El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no pudo contener las marchas de protesta en contra de varias de sus políticas de gobierno, apresurado dictó un decreto con el que pretendía frenar las protestas  pero los opositores se midieron en el primer pulso de esta naturaleza en apenas dos meses de gobierno.

Mientras que el citado decreto era demandado por inconstitucional de acuerdo con los demandantes quienes consideran que esta medida debe pasar por el Congreso de la República, las principales ciudades del país afrontaron grandes manifestaciones y consignas en contra del mandatario.

Una de las manifestaciones más concurridas se registró en la ciudad de Cali, mientras  que en Sincelejo, la misma desbordó todos los pronósticos en asistencia, considerado por muchos como un espaldarazo al alcalde local ante el choque sostenido hace un par de semanas con el presidente de la Espriella.

Entre tanto en  ciudades como Medellín y Bogotá las marchas fueron enormes, pese a las lluvias e incluso granizada como en el Distrito Capital, algunos pronósticos revelaron que las lluvias serían factor  para disminuir la presencia de los marchantes, pero estos  salieron armados de paraguas y soportaron los embates del clima.

La oposición le exige al gobierno no dar marcha atrás a las conquistas de los trabajadores, a la protección de los páramos y no al recorte de las libertades y a la penalización de la protesta social, entre otras reclamaciones como el recorte al presupuesto de la universidad pública y la amenaza del ingreso de la fuerza pública a los claustros universitarios.

Demandan decreto

El representante a la Cámara Santiago Osorio Marín anunció que radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, y solicitó su suspensión urgente.

La nueva normativa modifica las reglas de actuación de la Policía durante las manifestaciones y permite intervenciones inmediatas contra personas que cometan determinados actos violentos, sin necesidad de agotar previamente todas las etapas de diálogo.

El congresista sostiene que esta materia debe ser regulada mediante una ley estatutaria y que el ejecutivo busca saltarse al Congreso.

El cierre de esta nota las marchas  se desarrollaban en calma, con con algunos provocadores intentando sin éxito alterar el orden público.

La entrada Con marchas la oposición desafía al gobierno se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Recientemente, me encontré con un video sobre «Yo, Robot», la famosa obra de Isaac Asimov. La paradoja que plantea me ha hecho reflexionar. En ese mundo, los robots fueron creados para proteger a los humanos y seguir un conjunto de reglas. Sin embargo, el problema surge cuando cumplen su misión de tal manera que deciden que deben tomar decisiones por nosotros. No se rebelan contra la humanidad; en realidad, intentan salvarnos incluso de nosotros mismos.

Esta paradoja es similar a la que enfrenta cualquier democracia. Un gobernante recibe un mandato para servir al interés general, pero puede convencerse de que sabe mejor que los ciudadanos lo que es ese interés y que tiene el derecho de imponerlo, aunque eso signifique ignorar a la gente.

La paradoja de Asimov resuena hoy más que nunca. La discusión sobre una posible inteligencia artificial general, que podría superar nuestras capacidades, plantea una pregunta similar. Si existiera una inteligencia mucho más poderosa que nosotros, y supiéramos que realmente busca nuestro bienestar, ¿estaríamos dispuestos a entregarle el control sobre nuestro futuro?

Probablemente no. Podríamos utilizarla para resolver problemas complejos, anticipar riesgos y tomar decisiones más informadas, pero cederle el poder de decidir cómo debe ser nuestra sociedad, qué libertades debemos sacrificar o qué futuro debemos aceptar, sería otra historia. Reconocer una inteligencia superior no significa renunciar a nuestra libertad de decidir.

Es importante reflexionar sobre esto, más allá de la situación que plantea la ficción. Si nos resistimos a entregar nuestra soberanía a una inteligencia hipotéticamente superior, con mayor razón deberíamos resistirnos a entregársela sin reservas a un gobernante de inteligencia normal.

No elegimos a un gobernante porque sea más inteligente que nosotros o porque posea una verdad superior. Lo elegimos para que ejerza, durante un tiempo determinado, unas facultades que siguen perteneciendo a los ciudadanos. No se le entrega la soberanía del país ni la soberanía individual de nadie. Se le confía la responsabilidad de gobernar por un período previamente establecido.

Esta diferencia parece elemental, pero es precisamente la confusión que algunos gobernantes terminan haciendo. Reciben un mandato y comienzan a actuar como si tuvieran la autorización para imponer su voluntad, como si el resultado electoral les diera el derecho a definir quién tiene razón y a considerar ilegítima a la parte que no los apoyó. Ese es el primer paso hacia el autoritarismo.

Colombia debería prestar especial atención a este asunto en el contexto político actual. El gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzó el pasado 7 de agosto, representa un cambio radical en comparación con el de Gustavo Petro. Entre sus principales propuestas se encuentran la reducción del tamaño del Estado, una política de seguridad que recuerda a la de Álvaro Uribe, la reversión de avances en equidad, la disminución de la inversión social, el fortalecimiento de la economía extractivista y una agenda conservadora en asuntos culturales y de derechos.

