No a las vías de hecho en el Cauca
Gobierno avanza en formalización de pequeña minería en el Bajo Cauca y reitera voluntad de diálogo en un escenario sin hostilidades.
(Foto principal/Bloqueo en la rotonda del municipio de Caucasia/Fundación Paz y Reconciliación)
Con el propósito de mitigar el impacto del paro minero que se registra en el Bajo Cauca, el Gobierno nacional ratificó su compromiso irrestricto con la participación ciudadana y el derecho a la protesta social, garantizando su ejercicio dentro de los principios de la expresión pacífica, democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
En ese sentido, tras los avances alcanzados el pasado 21 de marzo en la reunión sostenida con la Mesa Social y Minera del Bajo Cauca, el Gobierno ha adelantado las consultas y gestiones necesarias para dar continuidad al proceso de diálogo orientado a la superación del conflicto en el territorio, conforme a los compromisos previamente acordados.
De acuerdo con el comunicado del ministerio del Interior, como parte de estos avances, se logró acordar la puesta en marcha de la ruta para la adjudicación de 7.200 hectáreas destinadas a la formalización de la pequeña minería, así como la habilitación de 2.800 hectáreas adicionales, que permitirán en el corto plazo formalizar cerca de 1.000 unidades de producción minera y beneficiar aproximadamente a 10.000 mineros y mineras de la región.
Asimismo, se priorizará la atención ágil de 128 procesos de formalización minera actualmente en trámite, y se reconoce el avance de más de 2.600 mineros formalizados durante este Gobierno, a través de 32 Unidades de Producción Minera, quienes accederán a los instrumentos de fomento dispuestos por el Estado.
No a vías de hecho
No obstante, el Gobierno nacional ha sido enfático en que no se restablecerán espacios de diálogo mientras persistan bloqueos y acciones de hecho violentas en la vía hacia Caucasia.
La instalación de una mesa de diálogo estará condicionada al cese total de todas las acciones de violencia y vandalismo, para garantizar los derechos de movilidad, seguridad y bienestar de la población en general.
De igual manera, el documento indicó que el Gobierno reitera que las autoridades públicas deben actuar dentro del marco de la ley.
“En consecuencia, no es posible ofrecer la legalización de actividades de mediana y gran minería por fuera de los procedimientos establecidos por la autoridad minera competente, ni comprometer la suspensión de las funciones constitucionales de seguridad y convivencia a cargo de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales”, anotó el comunicado.
Indicó además que “el Gobierno nacional lamenta el surgimiento y escalamiento de expresiones violentas en el desarrollo de las movilizaciones, e insta al movimiento social a desmarcarse de manera clara y contundente de estos métodos, privilegiando las vías institucionales y el diálogo” y reiteró que “mantiene su disposición permanente para escuchar, construir acuerdos y avanzar hacia soluciones sostenibles, siempre en el marco de la ley y el respeto por todos los colombianos”.
