Marinela Gómez/Opinión/El Pregonero del Darién
Puentes sin vías: cuando las comunidades construyen ante la ausencia del Estado
Las comunidades pueden construir puentes, carreteras y otras obras sin necesidad de permisos estatales, únicamente mediante la coordinación entre los propietarios de los predios involucrados. Y es que, en la práctica, también sabemos que no somos dueños absolutos de nada. Lo cierto es que estas obras pueden realizarse con costos considerablemente inferiores a los que normalmente asume el Estado.
Esta capacidad de organización es una característica común de las juntas de acción comunal en todo el territorio nacional. Quienes hemos ejercido la presidencia de una JAC sabemos lo que significa trabajar ad honorem, impulsados únicamente por el compromiso con nuestras comunidades.
Sin embargo, también es necesario reconocer que siempre existe una ley superior al orden institucional: la ley de la necesidad. Esa que, en muchas ocasiones, impone soluciones prácticas y de sentido común en aquellos lugares donde el Estado legal simplemente no llega.
La realidad de las vías rurales
Las carreteras, por cierto, en pésimo estado de infraestructura, son el medio de tránsito obligado para miles de personas que diariamente se desplazan hacia sus viviendas, lugares de trabajo, escuelas, iglesias y hogares de familiares y vecinos.
Quienes habitamos la ruralidad colombiana, y particularmente la zona suroriental del municipio de Carepa, por las rutas hacia El Cerro, Saiza y Córdoba, enfrentamos una realidad compleja. Transitamos por una vía que forma parte de nuestra vida cotidiana y en la que debemos convivir con derrumbes, hundimientos de banca, avalanchas, fallas geológicas y problemas de orden público.
Esta situación afecta igualmente a las veredas Remedio Pobre, La Provincia, La Cerrazón, La Luz del Mundo, Belencito, Caracolí, Panorama y Polines, entre otras. A pesar de las dificultades, la premisa sigue siendo la misma: salir adelante y continuar produciendo. Por estas vías se movilizan productos agrícolas, personas enfermas, mercados, heridos, semovientes, fertilizantes y todo aquello indispensable para la vida rural.
Una región rica en agua y pobre en infraestructura
La zona suroriental de Carepa abastece de agua a gran parte del área urbana. Allí abundan ríos, quebradas, arroyos, nacimientos y corrientes subterráneas. Es un territorio privilegiado por la riqueza hídrica.
Paradójicamente, esa misma abundancia de agua provoca enormes dificultades para la movilidad. Las lluvias y corrientes afectan caminos, servidumbres, senderos y carreteras, haciendo indispensable la construcción de puentes peatonales, vehiculares, colgantes y rígidos.
En otras palabras, se necesitan puentes de todo tipo para garantizar la conectividad de las comunidades.
Una carretera que sigue siendo una deuda estatal
La vía que conecta la zona urbana de Carepa con el corregimiento de Piedras Blancas debería ser una prioridad para todas las entidades del Estado.
¿Por qué? Porque se trata de una obligación compartida.
La Nación debe responder por tratarse de un municipio PDET y porque el mejoramiento de esta carretera hace parte de iniciativas contempladas en dichos programas. La Gobernación de Antioquia también tiene responsabilidad al ser una vía secundaria bajo su competencia. Por su parte, el municipio debe ejercer vigilancia y seguimiento a la ejecución de las obras dentro de su jurisdicción.
A estas alturas, la carretera debería encontrarse totalmente pavimentada, con todas sus obras complementarias ejecutadas, condiciones adecuadas de seguridad y óptima transitabilidad.
Sin embargo, la realidad es diferente.
Aunque en los registros oficiales figura como una vía intervenida, persisten múltiples problemas. Además, gran parte del pavimento rígido instalado fue diseñado para soportar carga liviana, mientras que en la zona opera una concesión minera que moviliza volquetas con cargas cercanas a las 28 toneladas. Si se considera que diariamente circulan más de 30 vehículos de este tipo, resulta evidente que ninguna estructura diseñada para tráfico liviano resistirá adecuadamente estas condiciones.
La comunidad construye sus propias soluciones
Ante la ausencia de respuestas oportunas, las comunidades han desarrollado sus propias alternativas.
Se construyen servidumbres mejoradas mecánicamente, puentes, bateas, garruchas y otras infraestructuras básicas que permiten mantener la movilidad y garantizar la supervivencia de las familias rurales.
Lo más destacable es que estas obras se realizan sin recursos estatales y gracias al aporte económico de los propios habitantes. Son tantas las intervenciones comunitarias que ni siquiera existe un inventario oficial completo de ellas.
Y cabe preguntarse: ¿cómo podría un municipio de sexta categoría, con recursos limitados y múltiples necesidades por atender, mantener actualizado un inventario detallado de toda esta infraestructura comunitaria?
Actualmente, en esta zona específica de Carepa existen apenas seis puentes transitables, cuando la población requiere al menos quince para garantizar una conectividad adecuada.
El puente que construye una comunidad
En el sector El Palmar, perteneciente a la vereda La Provincia, donde años atrás funcionó una garrucha privada, la comunidad decidió construir un puente colgante de carga liviana.
La obra será financiada íntegramente por los habitantes de la zona y ejecutada por empresarios locales. Su propósito es permitir el paso seguro de motocicletas, motocarros, camionetas, vehículos livianos, caballistas, ciclistas, peatones y algunos semovientes.
El puente tendrá una longitud de 90 metros, un ancho de 2,5 metros y un costo real aproximado de 150 millones de pesos.
La comparación resulta inevitable: mientras la comunidad proyecta esta obra por dicho valor, algunas entidades oficiales y otras organizaciones han estimado costos cercanos a los 1.200 millones de pesos para una infraestructura similar.
La pregunta surge de manera natural: ¿acaso el dinero de la comunidad vale más que el dinero público?
Persisten los problemas de fondo
A pesar de este esfuerzo ejemplar, el problema principal permanece sin resolver.
Antes de llegar al sector donde se construye el puente existen tres grandes fallas geológicas que continúan sin pavimentar y sin mantenimiento. Son los puntos conocidos como Albertina, el Puente de los Vélez y el Puente de la Escuela El Palmar.
En conjunto representan cerca de un kilómetro de vía en condiciones críticas. Sin embargo, en los registros oficiales la carretera aparece reportada como completamente pavimentada, segura y con inversión social ejecutada.
Durante las reuniones comunitarias también se identificaron otros puntos donde la construcción del puente habría beneficiado a un mayor número de habitantes, incluyendo comunidades de Vijagual Medio y Remedio Pobre. No obstante, las decisiones finales suelen recaer sobre quienes aportan los recursos económicos para materializar los proyectos.
Un ejemplo para otras comunidades
La construcción del puente ya está en marcha. Cuenta con financiación comunitaria, contrato de ejecución, cronograma definido y el respaldo de algunos funcionarios públicos.
Las comunidades vecinas observan atentamente el proceso. Si la estructura demuestra resistencia y funcionalidad, probablemente servirá como modelo para nuevas iniciativas similares en otras veredas.
La esperanza es que estos proyectos comunitarios continúen demostrando que la organización social puede suplir, al menos parcialmente, las carencias de infraestructura rural.
Ojalá que el centralismo en la distribución de los recursos públicos no termine frustrando el esfuerzo de quienes, con visión y compromiso, han decidido construir soluciones donde otros solo ven dificultades.
