La discusión se vuelve difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza lo que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que determinar esa frontera y no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

Las recientes declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella, quien sostuvo que la autonomía universitaria no puede convertirse en una “patente de impunidad”, reabrieron el debate sobre los límites de esta garantía frente al orden público, la protesta estudiantil y la eventual intervención de la fuerza pública en los campus. 

La discusión sobre la autonomía universitaria suele centrarse en las movilizaciones estudiantiles y asociarse con imágenes de disturbios, encapuchados y choques violentos con la fuerza pública. Sus antecedentes se buscan con frecuencia en la Reforma de Córdoba (Argentina) de 1918, o incluso en la Constitución colombiana de 1991. Pero para reconstruir sus orígenes con mayor precisión, sin pretender abarcarlos por completo, es necesario retroceder varios siglos. Ese recorrido permite ampliar la mirada y evitar los reduccionismos en los que tantas veces termina atrapado el debate.

Bolonia y los primeros privilegios universitarios

En el siglo XII, Bolonia ya recibía estudiantes de distintos lugares de Europa y, aunque tenían la oportunidad de estudiar allí, ser extranjero no era precisamente un privilegio. Una de las prácticas de la época permitía, por ejemplo, cobrarle a un estudiante las deudas contraídas por otros compatriotas que habían huido; ante esto, estudiantes y maestros llevaron el problema ante Federico I Barbarroja y de allí surgió la Authentica Habita, que protegió a quienes se desplazaban para estudiar frente a ese tipo de represalias y contempló que, en determinados casos, pudieran ser juzgados por su maestro o por una autoridad de la Iglesia.

Además de contar con esta protección imperial, los estudiantes comenzaron a organizarse: primero, según sus lugares de procedencia, en las llamadas nationes, y algunas de estas agrupaciones terminaron formando universidades. A pesar del nombre, no pensemos todavía en la universidad que conocemos hoy en día; eran justamente corporaciones de estudiantes, con estatutos y asambleas, que elegían rectores y podían representar a sus miembros ante la ciudad. Pero no deja de ser significativo que, en plena Edad Media, en una sociedad altamente jerarquizada y atravesada por el poder de la Iglesia, aquellos estudiantes hubieran encontrado una forma de organizarse para decidir asuntos que les concernían directamente.

Privilegios, corporaciones y poder

A diferencia de Bolonia, en París fueron los maestros quienes se organizaron, en un contexto en el que también surgieron problemas con las autoridades de la ciudad. Por ejemplo, en el año 1200 se presentó un enfrentamiento entre estudiantes y habitantes de Paris, y en medio del suceso hombres al servicio del preboste, una autoridad del rey en la ciudad, intervinieron violentamente y dejaron varios estudiantes muertos. El asunto escaló hasta el rey Felipe II Augusto, quien castigó al preboste y concedió a maestros y estudiantes el llamado beneficio del foro (privilegium fori), lo que implicaba, entre otras cosas que, si un estudiante era detenido, debía ser entregado a la jurisdicción eclesiástica.

Este proceso continuó en 1215, cuando Robert de Courçon, legado del papa Inocencio III, promulgó estatutos que regulaban quién podía enseñar, qué debía estudiarse y bajo qué condiciones. Pero esto no evitó que las tensiones entre la comunidad académica y la ciudad resurgieran, y en 1229 hubo nuevos enfrentamientos en París, en los que murieron varios estudiantes; los maestros suspendieron las clases y muchos abandonaron la ciudad. Dos años después intervino el papa Gregorio IX con la bula Parens Scientiarum, que reconoció a la corporación la posibilidad de dictar sus propias normas sobre distintos asuntos internos e incluso, bajo determinadas circunstancias, suspender la enseñanza.

Valga precisar que, hasta ese momento, no estamos hablando de autonomía universitaria en el sentido en que la entendemos actualmente, pues en la Edad Media muchos de esos beneficios o privilegios dependían justamente de quienes ejercían el poder. Emperadores, reyes y papas los concedían o reconocían, pero eso no minimiza lo que aquellas corporaciones habían logrado al establecer sus propias normas, elegir autoridades y tomar decisiones sobre su funcionamiento interno.

Varios siglos después, Francia tomó una dirección muy distinta. Durante la Revolución francesa, las antiguas universidades y facultades fueron suprimidas y, con Napoleón, apareció una Universidad Imperial fuertemente centralizada; en 1806 se creó el cuerpo encargado de la enseñanza pública y, dos años después, se estableció que nadie podía enseñar públicamente sin pertenecer a esa estructura o estar autorizado por ella. Además, quien estaba al frente de la Universidad Imperial era nombrado por el propio Napoleón.

