La barrida electoral de los demócratas: ¿qué significa para Colombia?
Instan a las autoridades estadounidenses a investigar sus posibles vínculos con actividades ilícitas y a esclarecer el origen de sus inversiones en Estados Unidos.
(Foto de portada/Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos – Colombia)
Gimena Sánchez*/Análisis de la Noticia/razonpublica/El Pregonero del Darién
La histórica victoria demócrata abre la oportunidad de frenar los excesos de la administración de Trump. Esta es una oportunidad de oro para que se recuperen los contrapesos institucionales y se replantee la política estadounidense hacia Colombia. Pero el cambio de mayorías en el Congreso no garantiza, por sí solo, una política exterior menos militarizada ni más respetuosa de los derechos humanos.
Las elecciones legislativas del 3 de noviembre marcaron un punto de inflexión en Estados Unidos. El Partido Demócrata arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso. Esto fue un referéndum ciudadano sobre las gestiones del presidente Donald Trump y los Republicanos, que tendrá mayores consecuencias durante los dos años de su mandato y en las relaciones con América Latina.
Los resultados representan un voto de castigo contra el alto costo de vida, los aranceles, las políticas migratorias represivas, las denuncias de corrupción y la guerra contra Irán. El propio Trump reconoce que esta última influyó en los resultados electorales. También quedó en evidencia el desgaste de los candidatos republicanos respaldados por el presidente. A su vez, los demócratas capitalizaron políticamente la baja popularidad de Trump, renovaron su liderazgo y conquistaron territorios tradicionalmente conservadores.
Otro resultado destacad fue la mayor presencia de mujeres y minorías étnicas en la política estadounidense. Por primera vez en la historia, 17 mujeres ejercerían simultáneamente como gobernadoras y más de cien demócratas integrarían la Cámara de Representantes. Entre las victorias sobresalen las de Keisha Lance Bottoms en Georgia, quien será la primera gobernadora afrodescendiente de Estados Unidos, y Gina Hinojosa , la primera gobernadora hispana de Texas. También se destacan los triunfos de dos mujeres: Peggy Flanagan, próxima senadora de Minnesota, y Deb Haaland, en Nuevo México. Haaland será la primera gobernadora nativa americana del país.
Después de más de un año en el que la administración de Trump ha socavado las protecciones y derechos de las mujeres , las las personas LGTBQ+ y las minorías étcnicas, y ha satanizando los programas de diversidad, equidad e inclusión, fueron estas mismas voces las que lograron derrotar al liderazgo republicano.
La nueva correlación de fuerzas limita considerablemente el poder presidencial. Aunque Trump conserva amplias facultades ejecutivas y su poder de veto, deberá negociar con un Congreso opositor.
Este puede bloquear iniciativas legislativas, ejercer un mayor control presupuestario, investigar posibles abusos de poder, avanzar en debates sobre políticas de seguridad y antinarcóticas, y promover acciones conjuntas de Estados Unidos con los miembros del Escudo de las Américas.
Bajo el liderazgo de Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, la prioridad para los demócratas será, ante todo, resolver las inquietudes de los electores: reducir el costo de vida, investigar la corrupción, revisar las violaciones cometidas por agentes migratorios y exigir el fin de la guerra contra Irán.
Asimismo, podrían promover una investigación que incluso desemboque en un juicio político(Impeachment) (contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Si eso sucede, puede cambiar el rumbo que ha tomado el Pentágono. Ellos finalmente podrán aprobar una resolución sobre los poderes de guerra.
América Latina ante una oportunidad y una incertidumbre
Para América Latina, el nuevo Congreso representa una oportunidad para cuestionar las políticas unilaterales y militarizadas de la administración de Trump. Sin embargo, sería un error asumir que el cambio en la composición del Congreso producirá automáticamente un cambio radical en la política estadounidense hacia la región.
La cooperación antinarcóticos, las prioridades de seguridad y la lucha contra el crimen organizado y los criminales transnacionales han contado históricamente con respaldo bipartidista. La diferencia podría radicar en los métodos, los controles y las condiciones impuestas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
Una prioridad debería ser investigar los ataques letales contra las embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y la expansión de operaciones militares bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El Congreso tiene facultades para exigir investigaciones y documentos, convocar audiencias y determinar si estas acciones violaron las leyes estadounidenses o el derecho internacional.
También deberá examinar las deportaciones de migrantes a la prisión CECOT en El Salvador y a terceros países en condiciones cuestionables, especialmente a países africanos. Es posible que examinen y pidan rendición de cuentas sobre los acuerdos relacionados con el petróleo venezolano y los minerales críticos en Colombia.
Los gobiernos latinoamericanos más cercanos a Trump, en particular los de Argentina y Colombia, afrontarán un nuevo panorama. Las iniciativas como la Doctrina “Donroe” y el Escudo de las Américas seguirán bajo la dirección del Ejecutivo. Pero ahora el nuevo Congreso es quien tendrá mayor capacidad para determinar su financiamiento militar y logístico. Seguramente veremos un aumento de escrutinio legislativo en estas áreas. Por ejemplo, ellos podrían exigir transparencia y controles en el anuncio de la administración de Trump de otorgar al gobierno de De la Espriella un paquete de seguridad por US$1 billón.
Las políticas hacia Cuba y Venezuela plantean otro desafío. ¿Qué rumbo tomará la política hacia Cuba ahora que el electorado ha dejado claro a los republicanos su rechazo a las aventuras hegemónicas e intervencionistas? ¿Los demócratas presionarán para que haya una transición diplomática?
