La dirigente política insistió durante uno de los encuentros de la Comisión del Terremoto, en diferentes falencias del citado fondo al que califica de inocuo y denuncia los altos costos de las comisiones del FM cuantificadas en 250 millones de pesos mensuales.

Aquí los reparos de la legisladora:

“1. El gerente del Fondo Milagro confirma que apenas hoy van a empezar a trabajar. No hay manual operativo, ni de contratación, ni nada. Cero pesos ejecutados aun cuando tienen $624.000 millones desde hace dos semanas. Entre tanto las víctimas siguen durmiendo en carpas.

2. ¿Era la creación del Fondo Milagro realmente necesaria, cuando la UNGRD y el DNP son los que ejecutan realmente los recursos? ¿Pero además, teniendo en cuenta que el FM nos cuesta $250 millones mensuales de comisión para la fiducia, más los salarios de gerentes, abogados y demás burocracia que no hace sino duplicar funciones que ya tiene la UNGRD? A mi juicio, no. Un fondo inocuo más que crea el Estado colombiano en medio de una crisis fiscal.

Una propuesta: ¿qué tal si todo lo que nos cuesta el fondo lo utilizan para alquilar hoteles en ciudades como Pereira, en donde la gente sigue durmiendo en carpas y las ayudas nada que llegan? Estaría mejor invertido ese recurso.

3. ¿Cuándo van a trasladar los dineros recaudados por la fundación de la Primera Dama al tesoro nacional? Se supone que la idea era recaudarlos rápido mediante una fundación privada y luego pasarlos al Fondo Milagro. Sobre nada de esto han querido dar claridad. 

4. Finalmente, OJO con los departamentos y municipios colados en el listado de víctimas. Santander y Caquetá, que los metieron a última hora, no tienen evidencia de ningún tipo de afectación y aún así gozan de los beneficios establecidos en los decretos de emergencia. ¿Por qué? ¿Acaso porque son gobernadores y alcaldes amigos del gobierno? Eso sería inaceptable.

En suma: las respuestas del gobierno de De La Espriella  siguen siendo deficientes, tardías e improvisadas. El presidente debería liderar él mismo la reconstrucción en lugar de andar abriendo ‘batallas culturales’ y cazando peleas que no aportan nada al país. 

Las víctimas de la que es quizás la peor tragedia de Colombia en las últimas décadas, siguen absolutamente huérfanas. En este punto el único milagro será que las ayudas lleguen y que la reconstrucción empiece”

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Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

 Hora: 8:30 a. m.

 Lugar: Rancho Guataquí, vereda La Yaya – El Silencio, municipio de Carepa.

 Modalidad: Activo, 10 minutos finish.

 Rondas: 6.

 Inscripción: $10.000, incluye refrigerio y uso de la piscina.

¡GRAN PREMIACIÓN!

Habrá premios en efectivo para la categoría libre y medallas para las categorías Sub-12 y Sub-9, reconociendo el talento y el esfuerzo de nuestros deportistas.

Una oportunidad para demostrar tus habilidades, compartir con otros ajedrecistas y disfrutar de una experiencia diferente en un ambiente de integración y competencia.

 ¡Cupos limitados! Inscríbete con anticipación y asegura tu participación.

 Rancho Guataquí: donde la estrategia se encuentra con la pasión.

¡Te esperamos para mover las piezas, conquistar el tablero y vivir una gran jornada de ajedrez!

“Será una jornada de integración deportiva en un sitio campestre, propio para la concentración de los participantes, desde donde aspiramos seguir apoyando esta disciplina” dijo el juez nacional de Ajedrez Diego Echavarría Vallejo, vocero del Club de Ajedrez Papagayo de Carepa, uno de los patrocinadores.

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Los premios los pagan únicamente los operadores autorizados, bajo sus propios términos y sin exigir consignaciones previas a cuentas de particulares o funcionarios.

No pongas tu dinero en manos de páginas fraudulentas. Antes de jugar, revisa que el sitio de apuestas esté autorizado legalmente en Colombia.

Verifica que el operador cuente con la autorización correspondiente y evita plataformas que prometen ganancias fáciles, bonos sospechosos o te solicitan pagos para retirar supuestos premios.

¡Atención! No permitas que los ciberdelincuentes se queden con tu dinero.

En redes sociales están circulando perfiles falsos que prometen la entrega de premios millonarios a cambio de «anticipos» o «costos de consignación». ¡Esto es totalmente FALSO!

Aprender a identificar el engaño y conocer la función real de Coljuegos como entidad reguladora.

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En dichos talleres participaron amplios sectores de la institucionalidad, sector, académico, sector privado, medios de comunicación, entre otras organizaciones sociales de la zona de Urabá.

Este tipo de dinámicas interinstitucionales sirvieron para conocer varias propuestas, detectar problemáticas y posibles soluciones a los problemas que afectan a estos segmentos de la sociedad, mediante un cruce de diálogos participativos y aportes desde diversas áreas del conocimiento.

