La JEP se sigue consolidando
Los participantes coincidieron además en que la defensa de la JEP trasciende la protección de una institución: representa la defensa de los derechos de las víctimas y de los avances alcanzados.
(Foto de portada/Desde esta perspectiva, la memoria no constituye un resultado accesorio, sino una dimensión central del proceso de justicia/aspecto general del encuentro)
Relatoría del foro “Arquitecturas de la representación: experiencias de representación judicial de organizaciones sociales en los macrocasos de la JEP”
La participación de las víctimas ha sido uno de los pilares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese enfoque, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han desempeñado un papel fundamental: han contribuido a entender los contextos, participado activamente en las diligencias, impulsado el acceso a la verdad y orientado a las víctimas para acceder a la justicia.
El foro “Arquitecturas de la representación: experiencias de representación judicial de organizaciones sociales en los macrocasos de la JEP” se llevó a cabo en el auditorio 1 del Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia, con la participación los abogados y abogadas de Ana María Gallego, del Instituto Popular de Capacitación; Luis Alfonso Castillo Rodríguez, de la Corporación Jurídica Libertad y Karen Paola Barreda Sánchez, de la Fundación Forjando Futuros. La moderación estuvo a cargo de Manuel Alonso Espinal, director de la Unidad Hacemos Memoria.
En el evento se abordaron las experiencias de representación judicial en los macrocasos 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado), 04 (situación territorial de la región de Urabá) y 08 (crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles).
Más que un balance jurídico, el diálogo evidenció que la representación constituye un proceso de acompañamiento político, pedagógico y psicosocial que fortalece la capacidad de las víctimas para incidir en los procesos de justicia.
El papel de las organizaciones sociales en el acompañamiento a las comunidades
Las intervenciones coincidieron en que la representación judicial no se limita a actuar dentro de los expedientes. Las organizaciones realizan un trabajo sostenido en los territorios orientando a las víctimas sobre la acreditación en los macrocasos, fortaleciendo procesos organizativos, promoviendo la formación en derechos y acompañando emocional y políticamente a las comunidades. En varios casos, este trabajo antecede por años a la existencia de la JEP y se basa en procesos de litigio estratégico y defensa de derechos humanos desarrollados junto con las víctimas.
Los panelistas resaltaron igualmente la importancia de comprender la representación como una disputa por el relato y la memoria. Acompañar a las víctimas implica fortalecer su capacidad para convertirse en sujetos políticos, participar activamente en los escenarios judiciales y disputar las narrativas sobre lo ocurrido. Desde esta perspectiva, la memoria no constituye un resultado accesorio, sino una dimensión central del proceso de justicia.
El escenario de la justicia transicional
Uno de los principales ejes de discusión fue el cambio de paradigma que introdujo la justicia transicional en la representación judicial de las víctimas. Las organizaciones coincidieron en que la JEP transformó la manera de entender el litigio, al desplazar el énfasis de la sanción penal hacia un modelo que quiere poner en el centro a las víctimas, sus expectativas y su derecho a participar activamente en la construcción de verdad.
La Corporación Jurídica Libertad y Forjando Futuros llegaron a la JEP después de décadas de litigio estratégico y defensa de los derechos humanos, mientras que el IPC encontró en esta jurisdicción un escenario para complementar su labor de investigación, educación popular y trabajo comunitario con la representación judicial de víctimas. En conjunto, estas experiencias muestran que la representación judicial se ha convertido en un proceso integral que combina dimensiones jurídicas, pedagógicas, políticas y psicosociales.
El diálogo también puso de relieve que este nuevo modelo plantea desafíos para quienes acompañan a las víctimas, como la selección y priorización de casos. El análisis de patrones de macrocriminalidad no siempre logra responder preguntas individuales, lo cual genera tensiones permanentes en el ejercicio de la representación, pues dejan por fuera hechos, periodos o responsables cuya exclusión resulta difícil de explicar a las víctimas.
Se destacó que las expectativas de las víctimas no son homogéneas. Mientras algunas buscan conocer quién dio las órdenes o reconstruir los patrones de violencia, otras esperan encontrar a sus familiares desaparecidos, recuperar el tejido social o contar con garantías efectivas de no repetición.
De igual manera, se discutieron los límites de competencia de la JEP, la articulación insuficiente con otras entidades del Sistema Integral y las dificultades para lograr reparaciones efectivas.
