01 de Octubre de 2025
El abogado Diego Cadena, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. La decisión, emitida en primera instancia por un juez de Bogotá, también contempla el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo. El fallo se enmarca en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en los procesos contra Uribe.
Condena y sanciones impuestas
Prisión e inhabilitación
La justicia determinó que Cadena deberá cumplir 84 meses de prisión domiciliaria y pagar 375 salarios mínimos mensuales. Además, quedó inhabilitado para ejercer funciones y derechos públicos durante el mismo tiempo. Según el fallo, Cadena actuó como operador para presionar a Monsalve con el fin de cambiar declaraciones que comprometían al expresidente Uribe.
Absolución parcial
En contraste, el juez absolvió al abogado de los cargos relacionados con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, al establecer que existía duda razonable en cuanto a soborno y fraude procesal en ese episodio. No obstante, tanto las víctimas como el Ministerio Público apelaron esta parte del fallo, buscando que se revoque la absolución.
Origen del caso y contexto político
De Cepeda a Uribe
El proceso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y abrió investigación contra el expresidente al encontrar indicios de que su entorno habría buscado sobornos y retractaciones de exparamilitares. En ese escenario, Cadena apareció como un actor clave, señalado de visitar cárceles y ofrecer beneficios jurídicos a cambio de testimonios.
Estrategia de defensa fallida
De acuerdo con la Fiscalía, Cadena ofreció a Monsalve una revisión de su condena y gestiones para vincularlo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a cambio de retractarse de los señalamientos contra Uribe. Estas acciones consolidaron las pruebas que hoy lo llevaron a la condena judicial.
Impacto en el caso Uribe
Conexión con la condena del expresidente
En julio de 2025, un juzgado de Bogotá condenó en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Aunque ambos procesos son independientes, la condena de Cadena refuerza la narrativa probatoria en torno a Uribe, pues se confirma judicialmente que su abogado de confianza incurrió en soborno en actuación penal con los mismos testigos.
Dimensión política del caso
El senador Iván Cepeda, contraparte en este proceso, ha señalado que los fallos evidencian un patrón de manipulación de testigos contra él. Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas —senador asesinado en 1994 por paramilitares—, es hoy una de las figuras más visibles de la izquierda y precandidato presidencial para 2026, lo que otorga al caso un carácter político y simbólico de gran relevancia.
Lo que viene para Cadena y Uribe
Recursos de apelación
La defensa de Cadena anunció que interpondrá recursos ante el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo en segunda instancia será determinante para confirmar o modificar la condena. En paralelo, avanza la apelación del proceso contra el expresidente Uribe, cuyo desenlace marcará un hito judicial y político en la historia reciente del país.
Repercusiones en la opinión pública
El caso de Cadena y su conexión con Uribe ponen de nuevo sobre la mesa los señalamientos históricos de vínculos entre el expresidente y el paramilitarismo, una sombra que ha acompañado su trayectoria política. Lo que resuelva la justicia no solo impactará la situación de los procesados, sino también el debate nacional sobre la verdad y la memoria en torno al conflicto armado.
El fallo contra Diego Cadena representa un precedente judicial significativo y evidencia cómo las estrategias de manipulación de testigos pueden derivar en condenas ejemplares. La cercanía con el expresidente Uribe hace que este caso trascienda lo penal y se convierta en un asunto político de alto impacto. El futuro de ambos dependerá de lo que decidan las instancias de apelación, mientras la sociedad colombiana observa con atención el rumbo de un proceso que toca fibras sensibles de su historia reciente.