Los distintos actores trabajaron bajo una estrategia denominada: “Unir para Construir 2026, una ruta que convoca a actores de distintos sectores de Urabá, para encontrarse, escucharse y fortalecer la articulación alrededor del bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El encuentro de ayer viernes en Apartadó, estuvo revestido de gran importancia ya que se trata de pasar de las propuestas, los diagnósticos a la práctica, de poner en marcha lo aprendido, las iniciativas más viables, entre las muchas que se discutieron en los talleres.

Tanto la Fundación, como los demás actores, quedan con unas herramientas sólidas para ejecutar políticas y programas serios dirigidos al acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en las muchas problemáticas identificadas.

De hecho, para mediados del mes de noviembre próximo, quedó programada una ambiciosa presentación denominada “Carrusel del Cuidado” la misma que se desarrollará en Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, la cual incluye un foro subregional, lúdica y una serie de actividades pedagógicas.

En conclusión, la Fundación Mi Sangre tiene en su poder importantes herramientas, construidas de una manera plural y participativa, que le permitirá hacer grandes aportes sociales a la comunidad en general, partiendo que este sector de la población abarca a sus padres, a los cuidadores, fueren quienes fueren, y a gran parte de la institucionalidad, incluyendo a sus maestros. Ahora pasarán de la teoría la práctica.

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Los problemas de la práctica profesional rara vez llegan acompañados de sus soluciones. Aprender a buscar, valorar y aplicar el conocimiento ante la urgencia de actuar es una competencia que se cultiva cuando la necesidad y la práctica preceden a la teoría.

Hay aprendizajes que comienzan de forma inesperada, justamente cuando una necesidad concreta nos obliga a buscar una respuesta sin disponer del tiempo ni de los caminos habituales para que el conocimiento nos sea entregado. En esas circunstancias nos vemos obligados a reconocer lo que ignoramos, buscar información de manera autónoma, evaluar con criterio lo que encontramos y aplicarlo para resolver el problema inmediato. Esta experiencia, repetida a lo largo de la vida profesional, constituye el núcleo de la autogestión del conocimiento.

Mi propia trayectoria en la escritura de artículos de opinión y ensayos —un proceso que considero todavía inacabado— no se inició en un aula ni en una sala de redacción periodística profesional. Comenzó en un espacio mucho más modesto: ante la página en blanco de un periódico mural.

Durante la década de los ochenta, cuando ejercía como director del Centro de Investigaciones y Servicios Técnicos de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Antioquia, creamos un periódico mural como canal de comunicación interna. El medio contaba con secciones dedicadas a informar sobre los proyectos de investigación en curso, las consultorías, los nuevos servicios técnicos y la participación del Centro en eventos académicos. La sección editorial, sin embargo, estaba bajo mi responsabilidad.

Entre los estudiantes de Comunicación Social que realizaron sus prácticas en el Centro se encontraba Roger Vélez. Recuerdo con especial aprecio su contribución al periódico mediante la creación de una sección de humor dedicada a las situaciones cotidianas de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. El título que eligió me sigue pareciendo brillante: INGENIE-RÍA.

Las caricaturas de INGENIE-RÍA no solo invitaban a detenerse y sonreír, sino que permitían descubrir detrás del humor paradojas o problemas tecnológicos que merecían mirarse con otros ojos. Roger demostró tempranamente una capacidad excepcional para encontrar en la ingeniería un ángulo insospechado y transformarlo en una pieza comunicativa con sentido crítico. Con los años, desarrolló una destacada carrera periodística en Antioquia y llegó a dirigir diversos medios de comunicación. Al recordar aquel medio universitario, resulta gratificante reconocer en su aporte una expresión temprana del talento que encontraría en el periodismo su campo de desarrollo.

El editorial, por su parte, significaba para mí un desafío constante. Publicado cada uno o dos meses, me confrontaba directamente con una página en blanco que debía ser llenada con ideas relevantes para profesores, estudiantes y visitantes de la Facultad. Los temas abordaban reflexiones sobre la educación, la ciencia, el ejercicio de la ingeniería, el papel de la universidad o los problemas del país.

Yo no contaba con formación en periodismo ni había estudiado técnicas de redacción de opinión. Lo que sí tenía era una responsabilidad concreta, lectores reales y una fecha de entrega que no admitía prórrogas. Cada texto me obligaba a pensar con rigor antes de escribir, a estructurar los argumentos, a buscar datos y a revisar lo redactado en procura de la máxima claridad. Luego venían las relecturas, las correcciones y, en no pocas ocasiones, la necesidad de descartar borradores y empezar de nuevo. Así, en la práctica y sin maestro formal, fui desarrollando la capacidad de comunicación escrita.

Aquella labor terminó por abrirse paso más allá del espacio físico de la Facultad. Recuerdo con gratitud al profesor Darío Suescún, exviceministro de Minas y Energía, quien tomó uno de mis editoriales y se lo presentó a Darío Arizmendi, en ese momento director del periódico El Mundo. El texto fue publicado en sus páginas. Ver ese editorial en la prensa regional significó una motivación determinante para consolidar un ejercicio de escritura reflexiva que se mantuvo a lo largo de los años.

