¿Qué podemos esperar de la agenda “petrificada” del gobierno?

Carlo Nasi*/razonpublica/Análisis de la noticia/El Pregonero del Darién

El nuevo gobierno enfrenta un enorme déficit fiscal, una economía con poco margen de maniobra y una seguridad deteriorada. De la Espriella promete hacer lo contrario de Petro, pero buena parte de su agenda ya está dictada por los problemas que heredó.

Una agenda petrificada

El panorama para el gobierno de la “patria milagro” es bastante complejo: su agenda está “petrificada” en dos sentidos:

-Por un lado, en lo que respecta a su orientación, De la Espriella quiere presentarse como todo lo opuesto a Petro. Como si siguiera en campaña política, el actual gobierno está empecinado en hacer todo lo contrario del anterior, incluso si eso resulta poco razonable en ciertos casos.

-Por otro lado, más allá de lo que De la Espriella quiera hacer, las prioridades de su agenda económica las impuso, en gran medida, la irresponsabilidad de Petro. Dado que Petro se saltó la regla fiscal, gastó a seis manos y aumentó la deuda pública como proporción del PIB a niveles casi sin precedentes, dejó un enorme hueco fiscal, lo que constriñe significativamente el margen de maniobra del actual gobierno.

¿Qué nos espera de toda esa “petrificación”? Empiezo por lo último.

La estrechez fiscal

El gobierno no tiene más remedio que ajustarse el cinturón. De la Espriella debe poner la casa en orden para evitar que el déficit fiscal siga aumentando hasta llevar al país a un punto de no retorno. A esto se suman gastos por una calamidad natural inesperada (el terremoto) y por otra que, aunque esperada, prende alarmas por su magnitud (el fenómeno del Niño).

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya anunció fuertes recortes en el gasto del Estado (cerca de 45 billones de pesos en dos años) y aludió a una próxima reforma tributaria. Aunque todavía no se sabe qué incluirá dicha reforma, el funcionario mencionó la dificultad de cobrar más impuestos, así como su preferencia de eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el impuesto de renta a las empresas y el cuatro por mil con el fin de atraer inversión extranjera. Qué tan conveniente y viable sea disminuir la recaudación de impuestos con semejante déficit fiscal es una pregunta abierta.

Se respira, en todo caso, un aire nuevo en las relaciones del nuevo gobierno con el sector privado. Mientras que Petro mantuvo una relación tensa y distante con el empresariado, caracterizada por frecuentes choques y desencuentros, De la Espriella ha buscado un acercamiento con ese sector. El nuevo gobierno se ha propuesto recomponer las relaciones con el sector privado y para ello ha tomado distintas medidas.

Además de anunciar la (posible) reducción de impuestos a las empresas, De la Espriella retomó la exploración y producción de petróleo y gas que Petro, con su agenda ecologista, había abandonado. Con el argumento de que no podemos renunciar prematuramente a esa fuente de ingresos, y que las acciones de Petro pusieron en riesgo la soberanía energética del país, el gobierno reactivará el sector extractivo.

Con la escasez de plata para gasto e inversión por parte del gobierno, todo parece indicar que las inversiones del sector privado serán claves para generar un crecimiento de la economía. El gobierno quiere ampliar el modelo de “obras por impuestos” (donde la realización de obras públicas queda en manos del sector privado a cambio de una reducción de impuestos), con lo cual el empresariado contribuiría más en la construcción de infraestructura.

Por supuesto, el modelo público-privado existe desde hace tiempo y ha tenido varios resultados positivos. No obstante, preocupa que, debido a la crisis fiscal, el gobierno esté en una posición debilitada frente al sector privado y con muy poco margen de maniobra en la economía. Eso no le conviene al país. El sector privado tiene, en general, pocos incentivos para proveer bienes públicos, y a la creencia de que “siempre” actúa en forma rápida y eficiente, hay que contraponer todas aquellas instancias de rentismo y corrupción que han involucrado a empresarios. ¿Cómo podría un Estado débil y con una baja tributación brindar bienes públicos y defender eficazmente el interés colectivo cuando entre en contradicción con intereses privados?

Sin demonizar al sector privado y mucho menos abogar por un estatismo exacerbado, hasta donde conozco, todos los milagros económicos que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial han involucrado a gobiernos relativamente fuertes, que han implementado políticas industriales eficaces y sostenidas, con incentivos y constreñimientos al sector empresarial. Dadas las circunstancias, no será nuestro caso.

¿De dónde saldrá el crecimiento?

