La batalla cultural que desmantela la democracia en Latinoamérica

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

Hay una batalla que se está librando en América Latina y que no siempre vemos. No ocurre solamente en los congresos, en las campañas electorales o en las calles. Una parte decisiva de esa disputa ocurre frente a las pantallas de nuestros celulares, en las redes sociales, en los algoritmos que deciden qué vemos y qué dejamos de ver, en los grandes centros tecnológicos y en las redes de poder que conectan el dinero con la política.

Es una batalla por las ideas, pero sobre todo por el sentido común.

Durante décadas, América Latina ha sido escenario de disputas geopolíticas y de proyectos económicos diseñados desde los grandes centros de poder mundial. Hoy aparece una nueva forma de intervención, mucho más sofisticada y menos visible. Ya no necesita necesariamente golpes de Estado, gobiernos impuestos o intervenciones militares. Puede avanzar modificando la manera como una sociedad piensa, interpreta la realidad y decide políticamente.

Ese es el terreno de la llamada batalla cultural. Su propósito no es simplemente conseguir que la gente vote por determinado candidato. Es algo mucho más profundo. Se trata de cambiar los valores desde los cuales una sociedad juzga lo que está bien o mal, lo justo o injusto, lo deseable o indeseable. Se busca modificar el sentido común.

Y cuando cambia el sentido común, cambian los comportamientos. Si durante años se repite que el Estado es necesariamente ineficiente, terminará pareciendo razonable desmontarlo. Si se presenta la regulación como una amenaza a la libertad, cualquier intento de proteger derechos laborales o ambientales podrá ser visto como un obstáculo al progreso. Si la solidaridad social se convierte en sinónimo de dependencia, la desigualdad puede terminar siendo presentada como responsabilidad individual.

La batalla cultural consigue así algo que una campaña electoral difícilmente puede lograr por sí sola. Cambia primero la manera de pensar y después facilita el cambio de las decisiones políticas.

En este nuevo escenario aparece la élite tecnológica de Silicon Valley. Entre sus figuras más visibles e influyentes está Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa de software e inteligencia artificial vinculada a la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia. Thiel es el magnate financista e ideólogo tecnológico que impulsó a Donald Trump y consolidó su legado mediante JD Vance, y tuvo además una presencia importante en el proceso electoral argentino.

Thiel ha expresado posiciones profundamente críticas frente a la democracia liberal. En un texto publicado en 2009 – La educación de un libertario – sostuvo que ya no consideraba compatibles la libertad y la democracia. La democracia les estorba. Para esta élite, la democracia se ha convertido en un obstáculo, y su ideal es un país gobernado con la lógica de una empresa, eficiente, vertical y controlado por quienes dominan la tecnología, más que por la voluntad ciudadana.

Esas ideas deberían generar más debate del que han generado. No porque una opinión individual pueda explicar por sí misma lo que ocurre en América Latina, sino porque refleja una corriente de pensamiento que cuestiona las instituciones democráticas tradicionales y reivindica una mayor autonomía del poder privado frente al Estado.

El poder de esta nueva élite no está solamente en sus ideas. Está también en sus herramientas. Quien controla grandes cantidades de datos puede conocer comportamientos, preferencias, temores y tendencias sociales. Quien controla las plataformas digitales puede influir en la circulación de información. Quien domina los algoritmos puede determinar qué contenidos adquieren visibilidad y cuáles quedan relegados.

Nunca antes unas pocas empresas privadas habían tenido semejante capacidad para intervenir en la conversación pública mundial.

Y aquí aparece uno de los elementos más preocupantes de la nueva batalla cultural. Ya no se necesita convencer a toda la sociedad de una idea. Basta con identificar los miedos y las frustraciones de cada grupo, hablarle a cada uno en su propio lenguaje y reforzar aquello que emocionalmente lo moviliza.

El miedo funciona. La indignación funciona. El resentimiento funciona. La sensación de amenaza funciona.

La política comienza entonces a convertirse en una industria de emociones. El ciudadano deja de recibir argumentos y empieza a recibir estímulos. Ya no se le invita necesariamente a pensar. Se le invita a reaccionar.

