Ricardo Morales/razonpublica/Análisis de la noticia/El Pregonero del Darién

Esta difícil situación infortunadamente no será la última que veamos, pues los fuegos por esta época son parte del paisaje. Sin embargo, es claro que deberían ser causa suficiente para llamar a los ciudadanos y a las autoridades a plantearse qué acciones está realizando el país para mitigar este tipo de situaciones, y así limitar su impacto.

El país nuevamente se enfrenta al reto de combatir el fuego que se propaga en montes, bosques y cultivos. En esta ocasión, la zona que protagoniza esta nueva emergencia es el departamento de Tolima, donde miles de hectáreas de superficies vegetadas han sido consumidas por las llamas. Los reportes de múltiples entidades recogidas por la prensa dan cuenta de una aglomeración de fuegos en la zona comprendida entre el municipio de Coello, en Tolima, particularmente en el corregimiento de Gualanday, y el norte del municipio de San Luis, en el mismo departamento (Figura 1). En menor medida, algunas zonas de Cundinamarca también se han debido enfrentar a la presencia de focos de fuego. 

La recurrencia de estos eventos nos hace casi siempre buscar responsables y buscar respuestas. ¿Por qué ocurren estos fuegos? ¿Qué tanto tiene que ver el cambio climático? ¿Qué tan comunes son? ¿Qué podemos hacer para prevenirlos y mitigar sus impactos negativos?

Entre prácticas agrícolas y alertas por sequía

Lo cierto es que el fuego en nuestro país es muy común y a lo largo del año los patrones donde se observa con mayor frecuencia siguen muy de cerca las temporadas de menores lluvias. El fuego, en muchas ocasiones, es iniciado por prácticas agrícolas destinadas a eliminar rastrojos, residuos de cosecha o pastizales. En algunas ocasiones estas prácticas son bien ejecutadas minimizando el riesgo, pero en muchas otras, éstas se salen de control e impactan grandes áreas de vegetación natural o cultivos vecinos. En Colombia, el fuego también ocurre con frecuencia en áreas protegidas, producto de actividades asociadas con la deforestación, práctica ilegal principalmente empleada para generar rápidamente terrenos para extender hatos ganaderos o sembradíos de palma. En condiciones de sequía como las que está empezando a vivir el país por cuenta del creciente fenómeno de El Niño propician las condiciones en el suelo para que el fuego se propague más fácilmente, con lo que se amplifican las posibles afectaciones sobre los recursos naturales y las comunidades vecinas.

Al analizar la frecuencia con que los llamados puntos calientes, es decir, señales de calor intenso que pueden ser detectadas desde el espacio por sensores en plataformas satelitales y que son claros indicadores de la presencia de fuegos, vemos que en esa zona del país ocurren cientos de detecciones cada mes, siendo justamente el mes de agosto el segundo mes del año que más número de focos presenta típicamente, solo superado por el mes de septiembre (Figura 2). Es decir, en esa zona de Tolima, agosto y septiembre cada año presentan cientos de fuegos en zonas vegetadas. 

El papel de El Niño y la amenaza del cambio climático

Si bien entonces esta es la época de quemas en esa zona, este año parecería haber varias situaciones que son diferentes. La primera de ellas relacionada con las condiciones meteorológicas. Se ha hablado mucho en el país, y en el mundo entero, del fortísimo fenómeno de El Niño que se está gestando, ya que parece ser que tendrá proporciones históricas en intensidad y duración. Este fenómeno, que consiste en un calentamiento por encima de lo normal de las aguas superficiales el margen oriental del océano Pacífico (justo el que colinda con las costas pacíficas colombianas), tiene un gran impacto en la intensidad de las temporadas de lluvia y de sequía en el territorio colombiano.

Datos del sistema FIRMS de la NASA, que compila los registros satelitales de los focos de incendios, demuestran que durante agosto de este año se ha presentado un número anómalamente alto para este mes (ver Figura 2). Si bien es difícil adjudicar la razón exacta de este alto número de conflagraciones, los datos sugieren que es factible que las condiciones meteorológicas que atraviesa el país hayan confluido con las quemas agrícolas que realizan los campesinos en esta zona todos los años para agravar su impacto. Esta hipótesis se puede confirmar en parte al consultar el boletín se sequía publicado por el Ideam. Dicho informe demuestra un índice de sequía entre severo y extremo para el trimestre entre abril y junio para Tolima, y de igual forma para otras zonas del occidente colombiano. Es decir, los patrones meteorológicos parecen haber sido un facilitador para que los cientos de quemas que se inician en esa zona del país en esta época no solo hayan causado estragos en zonas alejadas, sino que ha alcanzado zonas pobladas, como lo fue el caso de algunas veredas del municipio de Coello (Tolima), que obligaron a los habitantes del sector a evacuar de forma apresurada. 

Es válido preguntarse, como muchos lo hacemos, si estamos viendo en estos incendios los impactos del cambio climático. La respuesta no es simple y tiene varias partes. El fenómeno de El Niño ocurre hace decenas de miles de años, es decir, no es un fenómeno nuevo ni surgió con el cambio climático actual que estamos experimentando. Sin embargo, según el sexto reporte publicado en 2021 por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), que compila los hallazgos de múltiples grupos de investigación que analizan el cambio global con modelos climáticos de la atmósfera y el océano, es altamente probable que la variabilidad en la precipitación de los eventos de El Niño y La Niña se intensifique en respuesta al calentamiento global a lo largo del siglo XXI, aunque no existe un consenso sólido entre los modelos.

Es decir, es posible que los eventos extremos de sequía y de lluvia sean aún más extremos a medida que se agudiza el cambio climático global, fenómeno del que, infortunadamente, apenas estamos viendo sus primeros pasos. En resumen, los efectos del cambio climático recién se empiezan a manifestar y es muy probable que, en algunas décadas, sean mucho más severos. Esto, por supuesto, invita a replantear las prácticas actuales y a involucrar mucho más datos y evidencias a las prácticas agrícolas actuales para adaptarse a las condiciones climatológicas cambiantes y evitar así los peores estragos que se pueden derivar de fuegos fuera de control.

Conclusiones y retos ante futuros incendios

Esta difícil situación que atraviesan comunidades en Tolima, infortunadamente no será la última que veamos, pues los fuegos por esta época, gracias a las prácticas de las comunidades, con parte del paisaje. Sin embargo, es claro que el fuego fuera de control, las razones que lo causan y las retadoras condiciones climáticas que progresiva pero certeramente nos augura el cambio climático, deberían ser causa suficiente para llamar a los ciudadanos y a las autoridades a plantearse qué acciones está realizando el país para mitigar este tipo de situaciones, y así limitar su impacto.

El fuego, además de causar daños a los ecosistemas y perjuicios económicos para las comunidades afectadas, también emite grandes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Estos últimos pueden afectar la salud de las comunidades cercanas que los viven con más intensidad, pero también el efecto acumulado de los cientos de fuegos en zonas vegetadas que pueden estar activos en un momento dado impacta la cantidad de contaminantes atmosféricos en grandes zonas del territorio nacional, lo que nos afecta a todos.

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El Libro de la Verdad denuncia graves riesgos de corrupción en el gobierno de Petro. ¿Qué prueban sus hallazgos, cuáles son sus límites y cuándo un balance técnico se convierte en el manifiesto político del nuevo gobierno?

El 18 de agosto, Abelardo de la Espriella presentó el “Libro de la Verdad: Empalme Anticorrupción 2026”, que contiene un balance de la administración anterior.

Analizar el Libro de la Verdad exige algo más que aceptar sus cifras o rechazar sus conclusiones. Implica preguntarse qué problema enfrentó el gobierno, qué recursos encontró, cómo se usaron, qué resultados se obtuvieron y qué parte de esos cambios puede atribuirse razonablemente a la administración anterior. 

Bajo esa vara, el documento presentado por Abelardo de la Espriella resulta relevante y contiene alertas graves sobre corrupción institucional, pero no constituye una evaluación integral del gobierno de Gustavo Petro; es, más bien, un diagnóstico político-técnico del Estado que el nuevo gobierno afirma haber heredado, veamos por qué. 

Una radiografía tomada por quien heredó al paciente

El Libro de la Verdad, de 135 páginas y cinco capítulos, explica la metodología del empalme, identifica nueve comportamientos que habrían favorecido la corrupción, presenta las actuaciones del Equipo Élite Anticorrupción, ofrece balances sectoriales y culmina con los principios de la “Patria Milagro”. Su promesa más ambiciosa es no limitarse a recopilar irregularidades, sino mostrar cómo distintas fallas del Estado se conectan entre sí y crean condiciones propicias para la corrupción.

Pero el propio documento reconoce límites relevantes: no es un empalme formal bajo la Ley 951 de 2005, ni una auditoría, investigación o sentencia, y no atribuye responsabilidades individuales. Aunque se apoyó en una metodología amplia —voluntarios, equipos sectoriales, fuentes oficiales, SECOP, derechos de petición, documentos internos, prensa e inteligencia artificial validada por humanos—, su valor es diagnóstico, no concluyente: puede mostrar fracturas reales, pero también está condicionado por la mirada de quien acaba de recibir al paciente.

Las nueve enfermedades del Estado

El aporte conceptual más interesante del libro es su identificación de nueve “comportamientos críticos” que habrían debilitado los controles y ampliado los espacios de discrecionalidad.

Fuente: Resumen de la autora.

La fortaleza de esta clasificación radica en abandonar la caricatura de la “manzana podrida”. La corrupción no surge solo porque una persona decida robar. También puede prosperar porque el Estado pierde memoria, conocimientos, información, coordinación y control territorial.

Su debilidad radica en sugerir, ocasionalmente, que toda falla institucional fue deliberada para facilitar prácticas corruptas. Eso requiere una prueba adicional. La desorganización puede favorecer la corrupción sin haber sido creada con ese propósito.

