ELEGIR UN GOBIERNO NO ES ENTREGAR EL PAÍS

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

Recientemente, me encontré con un video sobre «Yo, Robot», la famosa obra de Isaac Asimov. La paradoja que plantea me ha hecho reflexionar. En ese mundo, los robots fueron creados para proteger a los humanos y seguir un conjunto de reglas. Sin embargo, el problema surge cuando cumplen su misión de tal manera que deciden que deben tomar decisiones por nosotros. No se rebelan contra la humanidad; en realidad, intentan salvarnos incluso de nosotros mismos.

Esta paradoja es similar a la que enfrenta cualquier democracia. Un gobernante recibe un mandato para servir al interés general, pero puede convencerse de que sabe mejor que los ciudadanos lo que es ese interés y que tiene el derecho de imponerlo, aunque eso signifique ignorar a la gente.

La paradoja de Asimov resuena hoy más que nunca. La discusión sobre una posible inteligencia artificial general, que podría superar nuestras capacidades, plantea una pregunta similar. Si existiera una inteligencia mucho más poderosa que nosotros, y supiéramos que realmente busca nuestro bienestar, ¿estaríamos dispuestos a entregarle el control sobre nuestro futuro?

Probablemente no. Podríamos utilizarla para resolver problemas complejos, anticipar riesgos y tomar decisiones más informadas, pero cederle el poder de decidir cómo debe ser nuestra sociedad, qué libertades debemos sacrificar o qué futuro debemos aceptar, sería otra historia. Reconocer una inteligencia superior no significa renunciar a nuestra libertad de decidir.

Es importante reflexionar sobre esto, más allá de la situación que plantea la ficción. Si nos resistimos a entregar nuestra soberanía a una inteligencia hipotéticamente superior, con mayor razón deberíamos resistirnos a entregársela sin reservas a un gobernante de inteligencia normal.

No elegimos a un gobernante porque sea más inteligente que nosotros o porque posea una verdad superior. Lo elegimos para que ejerza, durante un tiempo determinado, unas facultades que siguen perteneciendo a los ciudadanos. No se le entrega la soberanía del país ni la soberanía individual de nadie. Se le confía la responsabilidad de gobernar por un período previamente establecido.

Esta diferencia parece elemental, pero es precisamente la confusión que algunos gobernantes terminan haciendo. Reciben un mandato y comienzan a actuar como si tuvieran la autorización para imponer su voluntad, como si el resultado electoral les diera el derecho a definir quién tiene razón y a considerar ilegítima a la parte que no los apoyó. Ese es el primer paso hacia el autoritarismo.

Colombia debería prestar especial atención a este asunto en el contexto político actual. El gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzó el pasado 7 de agosto, representa un cambio radical en comparación con el de Gustavo Petro. Entre sus principales propuestas se encuentran la reducción del tamaño del Estado, una política de seguridad que recuerda a la de Álvaro Uribe, la reversión de avances en equidad, la disminución de la inversión social, el fortalecimiento de la economía extractivista y una agenda conservadora en asuntos culturales y de derechos.

Un cambio de rumbo no es, en sí mismo, un problema; para eso están los gobiernos. El problema comienza cuando ese giro se convierte en una reversión de derechos ya reconocidos, en la subordinación de las instituciones a una visión ideológica particular y en la exclusión de quienes no la comparten.

No se trata simplemente de cambiar una política económica por otra. Es algo más profundo. La posibilidad de que un gobierno use la fuerza de su mayoría en el Congreso para desconocer derechos ya reconocidos por las instituciones democráticas y las altas cortes. Derechos que no deberían depender de quién ocupe temporalmente la Casa de Nariño.

Ese es precisamente el sentido de las instituciones. La democracia no es solo el gobierno de las mayorías. Es el gobierno de las mayorías dentro de un marco que protege los derechos de todos, incluidas las minorías y quienes piensan diferente. Por eso preocupa cuando la política comienza a dividir al país entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser silenciados, entre ciudadanos «de bien» y ciudadanos sospechosos, entre quienes se apropian de los recursos del país como patrimonio propio y quienes son presentados como una carga o una amenaza.

