Política y polarización en Colombia

Gabriel Ignacio Gómez*/Análisis de la Noticia/RazonPublica/El Pregonero del Darién

 Hemos sido testigos de procesos de politización de la justicia y judicialización de la política. Paradójicamente, pedimos a los jueces que solucionen graves problemas sociales, pero cuando ellos afectan grandes intereses políticos o económicos, la administración de justicia es cuestionada por supuestos sesgos ideológicos.

El lunes 28 de julio Sandra Liliana Heredia, jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, tomó una de las decisiones trascendentales de la historia jurídica y política del país. En una carrera contra el tiempo en la que se vislumbraba una posible prescripción y luego de un extenuante juicio que tomó cerca de seis meses, la jueza Heredia encontró culpable a Álvaro Uribe, en calidad de determinador, por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. 

El viernes primero de agosto, la jueza Heredia dio a conocer la sentencia en la cual se condenó a Uribe a doce años de prisión domiciliaria. Ahora, luego de la apelación interpuesta por parte del equipo de la defensa y del Ministerio Público, le corresponderá al Tribunal Superior de Bogotá tomar una decisión en segunda instancia. 

La condena a Uribe en primera instancia ha desatado múltiples reacciones, algunas más reposadas y necesarias, como las relacionadas con el debate probatorio; pero, muchas otras, de carácter político y llenas de emocionalidad negativa, han generado enorme ruido y confusión. Es lamentable la superficialidad con la que algunos políticos y grandes medios de comunicación han abordado el tema y, peor aún, la irresponsable presión sobre la jueza y sobre la administración de justicia.

A continuación, abordaré algunos elementos para el análisis sociopolítico de esta decisión, para lo cual tendré en cuenta las complejas relaciones entre la política y la justicia en el contexto de una sociedad polarizada.  

Una decisión judicial histórica 

La sentencia proferida por la jueza Sandra Heredia es significativa por varias razones. Es la primera vez en más de medio siglo que se condena a un expresidente y, especialmente, a uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas.  También se trata de una sentencia que quiebra una tendencia de impunidad existente entre políticos poderosos que se han considerado inalcanzables por la administración de justicia. 

Además, esta decisión representa una ruptura simbólica con una tendencia perversa consistente en la evasión de responsabilidades jurídicas, políticas o éticas por parte de Álvaro Uribe con respecto a actuaciones delictivas por las cuales fueron juzgados y condenados varios de sus más cercanos colaboradores. Basta recordar algunos hechos como los relacionados con la “Yidispolítica” o las “chuzadas” del DAS a la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Sin embargo, las reacciones generadas por la sentencia y las presiones indebidas sobre la administración de justicia muestran que en este proceso subyace un conflicto que trasciende la dimensión jurídico-penal y que refleja la complejidad de las relaciones entre justicia y política en la sociedad colombiana.

Relaciones justicia y la política 

Recordemos que este proceso se inició con ocasión de varios debates políticos en el Congreso de la República relacionados con la necesidad de esclarecer la verdad, específicamente la relación de Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Y recordemos también que fue él quien decidió llevar al escenario judicial lo que inicialmente era un debate político. 

También es importante tener en cuenta que la intensificación de las relaciones entre justicia y política no son exclusivas del caso colombiano. Durante las últimas décadas hemos sido testigos de procesos de politización de la justicia y judicialización de la política que se deben, entre otras cosas, al incremento de conflictos relacionados con criminalidad organizada y corrupción, así como por demandas de justicia frente a violaciones de derechos humanos.

Paradójicamente, les pedimos a los jueces que solucionen graves problemas sociales, pero cuando ellos, en ejercicio de sus funciones, afectan grandes intereses políticos o económicos, la administración de justicia resulta cuestionada por supuestos sesgos ideológicos. 

Dos visiones contrapuestas de las relaciones entre justicia y política

Desde hace varias décadas en Colombia hemos visto la tensión entre dos visiones de las relaciones de entre la justicia y la política. Por una parte, Uribe y los sectores sociales y políticos que lo han apoyado han promovido una concepción según la cual la política define el contenido del derecho. A ello se agrega un discurso que hace especial énfasis en la seguridad y el orden, pero que ha sido adverso al reconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente frente al esclarecimiento de la verdad. 

Por otra parte, diferentes sectores sociales e institucionales han defendido una visión más liberal según la cual las instituciones jurídicas y la justicia deben ser límites del poder. Según esta perspectiva, ningún gobernante, ya sea de derecha o de izquierda, por popular que sea, puede transgredir el ordenamiento jurídico.   

Con respecto a la sentencia proferida recientemente, para Uribe y los militantes de su partido este proceso no es visto como el ejercicio de una función legítima del Estado, sino que se encuadra, supuestamente, como el resultado de una persecución política en contra del líder del partido Centro Democrático.  

Esta mentalidad no es nueva, es el resultado de décadas en las que se ha acudido a la construcción de enemigos imaginarios —líderes sociales, jueces, opositores políticos—, a la vez que se ha elaborado un culto a la personalidad y el mito de un salvador mesiánico que, al parecer, en nombre de la seguridad puede moverse en las márgenes de la legalidad sin que sea cuestionado ni juzgado. 