Al analizar aquella vivencia, hoy, encuentro un principio pedagógico que supera con creces el ámbito de la redacción. Aprendí porque había una necesidad tangible y un plazo que cumplir. La situación me impulsó a indagar por mi cuenta lo que desconocía, a aprender haciendo (learning by doing) y a evaluar mi progreso a medida que avanzaba.

Cuando enfrentamos una dificultad real y el tiempo presiona, el conocimiento adquiere una dimensión distinta. Deja de ser información que se recibe de forma pasiva y se transforma en un recurso que debemos gestionar para actuar con eficacia. Esta distinción es crucial en campos como la ingeniería, donde los problemas reales difícilmente se presentan con un inventario de soluciones prefijadas.

Durante la formación universitaria, el estudiante aprende teorías, métodos, herramientas formales y procedimientos estandarizados. Sin embargo, en el ejercicio profesional se presentan de forma inevitable situaciones que ningún currículo o clase puede anticipar.

El saber no circula únicamente por las aulas. Hoy, el ecosistema de aprendizaje abarca fuentes digitales, normativa cambiante, expertos, recursos de acceso abierto, inteligencia artificial y redes interdisciplinarias. En el día a día laboral es frecuente la necesidad de descifrar un fenómeno imprevisto, estudiar una regulación, dominar un software de cálculo o diseñar una solución inédita.

Por ello, la formación universitaria en ingeniería debe cultivar en el estudiante la capacidad para identificar qué conocimiento le hace falta, dónde encontrarlo, cómo analizar críticamente la información disponible y de qué forma articularla en una solución técnica viable. La autogestión del conocimiento cobra verdadero valor cuando la respuesta no reside en el catálogo de lo ya aprendido. No se trata simplemente de acumular saberes, sino de aprender a movilizarlos dinámicamente ante escenarios nuevos.

Esta convicción es la que orienta el trabajo que adelantamos en el curso de Diseño de Procesos y Productos de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Antioquia mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Mediante el ABP, enfrentamos a los estudiantes a problemas complejos y auténticos que exigen, para ser resueltos, ampliar las fronteras de sus conocimientos previos. Cada obstáculo en el desarrollo del proyecto genera una pregunta; la pregunta conduce a la búsqueda activa de información; y los hallazgos deben ser comprendidos, contrastados y valorados antes de convertirse en una decisión de ingeniería. De este modo, la necesidad de aprender se integra orgánicamente en el propio proceso de aprendizaje de diseño.

En esta estrategia didáctica, el papel del profesor se transforma. De principal proveedor de contenidos pasamos a ser acompañantes del proceso de aprendizaje: guías, mentores, asesores, facilitadores y auditores del recorrido que cada estudiante construye. El propósito es que el estudiante asuma progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje y adquiera la autonomía necesaria para afrontar la incertidumbre profesional.

La capacidad de autogestionar el aprendizaje va mucho más allá de la etapa académica. En el mundo contemporáneo las tecnologías cambian velozmente, surgen problemas inéditos y las respuestas tradicionales dejan de ser aplicables. Quien ha aprendido a gestionar su propio conocimiento posee una competencia que permanece inalterable aun cuando las herramientas técnicas o los conocimientos cambien.

Al final, ese es el aprendizaje principal que conservo de la experiencia frente al periódico mural. Ante una página en blanco tuve que desarrollar la capacidad de estructurar y comunicar mis ideas porque existía la necesidad de expresar mis opiniones. La necesidad, la práctica y el aprendizaje autodidacta fueron modelando la escritura.

La universidad debe multiplicar las oportunidades para que sus estudiantes vivan experiencias análogas en todas las disciplinas. Más allá de prepararlos para ejercer idóneamente una profesión, la educación superior debe ayudarlos a descubrir qué necesitan aprender cuando enfrentan un desafío inédito y a trazar por sí mismos el camino para lograrlo. Allí comienza la verdadera formación: aquella que sigue enriqueciéndose mucho después de haber recibido el título profesional.

*Analista y Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia

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“Es inaceptable que usen inteligencia artificial para suplantarme y poner en mi boca palabras que jamás he pronunciado en el Congreso. No es una broma ni una simple publicación falsa: es una estrategia para desprestigiar a la oposición, atravesada por la misoginia y dirigida contra las mujeres del Pacto Histórico.

Las cuentas abelardistas saturan las redes con contenido engañoso mientras Meta mira para otro lado y no las sanciona. Denuncio estos ataques y exijo una respuesta de parte del gobierno y Fiscalía”. Respondió la legisladora del Pacto Histórico visiblemente molesta ante la difusión de información falsa que compromete su nombre.

“Meta está haciendo intervencionismo, le pido que respete la democracia, en Brasil al presidente Lula, le cancelan las cuentas”, dijo la senadora acusando de manera directa a la derecha donde incluso le han puesto apodos.

En la pieza manipulada, Zuleta supuestamente reclamaba de manera alterada que dejaran de llamarla “cabeza de brócoli”. El contenido generó una ola de críticas y ataques en redes sociales, luego de que numerosos usuarios lo compartieran como si se tratara de una declaración real.

