No pueden ocupar el predio porque lo tienen “testaferros”

(Foto de portada/A las víctimas les adjudicaron el predio, pero no lo han podido ocupar)

Son más de 130 las personas que componen estas familias, integrantes de la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto (ACUVIC), las que exigen garantías para ocupar el predio La Antigua, en Venecia, (suroeste antioqueño)  entregado por la Agencia Nacional de Tierras el 31 de julio pasado como medida de reparación. Aunque el inmueble pasó a manos del Estado mediante extinción de dominio, las familias denuncian que testaferros relacionados con los antiguos propietarios continúan ocupándolo.

La propiedad perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado durante la Operación Milenio en 1999, condenado y extraditado por narcotráfico. La sentencia de extinción de dominio fue emitida en 2004 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2005 y, tras pasar a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el predio fue transferido a la ANT para su adjudicación a ACUVIC.

“Allí hay un señor, que es el suegro de la persona a la que le extinguieron el dominio, al que estuvo encarcelado y pagó condena en Estados Unidos y el señor no se ha querido retirar de ese predio. Está otra persona, César Augusto Hernández y Juan Diego Acosta, uno trabajador y el otro que alega ser poseedor. Allí no hay ninguna posesión. Los predios del Estado no prescriben, son inalienables y son intransferibles. El Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierras tomó una decisión: entregar la tierra a esta asociación”, explicó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Desde la entrega, las familias aseguran que han solicitado acompañamiento institucional, incluso mediante plantones frente a la ANT en Medellín, sin obtener una solución. Ante esto, el 27 de octubre ingresaron pacíficamente al predio y solicitaron acompañamiento policial para dialogar con los ocupantes. En la inspección, las autoridades encontraron un arma sin permisos en poder de uno de ellos, por lo que fue trasladado a la estación de Policía.

“Somos sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica. Y eso nos ha llevado a que nos asociemos, nos organicemos como campesinos y le exijamos al Estado una responsabilidad por este tipo de hechos y que nos reparen con una tierra con la que los campesinos puedan volver al campo a producir. Y eso es lo que estamos exigiendo al Estado, que nos cumpla incluso con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó José Augusto Echeverry, representante de los campesinos de ACUVIC.