Opinión

La hora de la dignidad: frente a la agresión, ¿servilismo o soberanía?

La supuesta cruzada contra el narcotráfico carece de sustento fáctico y resulta obscena a la luz de los indultos y beneficios concedidos por el propio Trump.

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

La situación creada por las amenazas de Trump contra  América Latina, ya materializadas con la extracción —o  secuestro— de Nicolás Maduro, no admite análisis  viscerales ni arrebatos emocionales. La gravedad del  momento exige cabeza fría, información amplia y  criterios para su lectura. Solo desde allí es posible  comprender su verdadero alcance y anticipar lo que viene, no solo para Venezuela sino para toda la región, en  un escenario global donde Estados Unidos ha perdido  capacidad de liderazgo moral y político frente a un  multilateralismo aún en construcción.

La llamada Operación Resolución Absoluta, presentada  como una “intervención quirúrgica”, es en realidad algo  mucho más simple y mucho más grave. El derecho  internacional la define sin ambigüedades como un acto  de agresión: un ataque armado de un Estado contra la integridad territorial y la independencia política de otro.

No existe respaldo jurídico alguno y la violación de la  Carta de las Naciones Unidas y de la OEA es abierta. Encubrir este hecho bajo el lenguaje aséptico o de la  ingenuidad política no es responsable, sino cinismo. Es  normalizar la ley del más fuerte y sepultar el principio  básico de la convivencia internacional: la igualdad  soberana de los Estados.

El objetivo real de esta agresión nunca fue la democracia  ni la defensa de los derechos humanos. Fue, y sigue  siendo, el control de recursos estratégicos, en particular  del petróleo. Trump lo expresó sin rodeos al hablar de  “recuperar el petróleo” y colocar la industria en manos  de compañías estadounidenses. La doctrina de  seguridad de Washington ya no se disfraza. Prioriza  ventajas económicas para sus corporaciones aun a  costa de destruir el orden jurídico internacional. Venezuela no es una excepción, sino el laboratorio de  esta estrategia aplicada a América Latina.

La operación expresa, además, una reafirmación brutal  de la Doctrina Monroe reciclada para el siglo XXI. América Latina vuelve a ser concebida como una zona  de control exclusivo, no como una región de Estados  soberanos ni como un espacio legítimo de relaciones multilaterales. Bajo esta lógica no caben proyectos  autónomos ni vínculos estratégicos con potencias como China o Rusia. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir cuando quiera y donde  quiera si considera que sus intereses están en riesgo.

En este marco se inscriben también las acciones  recientes frente a Colombia. Tras días de descalificaciones públicas en las que Trump calificó a  Gustavo Petro como líder del narcotráfico y describió a Colombia como un país enfermo gobernado por un  productor de cocaína, el mandatario estadounidense dio  un giro abrupto al anunciar una invitación al presidente  colombiano para “aclarar diferencias” en Washington.

Según la Casa Blanca, fue el propio Petro quien inició el  contacto para explicar su postura sobre la política  antidrogas y otros desacuerdos bilaterales. Resulta  paradójico que el insulto haya dado paso, de un  momento a otro, a la retórica del honor y el diálogo.

Este viraje revela el carácter errático e instrumental de la  política exterior de Trump. El discurso antidrogas funciona como pretexto selectivo para presionar y  disciplinar soberanías, no como una política coherente.

La supuesta cruzada contra el narcotráfico carece de  sustento fáctico y resulta obscena a la luz de los indultos  y beneficios concedidos por el propio Trump a capos,  políticos y figuras del crimen organizado. Los casos de Juan Orlando Hernández, los hijos del “Chapo” Guzmán, Ross Ulbricht, Larry Hoover o Garnett Gilbert Smith no son anécdotas. Son evidencia de una doble moral estructural. El narcotráfico se combate solo cuando sirve  como excusa para intervenir.

