SOS de la JEP ante asfixia financiera
La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas.
(Foto de portada/redes sociales)
Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
El senador Enrique Gómez Martínez propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.
La propuesta, apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones constitucionales de la JEP
La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pide que se garanticen los recursos indispensables para su operación.
La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes.
Al mismo tiempo, en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.
Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial.
La Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli en su pronunciamiento de este fin de semana, le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acompañe sus alertas y acompañe, en el marco de sus competencias, las exigencias del alto tribunal de paz, así como evitar que “las iniciativas descritas obstaculicen el mandato de la JEP, el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
De acuerdo con el presidente de la JEP, “las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional”. Asimismo, indicó que se afectaría la protección de las víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales.
Por su parte el jefe de Estado le respondió así de manera inmediata:
“No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación. Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”, señaló en primera instancia el jefe de Estado.
