Del glifosato al glufosinato de amonio: un producto más peligroso, más ineficiente y más caro.

Análisis de la Noticia/ Eduardo Pizarro Leongómez*/ Hernando Corral* Garzón/RazonPublica/El Pregonero del Darién.

Se debe diseñar una política integral para abordar un tema tan complejo, y abrir un debate nacional sobre el uso del glifosato con controles sanitarios y ambientales serios, limitar la fumigación aérea a cultivos extensos, profundizar las políticas de sustitución de cultivos, llevar a cabo una política internacional con Perú y Bolivia, y analizar el impacto ambiental y en la salud pública de los precursores utilizados en el procesamiento de la hoja de coca.

Hace pocos días, mediante la Resolución 007 de 2026, el gobierno nacional anunció la reanudación de la aspersión aérea de cultivos ilícitos de hoja de coca con glufosinato de amonio, un herbicida altamente soluble y volátil utilizado para controlar malezas y que, según los expertos, es menos eficaz, más costoso y muy perjudicial para la salud, al autorizar un plan piloto “controlado y evaluable” con dos aeronaves de la Policía Nacional sobre cultivos en Putumayo. La medida revive el debate abierto en 2017 cuando la Corte Constitucional suspendió la fumigación con glifosato en aplicación del principio de precaución, tras la clasificación de la International Agency for Research on Cancer (IARC) como probablemente cancerígeno. Por ello, resulta necesario promover una discusión nacional tanto sobre el retorno de la aspersión aérea como sobre los riesgos y la conveniencia del nuevo producto. 

Panorama global de la cocaína

En los últimos años, la producción y el consumo de cocaína han aumentado en todo el mundo. Aunque los dos principales mercados siguen siendo Estados Unidos y Brasil, el consumo también ha crecido en Europa. En este año se alcanzó un récord en la producción de cocaína que el Informe Mundial sobre Drogas 20206 calcula en más de 4.000 toneladas, es decir, cuatro veces más que hace una década, destinadas a satisfacer la demanda de un mercado de 25 millones de adictos. En 2013 eran 17 millones. Es decir, la demanda mundial de cocaína, lejos de disminuir, está en aumento, ante la indiferencia o la impotencia de los países consumidores. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia concentra actualmente el 67% de los cultivos de coca del mundo. Por el contrario, en Bolivia la producción no ha aumentado y en Perú se ha reducido ligeramente. Es decir, por múltiples factores, el Programa Nacional Integral de Sustitución de los Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no ha dado los resultados esperados y, día a día, aumentan no solo los cultivos ilegales de hoja de coca, sino también la productividad de las plantas, gracias a la manipulación genética. Las nuevas variedades (crespa, gigante, tingo pajarito, pomarrosa y peruana blanca) son actualmente las preferidas por los cultivadores (“Narcos alteran la coca para hacerla más gigante e hiperresistente”, en Vanguardia, 11 de octubre de 2021).

Es más, actualmente, la hoja de coca ocupa, por hectárea sembrada, el noveno lugar en Colombia detrás del café, el arroz, la palma de aceite, los frutales, el maíz, el plátano, la caña de azúcar y el cacao, y supera a la yuca, la caña panelera, las papas y las hortalizas (Manuel Alejandro Correa, en https://www.agronegocios.co/). Y, según distintos analistas, esta economía ilegal representa el 4,2% del PIB del país. Al respecto, es importante señalar que hoy en día solo el 10% de la producción de coca en Colombia se utiliza con fines lícitos (culturales, medicinales, nutricionales y agroindustriales) y el 90% restante se destina al mercado ilícito. Una proporción que debemos revertir. 

Aspersión aérea y efecto globo

Ahora bien, a diferencia del PNIS, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) había sido muy exitoso en la disminución de estos cultivos, tal como se puede observar en el gráfico siguiente:

Para bien de Colombia y para mal de Bolivia y Perú (lo cual no es motivo de alegría), gracias a la aspersión aérea, los cultivos de coca se habían desplazado hacia esas dos naciones como resultado del llamado “efecto globo”. Sin embargo, una vez que la Corte Constitucional le puso una talanquera al uso del glifosato, Colombia volvió a ocupar el primer lugar. Pasamos de 40.000 a más de 300.000 hectáreas. Obviamente, la prohibición de la aspersión aérea no fue el único factor que incidió en esa expansión: también influyeron el crecimiento de los grupos armados ilegales, el debilitamiento del control territorial del Estado y el fortalecimiento de la “cultura de la ilegalidad” en el país. 

Daniel Brombacher, director del Observatorio Europeo sobre Crimen Organizado, afirma que el debate sobre la causa del auge de la cocaína divide a los expertos: unos dicen que el mercado está impulsado por la oferta; otros, por la demanda. La verdad está en algún punto intermedio. La oferta y la demanda se retroalimentan mutuamente: la oferta crea mercado, la demanda incentiva la producción. Argumentar que somos víctimas de los consumidores extranjeros es una falacia. Somos tan responsables como estos.

Silencios cuestionables 

En el debate sobre los cultivos de coca y su procesamiento, resulta cuestionable el silencio de analistas y funcionarios públicos ante las conclusiones de las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea (UE) sobre el glifosato. Este herbicida, el más utilizado a nivel mundial, fue clasificado por la IARC en el Grupo 2 como potencialmente dañino al lado de las carnes rojas, por lo cual, la UE renovó por unanimidad su uso por diez años en 2023.