Por su parte, en Prusia, Humboldt defendía ora idea y participó en la creación de la Universidad de Berlín, fundada en 1810. Consideraba que la ciencia necesitaba libertad para desarrollarse y que demasiada intervención estatal podía afectarla; pero tampoco proponía una universidad separada del Estado, al cual le atribuía responsabilidad por las condiciones del trabajo científico. Incluso defendía que el nombramiento de los profesores universitarios siguiera en manos del Estado.

El eco del Manifiesto Liminar en Colombia

En Latinoamérica, en 1918 en Córdoba, Argentina, los estudiantes se rebelaron contra una universidad que consideraban cerrada, clerical y poco dispuesta a renovarse. El Manifiesto Liminar cuestionó la autoridad profesoral sostenida únicamente por el cargo y reclamó otra relación entre quienes enseñaban y quienes aprendían, pero también una universidad más vinculada a los problemas de la sociedad. De esta manera, Córdoba terminó convirtiéndose en una referencia para movimientos estudiantiles de otros países de la región y la Reforma articuló reclamos que hoy son reconocibles, como el cogobierno, la libertad de cátedra, la extensión y la autonomía.

En Colombia, durante las primeras décadas del siglo XX, también hubo reclamos de reformas y, por supuesto, la experiencia de Córdoba era uno de sus referentes, aunque esta historia tiene un recorrido muy particular. A través de congresos estudiantiles y distintas movilizaciones, se defendía una reforma de la universidad que incluía, entre otras, la exigencia de autonomía. 

En 1935, durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, la Ley 68 reorganizó la Universidad Nacional, que hasta entonces funcionaba como un conjunto de facultades bastante dispersas entre sí; la convirtió en persona jurídica, estableció su patrimonio y abrió espacios de participación para profesores y estudiantes en su gobierno. Esta reforma también muestra que las aspiraciones del movimiento estudiantil trascendieron ese ámbito y se expresaron en la llamada Revolución en Marcha, un proyecto de modernización impulsado por el propio Estado y encabezado por un dirigente proveniente de la élite financiera y empresarial colombiana.

Años después, la Constitución del 91 consagró la autonomía universitaria como garantía constitucional y estableció que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. Un año después, la Ley 30 llevó esa autonomía a cuestiones mucho más concretas y reconoció que las universidades podían designar sus autoridades académicas y administrativas, organizar sus programas, seleccionar profesores, admitir estudiantes y administrar sus recursos. Han pasado más de tres décadas y esa ley, como bien sabemos, tampoco ha dejado de ser objeto de fuertes cuestionamientos, movilizaciones e intentos de reforma.

¿Para qué sirve la autonomía?

A estas alturas podríamos seguir buscando antecedentes y, con seguridad, encontraríamos muchos más, pero tampoco se trata de hacer una relación interminable. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿Para qué necesita una universidad su autonomía? ¿Acaso la necesita para convertirse en una república independiente o para sustraerse de la Constitución y de las leyes?

Si quien gobierna pudiera decidir qué puede investigar una universidad, qué se puede enseñar en sus aulas o qué ideas pueden discutirse, poco importaría que esta pudiera elegir a su rector o redactar sus propios estatutos. De eso se trata también la autonomía: que el conocimiento y el pensamiento crítico no tengan que acomodarse a lo que un gobierno de turno, una iglesia, un partido o cualquier otro poder considere conveniente.

En nuestro país, esa discusión sobre la presencia de la fuerza pública en las universidades tiene, además, su propia historia. En junio de 1954, la Policía ingresó a la Universidad Nacional y allí murió el estudiante Uriel Gutiérrez; al día siguiente, durante las protestas por su muerte, varios estudiantes fueron asesinados por las Fuerzas Militares. Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la fuerza pública volvió a ingresar al campus en medio de una jornada que dejó heridos, decenas de detenidos y denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