«Otra muestra más de cómo nos atacan las granjas de bots y las bodegas afines al Gobierno a las mujeres que hacemos oposición». “Las lideresas sociales que me han defendido, también están siendo atacadas”. Anotó

Zuleta aseguró que se trata de un deepfake y afirmó que el material utiliza su imagen, su voz y una recreación del escenario del Senado.

La senadora Isabel Cristina Zuleta agregó que Meta ejerce una intervención extrajera que está prohibida y que promueve estos ataques en su contra, llamó a sus seguidores a no dejarse confundir, ya que están saturando y engañando en redes sociales con información falsa en contra de la oposición.

Nuevamente queda sobre el tapete la importancia de regular este tipo de informaciones, sus plataformas y métodos de producción y de paso dotar a la Fiscalía de herramientas contundentes para evitar la propagación de información falsa, fenómeno que viene ocurriendo en todo el mundo y que pulula en las redes sociales colombianas.

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Eduardo Galeano

Las palabras de Eduardo Galeano, pronunciadas en 2011, adquieren hoy una inquietante actualidad. Pero la “dictadura del miedo” ha cambiado de rostro. Ya no necesita solamente censura, grandes medios de comunicación o propaganda estatal. Dispone de algoritmos, inteligencia artificial, microsegmentación, ejércitos de cuentas falsas, bots, influencers y plataformas capaces de fabricar, en tiempo real, la apariencia de una opinión pública.

Lo que antes requería una poderosa maquinaria de propaganda, hoy puede producirse desde una pantalla y multiplicarse hasta hacernos creer que estamos frente a una expresión espontánea de la sociedad. Las tecnologías algorítmicas y de IA permiten amplificar una opinión, convertirla en tendencia y crear la sensación de que detrás de ella existe una mayoría social, cuando en realidad puede haber una operación deliberada de manipulación.

Lo ocurrido recientemente en Bolivia hace especialmente inquietante esa posibilidad. Durante los allanamientos relacionados con el estratega político argentino Fernando Cerimedo, las autoridades reportaron el hallazgo de una infraestructura descrita como una “mini granja de bots”. El hecho adquiere especial relevancia porque durante años investigaciones periodísticas y de organizaciones especializadas habían advertido sobre redes coordinadas, cuentas fraudulentas y operaciones de manipulación digital en distintos procesos electorales latinoamericanos.

El hallazgo de una infraestructura física destinada a producir artificialmente actividad política en las redes convierte en un hecho tangible aquello que hasta ahora muchas veces solo podía observarse como un comportamiento anómalo en el espacio digital. No prueba todas las acusaciones formuladas contra Cerimedo, que deberán ser esclarecidas por las autoridades, pero sí muestra que la fabricación artificial de conversación política no pertenece al terreno de la ciencia ficción.

Cerimedo no es un actor desconocido en la política regional. Ha estado vinculado a campañas y estructuras de comunicación política en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y otros países latinoamericanos. Su nombre también aparece relacionado con procesos electorales en Honduras y Perú, aunque en estos casos existen denuncias y señalamientos que todavía deben ser esclarecidos. Lo relevante no es atribuirle personalmente una operación continental que no ha sido demostrada, sino observar la aparición de un circuito de consultoría política y comunicación digital que trasciende las fronteras nacionales.

Chile ya reaccionó institucionalmente. Su Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para examinar posibles redes de bots, cuentas automatizadas y mecanismos de manipulación digital asociados a procesos políticos. En Colombia, investigaciones realizadas durante las elecciones de 2026 identificaron miles de cuentas anómalas y redes coordinadas que intervinieron en la conversación alrededor de los principales candidatos. También se documentó la circulación masiva de videos generados mediante inteligencia artificial que imitaban a candidatos y fueron utilizados para difundir contenidos falsos.

Pero quizá sea una declaración surgida del propio proceso electoral colombiano la que mejor permite comprender la lógica detrás de este fenómeno. Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella, afirmó en una entrevista en Caracol que “las campañas no se ganan con la razón, no se ganan con las propuestas” y que, para ganar elecciones, “se tienen que mover emociones y sentimientos”. Al referirse al momento decisivo del voto, añadió que en la soledad del cubículo se vota “con el corazón o con los hígados”, según la emoción provocada. La afirmación resulta reveladora porque presenta la emoción no como un efecto colateral, sino como un objetivo deliberado de la estrategia electoral.

El problema, por tanto, no consiste simplemente en la existencia de noticias falsas. El objetivo puede ser mucho más sofisticado. No se trata solo de manipular la información, sino de construir narrativas destinadas a provocar emoción, indignación y miedo, más que juicio racional. Una acusación repetida miles de veces puede adquirir apariencia de verdad, una imagen falsa puede convertirse en evidencia y una multitud artificial de cuentas puede crear la sensación de que una opinión es mayoritaria.