Un cambio de rumbo no es, en sí mismo, un problema; para eso están los gobiernos. El problema comienza cuando ese giro se convierte en una reversión de derechos ya reconocidos, en la subordinación de las instituciones a una visión ideológica particular y en la exclusión de quienes no la comparten.

No se trata simplemente de cambiar una política económica por otra. Es algo más profundo. La posibilidad de que un gobierno use la fuerza de su mayoría en el Congreso para desconocer derechos ya reconocidos por las instituciones democráticas y las altas cortes. Derechos que no deberían depender de quién ocupe temporalmente la Casa de Nariño.

Ese es precisamente el sentido de las instituciones. La democracia no es solo el gobierno de las mayorías. Es el gobierno de las mayorías dentro de un marco que protege los derechos de todos, incluidas las minorías y quienes piensan diferente. Por eso preocupa cuando la política comienza a dividir al país entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser silenciados, entre ciudadanos «de bien» y ciudadanos sospechosos, entre quienes se apropian de los recursos del país como patrimonio propio y quienes son presentados como una carga o una amenaza.

En este contexto, la relación entre el poder político y los medios de comunicación cobra una gran relevancia. Una democracia necesita una prensa que incomode al poder, no que se acomode a él. Necesita periodistas que investiguen tanto al gobierno de turno como a quienes tienen intereses económicos en sus decisiones. Pero, en Colombia se percibe un silencio incómodo de buena parte de los medios frente a determinadas actuaciones del poder. No todos han asumido esa conducta, pero el silencio de algunos resulta demasiado cómodo cuando lo que está en juego son derechos y límites al poder.

Algo similar ocurre con las instituciones, cuya legitimidad depende de que puedan actuar con independencia frente al gobierno, los partidos y los intereses económicos. Cuando los ciudadanos perciben que responden más a una élite que al interés general, la democracia pierde algo más grave que la confianza: pierde autoridad moral.

Esta preocupación no debería ser exclusiva de quienes se identifican con una corriente política determinada. Debería importarle a cualquier demócrata que entienda que los derechos civiles y sociales no pueden convertirse en un botín de cada cambio de gobierno.

El gobierno anterior tuvo aciertos y errores. Algunos de sus proyectos se frustraron, otros fueron modificados en su alcance y varios de sus resultados siguen siendo objeto de controversia. No hay razón para idealizarlo, pero tampoco para desconocer los avances reales en materia social, como la reducción de la pobreza, la entrega de tierras a campesinos, el aumento de la oferta de educación superior pública y el incremento del salario mínimo, entre otros.

Hay algo, sin embargo, que es aún más delicado. Si un gobierno que renunció al empalme, y sin datos verificables, asume que quienes lo precedieron hicieron todo mal, que quienes piensan diferente son enemigos y que sus propias convicciones justifican desmontar instituciones, derechos o controles, el problema deja de ser ideológico y se convierte en un problema de soberbia de poder. Una soberbia que termina atentando contra la estabilidad y la armonía social necesarias para gobernar.

Aquí vuelve a inquietar la pregunta inicial. La paradoja de Asimov. Si nos resistiríamos a entregarle a una inteligencia artificial, por más inteligente que fuera, la potestad de decidir sobre el futuro de la humanidad, ¿por qué deberíamos entregársela a un gobernante humano común?

El riesgo aumenta si ese gobernante está condicionado por intereses políticos, económicos, religiosos o ideológicos, si confunde su proyecto personal con el interés nacional, si privilegia la lealtad sobre la competencia al elegir a sus colaboradores y si percibe la discrepancia como una amenaza. No hace falta especular sobre diagnósticos ni sobre su salud mental para reconocer ese peligro. Basta observar cómo ejerce el poder y si entiende que ese poder es delegado, temporal y limitado.

Gobernar con una ideología no significa exigir que toda la nación se someta a ella. Ser elegido otorga el derecho a ejercer el gobierno, no a decidirlo todo. Transformar políticas dentro de los límites constitucionales no es lo mismo que eliminar derechos que la Constitución protege, y ejercer autoridad no es lo mismo que someter a quienes piensan diferente. Esta distinción, entre gobernar y someter, es la que separa a un gobierno democrático de uno que no lo es.

Colombia cuenta con instituciones que, a pesar de sus imperfecciones, permiten corregir los excesos del poder. Tiene una Constitución que reconoce derechos fundamentales, cortes que controlan los actos de los poderes públicos, órganos de control, medios de información independientes, oposición política y elecciones periódicas. Estos mecanismos no son adornos. Son la condición que impide que una persona o un grupo concentre poder absoluto.

Por eso, el mayor riesgo no está en que un gobierno se equivoque, sino en que intente eliminar la posibilidad de corregir sus errores. Una política puede modificarse, una ley puede derogarse, un gobierno puede ser reemplazado. Lo que no admite corrección es la destrucción de los mecanismos que permiten hacer esos ajustes.

