La hora de la dignidad: frente a la agresión, ¿servilismo o soberanía?
La supuesta cruzada contra el narcotráfico carece de sustento fáctico y resulta obscena a la luz de los indultos y beneficios concedidos por el propio Trump.

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién
La situación creada por las amenazas de Trump contra América Latina, ya materializadas con la extracción —o secuestro— de Nicolás Maduro, no admite análisis viscerales ni arrebatos emocionales. La gravedad del momento exige cabeza fría, información amplia y criterios para su lectura. Solo desde allí es posible comprender su verdadero alcance y anticipar lo que viene, no solo para Venezuela sino para toda la región, en un escenario global donde Estados Unidos ha perdido capacidad de liderazgo moral y político frente a un multilateralismo aún en construcción.
La llamada Operación Resolución Absoluta, presentada como una “intervención quirúrgica”, es en realidad algo mucho más simple y mucho más grave. El derecho internacional la define sin ambigüedades como un acto de agresión: un ataque armado de un Estado contra la integridad territorial y la independencia política de otro.
No existe respaldo jurídico alguno y la violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA es abierta. Encubrir este hecho bajo el lenguaje aséptico o de la ingenuidad política no es responsable, sino cinismo. Es normalizar la ley del más fuerte y sepultar el principio básico de la convivencia internacional: la igualdad soberana de los Estados.
El objetivo real de esta agresión nunca fue la democracia ni la defensa de los derechos humanos. Fue, y sigue siendo, el control de recursos estratégicos, en particular del petróleo. Trump lo expresó sin rodeos al hablar de “recuperar el petróleo” y colocar la industria en manos de compañías estadounidenses. La doctrina de seguridad de Washington ya no se disfraza. Prioriza ventajas económicas para sus corporaciones aun a costa de destruir el orden jurídico internacional. Venezuela no es una excepción, sino el laboratorio de esta estrategia aplicada a América Latina.
La operación expresa, además, una reafirmación brutal de la Doctrina Monroe reciclada para el siglo XXI. América Latina vuelve a ser concebida como una zona de control exclusivo, no como una región de Estados soberanos ni como un espacio legítimo de relaciones multilaterales. Bajo esta lógica no caben proyectos autónomos ni vínculos estratégicos con potencias como China o Rusia. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir cuando quiera y donde quiera si considera que sus intereses están en riesgo.
En este marco se inscriben también las acciones recientes frente a Colombia. Tras días de descalificaciones públicas en las que Trump calificó a Gustavo Petro como líder del narcotráfico y describió a Colombia como un país enfermo gobernado por un productor de cocaína, el mandatario estadounidense dio un giro abrupto al anunciar una invitación al presidente colombiano para “aclarar diferencias” en Washington.
Según la Casa Blanca, fue el propio Petro quien inició el contacto para explicar su postura sobre la política antidrogas y otros desacuerdos bilaterales. Resulta paradójico que el insulto haya dado paso, de un momento a otro, a la retórica del honor y el diálogo.
Este viraje revela el carácter errático e instrumental de la política exterior de Trump. El discurso antidrogas funciona como pretexto selectivo para presionar y disciplinar soberanías, no como una política coherente.
La supuesta cruzada contra el narcotráfico carece de sustento fáctico y resulta obscena a la luz de los indultos y beneficios concedidos por el propio Trump a capos, políticos y figuras del crimen organizado. Los casos de Juan Orlando Hernández, los hijos del “Chapo” Guzmán, Ross Ulbricht, Larry Hoover o Garnett Gilbert Smith no son anécdotas. Son evidencia de una doble moral estructural. El narcotráfico se combate solo cuando sirve como excusa para intervenir.
El método elegido marca un punto de inflexión regional. No hubo invasión masiva ni bombardeos televisados en Venezuela. Hubo una extracción selectiva, sin “daños colaterales” visibles, al menos por ahora. Un golpe supuestamente limpio, de película de Hollywood, pero con un mensaje inequívoco para toda América Latina. A partir de este momento, ningún liderazgo incómodo puede sentirse a salvo. La amenaza dejó de ser retórica y la imprevisibilidad se consolidó como herramienta de poder.
Entre los escenarios más probables, según los expertos, como Stefan Peters – Director del Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ)- , se perfila la instauración de un protectorado de facto sobre Venezuela. No se trata de una ocupación total, sino de un control férreo de la industria petrolera y de las decisiones económicas estratégicas.
Washington ya dejó claro que estará al frente de una transición forzada. Descartó a María Corina Machado y a la oposición tradicional por considerarlas poco funcionales, y mostró disposición a negociar con sectores del propio chavismo, en particular con Delcy Rodríguez, bajo amenaza abierta. No se busca democracia. Se busca el flujo de petróleo y la obediencia al proyecto MAGA – Hacer a Estados Unidos grande otra vez – .
Este escenario, sin embargo, no está exento de riesgos para quienes lo promueven. La extracción de Maduro no desmonta las estructuras internas de poder en Venezuela. Las Fuerzas Armadas, los cuadros políticos y las bases sociales del chavismo permanecen y conservan historia y arraigo. Para los expertos, la posibilidad de una inestabilidad prolongada es real.
Fracturas internas, protestas masivas y resistencias fragmentadas pueden derivar en un caos difícil de administrar incluso para Estados Unidos. La historia de intervenciones, supuestamente rápidas en otros países terminaron convertidas en caos y experiencias dolorosas para los gringos.
Más inquietante aún es la posibilidad de una escalada regional. La agresión contra Venezuela no es un hecho aislado, sino un mensaje disuasivo para otros países. La idea de operaciones similares, impensables hace pocos años, hoy circula sin pudor en el discurso político estadounidense, en un momento de evidente erosión del liderazgo global de Washington. Su capacidad de imponer consensos se debilita mientras China, Rusia y el Sur Global amplían márgenes de autonomía.
En este contexto, la agresión no fortalece a Estados Unidos: lo aísla. Abre la posibilidad de respuestas diplomáticas regionales por fuera de los canales tradicionales. Espacios como la CELAC, las alianzas extrahemisféricas y los foros alternativos adquieren un nuevo sentido, aunque las divisiones entre países latinoamericanos sigan dificultando una reacción coordinada.
La respuesta de América Latina ha sido, hasta ahora, lamentable. Oscila entre el servilismo, la tibieza y el silencio de quienes creen que callar los protegerá. Es un error histórico. Cada país que no alza la voz acepta que su soberanía es negociable y que sus instituciones pueden ser ignoradas cuando dejan de ser funcionales a los intereses de Washington.
Condenar la agresión contra Venezuela no equivale a defender a Maduro ni a figura alguna. Significa defender principios fundamentales del derecho internacional: los conflictos políticos deben resolverse respetando la soberanía nacional y el principio de no intervención, nomediante comandos extranjeros ni decisiones tomadas en despachos imperiales.
Lo ocurrido en Venezuela es una herida abierta en el cuerpo político de América Latina. Sanarla exige dignidad, coordinación regional y decisiones concretas. Si la región no reacciona ahora, habrá aceptado que su futuro vuelva a trazarse desde fuera.
Hoy más que nunca, la soberanía no es una consigna abstracta: es la última trinchera de la dignidad colectiva frente a la imposición de la fuerza.
*Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia.