En materia económica, las nuevas mayorías podrían limitar algunas iniciativas arancelarias. En el caso de México, esto podría ofrecer mayor previsibilidad en las negociaciones de T-MEC. Se podría avanzar en rebatir los aranceles impuestos arbitrariamente por motivos políticos, como los de Brasil y Colombia.
Colombia: el costo de apostar por Trump
Para Colombia, el cambio político en Estados Unidos plantea desafíos particularmente delicados. El presidente Abelardo de la Espriella apostó abiertamente por una relación privilegiada con Trump. También para los midterms, el respaldo abiertamente a candidatos republicanos como María Elvira Salazar. Esto provocó tensiones con sectores demócratas. El congresista Gregory Meeks, , quien está posicionado para ser el próximo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, calificó esa intervención electoral de “inaceptable.”
El canciller Omar Bula enfrenta tensiones similares. Sus publicaciones anteriores, en las que descalifico al Partido Demócrata y las acusaciones infundadas de fraude electoral contra Trump en 2020, complican su interlocución con los nuevos liderazgos del Congreso. Aunque Bula ha afirmado que la relación bilateral debe manejarse como una política de Estado, sus posiciones anteriores contradicen ese propósito.
Las consecuencias podrían extenderse a la cooperación financiera y militar. Los paquetes de asistencia de seguridad estarán sujetos a decisiones presupuestarias de los comités del Congreso. Los demócratas podrían restablecer condiciones estrictas en materia de derechos humanos y canalizar más recursos hacia organizaciones de la sociedad civil e instituciones de justicia.
Fumigaciones, derechos humanos y minorías étnicas
Sin embargo, la expansión del ELN, del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC seguirá siendo una preocupación compartida. El debate podría centrarse en si la mano dura es la estrategia más sostenible y eficaz para desmantelar estos grupos, y en cuáles son las consecuencias de estas políticas en materia de derechos humanos.
Otro posible debate gira en torno a la propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella de reanudar la fumigación aérea con glufosinato. El 29 de octubre, 19 congresistas demócratas estadounidenses exigieron por escrito al secretario de Estado, Marco Rubio, que su administración no brinde apoyo financiero, logístico ni técnico a la reanudación de estas operaciones contra los cultivos de coca en Colombia.
Ellos rechazan el plan piloto con glufosinato de amonio en Putumayo y señalan que la OMS lo considera más peligroso que el glifosato y que la Unión Europea lo prohibió en 2018 por sus daños a la salud y al medio ambiente. Sostienen que la fumigación aérea no resuelve el narcotráfico a largo plazo, piden que Estados Unidos respete los fallos de la Corte Constitucional sobre el glifosato y reclaman inversión social y alternativas agrícolas. El representante Mark Pocan lideró la iniciativa, respaldada por Alexandria Ocasio-Cortez y James McGovern.
Demócratas expresan preocupación frente a Abelardo de la Espriella
En una carta que salió justo antes de la segunda ronda presidencial, unos once demócratas, liderados por el representante Chuy García, denunciaron la injerencia del presidente Donald Trump y de varios congresistas republicanos en las elecciones presidenciales de Colombia mediante su respaldo a Abelardo de la Espriella. Ellos notan que existen cuestionamientos sobre sus vínculos con dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar designada como terrorista por Estados Unidos, y con Alex Saab, acusado de lavado de dinero.
Los congresistas señalan la defensa de De la Espriella de líderes paramilitares, sus esfuerzos para evitar su extradición, su oposición al Acuerdo de Paz de 2016 y dudas sobre irregularidades financieras. En esta carta, ellos instan a las autoridades estadounidenses a investigar sus posibles vínculos con actividades ilícitas y a esclarecer el origen de sus inversiones en Estados Unidos.
Si bien es posible que estos mismos congresistas avancen este tema, lo más probable es que los demócratas en los comités encargados de Latinoamérica y de relaciones exteriores den prioridad a restablecer la cooperación estadounidense en materias de paz, derechos humanos, minorías étnicas, justicia y protección de defensores de derechos humanos.
Demócratas en comité encargado de la política frente a Colombia
El 15 de julio de 2026, el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia sobre Colombia, centrada en las relaciones bilaterales, tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente. En esta los republicanos destacaron la afinidad del nuevo gobierno colombiano con la administración Trump, su compromiso de combatir el narcotráfico y su voluntad de fortalecer la cooperación en seguridad. Los demócratas en el comité expresaron preocupaciones sobre la decisión de De la Espriella de abandonar las negociaciones con los grupos armados, intensificar las operaciones militares y construir megacárceles inspiradas en el modelo de Bukele. Ellos plantearon interrogantes sobre el compromiso del nuevo gobierno respecto de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cómo se avanzará en los temas de los afrocolombianos e indígenas. También preguntaron cómo será la continuidad de las políticas de acogida e integración para millones de migrantes venezolanos.
Estas recientes acciones de los demócratas frente a Colombia apuntan a que estos serán los temas sobre Colombia a los que darán prioridad cuando estén en la mayoría.
La victoria demócrata abre una oportunidad histórica para fortalecer los contrapesos institucionales, reorientar la política estadounidense hacia América Latina y reconstituir una cooperación internacional que busque abordar las raíces estructurales de la violencia y de las economías ilícitas.
El nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de investigar presuntos abusos militares y exigir rendición de cuentas. Ellos deberían reconstruir la asistencia exterior y promover una política hacia Colombia que dé prioridad a la paz; los derechos humanos; la protección de defensores de derechos humanos, afrocolombianos e indígenas, y alternativas sensatas para reducir el narcotráfico y la minería ilegal.
* Directora para Los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