La democracia no requiere gobernantes infalibles. Requiere gobernantes que reconozcan sus límites y ciudadanos dispuestos a hacerlos respetar. A un gobernante se le entrega temporalmente el gobierno, no la soberanía. No se le concede la facultad de definir qué ciudadanos merecen derechos ni la de imponer sus convicciones como verdad nacional. Tampoco se le permite ajustar el país a los intereses de un grupo. Se le otorga un mandato, y todo mandato democrático puede ser controlado, cuestionado y, si es necesario, retirado. Una sociedad que pierde la capacidad de cambiar a su gobernante, corregir sus decisiones y defender sus derechos frente al poder deja de delegar el gobierno y renuncia a su libertad.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

La entrada ELEGIR UN GOBIERNO NO ES ENTREGAR EL PAÍS se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El nuevo gobierno enfrenta un enorme déficit fiscal, una economía con poco margen de maniobra y una seguridad deteriorada. De la Espriella promete hacer lo contrario de Petro, pero buena parte de su agenda ya está dictada por los problemas que heredó.

Una agenda petrificada

El panorama para el gobierno de la “patria milagro” es bastante complejo: su agenda está “petrificada” en dos sentidos:

-Por un lado, en lo que respecta a su orientación, De la Espriella quiere presentarse como todo lo opuesto a Petro. Como si siguiera en campaña política, el actual gobierno está empecinado en hacer todo lo contrario del anterior, incluso si eso resulta poco razonable en ciertos casos.

-Por otro lado, más allá de lo que De la Espriella quiera hacer, las prioridades de su agenda económica las impuso, en gran medida, la irresponsabilidad de Petro. Dado que Petro se saltó la regla fiscal, gastó a seis manos y aumentó la deuda pública como proporción del PIB a niveles casi sin precedentes, dejó un enorme hueco fiscal, lo que constriñe significativamente el margen de maniobra del actual gobierno.

¿Qué nos espera de toda esa “petrificación”? Empiezo por lo último.

La estrechez fiscal

El gobierno no tiene más remedio que ajustarse el cinturón. De la Espriella debe poner la casa en orden para evitar que el déficit fiscal siga aumentando hasta llevar al país a un punto de no retorno. A esto se suman gastos por una calamidad natural inesperada (el terremoto) y por otra que, aunque esperada, prende alarmas por su magnitud (el fenómeno del Niño).

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya anunció fuertes recortes en el gasto del Estado (cerca de 45 billones de pesos en dos años) y aludió a una próxima reforma tributaria. Aunque todavía no se sabe qué incluirá dicha reforma, el funcionario mencionó la dificultad de cobrar más impuestos, así como su preferencia de eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el impuesto de renta a las empresas y el cuatro por mil con el fin de atraer inversión extranjera. Qué tan conveniente y viable sea disminuir la recaudación de impuestos con semejante déficit fiscal es una pregunta abierta.

Se respira, en todo caso, un aire nuevo en las relaciones del nuevo gobierno con el sector privado. Mientras que Petro mantuvo una relación tensa y distante con el empresariado, caracterizada por frecuentes choques y desencuentros, De la Espriella ha buscado un acercamiento con ese sector. El nuevo gobierno se ha propuesto recomponer las relaciones con el sector privado y para ello ha tomado distintas medidas.

Además de anunciar la (posible) reducción de impuestos a las empresas, De la Espriella retomó la exploración y producción de petróleo y gas que Petro, con su agenda ecologista, había abandonado. Con el argumento de que no podemos renunciar prematuramente a esa fuente de ingresos, y que las acciones de Petro pusieron en riesgo la soberanía energética del país, el gobierno reactivará el sector extractivo.

Con la escasez de plata para gasto e inversión por parte del gobierno, todo parece indicar que las inversiones del sector privado serán claves para generar un crecimiento de la economía. El gobierno quiere ampliar el modelo de “obras por impuestos” (donde la realización de obras públicas queda en manos del sector privado a cambio de una reducción de impuestos), con lo cual el empresariado contribuiría más en la construcción de infraestructura.

Por supuesto, el modelo público-privado existe desde hace tiempo y ha tenido varios resultados positivos. No obstante, preocupa que, debido a la crisis fiscal, el gobierno esté en una posición debilitada frente al sector privado y con muy poco margen de maniobra en la economía. Eso no le conviene al país. El sector privado tiene, en general, pocos incentivos para proveer bienes públicos, y a la creencia de que “siempre” actúa en forma rápida y eficiente, hay que contraponer todas aquellas instancias de rentismo y corrupción que han involucrado a empresarios. ¿Cómo podría un Estado débil y con una baja tributación brindar bienes públicos y defender eficazmente el interés colectivo cuando entre en contradicción con intereses privados?

Sin demonizar al sector privado y mucho menos abogar por un estatismo exacerbado, hasta donde conozco, todos los milagros económicos que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial han involucrado a gobiernos relativamente fuertes, que han implementado políticas industriales eficaces y sostenidas, con incentivos y constreñimientos al sector empresarial. Dadas las circunstancias, no será nuestro caso.

¿De dónde saldrá el crecimiento?