El método elegido marca un punto de inflexión regional. No hubo invasión masiva ni bombardeos televisados en Venezuela. Hubo una extracción selectiva, sin “daños colaterales” visibles, al menos por ahora. Un golpe  supuestamente limpio, de película de Hollywood, pero  con un mensaje inequívoco para toda América Latina. A partir de este momento, ningún liderazgo incómodo  puede sentirse a salvo. La amenaza dejó de ser retórica y  la imprevisibilidad se consolidó como herramienta de poder.

Entre los escenarios más probables, según los expertos, como Stefan Peters – Director del Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ)- , se perfila la instauración  de un protectorado de facto sobre Venezuela. No se trata de una ocupación total, sino de un control férreo de la  industria petrolera y de las decisiones económicas estratégicas.

Washington ya dejó claro que estará al frente de una transición forzada. Descartó a María Corina Machado y a  la oposición tradicional por considerarlas poco  funcionales, y mostró disposición a negociar con sectores del propio chavismo, en particular con Delcy  Rodríguez, bajo amenaza abierta. No se busca  democracia. Se busca el flujo de petróleo y la  obediencia al proyecto MAGA – Hacer a Estados Unidos grande otra vez – .

Este escenario, sin embargo, no está exento de riesgos para quienes lo promueven. La extracción de Maduro no desmonta las estructuras internas de poder en Venezuela. Las Fuerzas Armadas, los cuadros políticos y  las bases sociales del chavismo permanecen y  conservan historia y arraigo. Para los expertos, la  posibilidad de una inestabilidad prolongada es real.

Fracturas internas, protestas masivas y resistencias  fragmentadas pueden derivar en un caos difícil de  administrar incluso para Estados Unidos. La historia de  intervenciones, supuestamente rápidas en otros países terminaron convertidas en caos y experiencias dolorosas para los gringos.

Más inquietante aún es la posibilidad de una escalada  regional. La agresión contra Venezuela no es un hecho  aislado, sino un mensaje disuasivo para otros países. La  idea de operaciones similares, impensables hace pocos  años, hoy circula sin pudor en el discurso político estadounidense, en un momento de evidente erosión del  liderazgo global de Washington. Su capacidad de imponer consensos se debilita mientras China, Rusia y el  Sur Global amplían márgenes de autonomía.

En este contexto, la agresión no fortalece a Estados  Unidos: lo aísla. Abre la posibilidad de respuestas  diplomáticas regionales por fuera de los canales  tradicionales. Espacios como la CELAC, las alianzas  extrahemisféricas y los foros alternativos adquieren un  nuevo sentido, aunque las divisiones entre países  latinoamericanos sigan dificultando una reacción  coordinada.

La respuesta de América Latina ha sido, hasta ahora,  lamentable. Oscila entre el servilismo, la tibieza y el  silencio de quienes creen que callar los protegerá. Es un  error histórico. Cada país que no alza la voz acepta que  su soberanía es negociable y que sus instituciones  pueden ser ignoradas cuando dejan de ser funcionales a los intereses de Washington.

Condenar la agresión contra Venezuela no equivale a defender a Maduro ni a figura alguna. Significa defender  principios fundamentales del derecho internacional: los  conflictos políticos deben resolverse respetando la  soberanía nacional y el principio de no intervención, nomediante comandos extranjeros ni decisiones tomadas  en despachos imperiales.

Lo ocurrido en Venezuela es una herida abierta en el  cuerpo político de América Latina. Sanarla exige  dignidad, coordinación regional y decisiones concretas.  Si la región no reacciona ahora, habrá aceptado que su futuro vuelva a trazarse desde fuera.

Hoy más que nunca, la soberanía no es una consigna  abstracta: es la última trinchera de la dignidad colectiva  frente a la imposición de la fuerza.

 *Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia. 

Wilmar Jaramillo Velásquez

Comunicador Social Periodista. Con más de treinta años de experiencia en medios de comunicación, 25 de ellos en la región de Urabá. Egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

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