Entre hallazgos administrativos y pruebas de corrupción

Antes de entrar en los casos concretos —reforma agraria, salud, cárceles, caminos comunitarios, servicios públicos, contratación y nombramientos— conviene precisar la vara de lectura: el libro presenta 59 casos sectoriales y 23 asuntos priorizados por el Equipo Élite Anticorrupción, pero esa suma no equivale necesariamente a 82 hechos independientes ni a 82 pruebas de corrupción. Las actuaciones tienen naturaleza jurídica distinta y algunas pueden superponerse; por eso, una denuncia no es una imputación, una imputación no es una condena y una falla administrativa no prueba por sí sola un delito. 

La utilidad del informe radica en plantear preguntas verificables sobre riesgos, ilegalidades, mala gestión o posibles hechos de corrupción, no en convertir cada alerta en un veredicto.

Del anuncio agrario al título registrado

Uno de los casos centrales es la reforma agraria.  El libro afirma que, de 351.463 hectáreas entregadas mediante el Fondo de Tierras, solo 98.148 tendrían registro pleno y más de 206.000 seguirían en situación provisional; además, señala que la Agencia Nacional de Tierras destinó cerca de 979.003 millones de pesos a 537 predios provenientes de la SAE, de los cuales apenas tres tendrían escritura registrada a favor de la Nación.

La alerta es sustancial porque una hectárea anunciada no equivale a una hectárea comprada, entregada, titulada y aprovechada productivamente.  La provisionalidad puede dar posesión material, pero no seguridad jurídica para invertir, acceder a crédito, heredar o defender la propiedad. 

Sin embargo, la brecha entre predios adquiridos y registrados no prueba por sí sola un desvío de recursos; exige reconstruir la situación jurídica de cada inmueble, los pagos, las obligaciones de la SAE y de la ANT, los plazos registrales y los obstáculos judiciales antes de pasar del hallazgo administrativo a la calificación penal.

Salud: entre crisis estructural y mala administración

En salud, el documento examina transferencias por billones de pesos para equipos básicos, infraestructura hospitalaria y otros programas, y advierte de bajos niveles de legalización de los recursos, deficiencias en el seguimiento a las entidades receptoras, insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, deudas acumuladas y compromisos de infraestructura asumidos sin suficiente madurez técnica.

El análisis identifica problemas reales, pero mezcla tres planos que deben separarse: una crisis histórica de financiamiento, decisiones discutibles del gobierno Petro y posibles irregularidades en la administración de recursos. Para atribuir responsabilidades con rigor, es indispensable distinguir entre lo heredado y lo causado, y diferenciar los recursos apropiados, asignados, comprometidos, girados, ejecutados y legalizados.  Categorías que, en la administración pública, no son equivalentes.

Cárceles, caminos y servicios públicos

En cárceles, caminos comunitarios y servicios públicos, el informe identifica alertas significativas: en el sector penitenciario, menciona 119 hallazgos con posible impacto económico de 78.493 millones de pesos y pagos por obras inexistentes; en Caminos Comunitarios para la Paz, señala giros cercanos a 612.000 millones a organizaciones comunitarias con baja ejecución física; y en ESSMAR, revisa procesos por unos 786.000 millones cuyas condiciones contractuales ameritan un examen detallado.

La gravedad de esos hechos depende de su verificación: si se confirman pagos por obras inexistentes, podrían derivarse responsabilidades penales, fiscales y contractuales; pero la baja ejecución, la contratación comunitaria o el tamaño de un contrato no prueban por sí solos la ilegalidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Air-e, donde se reportan pérdidas, patrimonio negativo, deterioros contables y giros investigados.  Allí es indispensable distinguir la crisis previa a la intervención estatal de las decisiones posteriores, para no atribuir a una sola administración un deterioro acumulado a lo largo de varios períodos.

La contratación que pasa de mano en mano

El caso de Canal Trece ilustra el riesgo de intermediación contractual: la Agencia Nacional de Tierras celebró con Teveandina un convenio por hasta 17.003 millones de pesos para actividades logísticas que, según el documento, habrían sido subcontratadas casi por completo, mientras el operador conservaba una remuneración por administración. La subcontratación no es ilegal en sí misma, pero cuando una entidad es contratada principalmente para subcontratar, debe demostrar el valor que aporta.

Algo similar ocurre con los procesos por más de 68.000 millones en FONIGUALDAD antes de la extinción del Ministerio de Igualdad. A primera vista, genera sospechas razonables, pero la clave es determinar si los compromisos eran necesarios, ejecutables, financiables y vinculados a funciones que debían continuar.

Nombramientos y contratos de último momento 

En el ICBF, la revisión de 66 nombramientos provisionales realizados en siete días, poco antes del cambio de gobierno y con motivaciones semejantes, plantea una alerta sobre posible clientelismo o uso indebido de la provisionalidad; sin embargo, demostrarlo exige examinar cada vacante, cada hoja de vida, cada competencia funcional y cada criterio de selección. 

Lo mismo se aplica a la decisión de la Agencia de Desarrollo Rural de habilitar un sábado para actuaciones contractuales. Su carácter extraordinario no basta para configurar prevaricato, pues debe probarse que era manifiestamente contrario a la ley, que quien la expidió lo sabía y que los contratos se tramitaron con esa habilitación.

Cuando la auditoría se convierte en credo

En su último capítulo, el libro abandona parte del lenguaje técnico y adopta el vocabulario de la “Patria Milagro”: a cada falla institucional opone un principio —mérito, verdad, bien común, autoridad, dignidad y coherencia—, algunos de los cuales apuntan a respuestas razonables, como verificar cifras, fortalecer la carrera administrativa, recuperar capacidades tecnológicas y aumentar la competencia contractual. Sin embargo, esos principios aún no son políticas.  Para ser evaluables, requieren responsables, plazos, recursos, indicadores, controles y consecuencias por incumplimiento.

Al incorporar la fe, los valores cristianos, la familia y una educación “libre de imposiciones ideológicas”, el documento pasa de un inventario institucional a un manifiesto moral, aprovechando el balance del gobierno anterior para legitimar la identidad del nuevo gobierno. Incluso el título, «Libro de la Verdad», refuerza esa operación.  Políticamente puede ser eficaz, pero democráticamente es riesgoso, porque la función de determinar cuál es la verdad pública no debe quedar al arbitrio del Ejecutivo, sino que debe ser el resultado de documentos verificables, contradicciones, investigación independiente y debido proceso.

La verdad no se proclama: se comprueba

El Libro de la Verdad es más sólido cuando presenta documentos, cifras y secuencias de decisiones, y más débil cuando transforma fallas administrativas en prueba automática de corrupción o cuando utiliza el diagnóstico para afirmar la superioridad moral del nuevo gobierno. Su principal aporte es ampliar la mirada anticorrupción más allá del dinero recuperado o de las condenas, incorporando la pérdida de capacidad técnica, la dependencia de contratistas, la manipulación de indicadores, la intermediación innecesaria, la parálisis operativa y la captura territorial.  Su límite es que aún no mide con rigor la magnitud de esos fenómenos ni los compara sistemáticamente con administraciones anteriores ni con resultados, restricciones y logros verificables.

La prueba definitiva no estará en sus 135 páginas, sino en lo que ocurra después: cuántos expedientes se convierten en investigaciones, sanciones, recuperación de recursos y corrección efectiva de fallas. Pero esa vara también debe aplicarse al gobierno de De la Espriella. Un compromiso anticorrupción no se demuestra narrando los pecados del antecesor, sino construyendo instituciones capaces de detectar los propios; la verdad sobre cómo se ejerció un gobierno no debe ser una valoración realizada por quien lo sucede, sino un resultado verificable por cualquier ciudadano.

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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El discurso de posesión de Abelardo combinó una agenda convencional de gobierno con un mensaje político e ideológico marcado por el militarismo, el confesionalismo religioso y la llamada “contrarrevolución cultural”. ¿Qué puede significar esa mezcla?

Gobernanza con un trasfondo ideológico

Para su posesión, asociada con el ilusorio y gaseoso renacimiento de la nación, Abelardo de la Espriella quiso disipar los temores que él mismo había suscitado con su retórica de campaña y, en cambio, presentó un catálogo de promesas en economía, orden público y políticas sectoriales como la salud, la energía y la educación. Era, en apariencia, una agenda de gobernanza semejante a la de cualquier gobierno tradicional.

Pero esa línea no impidió la exhibición de un conjunto de imaginarios, prejuicios y manifestaciones seudo-culturales que dejaron una marca claramente regresiva. En ella se superponen:

Un cierto militarismo en el manejo del orden público;

Un confesionalismo eclesial, aunque presentado bajo un ropaje ecuménico; y

Una contrarrevolución cultural que cuestiona derechos y minorías.

Son rasgos que hacen pensar en un desplazamiento de las soluciones negociadas, del secularismo y de la diversidad, como si la gobernabilidad consistiera en reaccionar contra la modernidad ilustrada, presentada artificialmente como una traición a la comunidad y a los valores tradicionales de la patria y la familia.

Agenda de correctivos, no de reformas

Una «revolución política» es lo que se propone ejecutar el nuevo presidente, aunque sin reformas estructurales. Más bien plantea un conjunto de correctivos frente a la herencia recibida en materia económica y de orden público.

En el frente económico deberá reducir el déficit fiscal y la deuda para evitar un deterioro de las finanzas públicas y un eventual rebrote inflacionario. Para ello ha anunciado el congelamiento del gasto público. Si esa decisión se aplica con rigor, podría traducirse en recortes del gasto social, con el riesgo de aumentar una pobreza que venía disminuyendo y alimentar el descontento social.

Con el fin de estimular la inversión ha anunciado la eliminación del impuesto al patrimonio, sacrificando más de un billón de pesos en recaudo tributario con la expectativa de que regresen capitales a la economía. Ese efecto, sin embargo, difícilmente será inmediato. 

Resulta más probable que el crecimiento de la producción de petróleo y gas —otra de las metas del gobierno— tenga un impacto positivo sobre la inversión y los ingresos fiscales, aunque también requerirá tiempo.

La seguridad y la negación del diálogo

La estrategia de seguridad contempla una ofensiva contra guerrillas, disidencias y organizaciones criminales que ampliaron su control territorial durante los primeros años de la Paz Total, una política que produjo escasos resultados en materia de negociación y que, en muchos casos, otorgó ceses al fuego antes de que existieran avances suficientes en los procesos de diálogo.