El peligro de las fronteras arbitrarias

Con esos antecedentes, la discusión de estos días no ocurre precisamente en el vacío, pues el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella afirmó que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público” y anunció la creación de un protocolo para regular la intervención de las autoridades en las universidades. Aunque mantener el orden público y la seguridad son propósitos plenamente legítimos, nuestra historia nos muestra que el ingreso de la fuerza pública puede comprometer derechos y agravar los conflictos que pretende resolver. Por eso, la discusión exige que nos preguntemos quién decide cuándo se justifica una intervención, con qué criterios y qué garantías existen para impedir que una protesta o un conflicto universitario termine siendo tratado como una amenaza. Por ahora se ha anunciado la elaboración de ese protocolo y habrá que conocer el texto definitivo para saber exactamente cuáles serán sus alcances.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ha dicho que el ingreso de la fuerza pública tradicionalmente no tiene efecto y que la solución pasa por identificar, con “inteligencia”, a quienes participan en hechos violentos. Parece una opción menos agresiva que ingresar tanquetas al campus, pero en una institución que también carga con la memoria de la actuación de organismos de inteligencia y seguridad del estado, la palabra no resulta precisamente inocua.

Después de todo este recorrido, podemos volver al comienzo. Federico Barbarroja, Felipe II Augusto o Gregorio IX difícilmente pensaban en crear espacios de impunidad cuando reconocieron algunos de los privilegios que forman parte de esta historia. La discusión se vuelve bastante más difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza aquello que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que decidir dónde queda esa frontera y, como ya lo vimos, no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

*Doctorando en Políticas Públicas, Gobierno e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro UNRN (Argentina). Magíster en Educación y en Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Profesor universitario.

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El nuevo gobierno enfrenta un enorme déficit fiscal, una economía con poco margen de maniobra y una seguridad deteriorada. De la Espriella promete hacer lo contrario de Petro, pero buena parte de su agenda ya está dictada por los problemas que heredó.

Una agenda petrificada

El panorama para el gobierno de la “patria milagro” es bastante complejo: su agenda está “petrificada” en dos sentidos:

-Por un lado, en lo que respecta a su orientación, De la Espriella quiere presentarse como todo lo opuesto a Petro. Como si siguiera en campaña política, el actual gobierno está empecinado en hacer todo lo contrario del anterior, incluso si eso resulta poco razonable en ciertos casos.

-Por otro lado, más allá de lo que De la Espriella quiera hacer, las prioridades de su agenda económica las impuso, en gran medida, la irresponsabilidad de Petro. Dado que Petro se saltó la regla fiscal, gastó a seis manos y aumentó la deuda pública como proporción del PIB a niveles casi sin precedentes, dejó un enorme hueco fiscal, lo que constriñe significativamente el margen de maniobra del actual gobierno.

¿Qué nos espera de toda esa “petrificación”? Empiezo por lo último.

La estrechez fiscal

El gobierno no tiene más remedio que ajustarse el cinturón. De la Espriella debe poner la casa en orden para evitar que el déficit fiscal siga aumentando hasta llevar al país a un punto de no retorno. A esto se suman gastos por una calamidad natural inesperada (el terremoto) y por otra que, aunque esperada, prende alarmas por su magnitud (el fenómeno del Niño).

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya anunció fuertes recortes en el gasto del Estado (cerca de 45 billones de pesos en dos años) y aludió a una próxima reforma tributaria. Aunque todavía no se sabe qué incluirá dicha reforma, el funcionario mencionó la dificultad de cobrar más impuestos, así como su preferencia de eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el impuesto de renta a las empresas y el cuatro por mil con el fin de atraer inversión extranjera. Qué tan conveniente y viable sea disminuir la recaudación de impuestos con semejante déficit fiscal es una pregunta abierta.

Se respira, en todo caso, un aire nuevo en las relaciones del nuevo gobierno con el sector privado. Mientras que Petro mantuvo una relación tensa y distante con el empresariado, caracterizada por frecuentes choques y desencuentros, De la Espriella ha buscado un acercamiento con ese sector. El nuevo gobierno se ha propuesto recomponer las relaciones con el sector privado y para ello ha tomado distintas medidas.

Además de anunciar la (posible) reducción de impuestos a las empresas, De la Espriella retomó la exploración y producción de petróleo y gas que Petro, con su agenda ecologista, había abandonado. Con el argumento de que no podemos renunciar prematuramente a esa fuente de ingresos, y que las acciones de Petro pusieron en riesgo la soberanía energética del país, el gobierno reactivará el sector extractivo.

Con la escasez de plata para gasto e inversión por parte del gobierno, todo parece indicar que las inversiones del sector privado serán claves para generar un crecimiento de la economía. El gobierno quiere ampliar el modelo de “obras por impuestos” (donde la realización de obras públicas queda en manos del sector privado a cambio de una reducción de impuestos), con lo cual el empresariado contribuiría más en la construcción de infraestructura.

