Hay una batalla que se está librando en América Latina y que no siempre vemos. No ocurre solamente en los congresos, en las campañas electorales o en las calles. Una parte decisiva de esa disputa ocurre frente a las pantallas de nuestros celulares, en las redes sociales, en los algoritmos que deciden qué vemos y qué dejamos de ver, en los grandes centros tecnológicos y en las redes de poder que conectan el dinero con la política.

Es una batalla por las ideas, pero sobre todo por el sentido común.

Durante décadas, América Latina ha sido escenario de disputas geopolíticas y de proyectos económicos diseñados desde los grandes centros de poder mundial. Hoy aparece una nueva forma de intervención, mucho más sofisticada y menos visible. Ya no necesita necesariamente golpes de Estado, gobiernos impuestos o intervenciones militares. Puede avanzar modificando la manera como una sociedad piensa, interpreta la realidad y decide políticamente.

Ese es el terreno de la llamada batalla cultural. Su propósito no es simplemente conseguir que la gente vote por determinado candidato. Es algo mucho más profundo. Se trata de cambiar los valores desde los cuales una sociedad juzga lo que está bien o mal, lo justo o injusto, lo deseable o indeseable. Se busca modificar el sentido común.

Y cuando cambia el sentido común, cambian los comportamientos. Si durante años se repite que el Estado es necesariamente ineficiente, terminará pareciendo razonable desmontarlo. Si se presenta la regulación como una amenaza a la libertad, cualquier intento de proteger derechos laborales o ambientales podrá ser visto como un obstáculo al progreso. Si la solidaridad social se convierte en sinónimo de dependencia, la desigualdad puede terminar siendo presentada como responsabilidad individual.

La batalla cultural consigue así algo que una campaña electoral difícilmente puede lograr por sí sola. Cambia primero la manera de pensar y después facilita el cambio de las decisiones políticas.

En este nuevo escenario aparece la élite tecnológica de Silicon Valley. Entre sus figuras más visibles e influyentes está Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa de software e inteligencia artificial vinculada a la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia. Thiel es el magnate financista e ideólogo tecnológico que impulsó a Donald Trump y consolidó su legado mediante JD Vance, y tuvo además una presencia importante en el proceso electoral argentino.

Thiel ha expresado posiciones profundamente críticas frente a la democracia liberal. En un texto publicado en 2009 – La educación de un libertario – sostuvo que ya no consideraba compatibles la libertad y la democracia. La democracia les estorba. Para esta élite, la democracia se ha convertido en un obstáculo, y su ideal es un país gobernado con la lógica de una empresa, eficiente, vertical y controlado por quienes dominan la tecnología, más que por la voluntad ciudadana.

Esas ideas deberían generar más debate del que han generado. No porque una opinión individual pueda explicar por sí misma lo que ocurre en América Latina, sino porque refleja una corriente de pensamiento que cuestiona las instituciones democráticas tradicionales y reivindica una mayor autonomía del poder privado frente al Estado.

El poder de esta nueva élite no está solamente en sus ideas. Está también en sus herramientas. Quien controla grandes cantidades de datos puede conocer comportamientos, preferencias, temores y tendencias sociales. Quien controla las plataformas digitales puede influir en la circulación de información. Quien domina los algoritmos puede determinar qué contenidos adquieren visibilidad y cuáles quedan relegados.

Nunca antes unas pocas empresas privadas habían tenido semejante capacidad para intervenir en la conversación pública mundial.

Y aquí aparece uno de los elementos más preocupantes de la nueva batalla cultural. Ya no se necesita convencer a toda la sociedad de una idea. Basta con identificar los miedos y las frustraciones de cada grupo, hablarle a cada uno en su propio lenguaje y reforzar aquello que emocionalmente lo moviliza.

El miedo funciona. La indignación funciona. El resentimiento funciona. La sensación de amenaza funciona.

La política comienza entonces a convertirse en una industria de emociones. El ciudadano deja de recibir argumentos y empieza a recibir estímulos. Ya no se le invita necesariamente a pensar. Se le invita a reaccionar.

Argentina es un caso emblemático de esa transformación política y cultural en la región, donde el ascenso de Javier Milei se explica por el malestar social acumulado, la crisis económica y el desgaste de los partidos tradicionales, que abrieron espacio a discursos disruptivos. Se canalizaron emociones como la indignación y el enojo, y una corriente libertaria radical pudo ganar influencia al articular la crisis con una narrativa de influencia potente. Así, se redefinió el debate público sobre el Estado, la libertad y los derechos sociales, reconfigurando el sentido común político.

La pregunta es, entonces: ¿Qué ocurre cuando la reducción del Estado, la desregulación y la privatización dejan de ser propuestas políticas discutibles y comienzan a presentarse como las únicas opciones racionales? Ahí se encuentra precisamente la eficacia de la batalla cultural.

Primero se modifica el lenguaje. Después se modifican las categorías con las que interpretamos la realidad. Luego cambian las percepciones y finalmente cambian los comportamientos.

Unas ideas políticas y económicas que antes generaban resistencia pueden terminar siendo aceptadas porque la sociedad ha aprendido a verla de otra manera. El sentido común ha cambiado.

El caso Argentina es ilustrativo. Muestra que la batalla cultural puede convertirse en una plataforma de transformación económica y política. La discusión deja de ser solamente cuánto Estado queremos y pasa a ser qué entendemos por libertad, qué obligaciones tiene la sociedad con sus ciudadanos y quién debe controlar los recursos estratégicos de una nación.

Ese debate también estuvo presente en las elecciones de Perú, Ecuador y Honduras como parte de un escenario regional donde la polarización, el miedo a la inseguridad, la confrontación cultural y la expansión de las redes digitales modificaron las formas tradicionales de hacer política y la llegada de la derecha a la presidencia.

Cada país tiene su propia historia y sus propias circunstancias. El patrón común está en otro lugar. La disputa política se está trasladando cada vez más hacia la construcción de percepciones y emociones.

Colombia no está al margen de esta transformación. Puede convertirse en uno de los escenarios más importantes de esta batalla. Las declaraciones de Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, sobre la utilización deliberada de las emociones de los electores, deberían provocar una discusión mucho más profunda de la que hasta ahora hemos tenido. «Las campañas no se ganan con la razón, las campañas no se ganan con las propuestas… se tiene que mover emoción, sentimientos… se vota con el corazón o se vota con los hígados», afirmó.

