Universidad de Antioquia: en crisis y en deuda con su misión

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

La Universidad de Antioquia atraviesa una crisis que desborda el problema financiero y compromete el sentido mismo de su misión pública. Durante años, las lógicas clientelares, los cálculos burocráticos y las disputas por cuotas de poder han desplazado la reflexión sobre el rumbo estratégico de la institución. Lo que debería ser un debate permanente sobre la producción de conocimiento, la formación ciudadana y el compromiso con la sociedad ha terminado reducido, con demasiada frecuencia, a una competencia por el control administrativo de la universidad.

Esta situación se hace especialmente visible en los períodos de relevo de rector y decanos. En lugar de abrir debates sobre el futuro académico e institucional, predominan las alianzas coyunturales, los alineamientos con intereses externos y la defensa de pequeños espacios de poder. La preocupación inmediata por la gobernabilidad ha reemplazado la construcción de un proyecto universitario capaz de responder a los desafíos del presente.

La actual convocatoria para la elección de rector representa, en este contexto, una oportunidad excepcional para revisar el rumbo de la universidad. El debate no debería centrarse en nombres, alianzas o equilibrios burocráticos. Debería estar atravesado por una discusión de fondo sobre la esencia de la institución, su responsabilidad histórica y el modelo de gestión de sus estrategias misionales. La elección rectoral tendría que convertirse en un escenario para discutir qué universidad necesita Antioquia y el país, y qué transformaciones son indispensables para recuperar la vigencia académica y social de la institución.

La crisis financiera es apenas el síntoma más visible de un deterioro acumulado durante décadas. Detrás del déficit existe un modelo de gestión que ha debilitado el compromiso con lo público y ha relegado asuntos fundamentales. La desfinanciación estructural, la precarización laboral de los profesores de cátedra y el rezago de muchos programas de formación muestran una institución que perdió capacidad para anticipar los cambios del mundo contemporáneo.

En el desarrollo de sus estrategias misionales, la universidad parece avanzar desconectada de la realidad nacional y sin un horizonte articulado con los planes de desarrollo económico, social e industrial del país. En el campo de la investigación, salvo valiosas excepciones, numerosos proyectos se han distanciado de las necesidades y problemas de las regiones y de la nación.

La presión por ajustarse a métricas internacionales de desempeño, expresadas en titulaciones, publicaciones indexadas y reconocimientos individuales, ha favorecido dinámicas académicas centradas más en el beneficio personal que en la producción de conocimiento pertinente para el país. Bajo esa lógica, y amparadas en el prestigio institucional y en recursos públicos, proliferan agendas fragmentadas de investigación que responden más a criterios de escalafón, acumulación de puntos salariales e indicadores de clasificación internacional que a las urgencias sociales, económicas y productivas de Antioquia y Colombia.

La situación resulta aún más preocupante en el campo de la formación profesional. Muchos currículos permanecen desactualizados y desconectados de las profundas transformaciones que hoy redefinen el conocimiento, el trabajo y la vida colectiva. La inteligencia artificial, la bioeconomía, la nanotecnología, la transición energética y la emergencia climática, entre otros cambios tecnológicos y científicos que moldearán el futuro, exigen nuevas capacidades cognitivas, metacognitivas, éticas y ciudadanas.

Sin embargo, en numerosos casos, la universidad continúa ofreciendo respuestas ancladas en modelos formativos del siglo pasado, con escasa capacidad para anticipar los desafíos económicos, sociales y tecnológicos que enfrentarán las nuevas generaciones.

A ello se suma la precariedad de la docencia, particularmente de los profesores de cátedras en ciencias básicas, conocimiento esencial en el siglo XXI. La formación de miles de estudiantes descansa principalmente sobre una planta de profesores de cátedra sometida a condiciones laborales inestables y mal remuneradas. Resulta contradictorio aspirar a una educación transformadora mientras quienes sostienen buena parte del trabajo pedagógico carecen de garantías mínimas para desarrollar procesos académicos continuos, rigurosos y de calidad.

A esta situación se añade el rezago en la incorporación de nuevas estrategias didácticas apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, así como en enfoques contemporáneos del aprendizaje, como el conectivismo. Estas transformaciones están modificando profundamente las formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. Sin embargo, buena parte de las prácticas pedagógicas universitarias continúa ancladas en modelos tradicionales, con escasa capacidad para responder a las dinámicas educativas del presente.