La recuperación territorial se complementaría con el regreso de la fumigación de cultivos ilícitos, pese a las restricciones impuestas por la Corte Constitucional; una relación más estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico; y la construcción de megacárceles inspiradas en el modelo de Bukele. En conjunto, estas medidas sustituyen la apuesta por la negociación con una estrategia centrada en la ofensiva militar.

No obstante, esa orientación comenzó a esbozarse durante el último año del gobierno Petro, sin resultados significativos. Tampoco parece que el nuevo gobierno vaya a disponer, al menos inicialmente, de recursos suficientes para alterar de manera sustancial la correlación de fuerzas frente a los grupos armados.

La ideología y los imaginarios religiosos

Para llenar los vacíos de su agenda, el antiguo ateo De la Espriella, hoy convertido al catolicismo, recurre a un repertorio de símbolos e imaginarios religiosos.

En la ceremonia de posesión instaló una imagen de la Virgen de Fátima y reunió a un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico para bendecir el nuevo gobierno. Más que un acto ecuménico, fue una puesta en escena que trasladó símbolos del mundo religioso al ejercicio del poder político, precisamente dos ámbitos cuya separación había sido una de las grandes innovaciones de la modernidad.

La ideología proporciona identidad, orientación y legitimidad. Cuando esa legitimidad adopta un lenguaje religioso, la adhesión puede hacerse más intensa. Ese parece ser el propósito del nuevo presidente con la exhibición pública de su conversión y de sus prácticas de fe.

La contrarrevolución cultural

Abelardo de la Espriella ha manifestado reiteradamente su rechazo al movimiento LGTBI, al feminismo, a los periodistas independientes, a las reivindicaciones étnicas, a los diálogos de paz y a buena parte de la agenda de derechos de las minorías. 

Esa posición adquiere un carácter programático cuando la presenta como una «contrarrevolución cultural», en sintonía con el rechazo a la cultura woke propio de sectores ultraconservadores en Estados Unidos.

En materia educativa, el presidente ha afirmado que no permitirá que los niños reciban «ideologías extrañas». La nueva ministra ha anunciado, además, su propósito de sustituir a Marx por Dios en la escuela, una formulación que parece desplazar el pluralismo, el debate y el conocimiento científico en favor del confesionalismo.

Sin embargo, la sociedad colombiana ha avanzado hacia una mayor diversidad de identidades, una ampliación de derechos y una educación más secular y abierta al conocimiento científico. Revertir ese proceso empobrecería el debate público y debilitaría las libertades conquistadas.

Conclusiones

Con su discurso de posesión en un cuartel y su reiterada invocación de la autoridad divina, Abelardo quiso construir los dos referentes simbólicos de su gobierno: las armas y el credo religioso.

Su programa contiene una agenda de gobierno relativamente convencional, pero carece de un proyecto transformador claramente articulado. Ese vacío parece llenarse con la idea de la «patria milagro», una fórmula retórica donde vuelven a encontrarse los símbolos de la cruz y la espada.

No se trata necesariamente de fundamentalismos, sino de un confesionalismo y un autoritarismo moderados que podrían endurecerse si el gobierno enfrenta una crisis de gobernabilidad. De ahí que el tono y los símbolos de la posesión merezcan atención, pues anticipan una orientación política que trasciende el contenido administrativo de las medidas anunciadas.

*Politólogo y abogado. Exrector de la Universidad Distrital. Cofundador de Razón Pública.

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La discusión actual parece dejar atrás las disputas tradicionales sobre las presuntas irregularidades del voto “de papel” y nos lleva a controversias que, con las nuevas tecnologías, resultan cada vez más comprensibles para los expertos y más ajenas para la ciudadanía.

Hace poco el presidente Petro publicó en sus redes sociales una demanda de nulidad electoral que un grupo de ciudadanos presentó ante el Consejo de Estado para controvertir la elección presidencial de Abelardo De La Espriella. Aunque durante esta contienda electoral el presidente ha expresado sus preocupaciones sobre la transparencia del proceso, el texto de la demanda no afirma que exista fraude electoral ni aporta pruebas dirigidas a demostrarlo. Lo que sí cuestionan los demandantes es la reducción de los controles digitales de autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios E-14 –las actas donde los jurados de mesa consignan los resultados–, comparados con los de 2022. Según la demanda, esa reducción habría incidido en la declaratoria de elección. Sin embargo, el documento conocido no identifica municipios, mesas o votos específicos que habrían resultado afectados.

Para sustentar su planteamiento, los demandantes descargaron varios E-14 del portal de la Registraduría, tanto de 2022 como de 2026, y concluyeron que los de este año carecen de metadatos completos, de prefijos únicos de archivo y de identificación clara de la mesa y la corporación, elementos presentes hace cuatro años. A partir de ello, sostienen que esas diferencias dificultan descartar la hipótesis de una eventual manipulación de los archivos digitales. Sin entrar a valorar el fondo de ese argumento técnico, del texto de la demanda no se advierte una individualización, causalidad e incidencia electoral, pues no viene acompañado de prueba concreta de que el resultado haya sido afectado, un requisito que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha exigido de manera reiterada a la hora de determinar la nulidad de una elección. 

La controversia digital y los límites de la demanda

Vale la pena recordar en qué consiste este mecanismo. La nulidad electoral es una acción pública –es decir, cualquier persona puede ejercerla– desarrollada en los artículos 40, 237 y 264 de la Constitución y 275 de la Ley 1437 de 2011. Procede contra los actos administrativos que declaran una elección o nombramiento y busca proteger la legalidad, la transparencia y la legitimidad del acceso a cargos públicos.

No siempre exige acreditar un fraude electoral; en algunos casos basta cuestionar las calidades o inhabilidades del elegido. Sin embargo, cuando se trata de elecciones populares y se plantean presuntas irregularidades en la votación o los escrutinios, no solo se debe invocar la existencia de un margen “estrecho”, sino precisar resultados, diferencias exactas y el número de votos o mesas comprometidos que, de corregirse, cambiarían el resultado. Según la Sección Quinta del Consejo de Estado, es necesario examinar la incidencia sustancial de la irregularidad, en particular cuando se pretende invalidar una elección.

Antecedentes históricos de la sospecha electoral

Aunque este debate parezca inédito, las controversias sobre la integridad de los procesos electorales han acompañado distintos momentos de la historia política colombiana. Las diferencias institucionales entre esos episodios y el sistema electoral contemporáneo son profundas; sin embargo, ilustran cómo las discusiones sobre la legitimidad de las elecciones han surgido de manera recurrente en contextos de alta tensión política.  

A principios del siglo XX persistió la sospecha de que el presidente Rafael Reyes llegó al poder gracias a irregularidades ocurridas durante el proceso electoral. En ese entonces la elección presidencial era de segundo grado, pues el pueblo no votaba directamente por el presidente, sino por delegados encargados de escogerlo. Con ese propósito, el 7 de diciembre de 1903 se eligieron en todo el país los electores que debían reunirse el 2 de febrero siguiente para designar al presidente y al vicepresidente.

El episodio más recordado ocurrió en Padilla, en el actual departamento de La Guajira,donde el llamado “cacique” electoral Juanito Iguarán  habría enviado actas firmadas en blanco para que los jefes políticos del Atlántico las diligenciaran según sus intereses. Así, en 1904, Reyes resultó ganador por una diferencia mínima frente a Joaquín Vélez, su rival más cercano. Se dice, incluso, que Juanito reportó más votos de los que el propio municipio de Padilla podía emitir, un exceso que, al parecer, pasó inadvertido en las instancias judiciales de la época.

Las elecciones del 19 de abril de 1970 constituyen otro de los episodios más controvertidos de la historia política colombiana. Un boletín emitido a las dos de la madrugada del día siguiente a la jornada electoral daba como ganador a Gustavo Rojas Pinilla sobre Misael Pastrana, por una diferencia superior a 21.000 votos. Poco después, el ministro de Gobierno de la época ordenó a las emisoras suspender la información, y la Registraduría dejó de emitir nuevos reportes. Como haya sido, luego del escrutinio Rojas resultó derrotado por poco más de 60.000 votos. La controversia jurídica y política dio origen al Movimiento 19 de Abril (M-19). En medio de cuestionamientos sobre los resultados y acusaciones sobre irregularidades en el proceso, finalmente la Corte Electoral lo proclamó oficialmente presidente y se posesionó en el cargo para el período 1970-1974.

Hacia una justicia electoral técnica y transparente

Más allá de la demanda de la nulidad electoral en contra de la elección de De La Espriella, y de las exigencias legales que debe satisfacer una acción de este tipo, el caso pone de presente que estos debates también han ocurrido en momentos de alta tensión política. De igual modo, que la discusión de nuestros tiempos parece dejar atrás las disputas tradicionales sobre las presuntas irregularidades del voto “de papel” y nos lleva a controversias que, con las nuevas tecnologías, resultan cada vez más comprensibles para los expertos y más ajenas para la ciudadanía, paradójicamente cuando pretendemos avanzar hacia la democratización de la justicia y el derecho. 

Por último, la palabra la tiene el Consejo de Estado. En ese sentido, resulta fundamental que las controversias políticas y electorales se tramiten por los canales institucionales. Así como la participación de ciudadanos y funcionarios de distintas instituciones fortalece la transparencia e idoneidad del proceso electoral colombiano, los mecanismos de control judicial contribuyen a reforzar su legitimidad.

(Foto de portada(ICBF)

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La reforma anunciada por Abelardo de la Espriella no elimina las obligaciones del Estado, pero puede debilitar las capacidades construidas durante décadas para negociar, implementar el Acuerdo Final y coordinar las políticas de construcción de paz.

Una reforma que cambia la manera de gobernar la paz

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que modificará la estructura institucional mediante la cual el gobierno nacional ha conducido las negociaciones, coordinado la implementación del Acuerdo Final y articulado distintas políticas de construcción de paz. La reforma comenzaría después de su posesión y fue presentada como una estrategia para reducir la burocracia, disminuir el gasto público y concentrar la Presidencia en funciones de coordinación ejecutiva.