No se trató solamente de una estrategia electoral diferente, llena de espectáculos, símbolos y discursos emotivos. Se trató de un menosprecio por la democracia y de una ofensa a la dignidad de los electores, convertidos en simples datos, en emociones manipulables, en votos que deben ser capturados en lugar de ciudadanos que deben ser convencidos.

Cuando el miedo, la indignación y el resentimiento se convierten deliberadamente en instrumentos electorales, el debate sobre las propuestas pasa a un segundo plano. El ciudadano ya no es tratado como alguien que debe ser convencido mediante argumentos. Se convierte en alguien cuya emoción debe ser activada. No un ser racional que toma decisiones conscientes sino en una máquina emocional que reacciona a provocaciones y falacias.

Eso es precisamente lo que permiten la IA y los algoritmos de las redes.

Un mensaje puede diseñarse para despertar miedo en un grupo, indignación en otro y resentimiento en un tercero. Cada ciudadano puede recibir una versión diferente de la realidad. Todos creen estar viendo la misma campaña, cuando en realidad pueden estar siendo expuestos a mensajes cuidadosamente adaptados a sus emociones.

La consecuencia puede ser devastadora. Una sociedad deja de discutir sobre hechos comunes y comienza a vivir en realidades paralelas. A esto se suma un asunto todavía más delicado. La confianza en los resultados electorales.

En los procesos electorales colombianos recientes han surgido cuestionamientos públicos y reportes de presuntas anomalías que alimentan dudas sobre distintos aspectos del sistema electoral. La existencia de cuestionamientos no demuestra por sí misma que haya existido fraude o manipulación de los resultados. Precisamente por eso deben ser investigados y esclarecidos mediante procedimientos transparentes, verificables y sometidos al control ciudadano.

La democracia no se defiende ocultando las dudas de los ciudadanos. Se defiende resolviéndolas con información verificable, auditorías, transparencia y acceso a las actas.

El voto pertenece al ciudadano. La tecnología utilizada para transmitir, procesar o consolidar la información electoral debe estar sometida a controles públicos, auditorías independientes y mecanismos que permitan verificar los resultados. No podemos aceptar que la confianza en una elección dependa de creer ciegamente en un software.

Ese es precisamente uno de los grandes desafíos de la nueva política. La democracia ya no se disputa únicamente en las urnas. También se disputa antes de llegar a ellas, en el espacio donde se construyen las percepciones del ciudadano.

Quien consigue controlar la conversación pública tiene una ventaja enorme. Quien consigue modificar el sentido común tiene una ventaja todavía mayor. Por eso la batalla cultural es mucho más importante de lo que parece.

No busca solamente que una sociedad vote por determinados candidatos. Busca que esa sociedad cambie la manera como entiende la libertad, la igualdad, el Estado, los impuestos, los derechos sociales, la seguridad y hasta la democracia misma.

Una vez transformadas esas ideas, cambian las preferencias. Cambian las prioridades. Cambian los comportamientos. Y entonces determinadas decisiones políticas pueden dejar de necesitar una gran justificación. La privatización puede aparecer como eficiencia. La desregulación como libertad. La reducción del Estado como modernización. La desigualdad como consecuencia inevitable del esfuerzo individual.

Ese es el verdadero poder de la batalla cultural.

Las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley no son responsables de todos los problemas latinoamericanos. Tampoco existe una conspiración única capaz de explicar los cambios políticos de la región. Cada país tiene sus propias crisis, sus propios conflictos y sus propias responsabilidades.

El problema está en otra parte. Las grandes corporaciones tecnológicas han acumulado una capacidad económica, informativa y cultural que ningún sistema democrático debería ignorar. El problema no es la tecnología. El problema es quién controla la tecnología, quién controla los datos y quién decide qué información llega a los ciudadanos.

La amenaza para nuestras democracias tampoco tiene necesariamente la forma de un golpe de Estado. Puede ser mucho más silenciosa.

Puede comenzar cuando dejamos de discutir ideas y empezamos a reaccionar ante emociones. Puede avanzar cuando la propaganda se confunde con información. Puede profundizarse cuando la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones. Y puede terminar cuando el poder económico y tecnológico adquiere una influencia superior a la capacidad de control de las instituciones democráticas.

La democracia puede conservar las elecciones, los partidos y las urnas y, al mismo tiempo, perder progresivamente su capacidad de decidir. Por eso América Latina necesita recuperar algo que ninguna tecnología puede sustituir. La capacidad de sus ciudadanos para pensar críticamente.

Necesitamos transparencia electoral, protección de los datos personales, regulación democrática de las plataformas y controles sobre el uso de la inteligencia artificial. Necesitamos también recuperar el valor de la deliberación y del debate público.

Porque una democracia no comienza a morir cuando desaparecen las urnas. Puede comenzar a morir cuando sus ciudadanos dejan de cuestionar aquello que se les presenta como sentido común.

Ese es, en última instancia, el propósito de la batalla cultural. No solamente conseguir que una sociedad vote de una determinada manera. Es conseguir que piense de una determinada manera, que valore de una determinada manera y que termine aceptando determinadas decisiones como naturales e inevitables.

Primero se cambia la cultura. Después cambian los comportamientos. Finalmente cambia el poder.

Y ese es el verdadero desafío que América Latina tiene frente a sí. Defender la democracia no significa solamente defender el derecho a votar. Significa defender el derecho de cada ciudadano a formar libremente sus ideas, a cuestionar el discurso dominante y a decidir su futuro sin que otros hayan decidido previamente por él qué debe pensar.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Hay un credo siniestro que está reconfigurando el poder mundial. El profesor Jorge Aguilera lo ha descrito con claridad —en https://www.facebook.com/share/v/1Cp2vDyvCF/— y conviene prestar atención a su advertencia. Para esta visión del mundo, la democracia incomoda, la igualdad estorba, las mayorías resultan prescindibles y el Estado deja de existir para proteger a sus ciudadanos. Su única función consiste en servir a quienes concentran dinero, datos, algoritmos y, cada vez más, capacidades de coerción privada.

