Debate por suspensión de Quintero enfrenta a Petro y la Procuraduría
Petro rechaza la sanción de la Procuraduría contra Daniel Quintero y se intensifica el debate institucional.
22 de noviembre de 2025
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro reactivó el debate institucional en Colombia luego de que la Procuraduría General de la Nación ratificara la suspensión e inhabilidad por seis meses contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, decisión que también impacta su aspiración presidencial. El mandatario reiteró que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”, cuestionando la validez y alcance de la sanción en un contexto donde se discute el respeto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Petro cuestiona la sanción contra Daniel Quintero
El organismo de control mantuvo en segunda instancia la suspensión y la inhabilidad contra Quintero por la presunta participación en política derivada del video conocido como “el cambio en primera”, difundido en mayo de 2022. Según la Procuraduría, el mensaje representó un apoyo directo al entonces candidato Gustavo Petro, vulnerando la prohibición que tienen los servidores públicos de intervenir en actividades proselitistas.
La decisión también incluyó una multa cercana a los $100 millones, además de la restricción para ejercer cargos públicos durante el periodo señalado, aunque Quintero ya no ocupa ninguna función administrativa. El exalcalde se pronunció a través de redes sociales, donde anunció su intención de apelar ante el Consejo de Estado y defendió su actuación como parte de su libertad de expresión.
Los argumentos de Quintero y el impacto político
En declaraciones a medios nacionales, Quintero cuestionó lo que calificó como un trato desigual por parte de los entes de control, señalando que sus opositores también hicieron pronunciamientos de carácter político sin recibir sanciones. Afirmó que busca “balance” en las investigaciones y recordó que, según la normativa internacional, los funcionarios elegidos por voto popular no deberían ser suspendidos administrativamente de sus derechos políticos.
La sanción se da en un momento clave para su trayectoria, pues afecta directamente su precandidatura presidencial. Para sus seguidores, esto representa una limitación al pluralismo político; para sus críticos, es la consecuencia de una conducta reiterada y contraria a las restricciones legales vigentes.
El proceso judicial por el caso Aguas Vivas
Paralelo a la sanción disciplinaria, inició el proceso judicial por el caso Aguas Vivas, en el que Quintero y 12 personas más —entre ellas nueve exfuncionarios— son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con un lote ubicado entre El Poblado y Las Palmas, cedido gratuitamente al municipio en 2019. La Fiscalía sostiene que particulares intentaron reclamar más de $53.000 millones al Distrito mediante maniobras irregulares durante la administración de Quintero.
El expediente, que contiene más de 3.900 pruebas, incluye correos, inspecciones judiciales, informes técnicos y material fotográfico. Las autoridades investigan presuntos delitos de peculado y participación indebida en contratos, así como una posible modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante decreto.
El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que esta acción judicial surgió de una denuncia interpuesta desde la administración local, y precisó que el caso Aguas Vivas hace parte de un total de 650 hallazgos entregados a los entes de control al cierre del gobierno de Quintero.
Sin importar la presión mediática y judicial, Quintero sostuvo que seguirá defendiendo su nombre y su trabajo público, insistiendo en que las decisiones de la Procuraduría deben responder a criterios de imparcialidad y respeto por los derechos políticos de los ciudadanos electos mediante voto popular.
Un escenario de tensiones institucionales
La reacción del presidente Petro elevó el debate a un plano nacional, reabriendo la discusión sobre los alcances de la Procuraduría y la aplicación de estándares internacionales en materia de derechos políticos. Para el Gobierno, la suspensión vulneraría la Convención Interamericana, mientras que el ente disciplinario defiende su competencia en el control de la conducta de los servidores públicos.
El caso continúa generando repercusiones políticas y jurídicas, especialmente en un país donde la relación entre los organismos de control, los funcionarios electos y la justicia sigue siendo un tema de constante controversia.