Por supuesto, el modelo público-privado existe desde hace tiempo y ha tenido varios resultados positivos. No obstante, preocupa que, debido a la crisis fiscal, el gobierno esté en una posición debilitada frente al sector privado y con muy poco margen de maniobra en la economía. Eso no le conviene al país. El sector privado tiene, en general, pocos incentivos para proveer bienes públicos, y a la creencia de que “siempre” actúa en forma rápida y eficiente, hay que contraponer todas aquellas instancias de rentismo y corrupción que han involucrado a empresarios. ¿Cómo podría un Estado débil y con una baja tributación brindar bienes públicos y defender eficazmente el interés colectivo cuando entre en contradicción con intereses privados?

Sin demonizar al sector privado y mucho menos abogar por un estatismo exacerbado, hasta donde conozco, todos los milagros económicos que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial han involucrado a gobiernos relativamente fuertes, que han implementado políticas industriales eficaces y sostenidas, con incentivos y constreñimientos al sector empresarial. Dadas las circunstancias, no será nuestro caso.

¿De dónde saldrá el crecimiento?

Con la crisis y los recortes, ¿qué podrá aportar el gobierno de la “patria milagro” al crecimiento económico? Parecería que, por cuenta de la “petrificación”, no tanto.

Nótese que, para propiciar el crecimiento económico, todo gobierno debe, como mínimo, brindar un conjunto de bienes públicos como seguridad, educación, infraestructura y salud.

Como se dijo antes, el gobierno poco podrá invertir en infraestructura y delegará labores al sector privado.

En cuanto al sector salud, deberá hacer maromas para aliviar la situación dramática que dejó Petro, además de lidiar con la bomba pensional.

En educación, no es tan claro de dónde sacará la plata para la formación de 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es otra promesa del programa de gobierno. Tampoco se han conocido propuestas concretas para solucionar problemas de fondo sobre la calidad de la educación que lleven a parar el continuo deterioro en las pruebas PISA, o a lograr que la educación se conecte mejor con el sector productivo y contribuya a una mayor productividad.

La apuesta por la seguridad

Con los pocos recursos disponibles parece que la apuesta principal del gobierno se refiere a la seguridad.

El aumento de la inseguridad ha sido una de las grandes preocupaciones del empresariado, y De la Espriella se ha presentado como adalid de la mano dura. Ya cerró las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales, y ha dado ultimátums a las varias organizaciones criminales para que desistan de sus actividades y se entreguen a la justicia.

Si el gobierno logra mejorar la seguridad, eso favorecería el crecimiento económico y a los empresarios. Contrarrestar la extorsión en los territorios donde ha aumentado la injerencia de grupos criminales llevaría a mayores inversiones del sector privado, mayor empleo, y mejoraría también la tributación del Estado.

Pero De la Espriella no es el primer presidente que promete mano dura, y no sabemos qué tanto funcionarán sus medidas. Aunque el gobierno anunció un nuevo estatuto antiterrorista, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y la construcción de diez megacárceles, no sabemos si esas herramientas serán adecuadas y suficientes para contrarrestar y disuadir a las organizaciones criminales.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Uribe era presidente, la economía no está boyante y el actual gobierno tampoco cuenta con un Plan Colombia que respalde las acciones militares. En su reciente visita, Marco Rubio apoyó al gobierno en sus acciones contra los grupos armados ilegales y Estados Unidos reasignó 52 millones de dólares para repartir entre Colombia, Ecuador, Perú y Panamá en la lucha contra la criminalidad. Eso es una pequeña fracción de los recursos de cooperación del Plan Colombia que fueron cerca de 9.600 millones de dólares durante quince años.

Por supuesto, la amenaza que representan los grupos armados ilegales hoy es distinta de la de las FARC y el ELN durante la era de Uribe, pero ha aumentado significativamente. Según el Ministerio de Defensa, el número de integrantes de los grupos armados ilegales aumentó en un 90% durante el gobierno de Petro, al pasar de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026. Un estudio de PARES también notó un incremento del número de municipios con presencia de grupos armados ilegales, de 410 en 2022 a 497 en 2025.