No estamos frente a una simple reforma institucional ni a un ajuste del sistema, afirma el profesor Aguilera. Lo que está en marcha es un proyecto orientado a destruirlo desde su interior. Su propósito consiste en sustituir el gobierno de los ciudadanos por el gobierno de las corporaciones tecnológicas y las élites financieras, donde el mercado se imponga sobre la política y el poder económico quede liberado de cualquier control democrático.

En distintos lugares del mundo avanza un movimiento impulsado por magnates tecnológicos y grupos de poder que aspiran a instaurar un orden gobernado por una minoría convencida de su propia superioridad. Consideran que el Estado, con sus regulaciones y su soberanía, limita la expansión ilimitada de las grandes corporaciones tecnológicas. Por eso no buscan transformar las instituciones, sino vaciarlas de contenido, desmontar las reglas de convivencia, someter a los países, apropiarse de sus recursos y convertir la riqueza pública en patrimonio de sus imperios privados.

Este mecanismo opera como una plaga silenciosa. Como langostas tecnológicas. Utiliza algoritmos como auténticas armas de destrucción matemática para intervenir los procesos democráticos desde adentro. Primero condiciona la conversación pública mediante la manipulación de la información y las emociones. Después influye sobre las decisiones electorales. Finalmente emplea el aparato estatal para desmontar las instituciones que limitan el poder económico. El resultado es un modelo de extracción y dominación cuyos costos sociales y humanos son inmensos.

La doctrina que inspira este proyecto es el pensamiento neorreaccionario, conocido también como la Ilustración Oscura. Hugo Thornton Rawley explica, al analizar las ideas de Curtis Yarvin, que esta corriente considera la Revolución Francesa y sus principios de libertad, ciudadanía y soberanía popular como un error histórico que debe corregirse. La expresión Ilustración Oscura encierra una paradoja reveladora. Invoca el lenguaje de la Ilustración para combatir precisamente los valores que esta consagró. La oscuridad representa la necesidad de apagar los derechos para consolidar el poder de unos pocos.

El destino de ese camino conduce a lo que la filósofa Wendy Brown denomina un pueblo sin atributos. Una sociedad despojada de ciudadanía, soberanía y capacidad de decisión. Un orden donde las elecciones pierden su sentido porque el poder efectivo deja de residir en la voluntad popular. Este escenario no pertenece únicamente a la ficción distópica. Tiene un laboratorio activo en Gaza, donde, según el análisis de Donatella Di Cesare, el tecnofascismo perfecciona tecnologías de vigilancia, control y gestión de poblaciones que después buscan expandirse hacia otras regiones, incluida América Latina. Es el regreso de un sistema en el que las personas dejan de ser sujetos políticos mientras una minoría administra los recursos colectivos para su propio enriquecimiento.

Comprender lo que puede ocurrir en Colombia y en la región exige mucho más que intuición. Requiere una lectura estructural de las transformaciones que están en curso. Suficiente literatura se ha publicado para explicar ese fenómeno:

• Tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis y Cédric Durand, muestra cómo el capitalismo evoluciona hacia un sistema de extracción de rentas digitales que convierte a los usuarios en siervos de una nueva gleba tecnológica.

• Armas de destrucción matemática, de Cathy O’Neil, revela el poder opaco de los algoritmos para reproducir y profundizar desigualdades.

• Manipulados, de Frenkel y Kang, expone la lógica implacable de las plataformas digitales.

•¿Por qué callan los corderos?, de Rainer Mausfeld, junto con La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli, describen el deterioro de la política democrática y el ascenso de nuevos centros de poder que están rediseñando el orden mundial.

Estos autores no relatan una conspiración imaginaria. Analizan tendencias verificables y documentan la hoja de ruta de un sistema que, bajo el prestigio de la innovación tecnológica y el poder financiero, busca debilitar los Estados democráticos para sustituirlos por un régimen de vigilancia, extracción de riqueza y dominación.

Desde esa perspectiva, varios procesos políticos recientes en América Latina pueden interpretarse como expresiones de un mismo patrón. Los acontecimientos electorales en Perú, Honduras, Chile y las pasadas elecciones en Colombia muestran campañas cada vez más condicionadas por el poder de las plataformas digitales, la manipulación algorítmica de la opinión pública, la polarización inducida y el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.

Colombia no constituye una excepción. Hace parte de un tablero geopolítico mucho más amplio donde las elecciones ya no representan únicamente una competencia entre proyectos nacionales. También son escenarios de una disputa global por el control de los Estados, los recursos estratégicos y los datos de millones de ciudadanos. Comprender esa dimensión resulta indispensable para interpretar el presente y defender la democracia antes de que el saqueo deje de necesitar ejércitos y termine ejecutándose, casi por completo, mediante algoritmos.

• Tecnofeudalismo (de Yanis Varoufakis y de Cédric Durand, dos títulos homónimos y complementarios)

• Armas de destrucción matemática: Big Data (Cathy O’Neil)

• Manipulados (Sheera Frenkel y Cecilia Kang)

• La invisible cárcel cibernética (Alfredo Jalife-Rahme)

• Curtis Yarvin & The Neoreactionary Canon, Made Simple (Hugo Thorton Rawley)

• Un pueblo sin atributos (Wendy Brown)

• El laboratorio palestino (Antony Lowenstein)

• Tecnofacismo (Donatella di Cesare)

• ¿Por qué callan los corderos? (Rainer Mausfeld)

• La hora de los depredadores (Giuliano da Empoli)

• La era de la crueldad (Fernando Pitaron y Marti Szulman) y

• Civilización o barbarie (Alan Barroso).

Enlace recomendado:

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Colombia define este domingo 21 de junio en segunda vuelta si da continuidad a los cambios planteados por el hoy presidente Gustavo Petro, o si por el contrario abre las puertas nuevamente a un gobierno de derecha.

Iván Cepeda Castro, vocero de la izquierda democrática y Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha unida, se miden en las urnas luego de una agitada campaña signada por la polarización y de una verdadera guerra verbal principalmente por redes sociales.

De La Espriella propone cambios radicales en la administración del estado, reducir su tamaño, alianzas con Estados Unidos e Israel, país con el que el actual gobierno rompió relaciones diplomáticas por lo que llamó “genocidio en Gaza” retirar el país de agencias multilaterales, construir mega cárceles, restringir la protesta social y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Cepeda propone construir un millón de casas sin cuota inicial para los estratos menos favorecidos, avanzar en las políticas sociales iniciadas por Gustavo Petro, replantear la actual política de paz, la defensa de los derechos humanos y una lucha frontal contra la corrupción, entre otras iniciativas.