La transformación es profunda porque la manipulación digital no se limita a transmitir mensajes. Puede intervenir para modificar el estado   las personas que los reciben. Los algoritmos permiten segmentar públicos, identificar preferencias, explotar temores y adaptar el mensaje a cada grupo. La propaganda política tradicional intentaba convencer a las masas, mientras las nuevas tecnologías pueden fragmentarlas y hablarle a cada segmento desde sus propias emociones.

Ahí adquiere especial vigencia la advertencia de Galeano. El miedo convierte al adversario político en una amenaza y transforma la discrepancia en enemistad. Una sociedad sometida permanentemente a mensajes sobre inseguridad, caos, corrupción, comunismo, terrorismo o destrucción nacional puede terminar tomando decisiones políticas desde la angustia, el miedo y no desde la deliberación. El ciudadano deja de preguntarse qué proyecto de sociedad quiere construir y empieza a preguntarse de quién debe defenderse.

Pero el fenómeno tiene una dimensión todavía mayor. En determinados sectores tecnológicos de Estados Unidos han adquirido fuerzas corrientes neorreaccionarias que cuestionan algunos fundamentos de la democracia liberal y reivindican formas de poder más concentradas, apoyadas en la tecnología, el capital y el control de infraestructuras digitales. No sería serio afirmar que existe una estructura única que coordina las campañas políticas latinoamericanas desde Silicon Valley. Sin embargo, tampoco puede descartarse por completo esa posibilidad ante el creciente desarrollo de plataformas tecnológicas capaces de integrar y gestionar operaciones de seguridad e inteligencia de los Estados.

Lo que sí merece especial atención es la convergencia entre grandes fortunas tecnológicas, plataformas digitales, inteligencia artificial, datos, nuevas corrientes políticas y redes transnacionales de comunicación. Ese entramado podría otorgar a determinados actores una capacidad de influencia política que trasciende las fronteras nacionales y modifica la relación tradicional entre poder económico, tecnología y poder político.

Desde esta perspectiva puede entenderse la idea de un nuevo feudalismo…el tecnólogico. En el tecnofeudalismo, un magnate o una corporación tecnológica puede concentrar el control de recursos esenciales que operan en la nube, como datos, plataformas, algoritmos, capacidad de cómputo e infraestructura digital. Así como el señor feudal controlaba la tierra y, con ella, buena parte de las condiciones materiales de quienes dependían de ella, el poder tecnológico puede controlar hoy infraestructuras de las que dependen la economía, la comunicación y hasta la formación de la opinión pública.

Esta cuestión es especialmente sensible para América Latina. La región posee recursos estratégicos fundamentales para la economía del futuro, entre ellos litio, cobre, petróleo, gas, agua y biodiversidad, pero mantiene una fuerte dependencia tecnológica, financiera y digital. La soberanía, por tanto, ya no puede pensarse únicamente en términos de territorio, fronteras y recursos naturales. También tendrá que pensarse en términos de datos, inteligencia artificial, plataformas, energía, infraestructura tecnológica y capacidad para producir conocimiento propio.

Por eso, lo que está ocurriendo no debería interpretarse simplemente como un nuevo ciclo de recuperación de la derecha frente a la izquierda en el gobierno; esa lectura resulta demasiado estrecha. Lo que está emergiendo es una disputa más profunda por el control de las condiciones en que las sociedades forman sus opiniones y toman decisiones. Las elecciones ya no se definen únicamente en las urnas, sino que cada vez más se busca influir en ellas mucho antes, mediante la construcción de percepciones, emociones, miedos y certezas.

La defensa de la democracia tendrá entonces que ir más allá de garantizar elecciones libres y contar correctamente los votos. Tendrá que enfrentar la manipulación algorítmica, exigir transparencia sobre el uso político de los datos, identificar redes artificiales de influencia y establecer responsabilidades frente a los contenidos generados con inteligencia artificial. También tendrá que fortalecer la capacidad ciudadana para distinguir información de propaganda y deliberación de manipulación.

Porque la amenaza más sofisticada ya no consiste en convencer a una sociedad de una mentira. Consiste en construir las condiciones para que esa mentira encuentre millones de receptores, sea repetida hasta adquirir apariencia de verdad y provoque la emoción necesaria para convertirla en conducta política. Ese es quizá el verdadero rostro contemporáneo de la “dictadura del miedo”, no ordenar qué debemos pensar, sino intervenir en el entorno en el que pensamos y decidimos.

La disputa que se libra en América Latina es, por eso, mucho más profunda que una nueva batalla entre izquierda y derecha. Es una disputa por el poder de construir la realidad política del futuro. La pregunta decisiva será si ese poder permanecerá en manos de ciudadanos capaces de deliberar democráticamente o terminará concentrándose en quienes controlan el capital, los datos, los algoritmos y las tecnologías que moldean nuestra percepción del mundo.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Ante la reducción de las lluvias y de los caudales de las quebradas que abastecen el embalse Piedras Blancas, EPM implementará interrupciones programadas del servicio de acueducto en 10 circuitos de las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín. Esta medida comenzará el lunes 31 de agosto de 2026, se aplicará día de por medio entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, y regirá inicialmente durante septiembre.