Con la crisis y los recortes, ¿qué podrá aportar el gobierno de la “patria milagro” al crecimiento económico? Parecería que, por cuenta de la “petrificación”, no tanto.

Nótese que, para propiciar el crecimiento económico, todo gobierno debe, como mínimo, brindar un conjunto de bienes públicos como seguridad, educación, infraestructura y salud.

Como se dijo antes, el gobierno poco podrá invertir en infraestructura y delegará labores al sector privado.

En cuanto al sector salud, deberá hacer maromas para aliviar la situación dramática que dejó Petro, además de lidiar con la bomba pensional.

En educación, no es tan claro de dónde sacará la plata para la formación de 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es otra promesa del programa de gobierno. Tampoco se han conocido propuestas concretas para solucionar problemas de fondo sobre la calidad de la educación que lleven a parar el continuo deterioro en las pruebas PISA, o a lograr que la educación se conecte mejor con el sector productivo y contribuya a una mayor productividad.

La apuesta por la seguridad

Con los pocos recursos disponibles parece que la apuesta principal del gobierno se refiere a la seguridad.

El aumento de la inseguridad ha sido una de las grandes preocupaciones del empresariado, y De la Espriella se ha presentado como adalid de la mano dura. Ya cerró las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales, y ha dado ultimátums a las varias organizaciones criminales para que desistan de sus actividades y se entreguen a la justicia.

Si el gobierno logra mejorar la seguridad, eso favorecería el crecimiento económico y a los empresarios. Contrarrestar la extorsión en los territorios donde ha aumentado la injerencia de grupos criminales llevaría a mayores inversiones del sector privado, mayor empleo, y mejoraría también la tributación del Estado.

Pero De la Espriella no es el primer presidente que promete mano dura, y no sabemos qué tanto funcionarán sus medidas. Aunque el gobierno anunció un nuevo estatuto antiterrorista, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y la construcción de diez megacárceles, no sabemos si esas herramientas serán adecuadas y suficientes para contrarrestar y disuadir a las organizaciones criminales.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Uribe era presidente, la economía no está boyante y el actual gobierno tampoco cuenta con un Plan Colombia que respalde las acciones militares. En su reciente visita, Marco Rubio apoyó al gobierno en sus acciones contra los grupos armados ilegales y Estados Unidos reasignó 52 millones de dólares para repartir entre Colombia, Ecuador, Perú y Panamá en la lucha contra la criminalidad. Eso es una pequeña fracción de los recursos de cooperación del Plan Colombia que fueron cerca de 9.600 millones de dólares durante quince años.

Por supuesto, la amenaza que representan los grupos armados ilegales hoy es distinta de la de las FARC y el ELN durante la era de Uribe, pero ha aumentado significativamente. Según el Ministerio de Defensa, el número de integrantes de los grupos armados ilegales aumentó en un 90% durante el gobierno de Petro, al pasar de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026. Un estudio de PARES también notó un incremento del número de municipios con presencia de grupos armados ilegales, de 410 en 2022 a 497 en 2025.

Hablar duro y amenazar a los grupos ilegales es fácil, pero puede resultar contraproducente a falta de un poder disuasivo contundente. Los ultimátum y golpes al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y el ELN ya han generado respuestas violentas de los grupos criminales contra la fuerza pública en distintos territorios. Si los grupos criminales mantienen el control territorial ganado y responden a las acciones de la fuerza pública incrementando la violencia, existe el riesgo de que en un mediano plazo el gobierno no logre cumplir la promesa de mejorar la seguridad.

¿Solo mano dura?

No hay duda de que la “paz total” fracasó, en parte por la falta de una buena estrategia, con metas concretas y plazos definidos. Al mismo tiempo, es torpe de parte del gobierno desechar por completo la vía negociada simplemente por llevarle la contraria a Petro.

Si se reformula seriamente la estrategia, una negociación quizás podría funcionar con unos cuantos grupos que tengan voluntad de desmontar sus estructuras. Poner todos los huevos en la canasta de la “mano dura” en un contexto de alto déficit fiscal, ayuda internacional precaria y fortalecimiento significativo de los grupos armados ilegales es una apuesta arriesgada.

Por cuenta de la crisis fiscal el gobierno de la “patria milagro” se encuentra en calzas prietas incluso para desempeñar funciones básicas. A falta de plata, es realmente importante actuar en forma inteligente y pragmática. Como pintan las cosas, por ahora el mayor milagro que podemos esperar es que aguantemos con el agua al cuello, y a rezar para que no suba la marea.

*Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.

La entrada ¿Qué podemos esperar de la agenda “petrificada” del gobierno? se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Un grupo 200 mujeres organizadas en diferentes colectivos culturales de Colombia, hicieron público un pronunciamiento en el cual rechazan tajantemente la denominada “batalla cultural” que intenta implementar el nuevo gobierno en el país.