Entre las dependencias que serían suprimidas se encuentran la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus competencias serían trasladadas a los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno crearía la figura del comisionado nacional de seguridad.

De la Espriella ha dicho que la reforma permitirá eliminar inicialmente 229 cargos y evitar duplicidades administrativas. También ha acompañado el anuncio de duras críticas a la política de paz del gobierno saliente, al Acuerdo Final firmado con las FARC y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas declaraciones muestran que la reforma rebasa el propósito de ahorrar recursos: busca cambiar la orientación desde la que el Estado abordará la paz.

Todo presidente tiene derecho a reorganizar la administración, revisar sus costos y corregir problemas de coordinación. Ninguna estructura institucional debe conservarse por el mero hecho de haber existido durante varios años. Sin embargo, eliminar organizaciones o trasladar sus funciones conlleva consecuencias que van mucho más allá de la mera reducción de cargos. Con las oficinas también pueden desaparecer conocimientos, equipos especializados, relaciones territoriales, mecanismos de coordinación y capacidades estatales construidas durante décadas.

Por eso la reforma anunciada representa un riesgo de retroceso institucional. No significa que desaparecerá toda la arquitectura encargada de atender el posconflicto ni que el Estado dejará automáticamente de cumplir sus obligaciones. Pero sí puede desarticular el centro encargado de orientar la política de paz y de conectar las negociaciones, la implementación del Acuerdo Final, la reincorporación, los derechos humanos y las intervenciones territoriales.

Una institucionalidad construida durante décadas

La institucionalidad de paz en Colombia no comenzó con el gobierno de Gustavo Petro ni fue creada exclusivamente para desarrollar la política de paz total. Es el resultado de un proceso de construcción estatal que lleva más de cuatro décadas. Cada negociación, acuerdo e intento de resolución del conflicto dejó aprendizajes, normas, organizaciones y equipos especializados que los gobiernos posteriores recibieron, modificaron y utilizaron.

Durante la década de 1980, el Estado comenzó a crear comisiones y consejerías encargadas de promover acercamientos con las organizaciones guerrilleras. En 1994 se consolidó la figura del Alto Comisionado para la Paz, que desde entonces ha funcionado como el principal canal presidencial para explorar conversaciones, conducir negociaciones y asesorar al Gobierno en la formulación y ejecución de políticas relacionadas con la terminación del conflicto armado.

Esta oficina participó, bajo diferentes nombres y con distintos arreglos administrativos, en los procesos desarrollados por los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Sus orientaciones cambiaron según las prioridades de cada mandatario, pero su cercanía con el presidente de la República permitió mantener un canal especializado para gestionar negociaciones, acuerdos humanitarios y políticas de paz.

El Acuerdo Final firmado con las FARC en 2016 amplió considerablemente esta arquitectura. Además de una oficina capaz de conducir negociaciones, el Estado necesitaba entidades que convirtieran los compromisos pactados en políticas, programas, presupuestos y acciones territoriales. Se consolidó así una estructura más compleja para atender la reforma rural, los territorios afectados por el conflicto, las víctimas, la reincorporación y la justicia transicional.

Dentro de esta división del trabajo, la Agencia de Renovación del Territorio asumió la coordinación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización quedó encargada de acompañar a quienes dejaron las armas, mientras la Unidad para las Víctimas continuó desarrollando las políticas de atención y reparación. Otras entidades asumieron responsabilidades relacionadas con la reforma rural, la sustitución de cultivos y la justicia transicional.

El 30 de diciembre de 2022 se creó, con su nombre y configuración actuales, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, que retomó las funciones ejercidas por dependencias anteriores. Su tarea consiste en formular directrices, coordinar entidades y dar seguimiento a los compromisos estatales. Aunque no ejecuta por sí misma la política de posconflicto, mantiene conectadas organizaciones de distintos sectores que, sin una dirección común, pueden actuar de manera fragmentada.

La Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería para los Derechos Humanos cumplen funciones diferentes pero complementarias. La primera coordina iniciativas de convivencia, reconciliación y construcción de paz. La segunda asesora al Gobierno, articula entidades y mantiene relaciones con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El trabajo de ambas trasciende las negociaciones con los grupos armados.

Esta arquitectura presenta problemas. En algunos momentos ha generado duplicidades, tensiones entre entidades, dificultades para intercambiar información y lentitud en la ejecución. También ha sufrido cambios frecuentes de nombre, ubicación y jerarquía. Estas deficiencias justifican una evaluación institucional rigurosa, pero no permiten concluir que las organizaciones sean inútiles ni que sus capacidades puedan trasladarse sin consecuencias.

Trasladar funciones no conserva capacidades

Una organización pública no es solamente el decreto que establece sus funciones ni la lista de cargos que integra su planta de personal. Comprende equipos especializados, conocimientos, archivos, procedimientos, experiencias acumuladas y relaciones con otras entidades. En asuntos de paz, incluye, además, vínculos de confianza con comunidades, víctimas, firmantes, organizaciones sociales, autoridades territoriales y actores internacionales.

Por esta razón, trasladar competencias de una dependencia a otra no garantiza que el Estado conserve la capacidad para cumplirlas. En el papel, un ministerio puede asumir la responsabilidad de coordinar una determinada política. En la práctica, deberá conformar equipos, asignar recursos, recuperar información, adaptar procedimientos y reconstruir relaciones que las oficinas eliminadas tardaron años en desarrollar.

También importa el lugar que una dependencia ocupa dentro del Estado. La cercanía del Comisionado de Paz con la Presidencia le otorga autoridad política para orientar las negociaciones y coordinar entidades de distintos sectores. Trasladar sus responsabilidades a un ministerio puede reducir su jerarquía y subordinar la política de paz a las prioridades de una cartera en particular.

Los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores cumplen funciones importantes para la construcción de paz, pero fueron creados para atender otras misiones. Interior se ocupa de la gobernabilidad, la participación y las relaciones políticas; Defensa dirige la seguridad y el uso legítimo de la fuerza, y la Cancillería conduce las relaciones internacionales. Ninguno fue diseñado para integrar por sí mismo todas las dimensiones de una política de paz.

El problema puede agravarse con la creación de un comisionado nacional de seguridad. La seguridad y la paz no son objetivos incompatibles. Las negociaciones necesitan garantías territoriales, protección de la población y capacidad estatal para hacer cumplir los acuerdos. Sin embargo, sustituir una instancia de paz por otra de seguridad puede subordinar la negociación, la reincorporación y la reconciliación a una orientación centrada en el control territorial y el uso de la fuerza.

La reforma planeada por De la Espriella dejaría en funcionamiento varias organizaciones ejecutoras, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, debilitaría el nodo presidencial encargado de coordinarlas y de conectarlas con el conjunto de compromisos estatales. La arquitectura conservaría varias de sus piezas, pero perdería parte de la dirección que les permite funcionar como un sistema.

Este riesgo resulta especialmente importante porque la implementación del Acuerdo Final está lejos de concluir. Los PDET requieren continuidad, la reincorporación enfrenta dificultades económicas y de seguridad, las víctimas continúan esperando respuestas, y numerosos compromisos rurales avanzan lentamente. A ello se suman los procesos de diálogo y sometimiento desarrollados durante el gobierno de Petro, algunos de los cuales han generado compromisos, zonas temporales de ubicación y obligaciones que deberá administrar el nuevo gobierno.

Lo que puede suprimir y lo que debe respetar

El presidente cuenta con un margen considerable para reorganizar las dependencias de la Presidencia. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Unidad de Implementación y las dos consejerías anunciadas forman parte del Departamento Administrativo de la Presidencia. Como su estructura ha sido modificada mediante decretos, el nuevo gobierno puede suprimirlas, fusionarlas o trasladar sus funciones, siempre que cumpla los requisitos legales, técnicos y presupuestales correspondientes.

Pero ese poder tiene límites. No toda la arquitectura de paz depende directamente de la Presidencia ni todas sus organizaciones pueden desaparecer mediante una decisión administrativa. Varias entidades tienen origen legal o fueron creadas mediante decretos con fuerza de ley, por lo que su modificación requiere procedimientos distintos. Otras cuentan con autonomía y no pertenecen a la rama ejecutiva.

El caso más claro es el Sistema Integral para la Paz y, en particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP tiene fundamento constitucional y ejerce funciones judiciales de manera autónoma. El presidente puede criticar sus decisiones y promover reformas mediante los procedimientos establecidos, pero no puede eliminarla, alterar sus competencias ni modificar sus decisiones mediante un decreto presidencial.

El Gobierno tampoco puede desconocer las obligaciones derivadas del Acuerdo Final que fueron incorporadas a la Constitución, las leyes, los decretos y las decisiones judiciales. Tiene margen para definir prioridades, diseñar programas y organizar la administración, pero debe actuar dentro de ese marco jurídico. La desaparición de una oficina no elimina los compromisos relacionados con la reincorporación, las víctimas, el desarrollo territorial o las garantías de seguridad.

Sin embargo, la vigencia jurídica de una obligación no garantiza su cumplimiento. Un gobierno puede conservar una entidad y debilitarla mediante reducciones presupuestales, vacantes prolongadas, demoras reglamentarias, pérdida de personal especializado o falta de liderazgo. También puede dispersar las responsabilidades entre varias dependencias hasta dificultar la coordinación y hacer menos claro quién debe responder por los resultados.

El riesgo de una implementación por inercia

La experiencia del gobierno de Iván Duque mostró que un presidente puede modificar la orientación de la implementación sin desmontar su arquitectura institucional. Duque expresó numerosas objeciones al Acuerdo Final, promovió la política de Paz con Legalidad y objetó parcialmente la ley estatutaria de la JEP. La implementación continuó, pero perdió centralidad en la agenda gubernamental y varios de sus componentes avanzaron lentamente.

Durante esos años, la implementación arrojó resultados desiguales. Algunas obligaciones avanzaron, otras fueron reinterpretadas y varias quedaron rezagadas. Las entidades continuaron operando, pero no siempre contaron con la coordinación, los recursos o el respaldo presidencial necesarios para cumplir sus responsabilidades. La experiencia mostró que la continuidad formal de las instituciones no garantiza que los compromisos avancen con la misma intensidad.