Hablar duro y amenazar a los grupos ilegales es fácil, pero puede resultar contraproducente a falta de un poder disuasivo contundente. Los ultimátum y golpes al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y el ELN ya han generado respuestas violentas de los grupos criminales contra la fuerza pública en distintos territorios. Si los grupos criminales mantienen el control territorial ganado y responden a las acciones de la fuerza pública incrementando la violencia, existe el riesgo de que en un mediano plazo el gobierno no logre cumplir la promesa de mejorar la seguridad.

¿Solo mano dura?

No hay duda de que la “paz total” fracasó, en parte por la falta de una buena estrategia, con metas concretas y plazos definidos. Al mismo tiempo, es torpe de parte del gobierno desechar por completo la vía negociada simplemente por llevarle la contraria a Petro.

Si se reformula seriamente la estrategia, una negociación quizás podría funcionar con unos cuantos grupos que tengan voluntad de desmontar sus estructuras. Poner todos los huevos en la canasta de la “mano dura” en un contexto de alto déficit fiscal, ayuda internacional precaria y fortalecimiento significativo de los grupos armados ilegales es una apuesta arriesgada.

Por cuenta de la crisis fiscal el gobierno de la “patria milagro” se encuentra en calzas prietas incluso para desempeñar funciones básicas. A falta de plata, es realmente importante actuar en forma inteligente y pragmática. Como pintan las cosas, por ahora el mayor milagro que podemos esperar es que aguantemos con el agua al cuello, y a rezar para que no suba la marea.

*Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.

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En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado anunció que firmó el decreto que deja a un paso de la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, en caso de ser capturado. Así mismo, se refirió a la captura del jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias ‘el Zarco’.

En su mensaje, el presidente aseguró que, pese a las intenciones del Gobierno por promover espacios de diálogo, además de beneficios a los grupos armados, los cabecillas de dichos grupos no habrían correspondido a la estrategia de paz total.

“Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo. Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad», aseguró en la red social.

El jefe del Estado afirmó que “por eso, Danilo Rueda construyó el concepto de diálogos socio/jurídicos que implica una integración económica y social lícita del territorio en conflicto y en economía ilícita, un pacto social para que su población civil sea el poder real en el territorio y goce de bienestar social y un diálogo jurídico con la justicia para la dejación de toda violencia armada y su salida de la actividad ilícita».

De acuerdo con el mandatario, “este concepto funcionó parcialmente en el sur del país, la Fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por una línea construida desde el pasado por los EE. UU. que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos. Los datos de mi gobierno muestran éxito en la línea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual».

En su mensaje, el presidente Petro dijo que “en el mundo de hoy nadie se salva individualmente, los graves problemas se superan a través de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad porque son los problemas de la humanidad. Gracias a los diálogos de paz y al liderazgo político y social que poseemos con el campesinado excluido de Colombia, hemos logrado éxitos y los datos lo demuestran que han sido entregados a la ONU que certifica y a EE. UU., para que la política, que iniciamos, se profundice».

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Poco después del frustrado atraco a la hermana de un concejal de Apartadó, se conoció del asalto del que fue víctima el abogado Juan David González Madrid, en inmediaciones del barrio el Salvador de esta municipalidad.

La víctima se movilizada en una motocicleta acompañado de su esposa y su hijo, un bebé de tres años, cuando fue interceptado por los maleantes quien de manera rápida y sorpresiva le cruzaron una motocicleta FZ Yamaha azul y blanca y de inmediato, sin mediar palabra alguna le propinaron un disparo con arma traumática en la caja toráxica.

En medio de la confusión los atracadores procedieron a despojarlos de un teléfono celular, alhajas de la señora y una billetera con documentos personales incluyendo tarjetas de banco y la tarjeta profesional del abogado. La moto no fue hurtada.

Las variantes entre Apartadó, Carepa y Turbo, se han convertido en los puntos clave escogidos por los atracadores para cometer sus fechorías, el señor Juan David fue asaltado en la variante que cruza junto el barrio El salvador.

El herido recibió atención médica en la Clínica Panamericana, donde le cogieron cinco puntos y hoy permanece fuera de peligro en su residencia, por fortuna el disparo fue con un arma traumática porque las consecuencias habrían sido fatales.

Este hecho ha causado repudio en diferentes círculos sociales de Apartadó, ante la situación vivida por el profesional del derecho y su familia que involucra a un bebé de tres años.

La víctima hizo un llamado a las autoridades ha redoblar esfuerzos de vigilancia preventiva y no actuar cuando los hechos ya han sido consumados.

Este nuevo acto delictivo se suma a una serie de hurtos, atracos y hechos similares que se vienen registrando de manera frecuente en Apartadó, basta con mirar las redes sociales para encontrarse con denuncias de este tipo.