En este contexto, la relación entre el poder político y los medios de comunicación cobra una gran relevancia. Una democracia necesita una prensa que incomode al poder, no que se acomode a él. Necesita periodistas que investiguen tanto al gobierno de turno como a quienes tienen intereses económicos en sus decisiones. Pero, en Colombia se percibe un silencio incómodo de buena parte de los medios frente a determinadas actuaciones del poder. No todos han asumido esa conducta, pero el silencio de algunos resulta demasiado cómodo cuando lo que está en juego son derechos y límites al poder.

Algo similar ocurre con las instituciones, cuya legitimidad depende de que puedan actuar con independencia frente al gobierno, los partidos y los intereses económicos. Cuando los ciudadanos perciben que responden más a una élite que al interés general, la democracia pierde algo más grave que la confianza: pierde autoridad moral.

Esta preocupación no debería ser exclusiva de quienes se identifican con una corriente política determinada. Debería importarle a cualquier demócrata que entienda que los derechos civiles y sociales no pueden convertirse en un botín de cada cambio de gobierno.

El gobierno anterior tuvo aciertos y errores. Algunos de sus proyectos se frustraron, otros fueron modificados en su alcance y varios de sus resultados siguen siendo objeto de controversia. No hay razón para idealizarlo, pero tampoco para desconocer los avances reales en materia social, como la reducción de la pobreza, la entrega de tierras a campesinos, el aumento de la oferta de educación superior pública y el incremento del salario mínimo, entre otros.

Hay algo, sin embargo, que es aún más delicado. Si un gobierno que renunció al empalme, y sin datos verificables, asume que quienes lo precedieron hicieron todo mal, que quienes piensan diferente son enemigos y que sus propias convicciones justifican desmontar instituciones, derechos o controles, el problema deja de ser ideológico y se convierte en un problema de soberbia de poder. Una soberbia que termina atentando contra la estabilidad y la armonía social necesarias para gobernar.

Aquí vuelve a inquietar la pregunta inicial. La paradoja de Asimov. Si nos resistiríamos a entregarle a una inteligencia artificial, por más inteligente que fuera, la potestad de decidir sobre el futuro de la humanidad, ¿por qué deberíamos entregársela a un gobernante humano común?

El riesgo aumenta si ese gobernante está condicionado por intereses políticos, económicos, religiosos o ideológicos, si confunde su proyecto personal con el interés nacional, si privilegia la lealtad sobre la competencia al elegir a sus colaboradores y si percibe la discrepancia como una amenaza. No hace falta especular sobre diagnósticos ni sobre su salud mental para reconocer ese peligro. Basta observar cómo ejerce el poder y si entiende que ese poder es delegado, temporal y limitado.

Gobernar con una ideología no significa exigir que toda la nación se someta a ella. Ser elegido otorga el derecho a ejercer el gobierno, no a decidirlo todo. Transformar políticas dentro de los límites constitucionales no es lo mismo que eliminar derechos que la Constitución protege, y ejercer autoridad no es lo mismo que someter a quienes piensan diferente. Esta distinción, entre gobernar y someter, es la que separa a un gobierno democrático de uno que no lo es.

Colombia cuenta con instituciones que, a pesar de sus imperfecciones, permiten corregir los excesos del poder. Tiene una Constitución que reconoce derechos fundamentales, cortes que controlan los actos de los poderes públicos, órganos de control, medios de información independientes, oposición política y elecciones periódicas. Estos mecanismos no son adornos. Son la condición que impide que una persona o un grupo concentre poder absoluto.

Por eso, el mayor riesgo no está en que un gobierno se equivoque, sino en que intente eliminar la posibilidad de corregir sus errores. Una política puede modificarse, una ley puede derogarse, un gobierno puede ser reemplazado. Lo que no admite corrección es la destrucción de los mecanismos que permiten hacer esos ajustes.

La democracia no requiere gobernantes infalibles. Requiere gobernantes que reconozcan sus límites y ciudadanos dispuestos a hacerlos respetar. A un gobernante se le entrega temporalmente el gobierno, no la soberanía. No se le concede la facultad de definir qué ciudadanos merecen derechos ni la de imponer sus convicciones como verdad nacional. Tampoco se le permite ajustar el país a los intereses de un grupo. Se le otorga un mandato, y todo mandato democrático puede ser controlado, cuestionado y, si es necesario, retirado. Una sociedad que pierde la capacidad de cambiar a su gobernante, corregir sus decisiones y defender sus derechos frente al poder deja de delegar el gobierno y renuncia a su libertad.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.