanticen la dignidad humana. La idoneidad técnica y la efectividad en la gestión deben anteponerse a las banderas políticas. – (El voto de la eficacia: por qué las regiones exigen gestión frente al dogma).

Abogado y Activista Sindical