La emergencia económica frente al bloqueo y la hipocresía fiscal

Desde que el Gobierno declaró la emergencia económica, los grandes medios de información corporativos inundaron la opinión pública con una avalancha de alarmas, sanciones morales y descalificaciones. Editoriales furiosas, panelistas de radio indignados y titulares que anticipan el fin del mundo construyen un ambiente de pánico bien planeado, en el que el presidente es presentado como una amenaza directa para la gente trabajadora.

En ese relato, el presidente es señalado como un gobernante autoritario que pretende resolver sus problemas “metiéndole la mano al bolsillo a los pobres”. Sin embargo, esa narrativa omite de manera sistemática el contexto político y fiscal que causó la decisión, así como los verdaderos motivos que se esconden detrás de la furia mediática.

La emergencia económica no es un invento repentino, ni una ocurrencia improvisada. Es una respuesta a un problema de financiación severo, resultado del hundimiento por la oposición en el Congreso de una iniciativa clave para asegurar los fondos del presupuesto nacional.

El gobierno alertó muy claro que esa movida política ponía en peligro la financiación de programas esenciales de salud, educación y asistencia social, particularmente para la gente más vulnerable.

Ante ese escenario, la oposición optó por el bloqueo sin proponer una alternativa viable, para luego trasladar al Ejecutivo el costo político de esa irresponsabilidad. Convertir esta secuencia de acontecimientos en un relato de autoritarismo no constituye un ejercicio de crítica democrática ni de control político, sino una operación de encubrimiento con fines electorales.

Buena parte de la discusión pública se ha reducido a lemas vacíos, sobre supuestos “impuestazos” que golpearían la clase trabajadora. Se usa a los obreros y a los hogares humildes como escudos retóricos, mientras se evita explicar que el esfuerzo fiscal estará dirigido hacia sectores con alta capacidad de pago y hacia ingresos históricamente favorecidos por el sistema de impuestos. Esa omisión, por supuesto, no es un accidente. Aceptarlo implicaría reconocer, que lo que importa no es defender a los necesitados, sino la resistencia de los poderosos frente a todo intento de modificar una estructura fiscal profundamente desigual.

La emergencia económica es un mecanismo constitucional excepcional previsto para situaciones extraordinarias que, por su gravedad e imprevisibilidad, requieren medidas urgentes que no pueden esperar los plazos de los procedimientos legislativos ordinarios sin causar un daño grave e irreparable al orden económico y social. No suspende derechos, no, ni elimina controles o cierra el debate democrático… para nada. Los actos bajo su protección estarán sujetos al control de la Corte Constitucional y al escrutinio político. Lo excepcional en esta situación no es usarla, sino la estrategia de la oposición de provocar una crisis fiscal y después escandalizarse porque el Estado actúa para evitar que esa crisis se traduzca en desprotección social.

Es complicado, no señalar el cinismo de quienes durante décadas defendieron un sistema regresivo, toleraron exenciones no justificadas, y callaron frente a la concentración de riqueza, y ahora se presentan como paladines del interés popular. Ese humanismo repentino, es más bien una coartada discursiva. Por eso el debate se desplaza hacia un formalismo jurídico extremo, usado de manera selectiva y oportunista. No es una fidelidad genuina a la Constitución, sino una instrumentalización para bloquear transformaciones y preservar privilegios. Son purismos disfrazados de rigor técnico.

La Constitución no es simplemente un montón de rituales huecos, ni tampoco una guia para la inercia. Es un mandato de construcción de un Estado social de derecho. Interpretarla únicamente desde el procedimiento, desconectada de sus fines materiales, es vaciarla de sentido. Cuando la legalidad se utiliza para impedir que el Estado garantice derechos básicos, deja de ser una herramienta democrática y se convierte en una barrera contra el bienestar colectivo.

No hacer nada frente al vacío de financiación habría supuesto consentir que millones de personas pagaran el precio de una disputa política ajena. Esa sería una decisión injustificable. Gobernar implica asumir costos, no administrar el miedo a los titulares, ni ceder ante la presión de quienes confunden el interés general con la defensa de beneficios particulares.

Más allá de tanto ruido en los medios, lo que se debate es una pregunta simple, pero profundamente política: ¿debería el Estado proteger los derechos sociales, o continuar resguardando los privilegios de unos cuantos?

Defender la emergencia económica en este contexto no es avalar un exceso de poder, sino afirmar que la dignidad de la mayoría no puede seguir subordinada a un modelo fiscal diseñado para la comodidad de los mismos de siempre.

*Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia.