La crisis en la UdeA: entre el oportunismo político y la selectividad médiatica
Gustavo Petro dio un paso concreto. Ese mismo 7 de diciembre anunció en su cuenta de X que era “necesario un plan de salvamento” para la Universidad de Antioquia.
Heberto Tapias García* /Opinión/El Pregonero del Darién
El 7 de diciembre, la revista Semana publicó un artículo sobre la crisis en la Universidad de Antioquia con un título fiel a su estilo: “La crisis explota en la Universidad de Antioquia: un supuesto infiltrado, denuncias de corrupción y un déficit multimillonario”.
El articulo enfatiza la supuesta infiltración y las acusaciones de presunta corrupción, pero ignora el verdadero origen de la fragilidad financiera que la universidad ha arrastrado durante décadas y también los esfuerzos por superarla. El sesgo no sorprende.
En los últimos años, Semana ha convertido en recurso narrativo constante los problemas del sector público, especialmente aquellos que involucran al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, su rigurosidad y entusiasmo parecen diluirse cuando los hechos comprometen a actores pertenecientes a círculos tradicionales de poder. Lo más alarmante es que se omite el núcleo del problema.
La crisis financiera estructural que enfrentan las universidades públicas es consecuencia directade la Ley 30 de 1992. Esta norma estableció un modelo de financiamiento que solo crece conforme a la inflación, sin considerar la expansión de cobertura, el incremento de los costos de investigación, las exigencias de actualización tecnológica y el aumento de los niveles deformación de sus docentes.
Después de treinta años, las universidades públicas presentan un déficit calculado en billones. En el caso de la Universidad de Antioquia, lo que se describe como un “déficit millonario” no es más que una manifestación local del problema estructural acumulado durante décadas.
El gobierno de Gustavo Petro ha destinado fondos adicionales y la Universidad de Antioquia recibió un incremento presupuestal superior a la inflación en más de once puntos durante el último año. Aunque este aumento sigue siendo insuficiente, representa una mejora respecto a administraciones anteriores y se acompaña de la decisión de trámite de una reforma a la Ley 30 con el fin de modernizar el sistema de financiamiento.
El propósito es sustituir el modelo indexado únicamente a la inflación y avanzar hacia uno que reconozca los costos reales crecientes de la educación superior. Para ello se plantea un indicador específico denominado ICES, es decir, Índice del Costo de la Educación Superior. Ignorar estos avances no es un simple descuido: distorsiona el panorama y limita la comprensión pública de las soluciones en construcción. Cuando los medios omiten estas acciones no solo silencian información clave, distorsionan la lectura pública del problema, simplifican su comprensión y reducen el debate a titulares de impacto.
La selectividad mediática se vuelve aún más evidente al contrastar el despliegue informativo dedicado a ciertos cobertura de las condenas impuestas a familiares de figuras políticas nacionales reconocidas, o en los escándalos de corrupción documentados por la Contraloría Nacional en la Nueva EPS, con hermanos de dirigentes políticos e incluso exministros en su Junta Directiva.
La prensa no solo relata hechos de manera conveniente, sino que también construye narrativas capaces de moldear la opinión pública. En este caso, más que informar, contribuye a profundizar la polarización. Todo indica que la crisis en la Universidad de Antioquia terminará convertida en un instrumento político contra el gobierno central. Ni la Gobernación, ni la Alcaldía, ni la Asamblea Departamental han mostrado una disposición real para atender la crisis financiera histórica de la universidad.
Más que la intención de aportar recursos y ayudar a aliviar el déficit, la negativa a financiar y el protagonismo mediático reciente se inscriben dentro del tablero político que ya mira hacia la contienda electoral de 2026. Al mismo tiempo parecen formar parte de una estrategia para reagrupar a sectores opositores al gobierno nacional que actualmente permanecen fragmentados. Lo que prevalece no es el compromiso con la institución sino el cálculo político y el oportunismo.
En cuanto a la representación del gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario, es válido cuestionar si fue adecuado designar a una persona vinculada a una entidad de inteligencia y contrainteligencia del Estado, o mantener dicha designación una vez asumió funciones en esa agencia.
Esta decisión tiene el riesgo de generar desconfianza, algo que la institución debe evitar por todos los medios. El propósito no es sembrar sospechas sin fundamento. Más bien se busca exigir mecanismos de transparencia en un órgano responsable de orientar la gestión académica y administrativa.
También se debe reconocer que la universidad pública no ha sido ajena a la influencia de actores externos. La historia institucional registra cómo partidos políticos han intentado controlar su administración, y también hay relatos sobre la posible participación encubierta de miembros de organismos de inteligencia del Estado, así como de otros actores externos. La universidad no funciona aislada del país. Tampoco constituye un territorio inmune al conflicto ni un espacio suspendido del tejido social. Al contrario, refleja como un espejo las tensiones y contradicciones del entorno en el que existe.
Estas realidades pueden resultar incómodas, pero no deben ser ocultadas. Por el contrario, han de considerarse de manera explícita para diseñar políticas institucionales que permitan evitar la presencia o injerencia de actores ajenos a la misión de la universidad. Solo así será posible proteger la autonomía académica, el pensamiento crítico y la seguridad de quienes integran la comunidad universitaria.
En contraste con el gobernador y el alcalde, el presidente Gustavo Petro dio un paso concreto. Ese mismo 7 de diciembre anunció en su cuenta de X que era “necesario un plan de salvamento” para la Universidad de Antioquia, con extensión a las comunas populares de Medellín y a la provincia antioqueña. Además, convocó una reunión especial en su despacho para abordar la crisis antes del cierre del año.Esta intervención directa desde el Gobierno Nacional —y no desde agendas regionales o mediáticas— abre una ruta de acción efectiva que trasciende el oportunismo político.
El Consejo Superior Universitario enfrenta un momento decisivo que incluye tanto la crisis financiera como la elección de autoridades académicas. En pocos días deberá elegirse el nuevo decano de Ingeniería. Las decisiones que se tomen no solo definirán la gobernabilidad interna, sino también, enviarán un mensaje al país acerca del papel que la universidad pública desempeña o deja de desempeñar en medio de la disputa por el poder.
*Ingeniero Químico- Profesor de la Universidad de Antioquia