En el documento se refieren expresamente al recorte del presupuesto para el sector cultural y advirtieron que la cultura en crucial para derribar un orden social, citando a Gramsci. Aquí la comunicación completa:

“¿Estamos ante un golpe de Estado cultural? El Gobierno de Abelardo de la Espriella no entregará en 2026 recursos para artistas y gestores culturales en las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Esta decisión quedó consignada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, que determinó que no habrá evaluación, designación de ganadores, ni asignación de recursos para esas categorías, ya que no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional necesaria para asumir esa fase. Lo anterior es tan sólo una de las cosas que nos están sucediendo como artistas, escritoras, editoras, traductoras, gestoras y cultoras dentro del actual gobierno. Esta decisión afecta de manera directa la calidad de vida de las mujeres que hacemos parte del Sistema, contribuyendo a la pauperización cultural, ya que somos muchas, dentro del sector literario, que logramos un reconocimiento profesional, artístico y económico a través de dichos estímulos.

Después de 27 años, desde que se creó el Ministerio de las Culturas –en su momento también llamado Ministerio de la Paz– parece que al nuevo Gobierno le basta, con simpleza, quitarnos presupuesto, talento humano, capacidad técnica e instrumentos de política pública; así se afectan los recursos, equipos de trabajo, programas culturales. Con estas decisiones estamos ante la desaparición de una política cultural del Estado. Asimismo, se están viendo afectadas las personas trabajadoras, contratistas y de carrera, que venían desarrollando proyectos que atienden a la diversidad y posibilidades de la literatura en muchos campos, no solamente en MinCulturas, también en Instituciones como la Biblioteca Nacional o el Instituto Caro y Cuervo.

Como movimiento Colombia Tiene Escritoras (CTE) queremos alzar nuestra voz de rechazo ya que no queremos dar pasos atrás, en donde se decide quién “merece” -o no- ganar un reconocimiento sin criterios objetivos y bien valorados. El Gobierno de Abelardo plantea una lucha por redefinir ideas como la religión, la soberanía, la naturaleza, la familia, la identidad y los derechos conquistados por la sociedad civil, y a esta “ideología” que quiere imponer la llama “batalla cultural”. Vale decir que De la Espriella hace un muy mal uso del término que fue planteado inicialmente por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci al acuñar conceptos como sentido común o hegemonía. El filósofo comprendió que la cultura es crucial para sostener o derribar un orden social establecido.

En lo que respecta a la “batalla cultural” de Abelardo, como mujeres del ecosistema del libro vemos varios problemas de planteamiento, principalmente en cuanto a la libertad, cuando, en

su nombre, se niega la existencia del otro y su diversidad, o a la soberanía que, de manera arrogante, declara nuevas formas de dependencia del Estado.

Incluso podría pasar con la palabra mujer si borra, tacha o reescribe nuestras logradas conquistas. Se niega nuestra memoria y se tergiversan nuestras acciones como parte de un sistema cultural. Así, el sentido de las palabras libertad, soberanía, mujer, naturaleza, amor, democracia, niña, dios, historia o memoria varía según quién las pronuncia en un gobierno de turno, y que aquello que era para nosotras algo ya acordado, vuelva a ponerse en duda. Los símbolos que nos identifican se ven en vilo, junto a nuestras posibilidades de expresión y creación literaria.

Un tema no menos importante en esta “ideología” es la familia, las mujeres y diversidades sexuales, que plantea la sumisión como orden natural en donde se reivindica la sumisión femenina al hombre como cabeza de hogar, en un país donde el 46,4% de los hogares colombianos están liderados por mujeres.

Un ejemplo revelador es que en el ICBF se reemplace en los documentos oficiales la expresión ‘niños y niñas’ (sustantivos que describen a las personas) por ‘niñez’ (sustantivo que describe una etapa). Como escritoras sabemos que cuando se borran las palabras también se puede borrar la memoria y, con ella, la posibilidad de nombrar violencias particulares contra grupos específicos como los infantes en general, o las niñas, en particular.

Por todo lo anterior, las abajo firmantes, quienes pertenecemos al movimiento Colombia Tiene Escritoras, rechazamos las acciones del actual Gobierno que buscan despojar a la cultura de su capacidad para interpelar y disentir el orden establecido, hasta convertirla en un producto más del mercado o el espectáculo. Decimos NO a la “batalla cultural” de Abelardo y exigimos tener en cuenta nuestros derechos como artistas, creadoras y gestoras, a quienes nos corresponde conservar la autonomía del arte, la academia, el pensamiento crítico y la creación, como asuntos relevantes de nuestro país, en defensa de las escritoras, gestoras, promotoras y creadoras del sistema de arte, cultura y patrimonio”

El original trae los nombres de las 220 muleres firmantes.

La entrada Mujeres dicen NO a la “batalla cultural” de Abelardo se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Luego de tensas reuniones y choques entre varios sectores representativos de la economía nacional y ante la imposibilidad de establecer el salario mínimo legal por mecanismos de concertación con los gremios, el gobierno nacional acaba de expedir  el decreto por medio del cual se fija dicho salario, tal como ocurrió en la vigencia expira.