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El odio se ha enseñoreado de esta campaña presidencial. La agresividad en algunos sectores políticos está llegando a límites preocupantes y peligrosos para el futuro. Ya no se controvierten las propuestas o las ideas; ahora se confronta con insultos a quien no piensa igual que el agresor. El clima de violencia, por ahora verbal, puede trascender a escenarios más dañinos para el país. No existe tolerancia alguna, no hay respeto por las ideas ajenas y nadie parece dispuesto a escuchar al otro. Lo más común en las redes sociales es encontrar descalificaciones, insultos y maltratos contra quien contradice una opinión. Mal presagio.

Pido licencia a mis lectores para contar una experiencia personal relacionada con el tema que trato. En las pasadas semanas escribí varios artículos en los que expuse, de manera respetuosa, mi opinión sobre los candidatos, procurando ser tajante frente a las ideas y respetuoso con las personas, como debe ser todo debate civilizado y de altura. Y, ¡oh, Dios!, ¡qué escribí! Aunque un número muy superior de lectores recibió con agrado mis textos, un puñado de desadaptados se lanzó en mi contra con insultos, epítetos descalificadores y señalamientos. El trato no solo fue descortés y vulgar, sino también ofensivo y amenazante. Conocí a muchos de esos ofensores y me llamó la atención que, al menos a dos de ellos, nunca les presté un favor ni dejé de colaborarles en algo, por lo que desconozco la razón de sus agravios.

Debo confesar que me deleité bloqueando personas agresivas de mis redes sociales. Tampoco respondí a ninguno de quienes manifestaron su desacuerdo con mis escritos. Están en todo su derecho, y a ellos los respeto. También descubrí que algunos pocos lectores, uno de ellos muy importante para mí, pretenden que yo escriba como ellos piensan. Ni más faltaba que quien ejerce el derecho a pensar tuviera que pedir permiso para hacerlo o recibir instrucciones sobre cómo debe expresar sus opiniones.

Pero, como el mío, existen muchos casos de un matoneo aterrador. El del exsenador y exgobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, fue aún más lamentable. Aprovecharon una fotografía de una reciente aparición pública, en la que se le veía demacrado y envejecido, para ofenderlo, maltratarlo y descalificarlo de la manera más infame posible. Ya no hay respeto ni consideración alguna. Antonio Navarro ha sido un constructor de paz, un hombre que merece nuestro respeto y nuestra gratitud. Dejó las armas hace mucho tiempo y se acogió a la institucionalidad con auténtica devoción republicana.

El debate ideológico se da con ideas, no con agresiones verbales. Las discusiones políticas se enaltecen con argumentos y se dirimen en las urnas. El odio es un mal consejero: conduce a rupturas irreparables entre familiares, amigos y vecinos. La política debería ser una construcción colectiva de una Colombia mejor, y no un campo de batalla donde se destruyen personas y se mancillan honras.

Ojalá este domingo, una vez concluido el certamen electoral, la calma, el respeto y las buenas maneras regresen a muchos colombianos.

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El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó los hechos que pusieron en riesgo la integridad del personal médico, la tripulación, los pacientes y las comunidades atendidas por el Buque Hospital Benkos Biohó mientras navegaba cerca del sector de Palestina, en Chocó.

La cartera de Salud señaló que esta embarcación cumple una labor fundamental para garantizar el acceso a servicios médicos en comunidades ribereñas y rurales del litoral Pacífico colombiano, donde las condiciones geográficas dificultan la atención oportuna de la población.

Según la entidad, el buque permite acercar servicios de salud a territorios históricamente excluidos y contribuye a la protección de la vida y el bienestar de miles de personas que enfrentan barreras para acceder al sistema de salud.

El Ministerio reiteró el llamado a respetar y proteger la misión médica, sus medios de transporte, el personal sanitario, la tripulación, los equipos y los espacios destinados a la atención en salud, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de la legislación colombiana.

Asimismo, expresó su solidaridad con los profesionales de la salud, el personal asistencial, la tripulación, los pacientes y las comunidades beneficiadas por la operación del Buque Hospital Benkos Biohó.

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En su escrito, el presidente Gustavo Petro aseguró que para la búsqueda de la paz “implica estar dispuestos a un desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas sin ingenuidades y con seguridad. Es un camino sociojurídico donde juega una fiscalía que apueste a la paz».

