Tambalea el gobernador de Antioquia
En los estrados judiciales se da como un hecho la inminente captura del mandatario por presuntos hechos de corrupción. RTVC brinda nuevas luces sobre el proceso.
En varios medios de comunicación se viene ampliando la información sobre las diferentes actuaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desde que fue alcalde del municipio de Rionegro y que lo involucran de hechos de corrupción.
Las investigaciones revelen cómo el proceso judicial fue engavetado durante la permanencia de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, al igual que las movidas de su defensa.
El gobernador desde que se enteró de los avances en las investigaciones, ha dicho que se trata de un “entrampamiento judicial y acusa al gobierno de perseguirlo políticamente”.
La investigación al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, avanza con nuevas pruebas que lo ponen contra las cuerdas. El programa Señal Investigativa reveló interceptaciones telefónicas, documentos judiciales y denuncias ciudadanas que apuntan a posibles delitos de corrupción cometidos por el mandatario durante su gestión como alcalde de Rionegro (2016-2019).
Según la Fiscalía, Rendón habría incurrido en peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, relacionados con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) que costaron cerca de 2 mil millones de pesos. Aunque fueron inaugurados en 2019 y 2021, nunca entraron en funcionamiento, pues la Policía no avaló los proyectos ni dispuso de personal para operarlos. Durante más de cinco años, estas infraestructuras permanecieron abandonadas, lo que generó pérdidas millonarias y presuntos favorecimientos a contratistas cercanos al hoy gobernador.
Interceptaciones que lo comprometen
El expediente incluye 71 días de interceptaciones legales realizadas entre mayo y julio de 2023. En ellas, Rendón reconoce que los CAI nunca funcionaron, contradiciendo su discurso público de que las obras sí habían sido puestas en marcha.
Las grabaciones también comprometen a varios de sus exfuncionarios en Rionegro, hoy vinculados a la Gobernación. Entre ellos figuran Carlos Andrés Gómez Franco, exgerente de EdESO; Hugo Alberto Parra Galeano, exsecretario de Gobierno; y María Patricia Correa Taboada, actual secretaria privada de la Gobernación, quien también trabajó con Rendón en la alcaldía.
Además, las llamadas interceptadas revelan conversaciones sobre nuevos contratos en la Gobernación de Antioquia, uno de ellos por 50 mil millones de pesos, en el que se hablaba de una presunta coima de 5 mil millones. Estas revelaciones refuerzan la hipótesis de que las prácticas irregulares de contratación en Rionegro podrían haberse trasladado al actual gobierno departamental.
Veedurías ciudadanas y denuncias
La Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público de Rionegro fue clave en destapar el caso. Su líder, Carlos Osorno, aseguró en Señal Investigativa que los CAI nunca fueron recibidos por la Policía y que además existieron sobrecostos que terminaron en los bolsillos de particulares.
El veedor denunció que, pese a los hallazgos, existe una campaña oficial para mostrar que los CAI sí funcionan, aunque en realidad solo cuentan con presencia mínima de uniformados. Incluso, periodistas de RTVC Noticias fueron increpados por la Policía cuando intentaban grabar el estado de estas instalaciones.
Un proceso judicial en suspenso
La investigación contra Rendón comenzó en 2022 en la Fiscalía 28 de Medellín y estuvo cerca de derivar en una imputación de cargos e incluso una orden de captura en 2023, bajo la administración del entonces fiscal general Francisco Barbosa. Sin embargo, tras la elección de Rendón como gobernador en noviembre de ese año, el caso fue reasignado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema.
En marzo de 2024, el mandatario rindió interrogatorio, pero la investigación continúa en curso. El programa también reveló que Rendón habría sido advertido desde dentro de la Fiscalía sobre las interceptaciones en su contra, lo que genera dudas sobre posibles filtraciones en el proceso.
Funcionarios cuestionados en su gabinete
Otro de los nombres que genera polémica es el de Luis Eduardo Martínez, actual secretario de Seguridad de Antioquia y general retirado de la Policía. En 2015 fue retirado por orden del expresidente Juan Manuel Santos debido a supuestas relaciones con el narcotráfico y estructuras criminales como la Oficina de Envigado. Hoy enfrenta una investigación de la Procuraduría por participación en política y estaría vinculado a la compra de un software de espionaje para la Fiscalía.
Un caso que podría marcar la política regional
La investigación al gobernador de Antioquia aún no tiene una conclusión judicial, pero las pruebas expuestas en Señal Investigativa —interceptaciones, documentos judiciales y testimonios— apuntan a una red de contratos cuestionados, coimas y lealtades que se extienden desde su alcaldía en Rionegro hasta su actual administración departamental.
Mientras Rendón insiste en que es víctima de persecución política, los hechos presentados podrían llevar su caso a juicio en los próximos meses. Por ahora, la ciudadanía y las organizaciones de control siguen a la expectativa de un proceso que podría sacudir las estructuras de poder en Antioquia. (Fuente RTVC/Noticias)
Investigación engavetada
Con la ayuda de la anterior Fiscalía de Francisco Barbosa, se facilitó que el hoy Gobernador de Antioquia no fuera imputado en plena campaña el año pasado.
Rendón estuvo a punto de ser capturado antes de su elección como gobernador, pero su abogado logró aplazar la audiencia. Cuando fue elegido y adquirió fuero, el caso pasó de la Fiscal 28 de Medellín, Alejandra Lopera, al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Hernán Suárez Delgado.
Hasta el momento no hay claridad sobre el futuro del caso, sin embargo, el fiscal Suárez ya puso tras las rejas a Luis Alberto Gnecco lo que da indicios de que este caso podría avanzar. Vale, aclarar que Lopera tenía abundantes pruebas e intenciones de imputar a Rendón antes de ser gobernador de Antioquía.
Hay que destacar que el apoderado del gobernador es Ricardo Giraldo, quien también es el abogado del Clan del Golfo y quien fue notificado de doce investigaciones penales de la Fiscalía contra su cliente por delitos como peculado por apropiación, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades.
Gobernador y parapolítica
Julián Rendón del Partido Centro Democrático, proviene del clan familiar Quintero Cardona, que antiguamente fue liderado por Rubén Darío Quintero Villada, condenado por parapolítica y quien vendría siendo tío político del actual gobernador. Quintero Villada fue secretario de gobierno de Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia y lo acompañó en su carrera política desde la década del ochenta. Su regreso a la política, después de estar tras las rejas, lo hizo a través de su hijo Esteban Quintero Cardona quien hoy es senador del Partido Centro Democrático. (Fuente: Portal Colombia Informa)