Estos asalariados percibirán a partir  del primero de enero un sueldo de $ 1.746,882, más un auxilio de transporte por $253.188, lo que representan dos millones de pesos mensuales para sus patronos. Dicho aumento representa el 22,7% el más alto en la historia laboral de los colombianos.

La medida recibida como el regalo navideño para los trabajadores es objeto de duras críticas por parte de algunos empresarios y sectores de la oposición en especial el Centro Democrático.

Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial.

La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.

El anuncio lo hizo el mandatario de los colombianos durante su a locución al anochecer de este lunes y pone fin a una cadena de enfrentamientos y especulaciones entre diferentes actores de la productividad nacional y de actores políticos.

“Bienvenidos al chavismo colombiano, populismo e irresponsabilidad en toda su expresión” dijo Katherine Miranda una de las voceras de la oposición.

Por su parte Juan Manuel Galán, otro vocero de la oposición dijo que el aumento “es pan para hoy y hambre para mañana”

El Centro Democrático uno de los más férreos opositores al aumento del salario dijo.“El derroche y la corrupción los compensan con atentados al empresariado, al trabajador y al empleo”

La entrada $1.746,882 pesos es el nuevo salario mínimo se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Los recientes hechos de violencia en Colombia han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante este panorama, la Iglesia Católica, a través de los obispos de Colombia, hizo un llamado para que se reanuden las negociaciones suspendidas, una petición que ha sido acogida por el Gobierno.

El llamado de la Iglesia para reanudar las negociaciones

El 23 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Colombia, en representación de la Iglesia Católica, emitió un comunicado dirigido al Gobierno Nacional, solicitando la reanudación de los diálogos de paz con el ELN. Este llamado se dio en un contexto de creciente violencia, donde los obispos subrayaron la urgencia de retomar las negociaciones como única vía hacia la paz sostenible en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

La Iglesia destaca que el diálogo es clave para evitar más víctimas y restablecer el cese al fuego, y que las recientes acciones del ELN, como el atentado en Arauca, solo profundizan el sufrimiento de las comunidades.

Respuesta positiva del Gobierno

El 25 de septiembre, solo dos días después del llamado de la Iglesia, el Gobierno Nacional respondió con una carta firmada por la delegación de paz, donde expresó su disposición a reanudar las negociaciones. En el documento, las autoridades agradecieron a la Iglesia por su mediación y aseguraron que están comprometidas con buscar una solución negociada al conflicto.

«Agradecemos inmensamente su sentido llamado a continuar con el diálogo de paz y en ello estamos empeñados«, se puede leer en la respuesta del Gobierno. Esta reafirmación también incluyó un reconocimiento de la necesidad de recuperar el cese al fuego bilateral, interrumpido por las recientes acciones violentas del ELN.

La importancia de la participación de la sociedad

Un punto central en la respuesta del Gobierno fue la inclusión de la sociedad civil en el proceso de paz. Según el comunicado oficial, la reanudación de los diálogos no solo busca detener los enfrentamientos, sino también involucrar a las comunidades directamente afectadas por el conflicto, para que participen en la construcción de la paz.

Esto se alinea con la postura de la Iglesia, que ha insistido en que la paz solo será posible si se escucha y se integra a quienes han sido víctimas directas de la violencia.

Suspensión de los diálogos tras atentado en Arauca

Los diálogos de paz con el ELN se suspendieron el 18 de septiembre, tras un atentado perpetrado por esta guerrilla en una base militar en Puerto Jordán, Arauca. El ataque resultó en la muerte de dos soldados y dejó a 29 heridos, lo que llevó al Gobierno a congelar las negociaciones de manera inmediata.

Este acto de violencia generó una fuerte condena por parte del Gobierno, que lamentó profundamente las muertes y manifestó su preocupación por el aumento de las acciones violentas del ELN, a pesar de los esfuerzos previos por alcanzar acuerdos de cese al fuego.

El reto de retomar el cese al fuego

Uno de los principales obstáculos para la reanudación de las negociaciones será la restauración del cese al fuego bilateral, que había sido acordado previamente entre el Gobierno y el ELN, pero que fue roto por el atentado en Arauca. Ambas partes reconocen que, para que el diálogo tenga éxito, es imprescindible un compromiso firme por parte del ELN de detener sus actividades armadas.

La disposición del Gobierno a reanudar las conversaciones también incluye la revisión de las garantías para la participación de la sociedad civil y de las comunidades en las zonas más afectadas.

Un paso hacia la paz en medio de la violencia

El contexto actual de violencia en Colombia no ha disminuido la voluntad del Gobierno de buscar una salida negociada al conflicto con el ELN. La respuesta positiva al llamado de la Iglesia Católica abre la puerta para que se retomen los esfuerzos de paz, a pesar de los retos significativos que aún persisten en el proceso.

La paz en Colombia, aunque frágil, sigue siendo una prioridad para el Gobierno, que busca restablecer las condiciones necesarias para que se puedan retomar las conversaciones de manera efectiva. La reanudación de los diálogos con el ELN es vista por muchos como un paso en la dirección correcta, aunque queda por ver si el ELN también estará dispuesto a comprometerse nuevamente con el proceso.