“Los que predican la violencia saben que así se empodera el narcotráfico, presento el cuadro de la tasa de homicidios de los últimos 10 años y, al contrario de la propaganda mentirosa de una candidata presidencial, muestra que estamos en la última década en el nivel más bajo alcanzado en los últimos 36 años, desde el pico de la violencia narcoterrorista de los carteles urbanos; nos hemos estancado para bajar, aún más, la violencia», comentó.

Para el jefe de Estado es evidente que “el problema está en saber sustituir la economía ilícita en territorios excluidos por economías prósperas legales y sostenibles, debo decir que EEUU aún no cree en los resultados ante sus ojos que muestra mi gobierno: 39.000 hectáreas erradicadas voluntariamente, el secreto está en la voluntad campesina, el primer informe es sobre 7.000 hectáreas de erradicación certificada por la ONU».

Por esta razón, el mandatario anunció que el martes “presentaré el mapa satelital del primer trimestre del 2026 en relación a la cantidad de cultivos de hoja de coca en Colombia a la fecha. Será rueda de prensa nacional e internacional».

Al referirse a las tasas de homicidios, el mandatario aseguró: “Como verán hay un salto pequeño en el 2021 que coincide con el salto sustancial de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque que hemos detenido y comienzan a bajar».

Resultados co​ntundentes

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez dijo que “aunque mantenemos las tasas más bajas del homicidio del presente siglo, también es cierto que el 70% de las personas asesinadas en el 2026 tienen alguna relación con actividades delictivas» y añadió que “mientras que el 20% de los casos obedecen a riñas y hechos de intolerancia».

En este sentido, aseguró que “desde el 7 de agosto del 2022, la Fuerza Pública ha neutralizado cerca de 17.000 integrantes de los grupos armados organizados ilegales. También se han capturado más de 600.000 personas por diferentes delitos».

“Por consiguiente, reducir el homicidio no yace solamente en el uso de la fuerza legítima. Radica en gran parte en las oportunidades y cultura de la población colombiana», anotó.

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Contexto:

Esta semana, específicamente el martes se reportó la desaparición del periodista, Mateo Pérez Rueda, cuando adelantaba labores propias de su profesión en una conflictiva zona conocida como Palmichal, jurisdicción del municipio de Briceño, al norte del departamento de Antioquia, en límites con Yarumal.

Poco después de reportada su desaparición, corrió la voz entre la comunidad rural sobre el asesinado del comunicador y se inició la búsqueda por diferentes medios.

Pérez Rueda de 25 años era además estudiante de ciencias políticas en la Universidad Nacional capítulo de Medellín y desde niño se inclinó por el periodismo, en el colegio fundó en Yarumal, su patria chica el medio de comunicación El Confidente.

En la zona de su desaparición y posterior asesinato, operan el frente 36 de las extintas FARC, entre otros grupos residuales de la violencia incluyendo al Clan del Golfo, sin embargo, el asesinato se le atribuye por parte de las autoridades a las disidencias de las FARC.

Finalmente, una delegación del Comité Internacional y la Defensoría del Pueblo, lograron el rescate del cadáver del periodista, luego de varias gestiones y una fuerte presión de la sociedad civil encabezada por el periodista, Jesús Abad Colorado, su compañera Viviana y su colega y abogado Sergio Mesa, quienes lograron constatar la crítica situación de la región en el terreno.

El periodista asesinado era hijo del señor Carlos Pérez, un conocido comerciante de Yarumal, propietario de una cafetería junto al parque principal, su señora madre la educadora Gloria Rueda, le sobrevive otro hermano, Julián de profesión abogado, incluso él vendía jugos en el pueblo para ayudarse en los estudios, relató el periodista, Jesús Abad Colorado, visiblemente conmovido.

Plantón

Una vez confirmado el crimen del periodista fue convocado un Plantón en la Plaza de la Libertad en Medellín, llamado que hicieron, reporteros, periodistas, comunicadores, fotógrafos en solidaridad con el colega y su familia.

“Los periodistas nos unimos por la libertad de prensa en Antioquia”, dijo la convocatoria.

“Nos unimos en una sola voz para rechazar cualquier acto de violencia, intimidación o amenaza contra del ejercicio periodístico en Antioquia” advirtieron. “En Antioquia no permitiremos que el miedo silencie la verdad, agregaron.