Con la crisis y los recortes, ¿qué podrá aportar el gobierno de la “patria milagro” al crecimiento económico? Parecería que, por cuenta de la “petrificación”, no tanto.

Nótese que, para propiciar el crecimiento económico, todo gobierno debe, como mínimo, brindar un conjunto de bienes públicos como seguridad, educación, infraestructura y salud.

Como se dijo antes, el gobierno poco podrá invertir en infraestructura y delegará labores al sector privado.

En cuanto al sector salud, deberá hacer maromas para aliviar la situación dramática que dejó Petro, además de lidiar con la bomba pensional.

En educación, no es tan claro de dónde sacará la plata para la formación de 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es otra promesa del programa de gobierno. Tampoco se han conocido propuestas concretas para solucionar problemas de fondo sobre la calidad de la educación que lleven a parar el continuo deterioro en las pruebas PISA, o a lograr que la educación se conecte mejor con el sector productivo y contribuya a una mayor productividad.

La apuesta por la seguridad

Con los pocos recursos disponibles parece que la apuesta principal del gobierno se refiere a la seguridad.

El aumento de la inseguridad ha sido una de las grandes preocupaciones del empresariado, y De la Espriella se ha presentado como adalid de la mano dura. Ya cerró las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales, y ha dado ultimátums a las varias organizaciones criminales para que desistan de sus actividades y se entreguen a la justicia.

Si el gobierno logra mejorar la seguridad, eso favorecería el crecimiento económico y a los empresarios. Contrarrestar la extorsión en los territorios donde ha aumentado la injerencia de grupos criminales llevaría a mayores inversiones del sector privado, mayor empleo, y mejoraría también la tributación del Estado.

Pero De la Espriella no es el primer presidente que promete mano dura, y no sabemos qué tanto funcionarán sus medidas. Aunque el gobierno anunció un nuevo estatuto antiterrorista, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y la construcción de diez megacárceles, no sabemos si esas herramientas serán adecuadas y suficientes para contrarrestar y disuadir a las organizaciones criminales.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Uribe era presidente, la economía no está boyante y el actual gobierno tampoco cuenta con un Plan Colombia que respalde las acciones militares. En su reciente visita, Marco Rubio apoyó al gobierno en sus acciones contra los grupos armados ilegales y Estados Unidos reasignó 52 millones de dólares para repartir entre Colombia, Ecuador, Perú y Panamá en la lucha contra la criminalidad. Eso es una pequeña fracción de los recursos de cooperación del Plan Colombia que fueron cerca de 9.600 millones de dólares durante quince años.

Por supuesto, la amenaza que representan los grupos armados ilegales hoy es distinta de la de las FARC y el ELN durante la era de Uribe, pero ha aumentado significativamente. Según el Ministerio de Defensa, el número de integrantes de los grupos armados ilegales aumentó en un 90% durante el gobierno de Petro, al pasar de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026. Un estudio de PARES también notó un incremento del número de municipios con presencia de grupos armados ilegales, de 410 en 2022 a 497 en 2025.

Hablar duro y amenazar a los grupos ilegales es fácil, pero puede resultar contraproducente a falta de un poder disuasivo contundente. Los ultimátum y golpes al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y el ELN ya han generado respuestas violentas de los grupos criminales contra la fuerza pública en distintos territorios. Si los grupos criminales mantienen el control territorial ganado y responden a las acciones de la fuerza pública incrementando la violencia, existe el riesgo de que en un mediano plazo el gobierno no logre cumplir la promesa de mejorar la seguridad.

¿Solo mano dura?

No hay duda de que la “paz total” fracasó, en parte por la falta de una buena estrategia, con metas concretas y plazos definidos. Al mismo tiempo, es torpe de parte del gobierno desechar por completo la vía negociada simplemente por llevarle la contraria a Petro.

Si se reformula seriamente la estrategia, una negociación quizás podría funcionar con unos cuantos grupos que tengan voluntad de desmontar sus estructuras. Poner todos los huevos en la canasta de la “mano dura” en un contexto de alto déficit fiscal, ayuda internacional precaria y fortalecimiento significativo de los grupos armados ilegales es una apuesta arriesgada.

Por cuenta de la crisis fiscal el gobierno de la “patria milagro” se encuentra en calzas prietas incluso para desempeñar funciones básicas. A falta de plata, es realmente importante actuar en forma inteligente y pragmática. Como pintan las cosas, por ahora el mayor milagro que podemos esperar es que aguantemos con el agua al cuello, y a rezar para que no suba la marea.

*Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.