La universidad pública ante una encrucijada histórica

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

La universidad pública colombiana atraviesa una encrucijada histórica. A los cambios demográficos, la automatización y la rápida incorporación de la inteligencia artificial se suman los interrogantes sobre la vigencia de algunas titulaciones y las tensiones políticas en torno a la financiación, la autonomía y la gratuidad. Sin desconocer estos desafíos, la educación pública sigue siendo, para miles de jóvenes de sectores de menores ingresos y de regiones, el camino hacia la educación superior y hacia un futuro con más oportunidades.

Las advertencias del Observatorio de la Universidad Colombiana (www.universidad.edu.co) sobre los riesgos de ampliar la matrícula sin una adecuada planificación merecen reflexión. Una oferta de programas que no corresponda a las necesidades sociales, territoriales y productivas puede terminar aumentando las dificultades de los egresados para encontrar empleo y desarrollar su actividad profesional. Reconocer este problema no significa poner en duda la necesidad de ampliar el acceso. Significa, más bien, que la expansión de la matricula debe ir acompañada de una revisión de la oferta de programas, de sus propósitos y de las condiciones en que las instituciones pueden garantizar una formación pertinente y de calidad.

Algunos datos presentados por el Observatorio en abril, en el artículo «Los efectos negativos y no visibilizados de masificar ilimitadamente el acceso a la Universidad», permiten dimensionar los problemas. Según ese análisis, el desempleo de los profesionales llega al 11,2 %, frente al 10,3 % de quienes tienen educación media; apenas el 16 % de los estudiantes se gradúa en el tiempo previsto y cerca del 22 % abandona sus estudios durante el primer año. Sin embargo, la formación universitaria sigue representando una ventaja importante. Los profesionales reciben ingresos en promedio 150 % superiores a los de quienes no tienen educación superior, una diferencia mayor que el 54 % registrado en la OCDE. Estas estadísticas no justifican reducir las oportunidades de ingreso. Lo que sí exigen es que nos hagamos

una pregunta de fondo: ¿por qué el mercado laboral no ofrece a tantos títulos el espacio para convertirse en oportunidades de desarrollo profesional, productivo y social?

La respuesta no depende solo de aumentar o reducir los cupos. Importa qué programas se ofrecen, dónde y con qué calidad; si responden a las necesidades del país y de las regiones; y si las instituciones cuentan con las capacidades para sostenerlos.

Colombia necesita una oferta más diversa, que articule la formación técnica, tecnológica y universitaria y que corrija las desigualdades de calidad y la concentración territorial. Necesita una educación superior capaz de anticiparse a los cambios tecnológicos y no limitarse a responder a las demandas laborales del momento. La agroindustria tecnificada, la transición energética, la biodiversidad y las industrias culturales, junto con campos como la inteligencia artificial, la nanotecnología, los nuevos materiales y las tecnologías de la información, plantean oportunidades que requieren nuevos conocimientos y capacidades. En esos campos, la universidad tiene mucho que aportar. No solo formando profesionales, sino contribuyendo a desarrollarlos.

Algunos países han emprendido procesos de expansión en la matrícula que vale la pena examinar. China pasó de una tasa bruta cercana al 7 % en 1999 al 77 % en 2024, en un proceso acompañado de inversiones en investigación, infraestructura y desarrollo tecnológico. Corea del Sur articuló la formación técnica y universitaria con su proceso de industrialización. Singapur, Filipinas e Indonesia, por su parte, han orientado parte de su oferta hacia prioridades nacionales y necesidades laborales. Son experiencias distintas, que no pueden trasladarse mecánicamente a Colombia. Sí muestran, sin embargo, que ampliar el acceso requiere algo más que aumentar matrículas. Hace falta una estrategia de largo plazo, con respaldo institucional y continuidad en las decisiones públicas.

Esa solución debe reflejarse en la manera como se organiza la educación superior en el territorio. La oferta tiene que guardar relación con los planes de desarrollo y las vocaciones económicas de las regiones, al tiempo que se fortalecen las instituciones públicas y sus capacidades académicas. La desigualdad entre las oportunidades de las ciudades y las zonas rurales

muestra cuánto falta por hacer. En Colombia, el tránsito de la educación media a la superior supera el 51 % en las ciudades y apenas llega al 30 % en las zonas rurales. No es una diferencia menor. Expresa las barreras que enfrentan muchos jóvenes para continuar sus estudios y muestra que el acceso sigue condicionado por el lugar donde viven.

En esa estrategia, la formación técnica y tecnológica no puede seguir siendo marginal y ocupando un lugar secundario. Su articulación con la formación universitaria, mediante trayectorias propedéuticas que permitan continuar estudios y moverse entre niveles, ampliaría las opciones de los estudiantes y fortalecería las capacidades tecnológicas y de innovación del país.