Aunque el fenómeno de El Niño todavía no ha sido declarado oficialmente en Colombia, las condiciones climáticas actuales evidencian una reducción importante de las precipitaciones. Las lluvias registradas hasta la fecha no han tenido la duración ni la intensidad necesarias para recuperar los caudales de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto.

adicionales en comparación con la semana anterior. La invitación de EPM es a ponerse en modo ahorro.

Esta situación tiene un efecto sobre el embalse Piedras Blancas, debido a que es el sistema con menor capacidad de almacenamiento y dispone de posibilidades más limitadas de respaldo. En la actualidad, presenta un déficit del sistema estimado de 120 litros por segundo, equivalentes al agua contenida en cerca de cinco piscinas olímpicas al día.

La capacidad de respaldo del sistema interconectado tiene límites físicos y operativos. Además, las fuentes que abastecen los demás sistemas también registran los efectos de la disminución de las lluvias. Mantener de manera permanente las transferencias de agua necesarias para cubrir el déficit de Piedras Blancas aumentaría el riesgo de abastecimiento sobre otros sistemas que atienden a una población mayor en el resto del territorio del Valle de Aburrá.

Ante este escenario, las interrupciones programadas en horario nocturno favorecerán la recuperación del sistema Piedras Blancas. Además, reducirán la necesidad de respaldo desde otros sistemas y ayudarán a evitar que la menor disponibilidad de agua tenga un impacto más amplio en la prestación del servicio de acueducto.

A la reducción de la disponibilidad del recurso de agua, se suma un incremento reciente del consumo. Entre el 18 y el 24 de agosto de 2026 se consumieron más de 48 millones de litros adicionales con respecto a la semana anterior.

Con la comunidad

Durante las interrupciones, EPM dispondrá de seis rutas a través de cuatro carrotanques y dos camiones adecuados con bidones. para apoyar el abastecimiento de sectores priorizados entre las 6:30 p. m. y las 9:30 p. m. Las rutas serán informadas a la comunidad a través de los canales oficiales de la Empresa y con el acompañamiento de los equipos sociales en territorio.

La recomendación para las familias es almacenar únicamente el agua potable necesaria para atender las actividades básicas durante la interrupción, utilizar recipientes limpios y mantenerlos tapados. El almacenamiento excesivo, además de incrementar la demanda antes de cada interrupción, no es recomendable debido a que el agua potable almacenada mantiene sus condiciones de calidad por aproximadamente 24 horas.

Evaluación de las medidas

La aplicación inicial de las interrupciones durante septiembre estará sujeta a la evolución de las condiciones del sistema. EPM hará seguimiento al comportamiento de las lluvias, los caudales de las fuentes, los niveles de los embalses, el déficit de agua, el consumo de agua por parte de los usuarios y la respuesta de los circuitos.

Con base en este seguimiento, las interrupciones podrán continuar bajo las mismas condiciones, modificar sus días u horarios, incorporar nuevos circuitos, reducirse o finalizar.

Mientras persistan la reducción de las lluvias y los bajos caudales, el ahorro de agua será fundamental. Un consumo responsable contribuye a disminuir la presión sobre las fuentes y los sistemas de abastecimiento y a proteger la disponibilidad del recurso.

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El Libro de la Verdad denuncia graves riesgos de corrupción en el gobierno de Petro. ¿Qué prueban sus hallazgos, cuáles son sus límites y cuándo un balance técnico se convierte en el manifiesto político del nuevo gobierno?

El 18 de agosto, Abelardo de la Espriella presentó el “Libro de la Verdad: Empalme Anticorrupción 2026”, que contiene un balance de la administración anterior.

Analizar el Libro de la Verdad exige algo más que aceptar sus cifras o rechazar sus conclusiones. Implica preguntarse qué problema enfrentó el gobierno, qué recursos encontró, cómo se usaron, qué resultados se obtuvieron y qué parte de esos cambios puede atribuirse razonablemente a la administración anterior. 

Bajo esa vara, el documento presentado por Abelardo de la Espriella resulta relevante y contiene alertas graves sobre corrupción institucional, pero no constituye una evaluación integral del gobierno de Gustavo Petro; es, más bien, un diagnóstico político-técnico del Estado que el nuevo gobierno afirma haber heredado, veamos por qué. 

Una radiografía tomada por quien heredó al paciente

El Libro de la Verdad, de 135 páginas y cinco capítulos, explica la metodología del empalme, identifica nueve comportamientos que habrían favorecido la corrupción, presenta las actuaciones del Equipo Élite Anticorrupción, ofrece balances sectoriales y culmina con los principios de la “Patria Milagro”. Su promesa más ambiciosa es no limitarse a recopilar irregularidades, sino mostrar cómo distintas fallas del Estado se conectan entre sí y crean condiciones propicias para la corrupción.