Lo importante es que la jornada se realice en paz, que los colombianos puedan acudir libremente a las urnas a votar por el candidato de sus afectos, sin presiones de ninguna de las partes, sin compra de votos y con unos jurados íntegros que erradiquen de una vez por todas los tachones en los tarjetones que solamente originan dudas y reclamos en los resultados y que las autoridades mantengan el control del territorio.

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Si Iván Cepeda gana las elecciones el 21 de junio, las calles no se llenarán de miedo ni de fuerza pública: se llenarán de alegría, de esperanza de pueblo.

No se estropeará a nadie, porque ganará la vida. Ganará la paz sobre la guerra, la palabra sobre el odio, la justicia social sobre el abandono y la esperanza sobre la resignación.

Si ganamos, no será la victoria de un hombre ni de un partido. Será la victoria de millones de colombianos y colombianas que creen que nuestro país merece un futuro más democrático, más incluyente y más humano, donde la riqueza y el bienestar no sea para unos pocos.

Ganará la madre que espera oportunidades para sus hijos. Ganará el campesino que sueña con producir en paz y con acceso a la tierra, al crédito y a los mercados. Ganará la juventud que reclama educación, empleo y participación. Ganarán las regiones históricamente olvidadas que durante décadas han esperado ser escuchadas, ganará el medio ambiente, la naturaleza, los animales.

Si ganamos, avanzaremos en la profundización de las políticas del cambio.

Se fortalecerá la lucha contra la desigualdad y la corrupción, se ampliarán las oportunidades para quienes han sido excluidos y se consolidará una visión de desarrollo centrada en las personas, en la producción nacional, en la sostenibilidad ambiental y en la dignidad humana, se continuará con la erradicación de la pobreza, el hambre y el olvido.

Pero, sobre todo, ganará la democracia.

Una democracia más amplia, profunda y participativa, donde la ciudadanía no sea convocada únicamente para votar en tiempo electoral, sino para deliberar, proponer y construir colectivamente las decisiones que afectan su presente y su futuro. Una democracia que reconozca el valor de las organizaciones sociales, de los movimientos ciudadanos, de las comunidades rurales, de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos étnicos y de todos aquellos sectores que históricamente han sido marginados de los espacios de poder.

Si ganamos, Colombia dará un paso adelante en el respeto por la diferencia. Porque una sociedad verdaderamente democrática no teme a quien piensa distinto. Por el contrario, entiende que la diversidad de ideas, culturas, creencias y proyectos de vida es una riqueza que fortalece a la nación. Se fortalecerán los pesos y contrapesos en los gobiernos y se devolverá la majestad a la justicia.

Nadie deberá ser perseguido por sus opiniones políticas.

Nadie deberá ser señalado por su origen, condición social, identidad cultural o forma de pensar. La diferencia dejará de ser motivo de confrontación para convertirse en fundamento de convivencia y construcción colectiva que de origen a un modelo de sociedad que piensa en fortalecer políticas de estado y no construyendo modelos de gobierno para beneficiarse.

La Colombia que soñamos es una Colombia donde el debate sustituya la agresión, donde la justicia sustituya los privilegios y donde la esperanza sustituya el miedo.

El 21 de junio no se trata únicamente de una elección. Se trata de decidir qué tipo de país queremos construir para las próximas generaciones. Se trata de escoger entre el miedo y la esperanza, entre la exclusión y la participación, entre el privilegio de unos pocos y la dignidad de las mayorías.

Si ganamos, no habrá vencedores ni vencidos entre los colombianos. Habrá una oportunidad histórica para encontrarnos como nación, para reconocer nuestras diferencias y para trabajar juntos en la construcción de un país más justo, más democrático y más humano.

Si ganamos, gana la vida.

Si ganamos, gana la democracia.

Si ganamos, gana Colombia.

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«… Son más las razones que nos pueden unir para construir un mejor país, que las que nos han separado por años en confrontaciones fratricidas absurdas, dolorosas e inhumanas, enfrentando a generaciones de colombianos por rivalidades partidistas o diferencias ideológicas…»

No es difícil imaginar una sola Colombia. Una Colombia unida en lugar de una separada, dividida. Dividida por ideologías, religiones, ideas políticas, diferencias partidistas o cualquier ficción. Al fin todos esos motivos son creencias aceptadas y compartidas por grupos de una totalidad que es única: Colombia.

Son muchas, y muchas más, las características que compartimos y que no podemos desconocer como colombianos, y especialmente, como seres humanos.

Como colombianos, compartimos la misma geografía, la misma historia, una misma lengua y una Constitución que declara en su artículo 13, que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.  Ella nos hace sujetos de los mismos derechos.

 Como seres humanos somos sujetos de las mismas necesidades. Todos comemos, dormimos, corremos, soñamos, trabajamos, nos alegramos… en fin, vivimos las mismas necesidades, desde las necesidades básicas de subsistencia hasta las de afecto y ocio.

Nos diferencia el grado de realización de las necesidades humanas, los niveles de satisfacción en sus logros. Diferencias en capacidades relacionadas con condiciones materiales de vida, con recursos y condiciones económicas, unas; otras, por precariedad de las capacidades o ausencia de oportunidades para desarrollarlas, que impiden el logro del bienestar o llevar una vida digna como ser humano.

Son más las razones que nos pueden unir para construir un mejor país, que las que nos han separado por años en confrontaciones fratricidas absurdas, dolorosas e inhumanas, enfrentando a generaciones de colombianos por rivalidades partidistas o diferencias ideológicas.

Para lograr los cambios que apremian, podemos sentarnos a dialogar y conjuntamente pensar en la integración en una nueva sociedad, un país próspero, y definir un camino a recorrer para alcanzar ese mundo mejor en beneficio de todos y todas.

En la construcción de ese nuevo país, podemos aún guiarnos por la Constitución del 91, un proyecto humanista y democrático de país que no hemos podido materializar en su verdadera dimensión como pacto político para poner fin a la violencia y la crisis institucional, como fue concebido para transformar la sociedad colombiana por cauces institucionales y generar un país más justo, equitativo, democrático y pacífico.