Jesús Abad Colorado

Conmovido ante los violentos hechos que terminaron con la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda, abordado por diferentes medios informativos nacionales y regionales, el periodista y documentalista Jesús Abad Colorado, ampliamente conocido en el país por su experiencia en contar en breves relatos y fotos el conflicto armado, reaccionó indignado.

Abad Colorado dijo al gremio de los periodistas, no dejar solos a don Carlos y a doña Gloria, pidió acompañamiento y se dolió que los únicos estamentos en el sitio fueron la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja.

“Diálogos sí, pero con acuerdos serios, tenemos que pedir respeto no solo por la vida de los periodistas, sino por las comunidades de Briceño y el norte de Antioquia, muchas de ellas confinadas en sus veredas, el estado ha cedido el territorio, no tiene el control de estas zonas” dijo el periodista, al intervenir en el plantón durante la mañana de este sábado en la Plaza de la Libertad en Medellín.

“La situación de Briceño y parte del Bajo Cauca es dramática, están confinados, no tenemos las garantías para ir, no las tiene la comunidad, vamos a pedirle garantías al alto Comisionado, que la paz siempre será una urgencia, que está en  la Constitución Nacional, pero la paz tiene que ser con compromisos serios, porque yo como periodista que he contado la historia de este país durante 34 años no estoy  pidiendo la protección nuestra como periodistas, estoy pidiendo la protección de  la población civil, de maestros y maestras, de líderes sociales, la protección de  quienes habitan estos territorios, allí los ilegales se están enriqueciendo con la minería ilegal, pero estas comunidades merecen vivir  en paz.

Para negociar hay que pedir primero respeto por la vida de los que habitan estos territorios, porque crímenes como el de Mateo son una violación al Derecho Internacional Humanitario, Mateo quería contar el desplazamiento de miles de familias en el norte de Antioquia, cómo está viviendo la población, las minas antipersonales puestas cerca a las escuelas, Mateo quería contar eso” expresó Jesús Abad Colorado durante el emotivo acto.

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Las operaciones incluyen patrullajes mixtos, instalación de puestos de control, verificación de antecedentes y toma institucional de establecimientos de entretenimiento nocturno, especialmente en sectores de alta afluencia y zonas de mayor dinámica nocturna. Estas acciones buscan ejercer control territorial, disuadir conductas delictivas y fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

En desarrollo de estas actividades, las autoridades mantienen un trabajo articulado orientado a la identificación de personas requeridas por la justicia, así como a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público. Este esfuerzo interinstitucional permite una respuesta más eficaz frente a amenazas que afectan la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

“El despliegue de nuestras tropas en articulación con la Policía y las autoridades locales obedece a una estrategia integral de seguridad, que prioriza la prevención y el control institucional en los puntos más sensibles de la ciudad”, señala la información oficial de la Tercera Brigada, al destacar el compromiso de la Fuerza Pública con la población caleña.

De manera complementaria, estas acciones en el área urbana se fortalecerán con operaciones militares a profundidad en sectores rurales de Cali y en los municipios de Jamundí y Palmira, con el propósito de neutralizar el accionar de grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país y afectan la seguridad regional.

El Ejército reiteró que “la presencia permanente y coordinada del Estado es clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y avanzar en el control del territorio”. 

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Desde la zona, el ministro de Defensa, Pedro Suárez, informó en su cuenta de la red social X, que realizó un sobrevuelo para verificar la magnitud de los hechos y evaluar las afectaciones. 

“Sobrevolamos el sector de El Túnel en Cajibío, Cauca, para evaluar la magnitud del atentado terrorista perpetrado por alias ‘Marlon’, uno de los cabecillas más buscados del suroccidente del país, por quien ofrecemos una recompensa de hasta $5.000 millones”, afirmó.

El ministro agregó que lo evidenciado en terreno refleja la gravedad del ataque contra la población civil. “Lo que encontramos es la evidencia de un acto irracional de violencia que arrebató vidas y deja una herida abierta en el país”, señaló, al referirse al impacto de la explosión que afectó varios vehículos que transitaban por la vía en el momento del atentado.

El jefe de la cartera de Defensa expresó además su solidaridad con las víctimas y sus familias. “A las familias de las víctimas, nuestro respeto y solidaridad. Este hecho no quedará en la impunidad”, aseguró, al reiterar el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo ocurrido.

Finalmente, el ministro subrayó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones en la zona para garantizar la seguridad. “Nuestra Fuerza Pública seguirá actuando con determinación para proteger la vida, restablecer la tranquilidad y evitar que hechos como estos se repitan”, concluyó.

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