Pero el propio documento reconoce límites relevantes: no es un empalme formal bajo la Ley 951 de 2005, ni una auditoría, investigación o sentencia, y no atribuye responsabilidades individuales. Aunque se apoyó en una metodología amplia —voluntarios, equipos sectoriales, fuentes oficiales, SECOP, derechos de petición, documentos internos, prensa e inteligencia artificial validada por humanos—, su valor es diagnóstico, no concluyente: puede mostrar fracturas reales, pero también está condicionado por la mirada de quien acaba de recibir al paciente.

Las nueve enfermedades del Estado

El aporte conceptual más interesante del libro es su identificación de nueve “comportamientos críticos” que habrían debilitado los controles y ampliado los espacios de discrecionalidad.

Fuente: Resumen de la autora.

La fortaleza de esta clasificación radica en abandonar la caricatura de la “manzana podrida”. La corrupción no surge solo porque una persona decida robar. También puede prosperar porque el Estado pierde memoria, conocimientos, información, coordinación y control territorial.

Su debilidad radica en sugerir, ocasionalmente, que toda falla institucional fue deliberada para facilitar prácticas corruptas. Eso requiere una prueba adicional. La desorganización puede favorecer la corrupción sin haber sido creada con ese propósito.

Entre hallazgos administrativos y pruebas de corrupción

Antes de entrar en los casos concretos —reforma agraria, salud, cárceles, caminos comunitarios, servicios públicos, contratación y nombramientos— conviene precisar la vara de lectura: el libro presenta 59 casos sectoriales y 23 asuntos priorizados por el Equipo Élite Anticorrupción, pero esa suma no equivale necesariamente a 82 hechos independientes ni a 82 pruebas de corrupción. Las actuaciones tienen naturaleza jurídica distinta y algunas pueden superponerse; por eso, una denuncia no es una imputación, una imputación no es una condena y una falla administrativa no prueba por sí sola un delito. 

La utilidad del informe radica en plantear preguntas verificables sobre riesgos, ilegalidades, mala gestión o posibles hechos de corrupción, no en convertir cada alerta en un veredicto.

Del anuncio agrario al título registrado

Uno de los casos centrales es la reforma agraria.  El libro afirma que, de 351.463 hectáreas entregadas mediante el Fondo de Tierras, solo 98.148 tendrían registro pleno y más de 206.000 seguirían en situación provisional; además, señala que la Agencia Nacional de Tierras destinó cerca de 979.003 millones de pesos a 537 predios provenientes de la SAE, de los cuales apenas tres tendrían escritura registrada a favor de la Nación.

La alerta es sustancial porque una hectárea anunciada no equivale a una hectárea comprada, entregada, titulada y aprovechada productivamente.  La provisionalidad puede dar posesión material, pero no seguridad jurídica para invertir, acceder a crédito, heredar o defender la propiedad. 

Sin embargo, la brecha entre predios adquiridos y registrados no prueba por sí sola un desvío de recursos; exige reconstruir la situación jurídica de cada inmueble, los pagos, las obligaciones de la SAE y de la ANT, los plazos registrales y los obstáculos judiciales antes de pasar del hallazgo administrativo a la calificación penal.

Salud: entre crisis estructural y mala administración

En salud, el documento examina transferencias por billones de pesos para equipos básicos, infraestructura hospitalaria y otros programas, y advierte de bajos niveles de legalización de los recursos, deficiencias en el seguimiento a las entidades receptoras, insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, deudas acumuladas y compromisos de infraestructura asumidos sin suficiente madurez técnica.

El análisis identifica problemas reales, pero mezcla tres planos que deben separarse: una crisis histórica de financiamiento, decisiones discutibles del gobierno Petro y posibles irregularidades en la administración de recursos. Para atribuir responsabilidades con rigor, es indispensable distinguir entre lo heredado y lo causado, y diferenciar los recursos apropiados, asignados, comprometidos, girados, ejecutados y legalizados.  Categorías que, en la administración pública, no son equivalentes.

Cárceles, caminos y servicios públicos

En cárceles, caminos comunitarios y servicios públicos, el informe identifica alertas significativas: en el sector penitenciario, menciona 119 hallazgos con posible impacto económico de 78.493 millones de pesos y pagos por obras inexistentes; en Caminos Comunitarios para la Paz, señala giros cercanos a 612.000 millones a organizaciones comunitarias con baja ejecución física; y en ESSMAR, revisa procesos por unos 786.000 millones cuyas condiciones contractuales ameritan un examen detallado.

La gravedad de esos hechos depende de su verificación: si se confirman pagos por obras inexistentes, podrían derivarse responsabilidades penales, fiscales y contractuales; pero la baja ejecución, la contratación comunitaria o el tamaño de un contrato no prueban por sí solos la ilegalidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Air-e, donde se reportan pérdidas, patrimonio negativo, deterioros contables y giros investigados.  Allí es indispensable distinguir la crisis previa a la intervención estatal de las decisiones posteriores, para no atribuir a una sola administración un deterioro acumulado a lo largo de varios períodos.