Algo semejante podría ocurrir durante el nuevo gobierno, incluso con las organizaciones que De la Espriella no pueda o no quiera suprimir. El Ejecutivo dispone de instrumentos presupuestales, administrativos, reglamentarios y de nombramiento para acelerar o ralentizar las políticas. Puede cumplir formalmente las normas y, al mismo tiempo, reducir la capacidad efectiva del Estado para implementar el Acuerdo y atender los territorios afectados por el conflicto.

El riesgo aumenta porque el presidente electo ha rechazado las negociaciones adelantadas por el gobierno de Petro y ha cuestionado componentes centrales del Acuerdo Final con las FARC. Si esa posición se traduce en el retiro del respaldo presidencial, las conversaciones en curso podrían suspenderse y las instituciones responsables de la implementación seguirían operando por inercia, sin prioridades compartidas ni coordinación efectiva desde la Presidencia.

Colombia podría terminar con una arquitectura fragmentada: entidades que conservan competencias legales, programas que deben continuar, compromisos todavía vigentes y comunidades que esperan respuestas, pero sin una instancia con autoridad suficiente para integrar esos esfuerzos y exigir resultados. El desenlace no sería necesariamente la desaparición formal de la política de paz, sino su debilitamiento gradual en los ámbitos administrativos, presupuestales y territoriales.

Reformar sin destruir

La institucionalidad de paz debe evaluarse. Diez años después de la firma del Acuerdo Final, el país necesita revisar sus resultados, identificar duplicidades, corregir problemas de coordinación y exigir una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Defender las capacidades construidas no significa conservar cada oficina, cargo o arreglo administrativo sin examinar su utilidad y el cumplimiento de sus funciones.

Pero esa evaluación debe comenzar por las funciones que el Estado debe cumplir y no por el número de cargos que se pretende eliminar. También debe explicar quién asumirá cada responsabilidad, con qué recursos, mediante qué mecanismos de coordinación y bajo qué sistema de rendición de cuentas. Hasta ahora, el anuncio del presidente electo ofrece cifras sobre la reducción de la planta, pero poca claridad sobre la preservación de las capacidades necesarias.

La paz no depende exclusivamente de una oficina presidencial. Necesita seguridad, justicia, inversión social, desarrollo rural, presencia territorial y coordinación entre numerosos sectores. Precisamente por esa complejidad, se requiere una arquitectura capaz de integrar las políticas y evitar que cada ministerio actúe por separado. Suprimir el centro de coordinación puede reducir algunos costos inmediatos, pero en el mediano plazo puede aumentar los costos institucionales, territoriales y políticos de la fragmentación.

Antes de desmontar una arquitectura institucional que tomó décadas en construirse, el país debería preguntarse qué capacidades estatales ha acumulado, cuáles funcionan, cuáles deben reformarse y cuáles sería un error perder. A la pregunta por cuánto cuesta la institucionalidad de la paz debe añadirse otra todavía más importante: ¿cuánto le costaría a Colombia quedarse sin capacidad para gobernar la paz?

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: german.valencia@udea.edu.co

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¿Puede la oposición convocar a la desobediencia civil antes de que se posesione un nuevo presidente? Este artículo examina el alcance democrático, filosófico y constitucional de esa figura a propósito de la propuesta de Iván Cepeda.

El excandidato Iván Cepeda exige que el presidente electo Abelardo De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense (apoyado además en el pronunciamiento de más de 20 exmagistrados, entre otros). También le exige que aclare si fue colaborador de agencias de inteligencia estadounidenses. 

Sostiene que estas situaciones son incompatibles con la Presidencia, por ilegales e ilegitimas, y que constituyen incluso una ofensa a la dignidad nacional. En consonancia, si ello es así, anuncia una “desobediencia civil pacífica” para no reconocer la autoridad del presidente electo y llama a sus electores a desconocer pacíficamente su mandato, defendiendo la figura como una forma de protesta plenamente legítima.

En lo que viene voy a contrastar su propuesta con la definición que puede estructurarse de la desobediencia civil.

Orígenes de la desobediencia civil

La desobediencia civil es una derivación del derecho de resistencia que hunde sus raíces en la noción tradicional de levantamiento del común (recordemos los “levantamientos comuneros” en Hispanoamérica en el siglo XVIII), articulada incluso a la categoría tomista medieval de desobedecer la ley corrupta que no se atuviera a la Ley Natural de los Mandamientos. 

Estas doctrinas justificaban la revuelta de la comunidad cuando el gobernante no respondía a los preceptos del bien común cristiano de su sociedad. Una modalidad similar está presente en toda comunidad indígena, y de ahí provienen, por ejemplo, las figuras de la minga e incluso el cabildo abierto en nuestro contexto.

En la modernidad temprana se destaca el planteamiento de Hobbes sobre la resistencia, y la aserción aparece explícitamente en Locke, quien establece la desobediencia civil contra el tirano, aunque no propiamente contra las leyes. Esta a su vez fue la bandera que inspiró en buena parte los procesos independentistas de las colonias inglesas en América y las Revolución Francesa contra la monarquía. 

Mas tarde Henry David Thoreau la sitúa en el contexto americano en el marco de la intervención armada de Estados Unidos en México.

Resistencia, desobediencia y disidencia

Hay una discusión no zanjada, que no puedo reconstruir acá, entre resistencia civil (que además se nutre de las resistencias armadas a la invasión nazi en la II Guerra Mundial) y desobediencia civil. Voy a centrarme en esta última con ánimo didáctico, dejando para quien quiera profundizar la consulta de mi libro.

Jorge Malem, para efectos pedagógicos, distingue dos grandes ramas de insubordinación. 

La primera es la de la desobediencia, que no va contra el sistema y el orden constitucional, con cinco modalidades, a saber: 

Desobediencia armada, que no pretende producir un cambio radical en el sistema y que, por el contrario, puede defender ese sistema por métodos violentos; 

Desobediencia eclesiástica, que es la insubordinación proclamada por una iglesia determinada contra el orden civil; 

Desobediencia administrativa, que sería la actitud de una autoridad institucional contra otro poder o autoridad del Estado; 

Desobediencia criminal, básicamente las manifestaciones delincuenciales contra el orden legal. Y, finalmente, 

Desobediencia civil, de la que me ocuparé más adelante. 

La segunda rama es de la disidencia, que si pretende sustituir el conjunto de un orden social. Aquí se encuentran:

1.La disidencia pacifica, que es el desacuerdo radical de la ciudadanía con el sistema que los rige, pero de manera pacífica; 

La disidencia revolucionaria, que si busca el cambio total del sistema por vías violentas, inclusive; 

La disidencia anarquista, donde no sólo se desconoce la ley sino que también es puesto en cuestión el Estado y todo orden religioso, social, político y económico; y 

La disidencia terrorista que concibe los métodos y procederes violentos contra el sistema como la única solución posible.

Malem incluye dos variedades adicionales que se rescatan por su singularidad histórica. El movimiento del satyagraha de Gandhi que logra la liberación de la India del régimen colonial inglés por medio de un movimiento religioso-espiritual de desobediencia no violenta. Y la otra, que define como la del reformador moral, que busca implantar un cambio en el sistema a través de la reivindicación de una actitud ética alternativa y que podría asimilarse al movimiento de desobediencia civil de Martín Luther King en los Estados Unidos de los 60s.

La desobediencia civil contemporánea

John Rawls en su Teoría de la Justicia (1971) es quien define la desobediencia civil en los términos actuales, dando razón del movimiento de los afroamericanos en Estados Unidos. 

En primer lugar, la desobediencia civil, junto con la objeción de conciencia, es un instrumento para defender los principios de justicia presentes en el ordenamiento constitucional. 

Segundo, la desobediencia civil se concibe en defensa de la Constitución contra las leyes o medidas legales o administrativas que vulneran el consenso político constituyente que alentó la construcción de la sociedad y la protección de las minorías. 

Tercero, es pública y política y aspira a convocar un movimiento de opinión en la ciudadanía que apoye sus reivindicaciones. 

Cuarto, es no violenta pero no pacifista, es decir, que reconoce posturas de fuerza ciudadana como la movilización, la protesta, la toma de calles, la expresión política de la ciudadanía. 

Sin entrar en disquisiciones de filosofía moral que no tienen espacio aquí, aunque la desobediencia civil en Rawls no se identifica con posturas éticas o religiosas especificas si reivindica moralmente el consenso como mecanismo de protección de las minorías frente a la regla de mayoría, leyes o disposiciones legales mayoritarias que pretendan atropellar los derechos de aquellas. 

Cuatro posturas se han estructurado posteriormente que permiten completar el cuadro de la desobediencia civil:

La de Helmut Dubiel, de la tercera Escuela de Frankfurt, de la desobediencia civil como praxis simbólica que remite a la ilegitimidad de toda postura que pretenda perpetuarse en el poder y convoca a la utilización de recursos simbólicos para manifestarse, como se dio con las expresiones culturales durante el estallido social. 

La de Antoni Negri (Asamblea) y Paolo Virno de desobediencia radical, que se enmarca en lo que denominan “democracia del éxodo” y que remite a una resistencia activa del movimiento social de carácter defensivo en momentos de repliegue. 

La desobediencia disputatoria (reclamo de derechos por vías institucionales) y contestaria (movilización ciudadanía por derechos secuestrados) del republicanismo autonómico (Philip Pettit, 1999). 

Y la de Pierre Rosanvallon (Contrademocracia) que la proyecta como una desobediencia de imputación (judicializar la política), desobediencia de control (uso de mecanismos legales) y desobediencia de obstrucción (movilización ciudadana).

Desobediencia civil en el ordenamiento colombiano

Una exploración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos muestra que la categoría de “desobediencia civil” se ha abordado en términos relativamente análogos a los expuestos por Rawls, aunque suavizándolo significativamente como es usanza en los abogados que nunca logran admitir la legitimidad de la desobediencia eventual a la ley.

