Uribe gana, aunque pierda

Análisis de la noticia/Hernando Gómez Buendía/RazónPublica/El Pregonero del Darién.

Si Uribe deja prescribir el proceso, se salva de la justicia, pero queda condenado ante la historia. Su decisión era obvia.

El pasado 8 de agosto, el Consejo Superior de la Judicatura designó tres magistrados de apoyo para la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá; su función es permitir que los magistrados titulares dediquen todo su tiempo a estudiar el expediente de Álvaro Uribe Vélez.

Esta noticia vino a confirmar lo que todos esperábamos: que el Tribunal no dejaría prescribir el proceso ordinario de la justicia penal más importante de la historia, el del único expresidente que en calidad de ciudadano ha sido condenado en primera instancia, el primero también en ser reelegido de manera inmediata desde la fundación de la República.

El fallo era inminente

Sacarle el cuerpo o pasar de agache ante un proceso de semejante trascendencia hubiera sido un acto de irresponsabilidad mayúscula, un acto que además hubiera sido susceptible de investigación y sanción por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, según dispone la Ley 1952 de 2019 (artículo 55, numeral 12).

Debo también recordar que los magistrados titulares tienen abogados asistentes o auxiliares judiciales para ayudarles “directamente en la función jurisdiccional”, junto con el equipo de secretarios, relatores o escribientes y custodios encargados de la logística (artículo 40 del Estatuto de la Carrera Judicial). 

Otras cuatro circunstancias: 

1) Una gran parte de los miles de folios o páginas que integran el expediente no necesitan ser revisados por el magistrado: para eso está su equipo. En este caso, además, hubo un exceso de formalismo acumulado o de constancias meticulosas en previsión del estrecho escrutinio jurídico, político e histórico que tendría y tendrá el expediente (de aquí las 1.114 páginas del fallo en primera instancia).

2) Los pormenores del caso son ampliamente conocidos por los legos, más todavía por los   magistrados del Tribunal. Ellos sabían que el asunto llegaría a sus manos, cualquiera hubiese sido la decisión de primera instancia.

3) Es más: las 54 páginas del fallo del Tribunal que devolvió la libertad al expresidente demuestran un conocimiento detallado y exhaustivo del expediente. 

4) El caso se reduce a una cuestión muy simple: ¿sabía o no sabía Uribe que Cadena sobornó testigos y les indujo a falsificar documentos? Si las respuestas son afirmativas, al Tribunal solo le quedará determinar la extensión de la pena y las condiciones de su ejecución.        

De los hechos anteriores se infiere la altísima probabilidad de que el Tribunal hubiese emitido su fallo antes de la fecha de prescripción del proceso. 

La jugada era obvia  

El punto es esencial porque si el Tribunal iba a fallar antes de la fecha límite (15 o 16 de octubre), el riesgo de renunciar a la prescripción era casi nulo: era darles un tiempo de más a los magistrados para confirmar la sentencia condenatoria (decisión hacia la cual, en esta hipótesis, se habrían ido inclinado desde que comenzó la segunda instancia, o inclusive desde antes). 

Y digo que, de condenarlo, porque en caso contrario Uribe no habría perdido nada con su renuncia a la prescripción.  

En cambio, el beneficio era muy grande, porque cualquiera hubiera sido o sea la sentencia, queda la constancia de que Uribe no tenía nada que temer de la justicia.

Renunciar a la prescripción no era un acto heroico ni un sacrificio: era la jugada obvia. 

La ganancia política 

El expresidente sabe que, para sus amigos, su inocencia no depende de lo que digan los jueces, y para sus enemigos tampoco. Si lo absuelven, será el mártir injustamente perseguido; si lo condenan dentro de un mes, o dos años, o cinco años, seguirá siendo el mártir injustamente perseguido. 

Por eso renunciar a la prescripción le garantiza que siempre habrá una constancia de que “quiso someterse al fallo” y no que escapó por la puerta procesal. En términos políticos, gana de todos modos.

Una jaula dorada

En términos jurídicos, lo peor que le puede pasar a Uribe es que el Tribunal de Bogotá confirme su culpabilidad, o inclusive que la Corte Suprema eventualmente se niegue a casar la sentencia de segunda instancia. 

Esto implicaría quedarse en su finca de recreo en Rionegro: con internet, con su aura de víctima, visitado por sus amigos, copando el centro de la campaña presidencial y legislativa de 2026. ¿Alguien cree que esto es un castigo?  

Si el tribunal se demora hasta 2027 en decidir, mejor para él: seguirá libre, seguirá hablando, seguirá siendo el eje de la derecha y el blanco de la izquierda. Y cuando llegue el fallo, cualquiera que sea, la fe de sus fieles ya estará escrita en piedra.