La formación, además, no termina con la obtención de un título. Las certificaciones de corta duración, la actualización profesional y otras modalidades flexibles de aprendizaje deben tener una importancia creciente, siempre que complementen las carreras universitarias y no se conviertan en sustitutos de una formación amplia y rigurosa. La educación permanente debe ser parte de la responsabilidad de las instituciones de educación superior públicas.

Ninguna de estas transformaciones en la educación superior será posible sin una financiación suficiente y estable. La gratuidad ha ampliado las oportunidades de ingreso y, en 2024, la tasa bruta de cobertura llegó al 57,53 %, con más de dos millones y medio de estudiantes matriculados. La Ley 2568 del 19 de febrero de 2026 introdujo mecanismos para fortalecer la financiación de las instituciones públicas, mejorar la permanencia y la graduación, reducir brechas e impulsar la investigación, la innovación y la infraestructura.

El alcance de estas disposiciones legales dependerá ahora de su reglamentación y, sobre todo, de los recursos que se asignen para hacerlas efectivas. La meta de una inversión equivalente al 1 % del PIB para la educación superior pública requiere continuidad en las decisiones del gobierno. Por eso preocupa que el proyecto de presupuesto de 2027 contemple un aumento nominal limitado para el sector educativo, que podría traducirse en una reducción de sus recursos reales. Los compromisos establecidos en la ley necesitan respaldo presupuestal; de lo contrario, difícilmente se convertirán en resultados.

La financiación no es la única condición institucional que debe preocuparnos. El futuro de la universidad pública depende también del respeto por su autonomía, especialmente en un contexto en el que han surgido declaraciones oficiales sobre la necesidad de «desideologizar» las universidades y propuestas para establecer protocolos de ingreso de la Policía a los campus ante hechos de violencia y vandalismo. La protección de la seguridad y la actuación frente a los delitos son responsabilidades del Estado, pero deben ejercerse respetando la autonomía universitaria, el debido proceso y el derecho a la protesta pacífica.

La autonomía no significa impunidad ni ausencia de responsabilidades. Significa preservar la capacidad de las universidades para gobernarse con responsabilidad, formar, investigar y debatir sin subordinarse a intereses políticos o ideológicos, en armonía con los principios constitucionales. La pluralidad, la libertad de cátedra y la deliberación no son concesiones que puedan suspenderse ante las diferencias políticas o los conflictos: son condiciones que hacen posible la vida universitaria.

A estos desafíos institucionales se suma una transformación que ya está modificando las profesiones y las formas de producir conocimiento. La inteligencia artificial nos plantea preguntas de fondo sobre qué y cómo aprender, qué capacidades desarrollar y cómo evaluar lo aprendido. Incorporarla a la educación puede enriquecer la formación, siempre que amplíe las capacidades humanas y no termine sustituyendo el razonamiento y la autonomía intelectual de los estudiantes. Por eso, su uso exige revisar las estrategias didácticas y las formas de evaluación, para formar profesionales que no deleguen en ella su capacidad de pensar, que la usen como herramienta para aprender durante toda la vida y que sean capaces de comprender problemas complejos y construir respuestas críticas y creativas.

Esa formación difícilmente podrá alcanzarse si la docencia se desarrolla al margen de la investigación, la innovación y la extensión, funciones que se enriquecen mutuamente. La investigación aporta conocimiento al proceso educativo y permite comprender los problemas del país y sus regiones. La innovación abre caminos para convertir ese conocimiento en tecnologías, procesos y soluciones, mientras que la extensión favorece el intercambio de saberes y acerca la universidad a la sociedad. Para que esta articulación tenga mayor alcance, Colombia necesita fortalecer sus capacidades científicas y aumentar de manera sostenida la inversión en investigación y desarrollo, hoy insuficiente para las necesidades del país. Esa brecha limita la generación de conocimiento y las posibilidades de transformación productiva. Pero la investigación universitaria no puede medirse solo por sus beneficios económicos inmediatos: su aporte exige libertad para explorar problemas y formular preguntas cuya relevancia y utilidad pueden hacerse visibles mucho tiempo después.

La universidad pública enfrenta, en síntesis, el desafío de ampliar las oportunidades de educación superior sin sacrificar la calidad, la equidad territorial ni la sostenibilidad financiera. Ni la expansión sin planificación ni las restricciones que convierten el acceso en un privilegio responden a los problemas actuales. El país necesita una universidad pública fortalecida y autónoma, capaz de formar ciudadanos críticos, producir conocimiento y contribuir a orientar su desarrollo. Está en juego mucho más que el crecimiento de la matrícula. Está en juego que la educación superior siga siendo una posibilidad real de movilidad social y que el acceso al conocimiento no dependa de la capacidad económica de cada familia. Está en juego, en últimas, el futuro del país y la construcción de una sociedad más justa y en paz.

*Analista y Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia