Suerte de Uribe en manos de la Corte Suprema
A la casación interpuesta por Iván Cepeda, se sumó el mismo recurso invocado por la Fiscalía General de la Nación, en busca que el condenado pague su pena.

(Foro principal/Iván Cepeda Castro)
Luego que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro presentara ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación que busca dejar en firme el fallo condenatorio de doce años contra el ex presidente Álvaro Uribe, la Fiscalía hizo lo mismo.
Como es de conocimiento público el Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de octubre del año pasado, tumbó la sentencia proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, contra el procesado.
Este hecho motivó que tanto el senador Cepeda Castro, el ex fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, admitidos en el proceso como víctimas, acudieran a la citada Corte en busca de evitar la impunidad en el sonado caso.
La acción judicial busca que el alto tribunal reevalúe la decisión que exoneró al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los firmantes argumentan que existen pruebas materiales que permiten inferir la responsabilidad penal de Uribe en los hechos investigados.
Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un término legal máximo de cinco años para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el recurso de casación interpuesto contra la absolución de Uribe.
La Corte suprema debería dirimir la polémica decisión de los magistrados: Manuel Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez; y de la que se apartó la magistrada Leonor Oviedo Pinto.
Ahora la Fiscalía
Tal y como se había anunciado previamente la Fiscalía General de la Nación, presentó formalmente una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ratificar la condena original de 12 años de prisión que le fue impuesta en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El recurso fue suscrito por la fiscal delegada ante la Corte Suprema y señala que la decisión absolutoria de la sala de segunda instancia incurrió en “graves y trascendentes errores” al valorar pruebas y aplicar la ley, lo que, según el ente acusador, vulneró la legalidad del proceso.
Esta acción judicial se convierte ahora en uno de los pasos más importantes de la etapa procesal: la casación es el mecanismo extraordinario que permite a la Corte Suprema revisar fallos que, por errores de hecho o de derecho, podrían afectar la administración de justicia, sobre todo en casos de alto impacto político y jurídico.
La demanda de casación busca que la Corte Suprema restituya la sentencia original de culpabilidad y condena del exmandatario proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, en contra el procesado.







