Álvaro Uribe: El juicio que importa no es el penal
Más allá del veredicto judicial que se conocerá el 28 de julio, lo que de veras importa es el juicio político, ético e histórico sobre la figura de Álvaro Uribe Vélez.
Análisis de la Noticia/Hernando Llano* razonpublica/El Pregonero del Darién
La figura y su responsabilidad histórica
No se trata de un juicio penal más, sino de una oportunidad histórica para que cada ciudadano emita su propio juicio sobre la responsabilidad política de Álvaro Uribe Vélez como figura pública.
Durante más de dos décadas, las decisiones de Uribe han marcado la vida, la seguridad y la dignidad de millones de colombianos —y la muerte de miles en el contexto del conflicto armado—. Esta influencia se ejerció sobre todo a través de su política de “seguridad democrática”, que se basó en calificar todas las formas de violencia política como actos de terrorismo.
Esta identificación o confusión entre los dos conceptos se tradujo en las prácticas de organismos como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyas relaciones con grupos paramilitares quedaron documentadas, o como la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, que derivó en más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”.
El juicio como distracción
El gran malentendido del momento es reducir la vida entera de Uribe a un asunto penal de relativamente poca importancia, a una controversia de carácter técnico-jurídico que lleva ya casi diez años y que muy pocos colombianos están en condiciones de entender.
Lo que importa de veras es evaluar la responsabilidad política, personal e indelegable de Uribe en el vínculo entre política y violencia, crimen e ilegalidad.
La responsabilidad penal es individual, subjetiva y depende de pruebas irrefutables. En cambio, la responsabilidad política es pública y constitucional: corresponde a todos los ciudadanos evaluarla, especialmente en el caso de funcionarios elegidos democráticamente.
Así lo establece el artículo 6 de la Constitución, según el cual “los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en sus funciones”.
El ejemplo de Trump
La reelección de Donald Trump confirma la importancia de esta distinción: después de ser condenado por 34 delitos en un proceso penal, más de 77 millones de votantes lo absolvieron en las urnas. Así, Estados Unidos está siendo gobernado por alguien con una larga historia de desprecio por la legalidad interna e internacional.
Colombia vivió una historia similar en 2006, cuando Álvaro Uribe fue reelegido tras una reforma constitucional aprobada mediante cohecho, lo que dio origen al escándalo de la “Yidispolítica”. Pese a las condenas de altos funcionarios de su gobierno, Uribe obtuvo una mayoría electoral que le otorgó legitimidad política e inmunidad penal.
Impunidad sostenida por las urnas
En 2006, Uribe fue respaldado por 7 millones de votantes, el 27,6 % del censo electoral, en una elección con participación inferior al 45 %.
Su triunfo en primera vuelta —único en la historia de Colomba— revela cómo sus electores separaron la legalidad de la legitimidad política: el fin justificó los medios.
Esta impunidad política se profundizó con el encubrimiento de crímenes cometidos por funcionarios cercanos a Uribe. El caso del DAS, la condena de Jorge Noguera por el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, las interceptaciones ilegales a periodistas y magistrados, y la protección de quienes él llamó “buenos muchachos”, son parte de esa trayectoria.
A ello se suma la Directiva 029, que facilitó los falsos positivos. Y aunque no existiera una prueba penal directa contra Uribe —como tampoco la hubo contra Ernesto Samper en el proceso 8.000 o contra Juan Manuel Santos en el caso Odebrecht—, la responsabilidad política sigue intacta.
La democracia cacocrática
El juicio penal del próximo 28 de julio se suma a una larga historia de procesos sin cierre en la Comisión de Acusaciones, donde más de 186 investigaciones contra Uribe siguen estancadas.
Esto revela una democracia cada vez más cacocrática: una forma de gobierno donde no hay responsables políticos por sus actos ilegítimos ni culpables por sus delitos.
Mientras los ciudadanos sigan votando por líderes que pactan con grupos ilegales o poderes de facto, la impunidad será doble: penal y política. No es solo responsabilidad de quienes gobiernan, sino también de quienes los eligen.
Por eso, el juicio que importa es el de cada ciudadano en conciencia. Porque más allá de la sentencia judicial, lo que se definirá es si como sociedad seguimos tolerando la impunidad o decidimos romper el vínculo entre política y crimen.
* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, PhD Universidad Complutense de Madrid, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.