La entrada Gobierno responde al llamado de la Iglesia y considera retomar diálogos con el ELN se publicó primero en El Pregonero del Darién.

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), emitió un comunicado condenando las recientes amenazas de muerte dirigidas al Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Estas amenazas se producen en un contexto donde la lucha contra la corrupción es una de las prioridades fundamentales del presidente Gustavo Petro.

El compromiso del Gobierno en la lucha anticorrupción

El presidente Gustavo Petro ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera clave de su gobierno, y las recientes amenazas no cambiarán su postura firme en este aspecto. En el comunicado oficial emitido el 17 de septiembre de 2024, el Gobierno condenó enérgicamente las intimidaciones contra el doctor Andrés Idárraga, quien lidera la Secretaría de Transparencia, creada con el objetivo de erradicar la corrupción en todas sus formas.

Estas amenazas no solo ponen en riesgo la vida de un funcionario clave, sino que también subrayan los riesgos que enfrentan quienes lideran los esfuerzos anticorrupción en Colombia. A pesar de estas intimidaciones, el Gobierno ha dejado claro que su misión de combatir la corrupción se mantendrá sin tregua ni descanso.

????ATENCIÓN: Mediante un comunicado el @ContactoDapre condenó enérgicamente las amenazas de muerte recientes dirigidas al @STransparencia, @Aidarragaf. El Gobierno @petrogustavo reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción.

????Conéctate ahora:????????https://t.co/oeZQpX1NJ1 pic.twitter.com/2hy4MR5UPU

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 17, 2024

Investigación en curso para hallar a los responsables

El comunicado emitido por DAPRE también resaltó que las autoridades competentes ya han sido informadas de las amenazas y se han iniciado investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. El Gobierno reafirma su confianza en las instituciones encargadas de la justicia y asegura que no se permitirá que estos actos queden impunes.

De igual manera, el presidente Petro instó a la ciudadanía a colaborar en esta lucha, subrayando la importancia de que cualquier persona con información relevante la presente ante las autoridades competentes. La participación ciudadana es crucial para avanzar en la construcción de un país libre de corrupción y violencia.

La Secretaría de Transparencia: una institución firme en sus propósitos

A pesar de las amenazas, la Secretaría de Transparencia ha reafirmado su compromiso de continuar su trabajo sin descanso. Esta entidad, creada específicamente para enfrentar la corrupción, no se dejará intimidar por actos de violencia o intimidación, y seguirá adelante con su misión de descubrir y exponer cualquier acto ilícito que afecte al país.

En el comunicado oficial, se destacó que el compromiso de la Secretaría de Transparencia se mantiene firme: «Seguiremos persiguiendo la corrupción de manera implacable, sin tregua ni descanso». Esta declaración demuestra la determinación del Gobierno en continuar su esfuerzo por un país más transparente y justo.

Un llamado a la ciudadanía para reforzar la lucha

Además de condenar las amenazas y reafirmar su compromiso, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a esta lucha contra la corrupción. Se destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este proceso, y se instó a los colombianos a reportar cualquier acto o información que pueda ser relevante para combatir la corrupción.

La corrupción ha sido un problema estructural en Colombia por décadas, pero el actual gobierno ha puesto en marcha diversas estrategias para reducir su impacto y garantizar una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. El apoyo de la ciudadanía en la denuncia y vigilancia es esencial para el éxito de estas medidas, y el Gobierno espera que más personas se sumen a este esfuerzo conjunto.

Un desafío que no detendrá la misión anticorrupción

Las amenazas contra Andrés Idárraga representan un desafío para quienes lideran los esfuerzos anticorrupción, pero el Gobierno ha dejado claro que estos ataques no detendrán su trabajo. La lucha contra la corrupción es una prioridad y continuará con mayor fuerza.

La Secretaría de Transparencia, con el respaldo del presidente Petro, seguirá adelante con su misión. A pesar de los riesgos, el compromiso del Gobierno de garantizar un manejo transparente de los recursos públicos se mantiene inquebrantable, y las amenazas solo refuerzan su determinación de erradicar este mal que afecta al país.

La corrupción será perseguida con determinación, y el Gobierno espera que la ciudadanía y las instituciones trabajen de la mano para construir un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.

La entrada Amenazas contra Andrés Idárraga no detendrán combate anticorrupción, asegura el Gobierno se publicó primero en El Pregonero del Darién.

En un comunicado contundente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por una posible complicidad del gobierno con estructuras criminales. Estas declaraciones surgieron tras un incidente relacionado con vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que, según Gutiérrez, se habría facilitado el transporte de criminales fugitivos.

Incidente con vehículos de la UNP

El incidente, ocurrido el 23 de julio, levantó serias inquietudes sobre la integridad de las operaciones gubernamentales en la región. El alcalde destacó la gravedad de la situación, preguntando retóricamente: «¿Qué está sucediendo realmente?». Este cuestionamiento refleja una profunda preocupación por la falta de paz efectiva y la seguridad en el área, sugiriendo que las estructuras criminales podrían estar ejerciendo un control significativo sobre el territorio.