Las sentencias claves parecen ser la T-571 de 2008 (Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto) quien la considera una forma de protesta excepcional sin ser una justificación general para incumplir normas. No pretende subvertir el sistema sino lograr que se implementen principios de rango constitucional. Y considera que si bien la Constitución parte del deber general de obediencia al derecho, el principio pluralista del Artículo 1 permite disentir y protestar frente al contenido de una norma, incluso mediante el incumplimiento de algunas, para llamar la atención sobre otras. 

Y la C-223 de 2017 (Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado) que revisó el Código de Policía y fijó reglas para la protesta (diálogo previo, planificación, tolerancia social y uso de la fuerza solo como último recurso) planteando que la desobediencia civil se reconoce como un derecho legítimo y en consecuencia se prohíben las detenciones de personas que ejerzan su derecho. La autoridad solo puede recurrir a detenciones preventivas y no fundadas en el ejercicio de esta.

La desobediencia civil, un recurso democrático

De cara a los intentos de la derecha colombiana de rechazar la desobediencia civil, hay que afirmar categóricamente que esta constituye un recurso valido, plenamente legítimo y constitucional de defensa del estado democrático y social de derecho, tanto en la filosofía política y del derecho contemporáneas como en la realidad colombiana.

Esta legitimidad resulta tanto de sus obvias implicaciones políticas como mecanismo democrático de defensa de minorías y derechos sociales ante embestidas autoritarias como por la justificación moral que conlleva para enfrentar, en defensa de la democracia y la Constitución, los embates hegemónicos de partidos o grupos en el poder que, usufructuando la legalidad, pretendan imponer sus políticas violentando el consenso político y constitucional de una sociedad. 

Aunque es redundante hablar de desobediencia civil pacífica, pues esta se define per se como no violenta, en el marco de las expresiones de intolerancia manifestadas por seguidores del gobierno entrante, es plenamente razonable el llamado de Cepeda a la consideración y asunción de este mecanismo democrático de defensa constitucional y convivencia política de las minorías amenazadas en las diversas modalidades que aquí se han planteado.

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(Foto de portada/En esta ocasión, el proceso de empalme muestra una hostilidad inédita. En primer lugar, se destaca la negativa del mandatario entrante, De la Espriella, a asistir a la Casa de Nariño)

Hay una fuerte tensión en las comunicaciones de los voceros del gobierno entrante, quienes señalan una presunta falta de colaboración y trabas al acceso a la información por parte de los funcionarios salientes, comportamiento que refleja un proceso que continúa y reproduce las dinámicas de la contienda electoral pasada.

Los procesos de empalme entre los gobiernos entrantes y salientes no son solo un requisito institucional, también forman parte de la teatralidad política necesaria en un sistema democrático. La idea del encuentro entre los antiguos contrincantes configura las formas en que una democracia simboliza la alternancia política y la continuidad del Estado. Sin embargo, el proceso de empalme entre la administración saliente de Petro y la entrante de De la Espriella no ha seguido las rutinas tradicionales de nuestra historia política. Dichas tensiones reflejan lo que será la base discursiva de la administración entrante y envían señales preocupantes sobre la continuidad de la campaña permanente en el ejercicio del nuevo gobierno.

Los empalmes: entre la rutina, la espectacularización y la sacralización

En toda sociedad existe una serie de rituales, procesos o acciones que separan lo profano (lo cotidiano) de lo sagrado (lo que responde a un orden superior o está sacralizado). Las instituciones públicas están profundamente atravesadas por esta sacralización de sus prácticas, rituales y lenguajes. El ritual de las elecciones, el acto de posesión y el proceso de empalme forman parte de aquellas expresiones que sacralizan, por un lado, la legitimidad democrática y, por otro, la magistratura presidencial.

En Colombia, en un contexto de arraigo santanderista, estos procesos se han institucionalizado progresivamente. Para ello, se cuenta con un marco normativo básico en torno a los deberes de los funcionarios salientes, guiado por los principios del derecho de acceso a la información, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Este marco se formalizó en 2005 mediante la Ley 951. Dicha norma no es propiamente un “libro blanco” ni un manual de instrucciones sobre la ritualidad, sino más bien una delimitación de responsabilidades y funciones para los cargos públicos entrantes y salientes. De ahí que, en la práctica, el empalme combine una serie de reglas informales con un marco normativo general y con las reglamentaciones de la Función Pública y de otros entes administrativos.

En nuestra historia reciente, los empalmes han sido, por lo general, procesos centrados en la espectacularización del intercambio entre el mandatario saliente y el entrante, por encima del interés en la gestión técnica. Así, por ejemplo, la expectativa nacional en torno a la cordialidad —o la falta de ella— en el encuentro entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, debido a su rivalidad política, resultaba mucho más mediática que los asuntos técnicos y el acceso a la información entre los gabinetes. Existió un interés notablemente menor en las transiciones entre Pastrana y Uribe, Uribe y Santos, e incluso entre Santos y Duque.

En tiempos recientes, la expectativa aumentó considerablemente durante el período de transición entre la administración de Duque y la entrante de Petro. No obstante, en aquella ocasión, el encuentro en la Casa de Nariño distensionó el ambiente político. Esta dinámica se repitió entre las vicepresidentas entrante y saliente, lo cual ayudó a generar un ambiente de mayor tranquilidad, aun cuando el equipo de empalme del gobierno Petro formuló duros cuestionamientos a la información entregada y al estado en que recibían el país. Es decir, aunque ya existían tensiones institucionales, el ethos político del encuentro presidencial prevaleció como el mensaje más relevante.

La judicialización del empalme: el relato de la auditoría forense

En esta ocasión, el proceso de empalme muestra una hostilidad inédita. En primer lugar, se destaca la negativa del mandatario entrante, De la Espriella, a asistir a la Casa de Nariño para sostener el tradicional encuentro con el presidente saliente. Esta falta de cordialidad marca una ruptura drástica con la tradición, dado que la reunión presidencial representa, en el plano informal, el primer paso de acercamiento entre las partes.

Por otra parte, se observa una fuerte tensión en las comunicaciones de los voceros del gobierno entrante, quienes señalan una presunta falta de colaboración y trabas al acceso a la información por parte de los funcionarios salientes. Frente a esto, el equipo del gobierno saliente ha respondido tachando dichas afirmaciones de falsas. A esto se suman los pronunciamientos en medios de comunicación de los posibles nuevos ministros, quienes denuncian faltas de transparencia y presentan solicitudes de información a través de canales hostiles, como los derechos de petición, ignorando los meses de preparación previa del gobierno saliente.

Este comportamiento refleja un proceso que continúa y reproduce las dinámicas de la contienda electoral pasada: una alta confrontación y un ataque sistemático al gobierno que se retira. Al transformar un trámite administrativo en un escenario de sospecha, la nueva administración configura el relato de una “auditoría forense”. Este concepto no opera como una herramienta técnica de revisión de cuentas, sino como una estrategia de enmarcamiento (framing) jurídico. Al presentar el empalme bajo la narrativa de un peritaje criminal o judicial, el gobierno entrante busca preconstituir la idea de que está recibiendo una “escena delictiva”. Este encuadre traslada el debate del terreno de la eficiencia política al de la responsabilidad penal, con lo que construye desde el primer día el sustento jurídico y discursivo para anular las políticas de la administración anterior.

Foto: Radio Nacional

¿Empalme o batalla contracultural?

De la Espriella ha mencionado en uno de sus comunicados más recientes que, durante su administración, librará una “batalla contracultural” contra los relatos de la izquierda. Esta idea de construir una hegemonía cultural como eje del ejercicio político, tan común en los discursos de las nuevas derechas globales, ayuda a entender la dinámica de este empalme. Lo que la ciudadanía colombiana está observando es un proceso a dos manos y en dos tiempos: mientras las reuniones se realizan bajo una aparente formalidad institucional, se aprovecha el interés ciudadano para construir un relato mediático de crisis absoluta en la administración del Estado o de la existencia de un macroestablecimiento de corrupción que debe ser combatido.

Por ello, no es ajeno que, en un esfuerzo de control de daños, la administración saliente manifestara su interés en transmitir en directo las mesas de empalme. La respuesta del director de empalme del gobierno entrante fue tajante al rechazar lo que consideró un “show mediático”, mientras el mandatario entrante grababa un vídeo desde su residencia en el Caribe con una serpiente.

Estamos, de este modo, ante un marco narrativo bipolar. Por un lado, una administración entrante que busca arrogarse un sentido de rigor técnico y defensa institucional frente a un gobierno saliente al que un sector del electorado siempre le cuestionó su capacidad técnica. Por otro lado, el nuevo gobierno mantiene un lenguaje de campaña agresivo y propone el “espejo retrovisor” como un ejercicio permanente. Si bien el uso del retrovisor es común en nuestra cultura política, en esta ocasión se presenta con mayor hostilidad. El objetivo no es solo legitimar al mandatario entrante, sino también cerrar cualquier posibilidad de competencia electoral futura a los integrantes de la administración saliente, lo que deslegitima de paso cada una de sus acciones.

Hay que recordar que, a pesar de la profunda tensión existente entre Duque y Petro durante su transición, el gobierno entrante de la época resaltó algunas acciones, programas y resultados de la administración saliente, ya fuera por cordialidad o como un ejercicio sincero de reconocimiento a la continuidad del Estado; una situación que, hasta ahora, parece no ocurrir en este período.

Mantener la dinámica de cordialidad y respeto entre las administraciones entrantes y salientes es una necesidad democrática, más aún cuando los recientes resultados electorales reflejan una sociedad profundamente dividida. Prolongar la confrontación electoral y convertirla en la base del nuevo gobierno constituye un escenario complejo y peligroso para el país. Nuestra democracia requiere un análisis más profundo y, sobre todo, una mayor preparación para evitar que estas tensiones se conviertan, de ahora en adelante, en la regla de la ritualidad de los procesos de empalme.

*Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, docente Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Universidad del Valle.

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Quien a estas alturas y con el mayor respeto piense que los medios de comunicación son ajenos a la política, sufre de un preocupante ataque de amnesia o de un rasgo alarmante de ingenuidad. Y eso sucede prácticamente en todo el mundo, incluido, por supuesto, el Vaticano. Solo basta seguir los rifirrafes entre Trump y el papa León.