Y, esa puede ser nuestra carta de navegación para la transformación actual, porque en palabras del constitucionalista José Gregorio Hernández: buena parte de la preceptiva fundamental está por cumplir o desarrollar, y muchos de sus propósitos y principios han sido ignorados o tergiversados por reformas constitucionales y ramas y órganos del poder público.

Las diferencias que nos separan para hacer una sola Colombia, pueden alejarse de las brechas de indignidad que se han levantado históricamente, construyendo una Colombia unida, más justa y equitativa, materializando los propósitos de la Constitución; con un Estado que garantice los derechos fundamentales y ofrezca igualdad de oportunidades para que todos desarrollen “capacidades básicas” para actuar y vivir la vida de acuerdo con lo que estimen valioso.

Muchas serán las reformas requeridas en los sistemas de salud, judicial, seguridad social, educativo, político y económico.

Al sistema educativo y a los educadores, en particular, nos corresponde ayudar a formar a los nuevos ciudadanos en capacidades para la participación social y política, activa y comprometida con el bienestar común y el desarrollo humano.

Los educadores, más que «instructores» o «entrenadores», tenemos el compromiso ético con el cambio, como formadores de las nuevas generaciones de colombianos. Tenemos la responsabilidad de coadyuvar en la formación de seres humanos para la vida en una sociedad más justa y equitativa, con capacidades para actuar y decidir de manera autónoma; para participar de la vida en comunidad e interactuar armoniosamente con otros de manera positiva, formal e informalmente.

Tenemos responsabilidad en la formación de nuevos colombianos con la disposición para participar efectivamente como ciudadanos; no solo en procesos electorales, sino en todo lo que le afecte individualmente en su barrio, pueblo, ciudad, y decidir sobre los proyectos sociales y de país para un mejor bienestar colectivo.

Esas nuevas capacidades ciudadanas deberán estar sustentadas en los principios y valores declarados en la carta magna, declaradas como propósitos de formación en los currículos y contempladas como resultados de aprendizaje transversales, más allá de un abordaje puramente cognitivo en cursos del área de ciencias sociales; creando ambientes educativos y experiencias de aprendizaje con vivencias auténticas de los valores y actitudes de los comportamientos ideales de ese nuevo colombiano y colombiana que deseamos.

Acompáñeme en ese propósito:

Sus nietos y los hijos de sus nietos se lo agradecerán. Se sentirán orgullosos y dirán:

Nuestros abuelos nos dejaron el regalo más grande que una generación puede darle a otra: un mundo habitable, donde el aire es limpio, el agua es pura y la naturaleza no es una herida abierta sino un hogar vivo. Nos dejaron una sociedad en armonía, donde las diferencias no dividen sino enriquecen, donde el vecino no es un extraño sino un hermano, donde la paz no es un sueño sino una costumbre. Nos dejaron una vida digna, donde ningún niño se acuesta con hambre, donde ningún anciano muere en el abandono, donde ningún ser humano vale menos que otro. Ellos pudieron mirar hacia otro lado y no lo hicieron. Ellos pudieron conformarse y eligieron comprometerse. Por esa valentía, por esa generosidad, por ese amor silencioso y profundo hacia quienes aún no habían nacido, hoy les decimos: gracias. Su mayor herencia no fue lo que acumularon, sino lo que cuidaron y lo que construyeron juntos.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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La iniciativa hace parte del pilar estratégico de “Cuidado de la Democracia” de Proantioquia y el Plan Democracia de Fenalco. Convertirá el certificado electoral en una herramienta de alivio financiero para los hogares colombianos, demostrando que el sector privado también puede contribuir activamente al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al cuidado de las reglas de juego del país. 

A través de esta alianza, compañías de industrias como comercio, gastronomía, moda, hogar, bienestar y servicios se unieron para ofrecer descuentos, promociones, experiencias y beneficios especiales a quienes presenten su certificado electoral, enviando un mensaje contundente sobre la importancia de la participación ciudadana para el cuidado colectivo de la democracia. 

Vale Votar es una estrategia apartidista, abierta a todos los ciudadanos, sin importar su preferencia en las urnas. El objetivo: promover que la gente salga a votar, premiar la participación e impulsar una cultura democrática más activa, consciente e informada. 

Así lo explicó Juliana Velásquez, Presidente de Proantioquia: “En Proantioquia creemos que cuidar la democracia es cuidar el futuro de Colombia. Junto a más de 120 empresas del país, reconocidas y muy queridas por los colombianos, creamos la campaña Vale Votar, que incentiva la participación en las urnas este domingo 31 de mayo.  Los invito a visitar www.valevotar.co y conocer todas las marcas y beneficios. Cuidar nuestro futuro nos exige cuidar el presente. Este domingo los invito a salir a votar por el país que soñamos, con compromiso, de manera responsable. El país que construiremos los próximos cuatro años inicia en la elección que realizaremos este domingo”. 

Por presentar tu certificado electoral vas a poder adquirir descuentos en el comercio y vas a poder encontrar todas las empresas que se han vinculado en la landing page de Vale Votar. Los invitamos a que salgan a votar masivamente y ejerzan su derecho a definir el rumbo del país”, expresó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria. 

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La Universidad de Antioquia atraviesa una crisis que desborda el problema financiero y compromete el sentido mismo de su misión pública. Durante años, las lógicas clientelares, los cálculos burocráticos y las disputas por cuotas de poder han desplazado la reflexión sobre el rumbo estratégico de la institución. Lo que debería ser un debate permanente sobre la producción de conocimiento, la formación ciudadana y el compromiso con la sociedad ha terminado reducido, con demasiada frecuencia, a una competencia por el control administrativo de la universidad.

Esta situación se hace especialmente visible en los períodos de relevo de rector y decanos. En lugar de abrir debates sobre el futuro académico e institucional, predominan las alianzas coyunturales, los alineamientos con intereses externos y la defensa de pequeños espacios de poder. La preocupación inmediata por la gobernabilidad ha reemplazado la construcción de un proyecto universitario capaz de responder a los desafíos del presente.

La actual convocatoria para la elección de rector representa, en este contexto, una oportunidad excepcional para revisar el rumbo de la universidad. El debate no debería centrarse en nombres, alianzas o equilibrios burocráticos. Debería estar atravesado por una discusión de fondo sobre la esencia de la institución, su responsabilidad histórica y el modelo de gestión de sus estrategias misionales. La elección rectoral tendría que convertirse en un escenario para discutir qué universidad necesita Antioquia y el país, y qué transformaciones son indispensables para recuperar la vigencia académica y social de la institución.

