Muy lenta la atención a víctimas

Bogotá D. C., agosto de 2025. Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría hacen un llamado al Gobierno por baja ejecución de recursos en implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Ley Étnicos.

Las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos presentaron sus informes al Congreso de la República en los que alertaron sobre una baja ejecución de recursos y retraso en el cumplimiento de los compromisos con la población víctima del conflicto armado.

La Comisión Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, integrada por entes de control y comisionados étnicos, señaló en su décimo tercer informe que los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom o gitano en Colombia han sido afectados de manera aguda y diferencial por las dinámicas del conflicto armado, sufriendo pérdidas de vidas, desarraigo y el deterioro de sus culturas. A pesar de contar con un marco normativo sólido, su atención ha sido insuficiente, se han destinado más de $13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, pero la falta de ejecución de los recursos, como lo demuestran los $1,5 billones que no se usaron en 2024, evidencia fallas en la gestión y retrasa el cumplimiento de los compromisos con estas comunidades.

Esto se refleja en sistemas de información deficientes que no capturan adecuadamente las realidades de cada pueblo, dificultando la planificación, ejecución y el seguimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial étnico.

Pobre resultado

Asimismo, la participación de las comunidades se ve limitada por la falta de conectividad, transporte y mecanismos de diálogo intercultural efectivo en una gestión de resultados. La reparación colectiva no ha logrado un gran alcance, solo finalizaron tres de 826 planes activos en 13 años. Además, la cifra de acciones por implementar asciende a 13.428, lo que equivale al 78,44 % del total. Esto contradice los principios de oportunidad y enfoque transformador que orientan la reparación.

La atención humanitaria, los retornos y las reubicaciones también muestran un panorama preocupante, con 240 planes existentes aprobados hace más de una década que no se han materializado, dejando en estado de vulnerabilidad, entre otros casos identificados, por ejemplo, a comunidades del pueblo indígena Emberá en desplazamiento prolongado en Bogotá. El atraso en la restitución de tierras y la limitada cobertura de vivienda con pertinencia cultural son otros desafíos importantes.

Seguimiento

Seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, 1448 de 2011 En cuanto al décimo segundo informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas resaltaron en su informe que entre las vigencias 2025 y 2031 se necesitarían alrededor de $407 billones constantes de 2025 para la implementación de la norma. Señalaron que en materia presupuestal y en inversión dirigida específicamente a víctimas, en 2024 se evidenció un rezago importante pues del presupuesto asignado, $6,5 billones, un total de $1,06 billones no fueron comprometidos, y de los comprometidos, cerca de $1,8 billones no se pagaron.

Entre las recomendaciones presentadas al Gobierno Nacional por esa situación, indicaron que se debe determinar el número de víctimas pendientes por atender en cada medida, ajustar el documento CONPES y el costeo realizado conforme a lo establecido en la Ley 2421 de 2024 (que modificó la Ley 1448 de 2011) y evalúe nuevas fuentes de financiamiento para cerrar brechas.

Restitución de tierras

La Comisión identificó una baja gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en la decisión de solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-, con solo un 36 % de cumplimiento de la meta planteada para 2024, donde se observó un descenso en las decisiones de fondo, pasando de 13.501 solicitudes en 2017 a 5.999 en 2024.

En materia de vivienda, solo el 10,7 % de los hogares víctimas de desplazamiento habita un lugar digno, y persisten más de 12.900 subsidios urbanos y 12.700 rurales sin entregar. En cuanto a generación de ingresos y empleo es necesario contar con una ruta específica para la población víctima, con el diseño de programas integrales y sostenibles.

Reparación colectiva

La Comisión señaló que el presupuesto para indemnizaciones aumentó significativamente a partir de 2022, siendo 2024 el año con mayor asignación, con un 86 % por encima de lo registrado en el 2023. Sin embargo, el número de personas indemnizadas desde la entrada en vigencia, que asciende a 1.368.269, representa solo el 19 % de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida.

Respecto a las medidas de satisfacción, la Comisión recomendó reconocer y dignificar la Fuerza Pública como víctima del conflicto, para así garantizar la reparación integral. En el modelo de intervención territorial integral, se evidenció una reducción alarmante en el número de programas para víctimas a nivel territorial, que pasaron de 22.707 en 2023 a 17.715 en 2024. En 2024 se asignaron $3,5 billones menos respecto a 2023, y la consecuencia directa es la desatención de sectores clave como generación de ingresos, vivienda, educación y medidas de protección.

Víctimas en el exterior

Finalmente, frente a la asistencia, atención y reparación a las víctimas en el exterior, de los 130 consulados de Colombia, solo 54 toman declaraciones de víctimas. Se han realizado 15.224 giros de indemnización administrativa a 14.733 víctimas en el exterior. Sin embargo, solo el 10.18 % de las víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas -RUV- han logrado retornar o reubicarse, lo que refleja una baja efectividad en los procesos de retorno. En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas y a los Decretos Ley Étnicos, vigilarán las medidas adoptadas por parte de las entidades con responsabilidad en la implementación de la política pública, especialmente para los territorios con mayor impacto del conflicto armado, con el fin de velar su implementación y propender por el goce efectivo de la población víctima del conflicto armado. (Fotos/Oficina Nacional de Víctimas)