Sin JEP no hay justicia para las víctimas
La JEP ha producido resultados que la justicia penal ordinaria no logró durante décadas. Ha imputado a 28 generales, ocho de ellos con reconocimiento de responsabilidad, por graves crímenes.
La Jurisdicción Especial para la Paz debe continuar
Desde la Fundación Forjando Futuros respaldamos la continuidad, autonomía y financiación de la JEP, justicia transicional que es producto del Acuerdo Final de Paz para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado.
La JEP no puede ser desfinanciada ni debilitada. Su funcionamiento no es opcional: hace parte de los compromisos asumidos por el Estado colombiano con la firma del Acuerdo Final de Paz y de las garantías constitucionales para las víctimas.
La propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la justicia ordinaria se suma a una desfinanciación acumulada de $84.663 millones. De concretarse, afectaría recursos fundamentales para la protección de víctimas y testigos, el funcionamiento de sus sedes y la tecnología necesaria para adelantar procesos judiciales.
Las consecuencias no son solamente presupuestales, también son consecuencias para las víctimas. El recorte pondría en riesgo los $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los $29.362 millones requeridos para mantener las sedes de la JEP en Bogotá. También comprometería recursos tecnológicos esenciales para la seguridad de la información y el desarrollo de los macrocasos.
La JEP ha producido resultados que la justicia penal ordinaria no logró durante décadas. Ha imputado a 28 generales de la República, ocho de ellos con reconocimiento de responsabilidad, por graves crímenes como ejecuciones extrajudiciales, el genocidio de la Unión Patriótica y ataques contra pueblos étnicos. Ninguno de estos funcionarios públicos había sido imputado por la justicia ordinaria en toda su historia.
Por eso, como organización en la que trabajamos por los derechos de las víctimas y la construcción de paz, hacemos un llamado a proteger la JEP, garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento y preservar su autonomía e independencia judicial.
Desfinanciar la JEP es poner en riesgo los derechos de las víctimas y debilitar una de las principales herramientas creadas por el Acuerdo de Paz para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, dijo la organización social por medio de su representante legal, Nora Isabel Saldarriaga Flórez.
