2 de septiembre de 2025
La discusión sobre la nueva reforma tributaria no solo gira en torno a las medidas fiscales del gobierno. Detrás de las cifras y las proyecciones de recaudo aparece un actor silencioso pero decisivo: el lobby de los sectores empresariales, capaz de inclinar la balanza en el Congreso.
El proyecto, que pretende recaudar 26 billones de pesos, toca a sectores estratégicos como las apuestas en línea, las iglesias, los bancos, los fondos de inversión, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Si bien estas medidas podrían fortalecer las finanzas públicas, también despiertan la resistencia de grupos con amplia capacidad económica y política.
El papel del lobby en el Congreso
El lobby no es nuevo en la política colombiana, pero adquiere mayor protagonismo cuando el gobierno busca aprobar una reforma con amplio impacto económico. Empresas como Bavaria, que en 2023 destinó 5.600 millones de pesos a seis partidos políticos, y el Grupo Aval, que en 2022 invirtió 11.000 millones de pesos en campañas al Congreso, representan solo dos ejemplos de cómo el sector privado garantiza canales de influencia directa.
Estas contribuciones no solo abren puertas en los pasillos legislativos, sino que también generan compromisos políticos. Muchos congresistas, en busca de reelección, dependen del respaldo financiero de los mismos sectores que ahora serían afectados por la reforma.
Sectores estratégicos en juego
La reforma pone en la mira negocios que durante años estuvieron blindados de mayores cargas tributarias. Las casas de apuestas en línea, la industria cervecera, los bancos y las iglesias aparecen como los principales objetivos del gobierno. No obstante, la capacidad de presión de estos sectores anticipa una batalla legislativa intensa.
El caso de los bancos y aseguradoras es particularmente sensible: han registrado utilidades históricas en los últimos años y serían gravados con un impuesto de renta del 50%. En paralelo, la tributación a las iglesias se convierte en un tema políticamente explosivo, dado su peso electoral y su capacidad de movilización en el Congreso.
El incentivo político y las negociaciones
Más allá del rechazo público a los impuestos, los congresistas ven la tributaria como una moneda de cambio. El presupuesto nacional de 2026, ligado directamente a la aprobación de la reforma, se convierte en el incentivo clave. Quienes respalden el proyecto tendrían mayor margen para gestionar recursos en sus regiones.
En este escenario, el lobby empresarial se entrelaza con las necesidades políticas de los legisladores. El resultado no dependerá únicamente de la solidez técnica de la reforma, sino de las negociaciones entre intereses económicos y aspiraciones electorales.
El debate que inicia en las comisiones económicas no solo definirá el futuro fiscal del país, sino que también revelará hasta qué punto los sectores empresariales logran mantener sus privilegios frente a una de las reformas más ambiciosas en la historia reciente.