La crisis financiera es apenas el síntoma más visible de un deterioro acumulado durante décadas. Detrás del déficit existe un modelo de gestión que ha debilitado el compromiso con lo público y ha relegado asuntos fundamentales. La desfinanciación estructural, la precarización laboral de los profesores de cátedra y el rezago de muchos programas de formación muestran una institución que perdió capacidad para anticipar los cambios del mundo contemporáneo.

En el desarrollo de sus estrategias misionales, la universidad parece avanzar desconectada de la realidad nacional y sin un horizonte articulado con los planes de desarrollo económico, social e industrial del país. En el campo de la investigación, salvo valiosas excepciones, numerosos proyectos se han distanciado de las necesidades y problemas de las regiones y de la nación.

La presión por ajustarse a métricas internacionales de desempeño, expresadas en titulaciones, publicaciones indexadas y reconocimientos individuales, ha favorecido dinámicas académicas centradas más en el beneficio personal que en la producción de conocimiento pertinente para el país. Bajo esa lógica, y amparadas en el prestigio institucional y en recursos públicos, proliferan agendas fragmentadas de investigación que responden más a criterios de escalafón, acumulación de puntos salariales e indicadores de clasificación internacional que a las urgencias sociales, económicas y productivas de Antioquia y Colombia.

La situación resulta aún más preocupante en el campo de la formación profesional. Muchos currículos permanecen desactualizados y desconectados de las profundas transformaciones que hoy redefinen el conocimiento, el trabajo y la vida colectiva. La inteligencia artificial, la bioeconomía, la nanotecnología, la transición energética y la emergencia climática, entre otros cambios tecnológicos y científicos que moldearán el futuro, exigen nuevas capacidades cognitivas, metacognitivas, éticas y ciudadanas.

Sin embargo, en numerosos casos, la universidad continúa ofreciendo respuestas ancladas en modelos formativos del siglo pasado, con escasa capacidad para anticipar los desafíos económicos, sociales y tecnológicos que enfrentarán las nuevas generaciones.

A ello se suma la precariedad de la docencia, particularmente de los profesores de cátedras en ciencias básicas, conocimiento esencial en el siglo XXI. La formación de miles de estudiantes descansa principalmente sobre una planta de profesores de cátedra sometida a condiciones laborales inestables y mal remuneradas. Resulta contradictorio aspirar a una educación transformadora mientras quienes sostienen buena parte del trabajo pedagógico carecen de garantías mínimas para desarrollar procesos académicos continuos, rigurosos y de calidad.

A esta situación se añade el rezago en la incorporación de nuevas estrategias didácticas apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, así como en enfoques contemporáneos del aprendizaje, como el conectivismo. Estas transformaciones están modificando profundamente las formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. Sin embargo, buena parte de las prácticas pedagógicas universitarias continúa ancladas en modelos tradicionales, con escasa capacidad para responder a las dinámicas educativas del presente.

La crisis también es política y cultural. La actual discusión sobre la reforma del Estatuto General revela tensiones acumuladas durante años en torno a la gobernanza universitaria. Aunque este proceso representa una oportunidad para revisar las estructuras de gobierno y fortalecer la participación de la comunidad académica, también ha dejado en evidencia las limitaciones de una democracia reducida, muchas veces, al simple cumplimiento formal de procedimientos.

Con frecuencia, se consulta a la comunidad universitaria sin que sus posiciones incidan realmente en las decisiones finales. Se promueven espacios de participación que terminan siendo más rituales administrativos que ejercicios efectivos de deliberación colectiva. Así, la consulta pierde legitimidad y la representación se vacía de valor democrático.

En muchos espacios de representación se consulta sin escuchar realmente, se participa sin deliberación efectiva y se toman decisiones sin construir consensos amplios ni proyectos colectivos. La representación se distorsiona cuando deja de ser un mecanismo para interpretar y canalizar las aspiraciones de la comunidad universitaria, y se convierte en escenario de protagonismos individuales o de defensa de intereses particulares. De esta manera, la democracia universitaria pierde su capacidad formativa y su sentido colectivo.

El problema de fondo no es solamente normativo. Es, ante todo, cultural. Una universidad que no practica la deliberación democrática en su vida cotidiana difícilmente puede formar ciudadanos capaces de ejercerla en la sociedad. Allí reside una de sus mayores contradicciones y, al mismo tiempo, una profunda deuda con su propia misión institucional.

La formación profesional universitaria no consiste únicamente en transmitir conocimientos técnicos o científicos. También implica educar para el ejercicio de una ciudadanía crítica y democrática, capaz de deliberar, construir acuerdos y defender el bien común en las complejas sociedades del siglo XXI. No se trata de una idea abstracta de democracia heredada de otros tiempos, sino de formar ciudadanos para la realidad colombiana, atravesada por profundas desigualdades, fragmentaciones sociales y tensiones políticas.

En un país como Colombia, esa responsabilidad no es secundaria ni opcional. Hace parte esencial del sentido histórico y de la legitimidad de la universidad pública.

Por eso, la discusión sobre la reforma del Estatuto General no debería reducirse a una disputa por nuevas cuotas de representación o por ajustes administrativos. La verdadera oportunidad consiste en convertir esta coyuntura en el punto de partida de una transformación institucional más profunda. La universidad necesita reconstruir una cultura basada en la transparencia, la responsabilidad colectiva, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con lo público.

Esa transformación exige revisar prácticas arraigadas y asumir responsabilidades concretas. Las directivas universitarias, hoy y en el futuro, deben preguntarse si sus decisiones responden realmente al interés general y a la misión pública de la institución. Los investigadores necesitan interrogarse sobre la pertinencia social de su trabajo y su contribución a los problemas del país y las regiones. Los docentes deben reconocer la dimensión ética y estratégica de su papel en la formación de las nuevas generaciones.

La Universidad de Antioquia tiene todavía la posibilidad de recuperar plenamente su misión histórica. Puede convertirse en una institución capaz de articular conocimiento, democracia y compromiso social en medio de las profundas transformaciones del siglo XXI. Puede ser un espacio donde la ciencia, la formación humanista y la deliberación pública contribuyan a construir un futuro más justo para Antioquia y para el país.