El momento oportuno 

La juez de primera instancia lo condenó, con abundantes pruebas, y en el fallo se anotó que su estrategia incluía tácticas dilatorias para llegar a la prescripción. Él lo niega, y ahora utiliza su renuncia como prueba de buena fe. 

Pero la explicación de este cambio de actitud es muy sencilla: antes del fallo de primera instancia, renunciar a la prescripción hubiera sido un salto al vacío. Después de ser hallado culpable, esperar la prescripción habría sido una salida vergonzosa y autodestructiva: el camino de quien evade la justicia, no el de quien dice someterse a ella. 

Gana de todas maneras

En resumen, estos son los desarrollos posibles del proceso judicial y de las consecuencias que en cada caso se seguirían para el expresidente:

Si el Tribunal lo condena antes del 16 de octubre, Uribe dirá que su renuncia confirma su inocencia y seguirá en su finca de recreo, convertido en víctima y mártir.

Si el Tribunal lo absuelve antes del 16 de octubre, alegará lo mismo: que la renuncia confirma su inocencia, y quedará libre y reivindicado.

Si el proceso se demora uno o dos años más (hasta el momento de su prescripción irrenunciable), hay dos salidas igualmente útiles para él:

Una condena tardía reforzará el argumento de que no huyó, mientras cumple su “cárcel dorada” en Rionegro. Una absolución tardía le permitirá proclamarse inocente y reivindicado.

La flaca justicia humana

En este caso específico, el hecho de renunciar a la prescripción no puede entonces tomarse como una prueba o indicio de la inocencia de Uribe. Y a la inversa: el análisis anterior no demuestra que Uribe sea culpable.

Es imposible saber con certeza si alguien es culpable o inocente. Ningún juez, por sabio e imparcial que sea, puede asomarse a la conciencia del acusado. Las sentencias no son rayos de verdad divina, sino conclusiones humanas basadas en dos tipos de elementos. Por una parte, las pruebas —testimonios, documentos, evidencias materiales e indicios diversos—que apuntan con más o menos claridad en uno u otro sentido; por otra parte, los procedimientos que la civilización ha construido durante siglos.

Con todas sus limitaciones, el sistema penal está diseñado para acercarse a la verdad de la mejor manera posible: exige que las pruebas sean recaudadas conforme a la ley, que haya defensa técnica, que el acusado sea escuchado, que los jueces actúen con independencia, que las decisiones puedan ser revisadas en varias instancias.  No hay otra vía mejor, salvo la impunidad del poderoso o la barbaridad del linchamiento.

La justicia para Uribe

En el caso de Álvaro Uribe, nadie podrá jamás demostrar con certeza matemática si compró o no compró testigos, si hubo o no hubo fraude procesal. 

Pero sí puede afirmarse —y debe subrayarse— que este expresidente ha tenido garantías judiciales excepcionales. Su caso ha sido tramitado durante más de una década ante jueces de distintas ideologías y bajo gobiernos opuestos entre sí. Pasó por la Corte Suprema y por la justicia ordinaria; por la Fiscalía de Montealegre, la de Martínez, la de Barbosa y la de Camargo; por jueces escogidos al azar y por salas o tribunales integrados por varias personas. Se le escuchó, se le dejó aportar más de 70 testigos, se tramitaron sus recursos, se respetó su presunción de inocencia, se transmitió su juicio por televisión, y ahora puede apelar una condena en doble instancia. 

Si alguien en Colombia ha tenido acceso pleno y sobrado a las garantías procesales, ese alguien es Álvaro Uribe.

Lo que sí importa

Por el bien superior de Colombia, sería mejor que el expresidente no hubiera cometido ningún delito. Pero por ese mismo interés superior debe ser condenado si cometió delitos. 

Lo que está en juego no es la suerte de una persona que despierta emociones opuestas, sino la solidez de un sistema que afirme la justicia por sobre la política. 

La jugada de Uribe —renunciar a la prescripción para que ninguno de sus millones de seguidores dude jamás de que era inocente— es otro intento de hacer que la política prime sobre la justicia.

Pero el sistema judicial colombiano, con todas sus flaquezas, fue capaz de procesar y condenar en primera instancia a un expresidente muy poderoso, con todas las garantías y sin intervención indebida de ningún gobierno. Los jueces han resistido presiones enormes de lado y lado. Se ha mantenido el principio republicano de que nadie está por encima de la ley.  

El juicio de Álvaro Uribe es un caso excepcional en el mundo. Y por lo mismo es un ejemplo para el mundo.  Deberíamos celebrarlo. 

* Director y editor general de Razón Pública.