La autonomía universitaria en la encrucijada

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

La reciente intervención del Ministerio de Educación en la Universidad de Antioquia, concretada en la designación temporal de un nuevo rector, abre un debate profundo y necesario. Mientras el Estado apela al principio de inspección y vigilancia para justificar su actuación, algunos profesores y autoridades universitaria la consideran una vulneración directa de la autonomía. Este episodio obliga a ir más allá de la coyuntura y a formular preguntas de fondo. ¿Qué autonomía se está invocando? ¿La proclamada por la Constitución y regulada por la ley, o aquella que existe en la gestión cotidiana que, en la práctica, ha sido capturada por clientelas internas, intereses políticos regionales y una burocracia sofocante?

La idea de universidades capaces de gobernarse sin injerencias indebidas choca con la realidad de instituciones públicas sometidas a un control estatal estructural. El caso de la Universidad de Antioquia pone en evidencia una tensión permanente que atraviesa la educación superior pública en Colombia.

Por un lado, el diseño institucional limita la autonomía desde su origen. En los consejos superiores de las universidades públicas, los representantes externos designados por el Gobierno nacional, los entes territoriales y el sector productivo suelen concentrar la mayoría decisoria. Esta configuración, establecida por la Ley 30 de 1992, convierte la autonomía en una figura más formal que real. Las decisiones estratégicas sobre presupuesto, orientación académica y elección de autoridades académicas quedan subordinadas a voluntades políticas externas a la comunidad universitaria.

Esa arquitectura del poder asegura que, en última instancia, la universidad sea gobernada desde fuera. El control se ha intensificado con la figura de la intervención especial y con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia financiera y administrativa. En la práctica, las universidades públicas operan como establecimientos públicos tradicionales, sujetas a la contratación estatal y al escrutinio permanente de los órganos de control. Esto reduce de manera significativa su margen de autogestión, innovación y respuesta oportuna a los desafíos de su misión.

El problema no se agota en la presión externa. De manera paradójica, el discurso de la autonomía de algunos actores, también ha servido para encubrir prácticas internas que poco tienen que ver con el autogobierno universitario. El clientelismo en la asignación de cargos y recursos, la captura de procesos electorales por intereses políticos y la consolidación de feudos dentro de algunas unidades académicas han erosionado el principio mismo de autonomía.

A esa inocultable realidad se suma una burocratización excesiva en la que la lógica administrativa se impone sobre la docencia y la investigación, y el formalismo procedimental desplaza la misión institucional.

En este contexto, la autonomía se distorsiona. Deja de ser una garantía para la conducción libre y responsable de la universidad y se convierte en un mecanismo de protección de intereses particulares, muchas veces ajenos a la rendición de cuentas y al interés público.

Esta doble realidad, marcada por el control estatal externo y la captura interna, alimenta un círculo vicioso. La debilidad de los mecanismos de autorregulación transparente y democrática ofrece al Estado el argumento para profundizar la intervención. A su vez, esa intervención reduce aún más las posibilidades de construir una cultura sólida de autonomía responsable.

Frente a este panorama, resulta imprescindible revisar la autonomía universitaria en la práctica. No debe entenderse como un privilegio corporativo ni como una patente de corso, sino como una capacidad de gestión responsable que debe armonizarse con otros principios constitucionales. La Corte Constitucional ha sido clara al señalar que la autonomía encuentra un límite infranqueable en el respeto de los derechos fundamentales. Ninguna institución puede invocar su independencia para tolerar discriminaciones, vulnerar derechos o incumplir sus obligaciones dentro del Estado Social de Derecho.

Una autonomía auténtica debe garantizar dignidad, igualdad y no discriminación para toda la comunidad académica, como garantía institucional de la libertad de enseñanza, investigación y cátedra, así como del pluralismo intelectual, y como resguardo frente a injerencias indebidas del poder político.

Un principio que no es absoluto. Está limitado por la propia Constitución y por la ley. Solo bajo esas condiciones su defensa adquiere legitimidad social y consistencia ética.

La salida a la encrucijada actual no puede reducirse a restaurar el estado de cosas previo a la intervención en la Universidad de Antioquia. Se requiere un nuevo pacto. Una nueva legislación. Esta debe reducir el control político externo expresado en los consejos superiores y transferir mayor poder decisorio a la comunidad académica mediante formas de gobierno más democráticas y participativas.

Al mismo tiempo, se deben erradicar las prácticas clientelistas y opacas al interior de la universidad, y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva.

La autonomía debe dejar de ser un eslogan utilizado de manera oportunista, tanto por el Estado como por grupos internos, y convertirse en una práctica institucional concreta. Esto exige una financiación estable y suficiente que libere a las universidades de la asfixia presupuestal y del chantaje político. También implica asumir el compromiso de gestionar los recursos con eficiencia y en función de un proyecto institucional colectivo.

El caso de la Universidad de Antioquia es, en realidad, el síntoma de un problema sistémico. Nos enfrenta a la urgencia de construir una autonomía real, firme frente a las injerencias externas e íntegra en su gestión interna. No se trata de un fin en sí mismo, sino del medio indispensable para que la universidad pública cumpla su misión social. Esa misión consiste en ser un espacio de pensamiento crítico, de producción de conocimiento al servicio del país y de formación de ciudadanos libres y responsables. Defender esta autonomía, en su sentido más profundo, es defender la posibilidad misma de una educación superior pública, gratuita, digna y transformadora para Colombia.

 *Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia.