Cannabis de uso adulto: debate que se repite

Análisis de la Noticia/Paula Aguirre Ospina*/RazonPublica/El Pregonero del Darién

La pregunta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

Por novena vez en seis años, el Congreso de la República discute si Colombia debe regular el uso adulto del cannabis en Colombia. La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, vuelve a intentar abrir un camino que ha estado bloqueado durante años por prejuicios, desinformación, temores sociales y cálculos políticos. Pero la pregunta de fondo no es solo si se debe eliminar la prohibición constitucional y avanzar hacia un mercado regulado, sino si el país está listo para superar el estigma, reconocer que el consumo existe y, al mismo tiempo, convertir un mercado ilegal en una oportunidad de desarrollo, empleo y alternativas para las comunidades cultivadoras.

En Colombia, hablar de cannabis no es una novedad. Desde hace décadas, la Corte Constitucional ha reconocido el uso personal de drogas como un derecho y desde 2016 el país cuenta con una ley que regula los usos medicinales y científicos del cannabis. Sin embargo, el uso adulto sigue siendo un tema incómodo y de difícil avance en la arena política: mientras la sociedad global ha cambiado sus percepciones, el Congreso de la República ha hundido una y otra vez los intentos por abrir la puerta a la regulación. 

El noveno intento de Losada llega en una coyuntura particular. El gobierno nacional se ha declarado abiertamente a favor de una reforma profunda de la política de drogas; aunque esto no se haya materializado en grandes avances en el plano nacional, en la opinión pública hay un apoyo creciente a alternativas a la prohibición, y se acercan las elecciones presidenciales, por lo que las y los congresistas se alistan para hacer campaña en regiones a favor de sus candidatos, lo que hace que el Congreso de la República opere mucho más lentamente de lo que suele operar. Este panorama nos plantea las dificultades para que el proyecto de Losada avance y supere los ocho debates de ley necesarios en pleno año electoral.

¿Qué propone el nuevo proyecto?

El proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 49 de la Constitución, para exceptuar de la prohibición de porte y consumo de sustancias psicoactivas al cannabis y habilitar su producción, distribución, venta y comercialización con fines de uso adultos. En la práctica, no significa que desde el día de su aprobación cualquier persona mayor de edad pueda ir a comprar cannabis en un establecimiento comercial. Lo que haría es abrir la posibilidad para que, posteriormente, se diseñe un mercado legal, con reglas, controles y responsabilidades. 

Sin embargo, la propuesta establece límites claros. Prohíbe la publicidad y la promoción del cannabis —con la excepción de campañas educativas o de prevención— y restringe el consumo en espacios sensibles como colegios, parques, escenarios deportivos y centros de primera infancia. Además, obliga al Estado a implementar políticas de salud pública: prevención, tratamientos voluntarios, reducción de riesgos y daños, así como atención especial a niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el proyecto busca un equilibrio: abre la puerta a un mercado regulado, pero lo enmarca en un modelo que combina derechos y libertades individuales con deberes estatales de protección a la salud y de control de riesgos sociales. No se trata de una “legalización sin reglas”, sino de reconocer que el consumo existe y que regularlo bajo parámetros de salud pública y derechos humanos puede ser más efectivo que mantenerlo en la ilegalidad.

Aunque esta iniciativa conserva la misma esencia de los proyectos presentados en legislaturas anteriores —modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir la regulación del cannabis de uso adulto—, el texto más reciente muestra algunos ajustes que reflejan tanto aprendizajes políticos como una intención de blindarlo frente a críticas recurrentes.

Por un lado, mantiene la prohibición de la publicidad, pero abre la puerta a campañas educativas e informativas dirigidas exclusivamente a personas mayores de edad. Con ello busca responder a quienes advertían que la falta de información clara podía dejar a las y los consumidores en la desprotección. También refuerza las restricciones de consumo en espacios sensibles: además de colegios y centros de primera infancia, ahora incluye parques y escenarios deportivos, lo que envía un mensaje más firme de protección de entornos frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

El proyecto conserva el enfoque de salud pública y reducción de riesgos y daños, pero lo formula con mayor énfasis en derechos humanos y en la atención integral de la comunidad. A su vez, eleva a un parágrafo específico la participación de comunidades étnicas y campesinas, lo que subraya que la regulación no debería quedar exclusivamente en manos de grandes empresas, sino que debe garantizar acceso a quienes históricamente han estado vinculados al cultivo de cannabis.