Sobrepolitización de la sociedad 

Así mismo, durante las últimas décadas hemos visto un proceso de sobrepolitización de la vida social. Asuntos fundamentales que no deberían ser objeto de disputa partidista, como el respeto a la Constitución y a las instituciones, el reconocimiento de los derechos y el respeto a un sistema democrático de pesos y contrapesos, han sido contaminados por enconadas tensiones ideológicas. 

Con respecto a la decisión de la jueza Heredia, la interpretación sobrepolitizada con la que se ha abordado la sentencia por parte de los sectores cercanos a Uribe y medios de comunicación afines hace que se conciba el fallo como una decisión exclusivamente ideológica y no como un ejercicio institucional y racional. Esta es una lectura perversa que desconoce la autonomía relativa del campo jurídico, en el cual existen unas reglas de juego basadas en el respeto por el ordenamiento jurídico, unas prácticas y un sistema de creencias compartido internamente entre jueces y abogados. 

Además, la interpretación sobrepolitizada de este caso genera varios efectos como los siguientes: la construcción de un discurso basado en una hipótesis conspirativa según la cual hay unos enemigos que quieren hacer daño al gran héroe de la patria; la subvaloración de la autonomía judicial, según la cual la jueza no es más que una activista política que hace parte de la trama conspirativa; el ocultamiento de conflictos subyacentes, como las relaciones turbias de sectores políticos con el paramilitarismo, y la instrumentalización de la condena para obtener réditos electorales en la nueva campaña presidencial. 

A esto se agrega el hecho de que los medios de comunicación y las redes sociales funcionan a la vez como canal de expresión y como activadores de esa emocionalidad negativa, de polarización y sobrepolitización de la vida social. 

El proceso judicial y la manipulación mediática y política

Ha sido lamentable el papel de políticos, de grandes medios de comunicación y de periodistas cercanos al uribismo que han promovido una presión indebida en contra de la jueza y de la administración de justicia a través de cartas abiertas en las que se le dice cómo fallar, o al exponer públicamente información personal que afecta sus condiciones de seguridad. Y más reprochable es la presión ejercida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien demuestra, una vez más, el desprecio por la institucionalidad democrática.

Algunos medios de comunicación, en lugar de dar cuenta del debate procesal y escuchar múltiples puntos de vista, han promovido “tribunales paralelos” que solamente exponen la versión de la defensa de Uribe, reproducen el discurso de la persecución en contra del expresidente y muestran a la jueza como una activista política que decide, según ellos, sin fundamentos jurídicos. 

Peor aún, en estos escenarios y juicios paralelos se produce un extraño efecto de reconversión simbólica según el cual, el condenado es exculpado y ascendido a la condición de mártir, mientras que las víctimas acreditadas en el proceso, la fiscal y la jueza son estigmatizadas y mostradas como parte activa de una conspiración. 

No se debe olvidar que el condenado en primera instancia es Álvaro Uribe Vélez. Independientemente del resultado de la segunda instancia, para efectos de esclarecimiento de la verdad histórica es Uribe quien tiene muchas preguntas pendientes por responder ante la sociedad.

Reflexiones preliminares sobre el significado social de esta decisión

Es posible que la decisión en contra de Álvaro Uribe atice la polarización social y que sea instrumentalizada con fines electorales. Pero también puede ser la oportunidad, si intentamos ser un poco más sensatos, de hacer reflexiones críticas sobre lo que significa este proceso para la sociedad colombiana.

En una sociedad democrática no debe haber personas, por poderosas o carismáticas que sean, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, que estén por encima del ordenamiento jurídico. Además, las decisiones de los jueces deben ser respetadas y acatadas. Existen canales institucionales para confrontarlas y espacios democráticos y académicos para debatirlas.

Debe quedar claro que el proceso aún no ha concluido y que corresponderá al Tribunal Superior de Bogotá tomar la decisión en segunda instancia. Dicha decisión deberá ser respetada, sea cual sea su contenido. 

La administración de justicia cumple varias funciones sociales, como resolver conflictos y promover la convivencia; proteger derechos y también, atribuir sanciones. No es viable una sociedad democrática sin que exista un acuerdo sobre el respeto a una administración de justicia autónoma e independiente. 

Con respecto a la verdad histórica quedan muchas preguntas pendientes, como las siguientes: ¿Hasta dónde llegaron las relaciones entre sectores políticos con la formación de grupos paramilitares? ¿Qué hicieron tales sectores para mantener oculta la verdad? ¿Cómo explicar esa extraña práctica política consistente en rodearse de personas dispuestas a actuar en contra de la legalidad para obtener los resultados políticos? Estos y muchos otros interrogantes deberían hacer parte del debate actual, sin embargo, los grandes medios de comunicación han optado por el silencio.

El debate sobre la sentencia no debería concentrarse en el impacto frente a las elecciones. Ello solamente intensificará la polarización destructiva. Hay asuntos más relevantes con ocasión de este proceso judicial, como la necesidad de esclarecer la verdad de lo que ocurrió y la reflexión sobre cómo lograr acuerdos sociales para coexistir pacíficamente y construir una mejor sociedad.   

*Doctor en Justice Studies de la Arizona University, magíster en Instituciones Jurídicas de la Wisconsin-Madison University, abogado de la Universidad Bolivariana, profesor titular, Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia.