Cajas de Compensación Familiar: ¿Actores sociales instrumentos de poder político?

Carlos Arturo Perera Iris*/Opinión/especial para El Pregonero del Darién

Las Cajas de Compensación Familiar (CCF) en Colombia son entidades con un rol único en la política social del país. Aunque formalmente son organizaciones de derecho privado, cumplen una función pública fundamental, administrando recursos parafiscales para el bienestar de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, su creciente visibilidad en el espacio público plantea preguntas sobre su neutralidad y su posible alineación con intereses políticos específicos. El caso de la valla de Comfama, con el lema «Cuidar la democracia es cuidar el futuro», sirve como un punto de partida para este análisis.

La Paradoja de los actores híbridos

Las CCF son un caso de estudio fascinante para la ciencia política, ya que operan en una «zona gris» entre lo privado y lo público. Su poder no proviene de la elección popular, sino de su capacidad para administrar fondos públicos y prestar servicios sociales a más de 21.5 millones de beneficiarios, incluyendo a trabajadores formales y las empresas que los emplean.

Administración de recursos parafiscales:

 Los fondos que gestionan las CCF provienen del 4% de la nómina de las empresas afiliadas, lo que les confiere la naturaleza de fondos públicos destinados a un fin social. La decisión de utilizar estos fondos para financiar campañas con mensajes políticos, como el de la valla de Comfama, se convierte, por lo tanto, en un asunto de interés público.

Implementación de políticas sociales:

Estas entidades no se limitan a ser meras prestadoras de servicios; actúan como un pilar del sistema de seguridad social colombiano, implementando políticas públicas en áreas como vivienda, educación, salud y recreación. Las decisiones que toman al priorizar ciertos servicios son una forma de participación política que influye directamente en el bienestar de la ciudadanía.

Mensajes simbólicos y activismo encubierto

El mensaje de la valla de Comfama no es tan neutro como podría parecer a primera vista. Aunque la democracia es un valor universal, el contexto en el que se emite el mensaje (frente a una brigada militar en un momento de polarización política) le da un significado específico que puede ser interpretado como una defensa del statu quo. La pregunta que surge es si las CCF están promoviendo una visión de la democracia que beneficia a un sector particular del espectro político, en lugar de servir al interés público de manera imparcial.

Intereses de clase: Las CCF están dirigidas por empleadores, lo que implica que sus mensajes y políticas pueden reflejar los intereses de la clase empresarial. La defensa de la «estabilidad» y la «democracia» podría ser una forma de legitimar el modelo económico actual, que beneficia a los directivos de estas entidades.

Pérdida del propósito social:

 Cuando las CCF se involucran en el debate político, corren el riesgo de desviar su misión original de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. La frase «cuidar el futuro» podría ser utilizada para legitimar una visión de país asociada con un partido o coalición en particular, instrumentalizando su prestigio social para una agenda política.

La asimetría del control y la rendición de cuentas

Una de las debilidades del sistema es la asimetría en la rendición de cuentas. A diferencia de los partidos políticos, las CCF no están sujetas al control democrático; no se vota por sus directivos, a pesar de que manejan recursos públicos.

Superintendencia del Subsidio Familiar:

 Aunque estas entidades están vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, la supervisión se enfoca en aspectos administrativos y financieros, no en el contenido simbólico o político de sus campañas. Este vacío de control las convierte en un espacio ideal para la promoción de intereses sin una supervisión pública directa.

Ausencia de una Superintendencia del Trabajo:

La existencia de una Superintendencia que vigila las CCF, mientras no existe un órgano similar enfocado únicamente en la vigilancia de los derechos laborales en general, refuerza la idea de que estas entidades están protegidas por un control especializado.

En resumen, las Cajas de Compensación Familiar son actores políticos de gran relevancia que operan en un campo minado de intereses económicos y políticos. Su poder simbólico y su capacidad para influir en el debate público sin la misma rendición de cuentas que otras instituciones las convierten en un tema crucial para el análisis politológico. La valla de Comfama es un claro ejemplo de cómo estas entidades pueden convertirse en vehículos de propaganda para ciertos sectores del poder, en lugar de ser garantes del bienestar social, lo que nos invita a un debate urgente sobre su verdadero rol en la esfera política colombiana.

*Abogado y activista sindical.