La contratación que pasa de mano en mano

El caso de Canal Trece ilustra el riesgo de intermediación contractual: la Agencia Nacional de Tierras celebró con Teveandina un convenio por hasta 17.003 millones de pesos para actividades logísticas que, según el documento, habrían sido subcontratadas casi por completo, mientras el operador conservaba una remuneración por administración. La subcontratación no es ilegal en sí misma, pero cuando una entidad es contratada principalmente para subcontratar, debe demostrar el valor que aporta.

Algo similar ocurre con los procesos por más de 68.000 millones en FONIGUALDAD antes de la extinción del Ministerio de Igualdad. A primera vista, genera sospechas razonables, pero la clave es determinar si los compromisos eran necesarios, ejecutables, financiables y vinculados a funciones que debían continuar.

Nombramientos y contratos de último momento 

En el ICBF, la revisión de 66 nombramientos provisionales realizados en siete días, poco antes del cambio de gobierno y con motivaciones semejantes, plantea una alerta sobre posible clientelismo o uso indebido de la provisionalidad; sin embargo, demostrarlo exige examinar cada vacante, cada hoja de vida, cada competencia funcional y cada criterio de selección. 

Lo mismo se aplica a la decisión de la Agencia de Desarrollo Rural de habilitar un sábado para actuaciones contractuales. Su carácter extraordinario no basta para configurar prevaricato, pues debe probarse que era manifiestamente contrario a la ley, que quien la expidió lo sabía y que los contratos se tramitaron con esa habilitación.

Cuando la auditoría se convierte en credo

En su último capítulo, el libro abandona parte del lenguaje técnico y adopta el vocabulario de la “Patria Milagro”: a cada falla institucional opone un principio —mérito, verdad, bien común, autoridad, dignidad y coherencia—, algunos de los cuales apuntan a respuestas razonables, como verificar cifras, fortalecer la carrera administrativa, recuperar capacidades tecnológicas y aumentar la competencia contractual. Sin embargo, esos principios aún no son políticas.  Para ser evaluables, requieren responsables, plazos, recursos, indicadores, controles y consecuencias por incumplimiento.

Al incorporar la fe, los valores cristianos, la familia y una educación “libre de imposiciones ideológicas”, el documento pasa de un inventario institucional a un manifiesto moral, aprovechando el balance del gobierno anterior para legitimar la identidad del nuevo gobierno. Incluso el título, «Libro de la Verdad», refuerza esa operación.  Políticamente puede ser eficaz, pero democráticamente es riesgoso, porque la función de determinar cuál es la verdad pública no debe quedar al arbitrio del Ejecutivo, sino que debe ser el resultado de documentos verificables, contradicciones, investigación independiente y debido proceso.

La verdad no se proclama: se comprueba

El Libro de la Verdad es más sólido cuando presenta documentos, cifras y secuencias de decisiones, y más débil cuando transforma fallas administrativas en prueba automática de corrupción o cuando utiliza el diagnóstico para afirmar la superioridad moral del nuevo gobierno. Su principal aporte es ampliar la mirada anticorrupción más allá del dinero recuperado o de las condenas, incorporando la pérdida de capacidad técnica, la dependencia de contratistas, la manipulación de indicadores, la intermediación innecesaria, la parálisis operativa y la captura territorial.  Su límite es que aún no mide con rigor la magnitud de esos fenómenos ni los compara sistemáticamente con administraciones anteriores ni con resultados, restricciones y logros verificables.

La prueba definitiva no estará en sus 135 páginas, sino en lo que ocurra después: cuántos expedientes se convierten en investigaciones, sanciones, recuperación de recursos y corrección efectiva de fallas. Pero esa vara también debe aplicarse al gobierno de De la Espriella. Un compromiso anticorrupción no se demuestra narrando los pecados del antecesor, sino construyendo instituciones capaces de detectar los propios; la verdad sobre cómo se ejerció un gobierno no debe ser una valoración realizada por quien lo sucede, sino un resultado verificable por cualquier ciudadano.

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Esta primera etapa permitirá contar con un diagnóstico para orientar las decisiones frente a la continuidad del servicio educativo y la recuperación de la infraestructura, garantizando condiciones de seguridad para las comunidades.

Específicamente en el sector de la educación superior, se han recibido 243 reportes de afectación de 117 Instituciones de Educación Superior (IES) entre públicas y privadas. De acuerdo con la información consolidada, 54 sedes presentan altas afectaciones en infraestructura y 91 tienen suspendidas sus actividades académicas, situación que impacta a 114.855 estudiantes.

 El Ministerio hará acompañamiento para orientar la activación y fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las IES, la verificación de las condiciones de seguridad de las sedes y la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

 A partir de las necesidades identificadas, se definirán acciones para favorecer el bienestar de las comunidades de las IES, la continuidad académica y el restablecimiento del servicio, con apoyos en alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial cuando sean requeridos.

En materia de infraestructura, primero se deberán completar las valoraciones técnicas y los trámites ante las aseguradoras para establecer el alcance de los daños y las coberturas correspondientes. Con esa información se determinarán las necesidades que no estén cubiertas y, a partir de allí, se definirán las acciones y apoyos que correspondan por parte del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de las sedes afectadas. 

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