Sólo que en este preciso instante las cosas están cambiando dramáticamente y existen realidades abismalmente diferentes, unas mejores que otras, experimentos en camino que ojalá cuajen y alguna que otra idea evidentemente nefasta.

Y dentro del mundo de la política y de los medios, las elecciones son sin duda un campo floreciente y minado que se replantea de fondo.

Medios en declive, medios que cambian

Desde la época colonial existieron periódicos en Colombia. Ya desde entonces estaban los supeditados a la Corona y los que buscaban promover su independencia. Pero solo fue hasta entrado el siglo XX cuando empezaron a aumentar los índices de alfabetización y crecieron los lectores más allá de las elites ilustradas, es decir, de aquellas que precisamente mandaron durante siglos.

Fue ese mismo siglo el que vio aparecer en los años 30 a la radio comercial y en los cincuenta, de la mano del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, nada menos que la televisión.

Por eso quizás el momento decisivo de la relación entre medios y elecciones fue paradójicamente aquel en que se pactó durante 16 años el Frente Nacional entre liberales y conservadores.  Antes existían púlpitos y casullas, balas y guerra civil, poetas de endecasílabos, jefes de directorios partidistas y gamonales (“Cóndores, los llamaban”, como en la novela de Álvarez Gardeazábal). En ese entonces, las elecciones se pactaron de Alberto Lleras Camargo a Misael Pastrana Borrero. Y al general de marras todo indica que le robaron… las elecciones.

El panorama mediático colombiano es por supuesto más diverso e interesante. El 1 de febrero de 1940 nació la Radio Nacional que hoy tiene nada menos que 73 emisoras descentralizadas, 20 emisoras de la paz y la reconciliación, uno de los inventos colombianos más interesantes de los años recientes, Señal Colombia, Radiónica, Señal Memoria, Señal institucional y un conjunto de medios regionales públicos que vinieron a mover en los 80 el mundo de los medios de comunicación del país y sus territorios. 

Pero como si fuera poco, y de verdad que no lo es, Colombia tiene una de las agrupaciones mayores de radios comunitarias del continente y el mayor número de medios nativos digitales de América, como lo confirmó el estudio sobre el Hormiguero, de la Fundación Gabo y la Google News Initiative y las investigaciones sobre el tema que hizo en tres ocasiones la Pontificia Universidad Javeriana con Consejo de Redacción.

Un cambio a profundidad: la digitalización de los medios

La gran conmoción de estos años es la revolución digital que como escribió uno de sus pensadores más lúcidos, Roger Chartier, “modifica todo a la vez, los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y diseminación, y las maneras de leer. Tal simultaneidad resulta inédita en la historia de la humanidad”.

Y esta transformación radical ha empezado a influir en el cambio del rostro de las elecciones en el mundo.

Lo que ha significado la migración de los medios tradicionales a su versión digital, la modificación del modo de funcionamiento de los medios como se conocían hasta hace unos años, el cambio de las audiencias y la aparición de nuevos medios digitales como La Silla Vacía, Razón Pública, Las dos orillas, La Cola de la rata, El cuarto mosquetero, Agenda propia, Casa Macondo, Raya o Agenda Baudó, para mencionar solo algunos de ellos. En otras palabras: está cambiando el escenario donde se escenifican la política, el poder y las elecciones.

Uno de esos cambios ha sido la presencia de los influencers y creadores de contenidos en el ámbito de la política, no solo hablando sobre ella, sino participando activamente en la movilización electoral de otros y por supuesto de sí mismos. De esta manera se han concentrado el comunicador, la comunicación y el político en un ser hibrido, una especie de cyborg.  Y por eso no resulta extraño que Westcol hable con el expresidente Uribe en medio de una audiencia gigantesca, especialmente de jóvenes, que le sería imposible reunir hoy a un medio tradicional.

La pauta oficial, que con frecuencia aprovechan los gobiernos, entra hoy en el terreno de las disputas sociales, como sucedió bajo el gobierno del presidente Petro al convocar a un congreso en Cali de medios alternativos, comunitarios y digitales, incentivando su presencia en una narrativa y una agenda que los alinderaba frente a los llamados medios hegemónicos, tradicionales o de la oposición. Flaco favor y bastante conservador, porque el destino de tales medios debería ser más la libertad que el adoctrinamiento, la creatividad que la obediencia, el pensamiento crítico que la ideología.

Lo que se advierte es un nuevo mapa que hace mucho más complejo el paisaje de los medios y más diverso el sentido de lo público y el proceso electoral.

Caben entonces varias reflexiones sobre el rumbo que tomaron las relaciones entre medios y elecciones en estos meses.

Mucho candidato y poco programa

A estas alturas los colombianos se acercarán a las urnas sabiendo más sobre la superficie de los candidatos que sobre la profundidad de sus programas de gobierno. 

La funcionalización de las campañas, acompañadas por grupos expertos, fórmulas conocidas y una vigilancia en detalle de la exposición pública del candidato-a, ha sido básicamente un despliegue estratégico, en que el país se escondió entre eslogans, en la ausencia de debate y en una mecánica emocional de las afiliaciones.

El candidato del Pacto Histórico eludió los debates por casi todos los medios, llegando a inventarse curiosas exigencias, pegado de pequeños papeles que en los colegios y escuelas suelen llamar “las copialinas”. Tiene pleno derecho, pero es muy posible que sus evasiones hayan causado justo recelo.

El candidato de la Espriella se hundió en su propia vergüenza, con planteamientos misóginos, maltrato a mujeres e irrespeto a periodistas.

La candidata del Centro Democrático quedo atrapada en su propio invento, al proponer como ministro a su jefe, que rápidamente sacó el cuerpo entre la débil gana de su candidato a vicepresidente, quien es mucho más original para proponer temas que resuenen en los deseos de los votantes.

Los candidatos centristas quisieron enriquecer el debate para el que tenían más deseos que posibilidades.

En fin, el diálogo público fue lánguido, poco original y sobre todo alejado de las necesidades más urgentes de un país en crisis.

Los vaivenes de las estadísticas

La ley que vino a replantear el papel de las encuestas empezó a mostrar sus huecos: sondeos presentados como encuestas,  muestreos criticados entre la tramoya de los datos digitales, compañías llamadas al orden, expertos profesores contribuyendo al batiburrillo, algoritmos que cuentan a partir del tráfico virtual de los consumidores y hasta casas de apuestas entrando al jolgorio, fueron temas críticos que en las penumbras del 31 de mayo pondrán en escena el divertimento nacional de saber cuán lejos o cerca quedan los aciertos de las fallidas premoniciones de las mediciones.

Un gesto interesante han sido los procesadores de datos que agregan algo de análisis a la competencia de las encuestas, que continúan debiéndole al país su dosis de verdad o de debida sorpresa.

La legislación sobre las consultas previas se ha convertido en parte importante del proceso electoral: son un calentador previo, se han convertido en una decisión crucial, enfocan a la competencia y dirimen alternativas.

Las amarguras del mensajero

La famosa metáfora que recuerda el peligro que corren los mensajeros, es pariente cercana de la máxima del Quijote a su amigo y compañero: “Ladran, Sancho. luego cabalgamos”. 

Las dos figuras se cumplieron al pie de la letra en el proceso electoral de este año y tuvo como objetivo un medio de comunicación. La Silla vacía es, sin duda, el medio digital más importante del país.  Centrado en el análisis de las diferentes formas del poder, ha logrado construir un tipo de periodismo independiente, documentado y original, que combina el centro de la política con la diversidad de realidades de los territorios, otras aproximaciones a los problemas con un conjunto de narrativas y metodologías en que cabe un país complejo. 

Como lo escribió su directora Juanita León “Las campañas de desprestigio contra un medio buscan precisamente eso: aislarlo. Convertirlo en sospechoso. Reducir años de trabajo a una etiqueta: “vendidos”, “activistas”, “enemigos”. Pero cuando hay una comunidad que conoce la trayectoria de un medio, que ha leído sus investigaciones, que ha celebrado sus aciertos y también ha señalado sus errores, esa estrategia pierde fuerza”.

Que los extremos se tocan es un lugar común. Y tanto Trump como Petro se han definido en sus mandatos como enemigos de los medios. El listado de las críticas tiene puntos en común y singularidades propias y los medios de comunicación suelen “tallar” en algunos de los puntos que más duelen. El asunto no es simplemente anecdótico. Tiene que ver con uno de los aspectos que se redefinen en las democracias contemporáneas, al mismo tiempo que se lleva a cabo un replanteamiento de dimensiones centrales de los medios y el periodismo.

Mirados desde el mundo

Las elecciones son pensadas habitualmente como uno de los procesos internos más propios e identificables. No puede ser de otro modo. Lo que se decide es nada menos que la selección social del poder, lo que un país desea hacer y proponerse para su próximo futuro. Así de crucial

Pero cada vez la preocupación de otras sociedades es mayor sobre este proceso idiosincrático, por una sencilla razón. La interconexión es cada vez mayor y más imprescindible. Lentamente han ido apareciendo medios de comunicación internacionales que tienen versiones nacionales como sucede con El País de Madrid, probablemente el mejor medio de comunicación en español, que cuenta con equipos periodísticos propios y agendas que se diferencian de las de los medios nacionales y regionales.

Desde hace un tiempo se ha venido fortaleciendo France 24 en español, dirigida por Álvaro Sierra, que aporta una perspectiva diferente y en muchos casos original y sin el peso de los resabios conocidos de la cobertura interna, que en buen momento abre las ventanas a otros aires y otros diálogos necesarios.

Hay finalmente algunos informes de medios internacionales que refrescan el panorama y plantean preguntas que terminan incidiendo en un conocimiento más crítico del proceso electoral.

De lo gubernamental a lo público

Uno de los grandes debates que se le adeudan al país es el de sus medios públicos. Milei utilizó la motosierra en Argentina y hace poco el nuevo Primer ministro húngaro puso en entredicho el modelo de Orban mientras lo somete a una cirugía minuciosa. 