Argentina es un caso emblemático de esa transformación política y cultural en la región, donde el ascenso de Javier Milei se explica por el malestar social acumulado, la crisis económica y el desgaste de los partidos tradicionales, que abrieron espacio a discursos disruptivos. Se canalizaron emociones como la indignación y el enojo, y una corriente libertaria radical pudo ganar influencia al articular la crisis con una narrativa de influencia potente. Así, se redefinió el debate público sobre el Estado, la libertad y los derechos sociales, reconfigurando el sentido común político.

La pregunta es, entonces: ¿Qué ocurre cuando la reducción del Estado, la desregulación y la privatización dejan de ser propuestas políticas discutibles y comienzan a presentarse como las únicas opciones racionales? Ahí se encuentra precisamente la eficacia de la batalla cultural.

Primero se modifica el lenguaje. Después se modifican las categorías con las que interpretamos la realidad. Luego cambian las percepciones y finalmente cambian los comportamientos.

Unas ideas políticas y económicas que antes generaban resistencia pueden terminar siendo aceptadas porque la sociedad ha aprendido a verla de otra manera. El sentido común ha cambiado.

El caso Argentina es ilustrativo. Muestra que la batalla cultural puede convertirse en una plataforma de transformación económica y política. La discusión deja de ser solamente cuánto Estado queremos y pasa a ser qué entendemos por libertad, qué obligaciones tiene la sociedad con sus ciudadanos y quién debe controlar los recursos estratégicos de una nación.

Ese debate también estuvo presente en las elecciones de Perú, Ecuador y Honduras como parte de un escenario regional donde la polarización, el miedo a la inseguridad, la confrontación cultural y la expansión de las redes digitales modificaron las formas tradicionales de hacer política y la llegada de la derecha a la presidencia.

Cada país tiene su propia historia y sus propias circunstancias. El patrón común está en otro lugar. La disputa política se está trasladando cada vez más hacia la construcción de percepciones y emociones.

Colombia no está al margen de esta transformación. Puede convertirse en uno de los escenarios más importantes de esta batalla. Las declaraciones de Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, sobre la utilización deliberada de las emociones de los electores, deberían provocar una discusión mucho más profunda de la que hasta ahora hemos tenido. «Las campañas no se ganan con la razón, las campañas no se ganan con las propuestas… se tiene que mover emoción, sentimientos… se vota con el corazón o se vota con los hígados», afirmó.

No se trató solamente de una estrategia electoral diferente, llena de espectáculos, símbolos y discursos emotivos. Se trató de un menosprecio por la democracia y de una ofensa a la dignidad de los electores, convertidos en simples datos, en emociones manipulables, en votos que deben ser capturados en lugar de ciudadanos que deben ser convencidos.

Cuando el miedo, la indignación y el resentimiento se convierten deliberadamente en instrumentos electorales, el debate sobre las propuestas pasa a un segundo plano. El ciudadano ya no es tratado como alguien que debe ser convencido mediante argumentos. Se convierte en alguien cuya emoción debe ser activada. No un ser racional que toma decisiones conscientes sino en una máquina emocional que reacciona a provocaciones y falacias.

Eso es precisamente lo que permiten la IA y los algoritmos de las redes.

Un mensaje puede diseñarse para despertar miedo en un grupo, indignación en otro y resentimiento en un tercero. Cada ciudadano puede recibir una versión diferente de la realidad. Todos creen estar viendo la misma campaña, cuando en realidad pueden estar siendo expuestos a mensajes cuidadosamente adaptados a sus emociones.

La consecuencia puede ser devastadora. Una sociedad deja de discutir sobre hechos comunes y comienza a vivir en realidades paralelas. A esto se suma un asunto todavía más delicado. La confianza en los resultados electorales.