En suma, aunque el proyecto sigue la misma ruta de reforma constitucional que los intentos previos, esta versión delimita más los espacios de consumo, refuerza el carácter preventivo de la política pública, reconoce a las comunidades campesinas y étnicas y organiza de manera más clara la dimensión tributaria. Todo esto orientado a superar las barreras políticas que han frenado la iniciativa en el pasado y a responder a los pedidos de quienes han querido apoyar el proyecto, con la solicitud de incluir algunos elementos adicionales que permitan fortalecer la protección a menores de edad.

¿La novena será la vencida?

La regulación del cannabis de uso adulto sigue dividiendo opiniones. Quienes apoyan el proyecto en el Congreso sostienen que abrir un mercado legal puede reducir el poder de las economías criminales, generar ingresos fiscales y crear oportunidades para las comunidades cultivadoras que hoy dependen de la economía ilícita. También insisten en que regular es más honesto y responsable que seguir negando un consumo que ya existe y que, bajo la ilegalidad, queda sin controles de calidad ni políticas de salud pública adecuadas. A esto se suma un argumento de derechos, pues en una democracia moderna, las personas adultas deberían poder decidir sobre su propio consumo, siempre que se establezcan reglas claras para prevenir el uso en menores de edad.

Los opositores, en cambio, advierten sobre los riesgos de “normalizar” la marihuana, sobre todo entre jóvenes, y cuestionan la capacidad del Estado colombiano para implementar una regulación estricta. Pero muchos de estos reparos se nutren de desinformación: se sobredimensiona el impacto del cannabis frente a otras sustancias legales como el alcohol, se asocian los mercados regulados con aumentos automáticos en el consumo juvenil (cuando la evidencia muestra lo contrario), y se reduce la discusión a una amenaza moral en lugar de un debate de salud pública. Este tipo de discursos tienden a calar en un ambiente político marcado por el temor y la polarización.

Mayor respaldo

En este contexto, la cuestión es si el proyecto tiene viabilidad política, sobre todo a meses de las elecciones presidenciales. Intentos anteriores se hundieron en el Senado, a pesar de haber logrado avances inéditos en la Cámara. Hoy, el panorama parece ligeramente distinto, ya que el tema cuenta con mayor respaldo en sectores del Gobierno, la opinión pública se ha vuelto más receptiva a salidas distintas al prohibicionismo, y la redacción más cuidadosa del articulado busca disipar temores. Sin embargo, las resistencias culturales siguen siendo fuertes y, en un escenario electoral, muchos congresistas pueden optar por el cálculo político y alinearse con discursos conservadores para no arriesgar votos, incluso si la evidencia favorece la regulación.

Así, el proyecto se mueve en un terreno incierto: con más apoyos que en el pasado, pero todavía con el riesgo de naufragar en la recta final. La pregunta que queda abierta es si esta vez Colombia está dispuesta a dar el paso hacia una regulación responsable, o si, una vez más, la marihuana de uso adulto seguirá atrapada en el limbo legislativo, víctima de los miedos y de las dinámicas de la política electoral.

En últimas, el debate sobre el cannabis de uso adulto no es solo jurídico o económico, es una conversación sobre qué país queremos ser. Colombia puede optar por mantener una prohibición que no resuelve nada, o por ensayar una regulación responsable que ponga la salud pública y los derechos en el centro. Lo que definirá el rumbo, más que los argumentos técnicos, será la voluntad política en medio de un año electoral. Y ahí está la paradoja, puede que tengamos más evidencia y consensos que nunca, pero quizás aún no la disposición de las y los congresistas para dar el salto.

*Abogada con más de diez años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional y política de drogas con enfoque de derechos. Directora de la oficina de Elementa DD. HH. en Colombia.