La crisis también es política y cultural. La actual discusión sobre la reforma del Estatuto General revela tensiones acumuladas durante años en torno a la gobernanza universitaria. Aunque este proceso representa una oportunidad para revisar las estructuras de gobierno y fortalecer la participación de la comunidad académica, también ha dejado en evidencia las limitaciones de una democracia reducida, muchas veces, al simple cumplimiento formal de procedimientos.

Con frecuencia, se consulta a la comunidad universitaria sin que sus posiciones incidan realmente en las decisiones finales. Se promueven espacios de participación que terminan siendo más rituales administrativos que ejercicios efectivos de deliberación colectiva. Así, la consulta pierde legitimidad y la representación se vacía de valor democrático.

En muchos espacios de representación se consulta sin escuchar realmente, se participa sin deliberación efectiva y se toman decisiones sin construir consensos amplios ni proyectos colectivos. La representación se distorsiona cuando deja de ser un mecanismo para interpretar y canalizar las aspiraciones de la comunidad universitaria, y se convierte en escenario de protagonismos individuales o de defensa de intereses particulares. De esta manera, la democracia universitaria pierde su capacidad formativa y su sentido colectivo.

El problema de fondo no es solamente normativo. Es, ante todo, cultural. Una universidad que no practica la deliberación democrática en su vida cotidiana difícilmente puede formar ciudadanos capaces de ejercerla en la sociedad. Allí reside una de sus mayores contradicciones y, al mismo tiempo, una profunda deuda con su propia misión institucional.

La formación profesional universitaria no consiste únicamente en transmitir conocimientos técnicos o científicos. También implica educar para el ejercicio de una ciudadanía crítica y democrática, capaz de deliberar, construir acuerdos y defender el bien común en las complejas sociedades del siglo XXI. No se trata de una idea abstracta de democracia heredada de otros tiempos, sino de formar ciudadanos para la realidad colombiana, atravesada por profundas desigualdades, fragmentaciones sociales y tensiones políticas.

En un país como Colombia, esa responsabilidad no es secundaria ni opcional. Hace parte esencial del sentido histórico y de la legitimidad de la universidad pública.

Por eso, la discusión sobre la reforma del Estatuto General no debería reducirse a una disputa por nuevas cuotas de representación o por ajustes administrativos. La verdadera oportunidad consiste en convertir esta coyuntura en el punto de partida de una transformación institucional más profunda. La universidad necesita reconstruir una cultura basada en la transparencia, la responsabilidad colectiva, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con lo público.

Esa transformación exige revisar prácticas arraigadas y asumir responsabilidades concretas. Las directivas universitarias, hoy y en el futuro, deben preguntarse si sus decisiones responden realmente al interés general y a la misión pública de la institución. Los investigadores necesitan interrogarse sobre la pertinencia social de su trabajo y su contribución a los problemas del país y las regiones. Los docentes deben reconocer la dimensión ética y estratégica de su papel en la formación de las nuevas generaciones.

La Universidad de Antioquia tiene todavía la posibilidad de recuperar plenamente su misión histórica. Puede convertirse en una institución capaz de articular conocimiento, democracia y compromiso social en medio de las profundas transformaciones del siglo XXI. Puede ser un espacio donde la ciencia, la formación humanista y la deliberación pública contribuyan a construir un futuro más justo para Antioquia y para el país.

Pero ello requiere voluntad política y una nueva cultura universitaria. No bastan reformas legales ni cambios cosméticos en la estructura administrativa. Se necesita reconstruir la confianza institucional y reafirmar valores que hoy parecen debilitados: el sentido de lo público, la ética del bien común, la pertinencia y actualidad académica, y la responsabilidad con las generaciones futuras.

Si la reforma del Estatuto General y el actual proceso de elección rectoral logran impulsar esa transformación cultural, la Universidad de Antioquia podrá recuperar vigencia histórica y convertirse nuevamente en un referente ético e intelectual para la sociedad. Podrá ser, en efecto, ese faro que ilumine el camino del futuro de Antioquia en tiempos de incertidumbre y cambio. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una institución atrapada en sus propias inercias, distante de las necesidades de la sociedad y cada vez más irrelevante frente a los desafíos del presente.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.