CNE: ¿Árbitros o jugadores políticos?

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

No todas las decisiones institucionales son neutrales, aunque se presenten como meros actos de trámite o decisiones procedimentales. La reciente orden del Consejo Nacional Electoral de negar la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida es mucho más que una actuación administrativa formal, pues en la práctica opera como una intervención que altera las reglas del juego electoral. Esta medida parece orientada a debilitar al progresismo, reducir la presión política sobre candidatos de la oposición y favorecer a quienes obtienen recursos públicos y mayor visibilidad en la campaña presidencial.

Excluir de la contienda a una figura con un peso político significativo altera el equilibrio competitivo y modifica las condiciones de la competencia electoral. Esta decisión no solo limita la capacidad de articulación y organización de un sector en una fase decisiva del proceso, sino que también contribuye a reposicionar candidaturas de la oposición que venían debilitadas por bajos niveles de aceptación pública.

La confianza en esta decisión se debilita al examinar quiénes participaron en su adopción. El magistrado Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez debieron considerar seriamente la posibilidad de declararse impedidos para preservar la transparencia y la apariencia de imparcialidad. Prada ha estado involucrado en procesos judiciales en los que Cepeda ha tenido un papel relevante. Y sobre Ibáñez pesan señalamientos de vínculos profesionales y personales con Abelardo de la Espriella, así como por pronunciamientos previos en redes sociales con críticas directas hacia Cepeda. En escenarios políticamente sensibles, la imparcialidad no solo debe existir, sino también resultar incuestionable para la ciudadanía.

En la justicia no basta con ser honesto sino que también hay que parecerlo porque si el árbitro tiene una camiseta puesta bajo el uniforme… el partido nace bajo sospecha.

Esa resolución es una señal de alerta sobre el uso de las leyes en nuestro país. Cuando las herramientas jurídicas se emplean para elegir quién compite y quién no, el Derecho deja de proteger libertades y empieza a inclinar la balanza a favor de unos pocos. Lo grave no es solo este caso puntual sino el mensaje que se envía sobre la captura de las instituciones para fines partidistas. En un país como Colombia donde la confianza ciudadana siempre ha sido frágil estas “jugaditas” solo profundizan el escepticismo de la gente.

Aunque una decisión parezca legal en el papel pierde toda su legitimidad si se percibe como un favor político. Este caso debería estudiarse en las universidades como el reflejo de la tensión entre lo que dice la norma y lo que es justo para la sociedad. Necesitamos formar ciudadanos que entiendan que la democracia no se trata solo de seguir reglas escritas sino de garantizar que las instituciones actúen con independencia real. Colombia necesita árbitros confiables pues si sus decisiones alteran la competencia, la pregunta central es si realmente están protegiendo el espíritu democrático que juraron defender.

Este episodio confirma cuestionamientos que desde hace tiempo se vienen formulando sobre el funcionamiento de diversas instituciones y refuerza la necesidad de impulsar reformas profundas al sistema judicial. Prácticas observadas en otras Cortes también generan serias dudas, especialmente cuando ciertos procesos parecen activarse o resolverse de manera que obstaculizan iniciativas de cambio promovidas por el actual gobierno.

La percepción de una captura del poder institucional adquiere así mayor fuerza y alimenta el debate sobre transformaciones estructurales. Desde esta perspectiva, la convocatoria de una Asamblea Constituyente emerge como una alternativa orientada a restablecer la soberanía popular y a renovar instituciones que, para amplios sectores, parecen operar más como mecanismos de contención política que como garantes imparciales del orden democrático.