Pero ello requiere voluntad política y una nueva cultura universitaria. No bastan reformas legales ni cambios cosméticos en la estructura administrativa. Se necesita reconstruir la confianza institucional y reafirmar valores que hoy parecen debilitados: el sentido de lo público, la ética del bien común, la pertinencia y actualidad académica, y la responsabilidad con las generaciones futuras.

Si la reforma del Estatuto General y el actual proceso de elección rectoral logran impulsar esa transformación cultural, la Universidad de Antioquia podrá recuperar vigencia histórica y convertirse nuevamente en un referente ético e intelectual para la sociedad. Podrá ser, en efecto, ese faro que ilumine el camino del futuro de Antioquia en tiempos de incertidumbre y cambio. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una institución atrapada en sus propias inercias, distante de las necesidades de la sociedad y cada vez más irrelevante frente a los desafíos del presente.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Colombia tiene un problema que va más allá de la polarización. No se trata únicamente de que los colombianos estén divididos, algo propio de cualquier democracia en funcionamiento. El problema de fondo es otro. La política ha dejado de ser el espacio donde se confrontan ideas y se ha convertido en un escenario en el que se busca destruir personas.

Lo que hoy circula con mayor frecuencia en redes sociales, en noticieros y en conversaciones cotidianas no son propuestas para resolver los problemas críticos del país. Son acusaciones. No son argumentos. Son etiquetas. Y lo más preocupante no es su existencia, sino que se asuman como verdades. Que una sola palabra, dicha con suficiente fuerza y repetida con insistencia, termine sustituyendo cualquier análisis de la realidad.

Llamar “guerrillero” a alguien sin una sola prueba se ha vuelto un recurso aceptado para algunos. Llamar “paramilitar” a otro con la misma ligereza también. Ninguna de las dos afirmaciones requiere sustento para ellos. Solo necesita eco. Y el eco, en la era de las redes sociales, abunda.

Este deterioro en la opinión pública no ocurrió de la noche a la mañana. Tiene historia, tiene actores y responde a una lógica que conviene entender. Durante décadas, Colombia vivió un conflicto armado que acostumbró a la sociedad a pensar en términos de bandos. Se estaba de un lado o del otro. Esa lógica binaria, que pudo tener cierta utilidad descriptiva en medio de la guerra, se trasladó intacta al debate político. Y allí se convirtió en veneno.

El resultado ha sido una conversación pública en la que ya no se discute qué hacer con la educación, la salud o la tierra. Se discute quién es el enemigo. Y una vez identificado, todo lo demás sobra. No hace falta escucharlo ni refutarlo. Solo hace falta neutralizarlo.

Esa dinámica beneficia a quienes no tienen propuestas sólidas que ofrecer. Es mucho más sencillo señalar que construir. Más barato sembrar miedo que elaborar un programa de gobierno. Más efectivo, en el corto plazo, despertar desconfianza que ganarse la confianza con hechos.

El miedo, además, tiene una propiedad política especialmente útil para quienes lo promueven. Cierra la razón antes de que el argumento llegue. Una ciudadanía atemorizada no evalúa, reacciona. No compara propuestas, busca protección. Y quien se presenta como el único capaz de ofrecerla tiene más posibilidades de ganar.

Colombia ya vivió ese ciclo. En la antesala de elecciones de comienzos de siglo, y en varios procesos electorales posteriores, la violencia se intensificó de manera sistemática y el miedo se instaló como el principal criterio de decisión política. No fue casualidad ni coincidencia. Fue un patrón que se repitió intencionalmente con suficiente regularidad como para exigir una explicación que vaya más allá del azar.

En ese clima enrarecido, las propuestas que exigían reflexión, paciencia y visión de largo plazo perdieron terreno frente a discursos que prometían soluciones rápidas, mano dura y certezas inmediatas. No porque fueran mejores o más convenientes, sino porque el miedo no espera, no compara y no delibera.

Hoy ese patrón no solo amenaza con repetirse. Ya está ocurriendo. La actual contienda electoral para elegir presidente de Colombia se ha convertido en escenario de una campaña deliberada para instalar el miedo, la indignación y la incertidumbre como argumentos centrales.

Desde sectores de la oposición al gobierno actual y frente a la candidatura de Iván Cepeda Castro, se han activado proyectos políticos y mediáticos cuyo propósito no es debatir ideas sino sembrar temor. El mensaje que se repite, con distintas palabras, pero con el mismo trasfondo, es siempre el mismo: si gana el progresismo, el país caerá en el caos, la inseguridad se desbordará y la libertad estará en riesgo.

Esa narrativa no es espontánea ni inocente. Está construida con precisión y difundida con recursos. Aparece en titulares que mezclan hechos y especulaciones. Circula en cadenas de mensajes que nadie verifica, pero muchos reenvían. Se instala en el imaginario colectivo antes de que la razón alcance a reaccionar. Y cumple exactamente la función para la que fue diseñada, no convencer sino atemorizar.

La estrategia combina tres ingredientes cuidadosamente. Primero, el miedo, una amenaza difusa pero constante de que algo terrible ocurrirá si el voto va en la dirección equivocada. Segundo, la indignación, la construcción permanente de un agravio, real o exagerado, que mantiene a la ciudadanía en estado de irritación e impide la reflexión serena. Tercero, la incertidumbre, la siembra deliberada de dudas sobre instituciones, procesos y personas, de modo que nadie sepa en qué creer y cualquier promesa de orden resulte atractiva.

Los tres elementos juntos no buscan informar ni persuadir con argumentos. Buscan empujar. Empujar hacia una propuesta radical que ofrece la guerra como solución, el enfrentamiento como método y la eliminación del adversario como horizonte político.

Esa propuesta radical no siempre se presenta con ese nombre. Se disfraza de seguridad, de firmeza, de defensa de valores. Pero su contenido es el mismo de siempre. Más confrontación, menos diálogo, más armas, menos acuerdos. Y para que resulte aceptable, necesita que el miedo haya hecho primero su trabajo. Necesita una ciudadanía suficientemente asustada como para aceptar soluciones que, en condiciones de calma, rechazaría sin dudar.

Lo revelador es que quienes agitan ese miedo rara vez ofrecen una propuesta alternativa concreta. No presentan un plan para reducir la desigualdad, garantizar la seguridad o enfrentar la crisis social del país. Se limitan a señalar al adversario como una amenaza y a presentarse como el dique que impide el desastre. Es una estrategia tan antigua como efectiva, y funciona mejor cuanto menos se examina.