El desafío de la no repetición
Las garantías de no repetición ocuparon un lugar central en la discusión y fueron identificadas como uno de los mayores desafíos de la justicia transicional. Los participantes coincidieron en que resulta difícil hablar de no repetición cuando en muchos de los territorios donde ocurrieron los crímenes persisten las dinámicas de violencia, el control de actores armados y las amenazas contra las comunidades. En regiones como Urabá, Ituango y algunos sectores de Medellín, las organizaciones señalaron que las víctimas continúan enfrentando restricciones a su vida cotidiana, situaciones de inseguridad y hechos que evidencian la continuidad de las violencias.
En este contexto, las organizaciones advirtieron que las medidas restaurativas y los procesos de verdad solo adquieren pleno sentido si van acompañados de transformaciones reales en los territorios. Las comunidades siguen reclamando condiciones para vivir sin miedo, recuperar sus formas de organización y reconstruir el tejido social afectado por décadas de conflicto. Incluso se mencionaron casos en los que acciones de memoria impulsadas por las propias víctimas, como monumentos o placas conmemorativas, han sido objeto de ataques o de nuevas expresiones de intimidación, lo que demuestra que las disputas por la memoria y el reconocimiento permanecen abiertas.
A partir de estas reflexiones, el foro concluyó que las garantías de no repetición no pueden entenderse únicamente como un compromiso jurídico, sino como un proceso que exige la presencia efectiva del Estado, la protección de las comunidades y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Mientras persistan las condiciones que dieron origen a las violencias, la búsqueda de verdad, justicia y reparación seguirá enfrentando importantes limitaciones. En ese sentido, los participantes coincidieron en que la construcción de paz depende tanto de las decisiones judiciales como de la capacidad institucional y social para transformar las realidades de los territorios.
Avances de la JEP
Aunque durante el foro se señalaron múltiples desafíos para la implementación de la justicia transicional, los participantes coincidieron en que la JEP ha representado avances significativos frente a la justicia ordinaria. Uno de los más importantes es la posibilidad de investigar y llamar a responder a máximos responsables de crímenes del conflicto armado, especialmente altos mandos militares y otros actores que durante años permanecieron fuera del alcance de la justicia. Para las organizaciones sociales, este cambio ha permitido ampliar el alcance de las investigaciones y cuestionar estructuras de poder que históricamente habían permanecido intocables.
Los abogados también destacaron que la JEP ha contribuido a construir una verdad más amplia sobre el conflicto armado. A diferencia de los procesos judiciales centrados en hechos aislados, la jurisdicción analiza patrones de macrocriminalidad que permiten comprender cómo operaron las estructuras armadas, quiénes impartieron las órdenes y cuáles fueron las dinámicas que hicieron posibles las violaciones de derechos humanos. Este enfoque ofrece una comprensión de los contextos y de las responsabilidades colectivas, aportando al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de memoria.
Otro de los avances señalados es la capacidad de la JEP para ordenar medidas restaurativas y exigir la actuación de otras instituciones del Estado en favor de las víctimas. Los participantes resaltaron que estas decisiones trascienden la sanción judicial y pueden traducirse en acciones concretas de reparación, reconocimiento y garantías para la participación de las comunidades. Como ejemplo, mencionaron las órdenes impartidas a la Alcaldía de Medellín para facilitar la veeduría de las mujeres buscadoras en La Escombrera, una muestra de cómo la justicia transicional puede contribuir no solo al esclarecimiento de los hechos, sino también a la dignificación de las víctimas y al fortalecimiento de los procesos de memoria.
Conclusiones
El foro permitió identificar consensos entre las organizaciones participantes. En primer lugar, coincidieron en que la representación judicial se fortalece cuando está articulada con procesos organizativos, territoriales y de acompañamiento permanente a las víctimas.
En segundo lugar, señalaron que la verdad constituye una necesidad fundamental, pero que debe entenderse de manera amplia, incluyendo el reconocimiento de patrones de violencia, responsabilidades y memorias colectivas.
Asimismo, hubo consenso en que las mayores tensiones actuales provienen de la priorización de casos, las limitaciones institucionales para garantizar reparaciones integrales y la persistencia de la violencia en los territorios.
Los participantes coincidieron además en que la defensa de la JEP trasciende la protección de una institución: representa la defensa de los derechos de las víctimas y de los avances alcanzados por el Sistema Integral de Paz. En consecuencia, subrayaron la necesidad de fortalecer la movilización social, el litigio estratégico y el trabajo territorial para preservar los logros alcanzados y garantizar que la búsqueda de verdad, justicia, memoria y no repetición continúe siendo una prioridad para la sociedad colombiana.
Finalmente, se expresó preocupación por los riesgos políticos y presupuestales que enfrenta la JEP. Se advirtió que una eventual desfinanciación afectaría especialmente la participación de las víctimas y pondría en riesgo avances alcanzados gracias a años de movilización social.