Posible complicidad gubernamental

Gutiérrez insinuó una posible complicidad directa del gobierno con organizaciones criminales, lo que ha generado una creciente inquietud en la comunidad. El alcalde denunció que, en lugar de garantizar la seguridad, algunas autoridades podrían estar facilitando las operaciones de grupos delictivos. Esto plantea dudas serias sobre la gobernabilidad y la efectividad del estado en combatir la criminalidad.

Reacción y críticas al gobierno

En su discurso, Gutiérrez criticó duramente la supuesta complacencia del gobierno con disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales, calificando la situación como inaceptable. Estas críticas reflejan una frustración generalizada con la percepción de inacción o complicidad de las autoridades frente a una crisis de seguridad que parece empeorar día a día.

Apreciación al ejército

Pese a sus críticas, el alcalde reconoció el esfuerzo del ejército, elogiando su valor tras la captura reciente de un criminal. Este reconocimiento subraya la necesidad de un compromiso serio y decidido para enfrentar la creciente inseguridad en Medellín y sus alrededores.

Llamado a la acción

El discurso de Gutiérrez concluyó con un llamado urgente a las autoridades nacionales para que tomen medidas decisivas en la lucha contra el crimen organizado. El alcalde enfatizó la importancia de demostrar un compromiso real con la paz y la seguridad, instando al gobierno a actuar de manera efectiva y transparente para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

La entrada Alcalde de Medellín denuncia complicidad del gobierno se publicó primero en El Pregonero del Darién.

Beneficios clave del acuerdo

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido Liberal tiene como objetivo principal garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo, al tiempo que protege los derechos y beneficios de los trabajadores y pensionados. Algunos de los beneficios clave de este acuerdo son:

1. Aumento gradual de la edad de jubilación

Una de las medidas más destacadas de este acuerdo es el aumento gradual de la edad de jubilación. Esto permitirá un ajuste progresivo y equitativo que tomará en cuenta las necesidades y capacidades de los trabajadores, al tiempo que garantiza la estabilidad financiera del sistema de pensiones.

2. Ajuste de los requisitos de cotización

El acuerdo también contempla un ajuste de los requisitos de cotización para acceder a la pensión. Esto busca garantizar que aquellos trabajadores que han contribuido durante muchos años al sistema puedan acceder a una pensión digna, mientras se establecen medidas para incentivar la formalización laboral y el aumento de la base de cotizantes.

3. Fortalecimiento del sistema de ahorro individual

Otro aspecto importante del acuerdo es el fortalecimiento del sistema de ahorro individual. Se implementarán medidas para fomentar el ahorro voluntario y facilitar el acceso a herramientas financieras que permitan a los trabajadores complementar su pensión.

Importancia de la reforma pensional

La reforma pensional es un tema de vital importancia para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Un sistema de pensiones sólido y equitativo es fundamental para garantizar la seguridad financiera de los trabajadores en su etapa de retiro, así como para promover la inversión y el crecimiento económico.

La situación actual del sistema de pensiones en nuestro país presenta desafíos significativos, como el envejecimiento de la población y la falta de sostenibilidad financiera. Por ello, es fundamental implementar reformas que permitan asegurar la viabilidad del sistema a largo plazo.

Para concluir

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido Liberal sobre la reforma pensional es un paso importante hacia la construcción de un sistema más justo y sostenible para todos los ciudadanos. Este acuerdo busca garantizar la estabilidad financiera del sistema de pensiones, al tiempo que protege los derechos y beneficios de los trabajadores y pensionados.

La reforma pensional es un tema de vital importancia para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Es fundamental implementar medidas que promuevan la sostenibilidad financiera del sistema y aseguren una pensión digna para todos los trabajadores.

Este acuerdo representa un avance significativo en el camino hacia un sistema de pensiones más justo y equitativo. Esperamos que este sea el comienzo de una serie de reformas que permitan garantizar la seguridad financiera de los trabajadores en su etapa de retiro y promover el crecimiento económico de nuestro país.

La entrada Acuerdo histórico entre el Gobierno y el Partido Liberal sobre la reforma pensional se publicó primero en El Pregonero del Darién.

En un comunicado de prensa emitido este martes, el organismo señala que sigue de cerca el proceso de selección del nuevo fiscal general y “recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

La elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la Nación estaba prevista para culminar el pasado 7 de diciembre de 2023, indica la CIDH, y destaca que la Presidencia de la República hizo el envío oportuno “de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo”, el pasado 2 de agosto.

“Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedó bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal general”, señala la Comisión.

El organismo interamericano subraya que este proceso de selección debe realizarse “con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito”, de acuerdo con los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos y “libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas”.

“La Comisión destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, cita el comunicado de la CIDH.

La entrada CIDH interviene en elección de fiscal se publicó primero en El Pregonero del Darién.