Fiscalía desarticula red que suplantó a la SAE para vender bienes del Estado ilegalmente

18 de julio de 2025

Personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lograron estafar a decenas de ciudadanos con la supuesta venta de bienes del Estado. Las autoridades lograron desarticular una organización criminal que, mediante suplantaciones y documentos falsos, ofrecía casas, terrenos y vehículos inexistentes o no disponibles a incautos interesados, generando una alerta nacional sobre este tipo de delitos. La captura de los responsables marca un importante avance en la lucha contra el fraude en Colombia.

Modus operandi de la red criminal

Estrategias de engaño y suplantación

Los estafadores utilizaban información real de inmuebles y vehículos administrados por la SAE para presentarse como representantes oficiales, generando confianza entre sus víctimas. Aprovechaban el desconocimiento de los ciudadanos acerca de los procesos legales establecidos para la venta de estos activos. Utilizaban nombres ficticios, documentación falsificada —como escrituras, planos y contratos— y ofrecían precios atractivos que resultaban difíciles de resistir.

Para consumar la estafa, exigían pagos directos a cuentas bancarias particulares, al margen de los canales oficiales de la entidad. Estas conductas se evidenciaron en varias regiones del país, con especial concentración en Valle del Cauca, Magdalena Medio, La Dorada y Tolima.

Impacto social y víctimas

Afectados y cifras de la estafa

Entre las víctimas de esta red se encuentran madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado y fundaciones sin ánimo de lucro. Los estafadores ofrecían supuestos beneficios en la adquisición de bienes a través de supuestas subastas preferenciales u oportunidades únicas. En solo dieciséis eventos, este grupo criminal habría logrado apropiarse de alrededor de 850 millones de pesos mediante esta modalidad.

Las víctimas eran convocadas a falsas visitas de inspección a propiedades, les exigían anticipos bajo el pretexto de trámites administrativos y, tras los pagos, desaparecían sin dejar rastro. Algunos testimonios exponen que llegaron a recibir material como contratos de corretaje y certificados con logos oficiales, hechos que incrementaban la sensación de legitimidad del proceso.

Respuesta institucional y medidas preventivas

Acciones de la SAE y consejos a los ciudadanos

Frente al incremento de casos, la SAE y la Fiscalía General de la Nación emitieron múltiples alertas y recomendaciones. La entidad ha señalado enfáticamente que no autoriza ventas directas, ni utiliza intermediarios externos para la comercialización de activos. Todos los procesos legítimos deben realizarse por los canales oficiales y mediante subastas públicas debidamente anunciadas en el portal institucional.

Estas son las principales recomendaciones para evitar caer en fraudes similares:

• No entregar dinero a terceros o intermediarios no reconocidos oficialmente.
• Verificar siempre la autenticidad de cualquier proceso de venta a través del portal de la SAE.
• Reportar inmediatamente cualquier oferta sospechosa ante la entidad y las autoridades competentes.
• Revisar cuidadosamente cualquier documentación y abstenerse de realizar pagos anticipados fuera del marco legal.

Las investigaciones culminaron en la captura de varios miembros del grupo criminal, quienes deberán enfrentar delitos como concierto para delinquir y estafa agravada. Durante los operativos, se incautaron equipos tecnológicos y documentos simulados con logos estatales.

Las recientes detenciones envían un mensaje claro sobre la efectividad de las autoridades y la prioridad que reviste la protección de los bienes públicos. El caso también revela la necesidad de mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la pedagogía sobre los canales oficiales para transacciones con bienes del Estado.

La SAE, además de reforzar sus mecanismos de seguridad y prevención, invita a todos los colombianos a estar atentos y denunciar cualquier actividad irregular. Solo la cooperación ciudadana y la transparencia institucional permitirán combatir de manera efectiva este tipo de flagelos que afectan la confianza y el patrimonio de la sociedad.