La actual administración de Inravisión apostó más por la televisión gubernamental que por la pública. Un asunto delicado y que debe ser discutido. Ha sido así por varios motivos: la confusión que se deriva del nombramiento presidencial del director de la entidad, las relaciones con procesos estatales de diferente naturaleza y exigencia, la capacidad informativa de los gobiernos o las limitaciones para el desarrollo de sus propuestas en las realidades de la oposición.

Se han hecho esfuerzos por atender las realidades de los territorios con frecuencia abrumados por la desatención y el centralismo, han ingresado a la representación mediática sectores sociales excluidos o invisibilizados, se ha buscado fortalecer el sistema informativo propio e intentado la integración de medios y lenguajes, entre ellos el digital

En un momento decisivo de la reconsideración de la democracia, lo que se abren son numerosos interrogantes sobre las nuevas relaciones entre poder, medios y elecciones.

*Profesor e investigador en comunicación y cultura, fue defensor del lector del periódico El Tiempo.

La entrada Medios poder y elecciones se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El próximo domingo no asistiremos a una fiesta democrática, sino a un ejercicio de canibalismo político amparado por la ley.

El espejismo del orden: partidos en liquidación

La primera pista de este desastre es la orfandad institucional. En Colombia, los partidos han dejado de ser voceros organizados de intereses sociales o de corrientes ideológicas, para convertirse en cascarones de avales. 

Se supone que las consultas fueron inventadas para escoger al candidato o candidata de los tres grandes bloques de opinión que existen en Colombia: la izquierda, el centro y la derecha.

Pero es todo lo contrario: lejos de decantar liderazgos, las consultas están operando como un factor de división interna. La última encuestas de Invamer lo confirma: la dispersión es tal que, en el escenario de primera vuelta, aparecen hasta 17 nombres con intención de voto. 

Las consultas, en lugar de reducir esta lista, la ha congelado legalmente, impidiendo las alianzas naturales que el sentido común dictaría para mayo.

La emboscada: atajar al puntero

La lógica de estas tres consultas no es propositiva, sino reactiva. El objetivo de los precandidatos no es ganar la presidencia, sino evitar que el puntero de su propio espectro se vuelva inalcanzable.

En la izquierda, la consulta del “Frente por la Vida” no es más que una maniobra para tratar de atajar a Iván Cepeda. 

Peor todavía: esta consulta se limita a medir un candidato de pura maquinaria con otro candidato de maquinaria-demagogia, que solo tienen en común su falta de trayectoria dentro de la izquierda. Según Invamer, Daniel Quintero puntea la intención de voto, con un abrumador 68,1 %, superando con creces a Roy Barreras (23%). 

—En la derecha, la «Gran Consulta por Colombia» busca contener a Abelardo de la Espriella. 

Aunque Abelardo marca un sólido 18,9 % en primera vuelta, la consulta interna la ganaría Paloma Valencia con el 41,6 %, actuando como un filtro de la «vieja guardia» contra un outsider.  

Más todavía: esta consulta es el intento de vender a la muy uribista Paloma Valencia como vocera del centro. Otros cinco candidatos (Galán, Oviedo, Peñalosa, Cárdenas y Luna), sencillamente prestaron su nombre para maquillarla; Vicky y Pinzón son tan derechistas o casi como Valencia.   

—En la “Consulta de las Soluciones”, Claudia López domina con un 92,9 % frente a un señor desconocido y trata de atajar a Sergio Fajardo con su 10,3 % de apoyo nacional. Una victoria pírrica en un sector que pierde tracción frente a los extremos.

El fenómeno de los votos postizos

La legitimidad del 8 de marzo será una ficción estadística. 

La simultaneidad con las elecciones de Congreso garantiza una afluencia de público que no está allí por los presidenciales, sino por sus barones electorales. Muchos marcarán un tarjetón sin convicción, porque lo tienen a la mano. Estos son los «votos postizos». 

Candidatos como Quintero, con un 68% en la consulta pero apenas un 1,4 % en primera vuelta, son el ejemplo de un poder prestado por la inercia del día de las elecciones que, no obstante, tiene consecuencias legales permanentes.

Y los comentaristas y “expertos” electorales se han dedicado a convalidar esa ficción. Dicen que si Quintero o Barreras sacan muchos votos, Cepeda tendrá que retirarse de la escena, que si Claudia logra más de un cierto número de votos, Fajardo tendrá que retirase, que si a Paloma le va muy bien es Abelardo quien tendrá que ceder. 

Pero sucede que ni Cepeda, ni Fajardo ni Abelardo tienen por qué resignarse ante unos votos postizos o, para decirlo de modo más directo, ante la “gran encuesta” que tendremos el próximo domingo – y donde solo faltó el detalle de que ninguno de los tres punteros fue incluido.

El absurdo legal: la trampa de la Ley 1475

Aquí comienzan las complicaciones de la legislación electoral, el enredo que armó la Constitución del 91 y han seguido enredando las leyes, decretos y decisiones de la Corte, el Consejo de Estado y esa perla que llamamos Consejo Nacional Electoral. 

La Ley 1475 de 2011, en su Artículo 7, establece que “el resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”. 

Pero esta obligatoriedad tiene doble filo que impide las coaliciones. Veamos:

El ganador de la consulta no está obligado legalmente a inscribirse para la primera vuelta. Tiene la potestad de decidir no hacerlo. Por eso dicen los más despiertos que el remedio es simple: que Quintero (o Barreras), Claudia y/o Paloma desistan si “no les va bien” (¿según quién?).   

Sin embargo —y aquí reside la trampa—, si el ganador renuncia o decide no inscribirse, el partido o coalición pierde el derecho a participar con un sustituto. La ley impide que el segundo en la consulta tome el lugar del primero. Si el ganador se retira con la intención de «unificar» el sector alrededor de otro nombre (por ejemplo, Cepeda o Fajardo), el resultado es el auto suicidio del partido:  o corren con un candidato que los datos muestran inviable, o no corre en absoluto.

 Además, la Sentencia C-490 de 2011 refuerza este amarre mediante la doble militancia: el ganador no puede apoyar a otro ni el partido buscar un plan B.

Y falta lo peor: si el candidato o candidata no se inscribe para la primera vuelta, el partido, movimiento o grupo que lo haya inscrito pierde el derecho al reembolso de los miles de millones de pesos que hayan invertido, debe devolver de inmediato los anticipos que haya recibido y hasta —en opinión de juristas en un país de juristas —podría ser obligado a pagar los gastos de la Registraduría. 

La Sentencia C-490 de 2011 deja claro que el «amarre» es total; el ganador es el dueño del aval y, si no lo usa, quema la personería y hace una tronera en las flacas finanzas del partido. 

El reto de la reunificación, los caudillos —o la falta de árbitro—

El 9 de marzo habrá tres mesas de póker: Paloma, Claudia y Barreras o Quintero tratarán de “cañar” a De la Espriella, Fajardo y Cepeda con los muchos o los pocos votos que obtuvieron, —y que los tres últimos declararán postizos, porque ninguno es bobo. En vez de facilitar la unificación, las consultas endurecerán las posiciones de los dos candidatos rivales sobre las bases de unos votos dudosos y unas encuestas que también son dudosas.  

Roy o Quintero esperarán que las encuestas de marzo los muestren adelante. Pero Cepeda no puede renunciar sin destruir al Pacto Histórico. 

Claudia y Fajardo conversarán con más sosiego, pero la herida es honda y se ha agravado. De hecho en las últimas encuestas (distintas de las de Invamer y Atlas Inter) Claudia aventaja a Fajardo y esto hace todavía más difícil la conversación.

Paloma esperará repuntar en la opinión. Pero Abelardo tiene un ejército (literalmente), unas iglesias militantes (14% de la población), una derecha dura, una platica (no sé yo de dónde) y un mesianismo que no lo para nadie. 

Entonces vendrá el momento de los árbitros:

En la derecha, Uribe tendría que imponerse sobre el ego indoblegable de Abelardo o sacrificar a Paloma su pupila. Si el «uribismo pura sangre» no acepta al ganador, la derecha llegará rota.

En el centro, al no haber un árbitro, el ganador será una náufraga o naufrago legal con un aval legítimo, pero sin ejército.

En la izquierda. Petro tendría que doblegar a Quintero o a Barreras —dos personajes que saben cobrar caro sus favores—o hacerse el harakiri de pedirle a Cepeda que desista, es decir, enterrar legalmente al Pacto Histórico antes del próximo 31 de mayo. 

Conclusión: el triunfo de las minorías

Los resultados de las encuestas publicadas hasta ahora son unánimes: Cepeda, De la Espriella y Fajardo son los punteros sostenidos e inequívocos en sus campos respectivos (con la salvedad sobre Claudia que mencioné más arriba). Cepeda puntea con más frecuencia; Abelardo fluctúa, pero se sostiene; Fajardo se mantiene en sus cifras modestas.

El carisma personal es importante (la prueba es Abelardo), pero no es necesario (la prueba es Cepeda): detrás de las encuestas no están los candidatos, sino además y sobre todo las fuerzas sociales o las corrientes ideológicas que dividen y seguirán dividiendo al país colombiano. 

Tan solo que esa medición entre las fuerzas profundas está siendo oscurecida y confundida por nuestro farragoso sistema electoral, donde las vanidades y los cálculos estratégicos pueden más que los intereses nacionales.

La cuestión es sencilla: en una primera vuelta con seis candidatos (en realidad 17 candidatos, según la encuesta de Invamer), la aritmética enseña que la torta se parte en pedazos más pequeños y que por eso ganan los dos que sean menos pequeños. 

En un escenario donde además el centro y las coaliciones se bloquean en sus propias reglas, las minorías polarizadas aseguran su paso. Iván Cepeda (37,1%) y Abelardo de la Espriella (18,9%) son los beneficiados de esta fragmentación.

El 8 de marzo no habremos elegido a una presidenta o presidente, sino que habremos destruido la posibilidad de cualquier alternativa que no pase por el odio o el miedo. La legislación electoral, en manos de una clase política incapaz de coordinarse, ha firmado el acta de defunción de la unidad nacional.

* Director y editor general de Razón Pública.

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