En los procesos electorales colombianos recientes han surgido cuestionamientos públicos y reportes de presuntas anomalías que alimentan dudas sobre distintos aspectos del sistema electoral. La existencia de cuestionamientos no demuestra por sí misma que haya existido fraude o manipulación de los resultados. Precisamente por eso deben ser investigados y esclarecidos mediante procedimientos transparentes, verificables y sometidos al control ciudadano.

La democracia no se defiende ocultando las dudas de los ciudadanos. Se defiende resolviéndolas con información verificable, auditorías, transparencia y acceso a las actas.

El voto pertenece al ciudadano. La tecnología utilizada para transmitir, procesar o consolidar la información electoral debe estar sometida a controles públicos, auditorías independientes y mecanismos que permitan verificar los resultados. No podemos aceptar que la confianza en una elección dependa de creer ciegamente en un software.

Ese es precisamente uno de los grandes desafíos de la nueva política. La democracia ya no se disputa únicamente en las urnas. También se disputa antes de llegar a ellas, en el espacio donde se construyen las percepciones del ciudadano.

Quien consigue controlar la conversación pública tiene una ventaja enorme. Quien consigue modificar el sentido común tiene una ventaja todavía mayor. Por eso la batalla cultural es mucho más importante de lo que parece.

No busca solamente que una sociedad vote por determinados candidatos. Busca que esa sociedad cambie la manera como entiende la libertad, la igualdad, el Estado, los impuestos, los derechos sociales, la seguridad y hasta la democracia misma.

Una vez transformadas esas ideas, cambian las preferencias. Cambian las prioridades. Cambian los comportamientos. Y entonces determinadas decisiones políticas pueden dejar de necesitar una gran justificación. La privatización puede aparecer como eficiencia. La desregulación como libertad. La reducción del Estado como modernización. La desigualdad como consecuencia inevitable del esfuerzo individual.

Ese es el verdadero poder de la batalla cultural.

Las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley no son responsables de todos los problemas latinoamericanos. Tampoco existe una conspiración única capaz de explicar los cambios políticos de la región. Cada país tiene sus propias crisis, sus propios conflictos y sus propias responsabilidades.

El problema está en otra parte. Las grandes corporaciones tecnológicas han acumulado una capacidad económica, informativa y cultural que ningún sistema democrático debería ignorar. El problema no es la tecnología. El problema es quién controla la tecnología, quién controla los datos y quién decide qué información llega a los ciudadanos.

La amenaza para nuestras democracias tampoco tiene necesariamente la forma de un golpe de Estado. Puede ser mucho más silenciosa.

Puede comenzar cuando dejamos de discutir ideas y empezamos a reaccionar ante emociones. Puede avanzar cuando la propaganda se confunde con información. Puede profundizarse cuando la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones. Y puede terminar cuando el poder económico y tecnológico adquiere una influencia superior a la capacidad de control de las instituciones democráticas.

La democracia puede conservar las elecciones, los partidos y las urnas y, al mismo tiempo, perder progresivamente su capacidad de decidir. Por eso América Latina necesita recuperar algo que ninguna tecnología puede sustituir. La capacidad de sus ciudadanos para pensar críticamente.

Necesitamos transparencia electoral, protección de los datos personales, regulación democrática de las plataformas y controles sobre el uso de la inteligencia artificial. Necesitamos también recuperar el valor de la deliberación y del debate público.

Porque una democracia no comienza a morir cuando desaparecen las urnas. Puede comenzar a morir cuando sus ciudadanos dejan de cuestionar aquello que se les presenta como sentido común.

Ese es, en última instancia, el propósito de la batalla cultural. No solamente conseguir que una sociedad vote de una determinada manera. Es conseguir que piense de una determinada manera, que valore de una determinada manera y que termine aceptando determinadas decisiones como naturales e inevitables.

Primero se cambia la cultura. Después cambian los comportamientos. Finalmente cambia el poder.

Y ese es el verdadero desafío que América Latina tiene frente a sí. Defender la democracia no significa solamente defender el derecho a votar. Significa defender el derecho de cada ciudadano a formar libremente sus ideas, a cuestionar el discurso dominante y a decidir su futuro sin que otros hayan decidido previamente por él qué debe pensar.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.