En primer lugar, ¿por qué se ignoran los estudios de la OMS y las agencias europeas? Aunque la Corte Constitucional aplicó justificadamente el principio de precaución en 2017, mediante las sentencias T-080 de 2017-T-236 de 2017 y  T-300 de 2017, ante la falta de evidencia concluyente sobre el carácter no cancerígeno del glifosato, cabe preguntarse si este criterio sigue vigente a la luz de las investigaciones de la OMS y la UE, o si conviene evaluar su uso controlado, con dosis, concentraciones y alturas adecuadas, incluso mediante drones que protejan los cultivos vecinos, el medio ambiente y a los encargados de la erradicación frente a francotiradores y campos minados.

El silencio ante las conclusiones de la OMS y de la UE plantea varias preguntas claves.

En segundo lugar, ¿por qué se restringe en cultivos ilícitos, pero se usa ampliamente en cultivos lícitos? En Colombia, el glifosato está prohibido para erradicar cultivos ilícitos, pero es el herbicida más utilizado en cultivos lícitos como caña de azúcar, palma, algodón, maíz, tomate y arroz, así como en potreros para ganado (Mauricio Ochoa, “Glifosato: ¿qué tan cerca está Colombia de dejarlo de usar en el agro?”, en Semana, 31 de marzo de 2020) bajo la supervisión del Invima y el ICA, los cuales ejercen un control de inocuidad y eficacia sobre todos los insumos químicos y biológicos que se utilizan en la agricultura y la ganadería. ¿La prohibición para la aspersión aérea de la hoja de coca se debe a la dosis utilizada —muy superior a las usadas en la agricultura— y a la mezcla con otros aditivos que generan alteraciones nocivas en el producto? ¿Es esta la razón? 

En tercer lugar, ¿por qué usar el glufosinato de amonio que, según la OMS, es un “plaguicida altamente peligroso” (HHP)? En el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), el amonio está clasificado como una sustancia con toxicidad reproductiva demostrada de tipo I, criterio 4, hasta el punto de que la UE no permitió su uso tras la expiración de su autorización en 2018. Además, es más costoso que el glifosato y resulta eficaz sobre todo en malezas de veinte o treinta centímetros de altura, por lo que su efecto sobre plantas altas de coca es dudoso.

Y, finalmente, ¿por qué no se denuncian los precursores altamente tóxicos del proceso?

Producir cien kilogramos de cocaína expone a trabajadores sin protección y contamina suelos y ríos, con graves efectos ambientales y sanitarios. (ver gráfico)

Por el contrario, en la industria química, para evitar el contacto con los mismos precursores utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, se emplean “equipos de protección personal” (EPP) como guantes, gafas de seguridad, trajes químicos, protección respiratoria (respiradores o mascarillas) y calzado de seguridad, además de equipamiento de seguridad en el área de trabajo, como campanas extractoras y sistemas de emergencia. Por el contrario, en las “cocinas” clandestinas de cocaína, los trabajadores (hombres, mujeres, adolescentes) laboran sin la menor protección. Además, utilizan insecticidas muy tóxicos que almacenan en sus propios hogares con alto riesgo para todo el núcleo familiar. Por ello, es urgente un control riguroso de estos precursores e insecticidas por parte de las autoridades aduaneras y otras autoridades. 

Por ello, cabe preguntarse si, con el argumento de que los cultivadores de coca no tienen otra opción para alimentar a sus familias, se está silenciando el alto riesgo que corren al consumir sustancias altamente tóxicas. 

Conclusión: una respuesta integral

Actualmente se estima que, alrededor de 200.000 familias dependen directamente del cultivo de coca, cifra que se duplica al incluir los vínculos indirectos: entre uno y dos millones de personas. Además, el 19% de los cultivos se concentra en comunidades negras y el 10% en resguardos indígenas. Por ello, dado el impacto social que conllevaría una política de fumigación aérea indiscriminada, es importante diseñar una política integral para abordar un tema tan complejo.

Primero, rechazar de plano el uso del glufosinato de amonio —sobre el cual no hay incertidumbre sobre su toxicidad, como afirma erróneamente el Ministerio de Justicia— y abrir un debate nacional sobre el uso del glifosato con controles sanitarios y ambientales serios.

Segundo, limitar la fumigación aérea a cultivos extensos (cuatro o más hectáreas), con objeto de privilegiar otras medidas para los pequeños cultivadores. Hay que diferenciar entre las familias que cultivan la coca por necesidad y los cultivadores que lo hacen por afán de enriquecerse o para alimentar las finanzas de las organizaciones criminales. 

Tercero, profundizar las políticas de sustitución de cultivos para quienes deseen abandonar definitivamente la producción de hoja de coca destinada a los laboratorios de cocaína. Según el Fondo Colombia en Paz —bajo la acertada dirección de Mariana Gómez—, la primera etapa de Colombia Sostenible llegó a más de 36.000 familias, intervino en 82.700 hectáreas y fortaleció treinta líneas productivas sostenibles, tales como el cacao. Sin duda, los programas de sustitución deben plantear con claridad los modelos de desarrollo alternativo viables en cada región, acompañados de planes de expansión de los servicios públicos y de las vías de acceso. 

Cuarto, llevar a cabo una política internacional en asociación con Perú y Bolivia, para llamar la atención de los principales países consumidores y reducir el consumo interno.

Finalmente, es clave analizar el impacto ambiental y en la salud pública de los precursores utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, al igual que se hace con el mercurio en la minería de oro artesanal.

La lucha contra la producción de drogas ilícitas como la cocaína y la marihuana de la variante creepy, cuya siembra se halla hoy en día muy extendida en Cauca —con una alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC) y, por tanto, muy adictiva—, es urgente, dado que constituye, junto con la minería ilegal y la extorsión, una de las tres principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales en nuestro país.

*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

* Periodista