Los señalamientos sin prueba vuelven a circular con fuerza. Las etiquetas vuelven a reemplazar los argumentos. Y la violencia, cuando aparece, no solo destruye vidas. También desplaza el debate, endurece las posiciones y otorga ventaja a quienes viven de la confrontación.

Vale la pena preguntarse con honestidad a quién le sirve que el país no pueda debatir con calma. ¿A quién beneficia que una figura pública sea reducida a una caricatura antes de que sus ideas puedan ser evaluadas? ¿A quién le conviene que la ciudadanía vote con el estómago revuelto por el miedo y la cabeza nublada por la indignación, en lugar de hacerlo con la razón despejada por el análisis?

 ¿A quién beneficia realmente la violencia y que sea el tema central de los medios corporativos de información y no las propuestas de los candidatos? Las respuestas no son cómodas. Pero son necesarias.

Una democracia no muere únicamente cuando alguien toma el poder por la fuerza. También muere, más lentamente y con menos ruido, cuando la mentira se normaliza, cuando la acusación reemplaza al argumento y cuando los ciudadanos dejan de exigir pruebas porque se han acostumbrado a que nadie las presente.

Recuperar el debate no es una tarea exclusiva de los políticos. Es una responsabilidad colectiva. Exigir coherencia, pedir evidencia, resistir la tentación de la etiqueta fácil y negarse a ser instrumento del miedo ajeno son actos políticos tan importantes como el voto mismo.

Colombia merece una conversación a la altura de sus problemas. Y sus problemas son demasiado serios como para seguir siendo reemplazados por insultos, rumores y amenazas fabricadas desde el cálculo electoral. Merece ciudadanos que voten con convicción y no con pánico. Que elijan con criterio y no bajo el efecto de una indignación manufacturada. Que reconozcan, cuando el miedo llame a su puerta, que alguien lo envió con un propósito que no es el bien común. Conversemos sobre el futuro del país sin miedo. Debatamos sin temor para decidir sobre el futuro del país.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Ahora lo que viene es atajar los intentos de alterar los resultados, en un proceso de escrutinio que debe tener el mayor control ciudadano, en lo que ha insistido el presidente Gustavo Petro. No en vano, este martes dijo: “Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El voto se cuida hasta el último momento”.

Es la manera de desbancar las malas prácticas, los delitos electorales, de este ejercicio democrático en el cual la gente pone sobre la mesa qué quiere para su futuro, para el futuro de su región, para el futuro del país.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado tiene que ver con las acciones de la Fuerza Pública para impedir la compra de votos y el trasteo de votantes de un sitio a otro, en un claro intento para comprar conciencias y alterar los resultados. Se atendió la orden presidencial y hay muchos casos que ya están en manos de la justicia.

Este es un año importante para el país y su democracia. El Presidente de le República ha sido claro en hacer respetar la decisión popular, en llamar la atención sobre las debilidades tecnológicas del sistema electoral colombiano y en lo que debe hacerse para que prime la transparencia y se espante todo aquello que impida una decisión libre, desde la presión de grupos armados hasta los delitos electorales.

Las elecciones son el primer escalón de la democracia porque el segundo es la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones sobre su destino y la solución a sus necesidades. Ahí se dirimen los caminos para cerrar las brechas y el Estado debe estar para hacer efectiva la transformación de los territorios. En todo eso está presente el corazón de la democracia.​

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Testigos electorales

En este sentido, el mandatario invitó a los ciudadanos a estar vigilantes y manifestó que la figura de los testigos electorales es fundamental para mitigar los riesgos relacionados con el software que se utilizará para escrutar los votos.

El jefe de Estado recordó que en 2018 el Consejo de Estado advirtió sobre la vulnerabilidad del software utilizado para el escrutinio electoral y ordenó la implementación de un sistema estatal, público y auditable.

Según indicó, dicha disposición no se ha cumplido plenamente, lo que mantiene abiertas dudas sobre la transparencia del código fuente y los algoritmos que intervienen en el conteo de votos.

Subrayó que el llamado preconteo no tiene carácter legal vinculante y es realizado por una empresa privada, mientras que el escrutinio oficial corresponde a las comisiones integradas por jueces de la República.

Explicó que si una mesa presenta inconsistencias y es debidamente impugnada, serán los jueces quienes ordenen abrir las urnas y realizar un nuevo conteo, garantizando así mayor claridad y control institucional sobre los resultados.

“Entre más mesas impugnadas donde existan dudas, más claridad habrá», afirmó, al destacar que el cuidado del voto no es solo una tarea de las autoridades sino un derecho ciudadano consagrado en la ley.

Compra de votos

En materia de delitos electorales, el presidente Petro fue enfático en que la compra de votos constituye una de las prácticas más graves contra la democracia. Por ello, reiteró la orden a la Policía Nacional de capturar en flagrancia a quienes incurran en esta conducta, sin distinción de partido o campaña.

Además, anunció que se evaluará el desempeño de los comandantes regionales de la Policía teniendo en cuenta indicadores como la reducción de homicidios y el número de capturas por delitos contra el sufragio.

Seguimiento a transacciones

En una nueva medida, el presidente Petro instruyó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para intensificar el seguimiento a transacciones electrónicas sospechosas durante la jornada electoral, ante la evidencia de que la compra de votos se estaría realizando mediante transferencias digitales. Las investigaciones deberán ser trasladadas a la Fiscalía para que se adelanten las acciones penales correspondientes.

Mensaje a la ciudadanía

Finalmente, el presidente Petro reiteró su llamado a los colombianos a no vender su voto y a ejercerlo con plena libertad y conciencia.

“Vender el voto significa elegir al verdugo, al que te va a castigar, al que te va a llevar el crimen y la masacre a tu región, al que te va a robar hasta la casa y la sala y otras cosas más. No votes por tu verdugo, piensa en quién más es posiblemente un buen parlamentario, independientemente de sus partidos; escoge con libertad», dijo.

“La base de la democracia es la transparencia y la legitimidad», concluyó el jefe de Estado, al insistir en que solo una decisión popular libre y protegida de presiones permitirá consolidar un Congreso representativo y fortalecer el Estado de Derecho en Colombia.

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