La equidad como brújula para repensar el apoyo estatal a los posgrados en el exterior

Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

En el país se ha abierto un debate que no puede ser ignorado. El Gobierno decidió dejar de destinar recursos públicos que durante años entregó a COLFUTURO para redirigirlos a la creación de un fondo público de becas orientado a estudiantes de escasos recursos. El anuncio, realizado el 22 de diciembre, señala que la promoción 2025 será la última en recibir apoyo estatal a través de esta institución. La controversia es comprensible, pero más allá del ruido mediático se impone una discusión de fondo sobre la justicia distributiva y el papel del Estado en la educación avanzada..

COLFUTURO, entidad privada creada en 1991, ha financiado a más de 17.000 colombianos para cursar posgrados en el exterior mediante un esquema de crédito-beca. Sin embargo, sus mecanismos de acceso han revelado una inequidad estructural persistente. La exigencia de codeudores con patrimonio significativo excluye de entrada a la mayoría de la población.

Los datos lo confirman. Cerca del 60 por ciento de los beneficiarios históricos pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, según información oficial para el período 2014–2022. A ello se suma una alta concentración territorial, con alrededor del 80 por ciento de los recursos dirigidos a Bogotá y Antioquia. En la práctica, el subsidio estatal operó de forma regresiva, ya que recursos públicos terminaron beneficiando principalmente a quienes contaban con ventajas económicas y geográficas previas.

Este modelo reproduce un círculo de exclusión. El acceso al conocimiento avanzado queda reservado para quienes poseen capital económico y social, mientras jóvenes talentosos de regiones como Tumaco, Mitú, Riohacha o el sur de Bolívar, por ejemplo, sin respaldo patrimonial familiar, ven cerrada esta posibilidad antes de intentar acceder.

La pregunta central es a quién debe priorizar el Estado cuando invierte recursos públicos en educación avanzada. Una política pública razonable debería guiarse por criterios de equidad, eficiencia del gasto, impacto social verificable, respaldo al talento con independencia del origen familiar, orientación estratégica del conocimiento y fortalecimiento descentralizado de las capacidades científicas y tecnológicas. Estos principios no son ideológicos, sino el fundamento de cualquier política educativa justa y verdaderamente transformadora.

La equidad debe ser el imperativo principal. Cuando los recursos son limitados, su asignación debe corregir desigualdades históricas y no profundizarlas. El posgrado en el exterior es valioso, pero la cuestión es quién accede a ese valor con dinero público. Un sistema que exige codeudores con patrimonio excluye a la mayoría de los colombianos y reproduce la desigualdad con recursos que deberían combatirla.

El nuevo fondo público de becas propone corregir esa lógica. El mérito académico, combinado con la necesidad económica, se convierte en el criterio central. Esto no implica regalar oportunidades, sino garantizar que el talento tenga posibilidades reales de desarrollarse sin importar su origen social. La equidad exige que el Estado invierta primero en quienes tienen capacidad demostrada pero carecen de medios.

La eficiencia del gasto público es otro pilar esencial. El Estado no es un banco comercial y su inversión en educación debe maximizar el retorno social. Un sistema de becas públicas permite orientar la formación hacia áreas prioritarias para el desarrollo nacional como ciencia básica, tecnologías emergentes, salud pública, transición energética, educación y desarrollo rural. Subsidar créditos privados sin capacidad de orientar áreas de estudio ni compromisos de retorno resulta menos eficiente que una inversión pública focalizada.

Las becas también reducen el riesgo para los estudiantes. En un país donde más de la mitad de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad laboral, un crédito educativo puede convertirse en una carga insostenible. Esta realidad disuade a muchos jóvenes talentosos de familias vulnerables de siquiera postularse. Las becas eliminan esa barrera.

El impacto social debe ser un eje central de la política de posgrados. Cuando el Estado financia educación avanzada, invierte en capital humano que debería beneficiar al conjunto de la sociedad. Un fondo público permite establecer compromisos razonables de retorno, vinculación con universidades y centros de investigación, y transferencia de conocimiento hacia regiones históricamente excluidas. No se trata de imponer sanciones, sino de incentivar la circulación y multiplicación del conocimiento.

Democratizar el acceso a posgrados también diversifica el liderazgo académico y profesional del país. Si solo acceden quienes tienen recursos, se perpetúa una élite homogénea y concentrada. Ampliar el acceso significa incorporar nuevas voces, experiencias y miradas en la investigación, la docencia y la toma de decisiones.

Apoyar el talento independientemente del patrimonio familiar es quizás el criterio más transformador. La inteligencia y la creatividad no se distribuyen por estratos, pero la oportunidad sí. Un sistema de becas basado en mérito y necesidad permite identificar y potenciar talento que hoy se desperdicia. El costo de no hacerlo es alto en términos de innovación, soluciones y desarrollo colectivo.

La orientación estratégica del conocimiento es igualmente clave. El posgrado no es un derecho universal y, cuando el Estado invierte en él, debe hacerlo con visión de futuro. No todos los campos tienen el mismo impacto ni la misma urgencia. Un fondo público permite priorizar áreas donde el mercado no invierte lo suficiente, sin desvalorizar las humanidades ni las ciencias sociales.

Finalmente, el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas propias debe ser una prioridad nacional. Colombia presenta rezagos significativos en número de investigadores y en inversión en ciencia y tecnología. Formar talento de alto nivel no es un lujo, sino una necesidad para no quedar rezagados en la economía del conocimiento. Esto requiere articulación con universidades, centros de investigación y proyectos vinculados a las necesidades del territorio, así como una clara apuesta por la descentralización del conocimiento.

Reconocer las limitaciones estructurales de COLFUTURO no implica desconocer sus aportes. Implica aceptar que el papel del Estado no es subsidiar indefinidamente esquemas privados que reproducen exclusiones, sino construir alternativas públicas que amplíen oportunidades y orienten el conocimiento hacia el bien común.

La creación de un fondo público de becas es una apuesta por una Colombia más justa, más inteligente y más competitiva. En educación avanzada, lo que debe importar es la capacidad intelectual y el compromiso con el conocimiento, no el patrimonio ni el apellido. Para que este fondo cumpla su propósito, debe contar con criterios transparentes, selección basada en mérito y necesidad, diversificación geográfica, orientación estratégica flexible, mecanismos razonables de retorno, articulación institucional y evaluación rigurosa de impacto.

El camino correcto es aquel que utiliza los recursos de todos para beneficiar primero a quienes han tenido menos. En ese rumbo, la decisión del Gobierno no solo es racional. Es necesaria. Representa un acto de justicia largamente postergada y una inversión estratégica en el futuro que Colombia necesita construir.

 *Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia.