Santiago Uribe Vélez condenado a 28 años por caso ’12 Apóstoles’.
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años y 4 meses de prisión, revocando su absolución por el caso 'Los 12 Apóstoles' y delitos de lesa humanidad.
25 de noviembre de 2025
El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución previa de Santiago Uribe Vélez y lo condenó a una pena de 28 años y 4 meses de prisión por su participación en el caso conocido como ‘Los 12 Apóstoles’. Esta decisión de segunda instancia redefine el panorama judicial de uno de los expedientes más sensibles sobre paramilitarismo y derechos humanos en el país.
Determinación y Pena Impuesta
La condena se impone por homicidio agravado y lesa humanidad
Tras una exhaustiva revisión de la apelación presentada, la Sala Penal del Tribunal concluyó que existían pruebas irrefutables para vincular al hermano del expresidente con la conformación de este grupo armado ilegal. La sentencia específica es de 340 meses, equivalentes a 28 años y 4 meses.
Revocación de la Absolución
Se anula el fallo previo del Juzgado Primero Penal
El fallo anula la decisión emitida el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que inicialmente había exonerado a Uribe Vélez. Los magistrados encontraron sólida la evidencia para responsabilizarlo por homicidio agravado, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, cargos que fueron sustentados por la Fiscalía y las víctimas.
Trascendencia del Caso
Un hito en la justicia por paramilitarismo en Antioquia
El proceso de ‘Los 12 Apóstoles’ ha sido un referente de discusión pública durante más de una década, centrado en señalamientos de homicidios y vínculos con estructuras paramilitares en el norte de Antioquia. El análisis del Tribunal se basó en el examen de testimonios, documentos y dictámenes periciales, que acreditaron su participación en la conformación y operación del grupo armado ilegal.
Con esta trascendental determinación, el caso avanza hacia la fase de ejecución de la condena, si bien aún es posible que las partes interpongan recursos extraordinarios ante la ley. Este pronunciamiento constituye un hito en la búsqueda de justicia en procesos relacionados con el conflicto armado interno en Colombia.
