Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.

El senador Enrique Gómez Martínez propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.

La propuesta, apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones constitucionales de la JEP

La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pide que se garanticen los recursos indispensables para su operación.

La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes.

Al mismo tiempo, en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.

Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial.

La Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli en su pronunciamiento de este fin de semana, le pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acompañe sus alertas y acompañe, en el marco de sus competencias, las exigencias del alto tribunal de paz, así como evitar que “las iniciativas descritas obstaculicen el mandato de la JEP, el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

De acuerdo con el presidente de la JEP, “las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional”. Asimismo, indicó que se afectaría la protección de las víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales.

Por su parte el jefe de Estado le respondió así de manera inmediata:

 “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación. Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”, señaló en primera instancia el jefe de Estado.

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Desde la Fundación Forjando Futuros respaldamos la continuidad, autonomía y financiación de la JEP, justicia transicional que es producto del Acuerdo Final de Paz para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado.

La JEP no puede ser desfinanciada ni debilitada. Su funcionamiento no es opcional: hace parte de los compromisos asumidos por el Estado colombiano con la firma del Acuerdo Final de Paz y de las garantías constitucionales para las víctimas.

La propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la justicia ordinaria se suma a una desfinanciación acumulada de $84.663 millones. De concretarse, afectaría recursos fundamentales para la protección de víctimas y testigos, el funcionamiento de sus sedes y la tecnología necesaria para adelantar procesos judiciales.

Las consecuencias no son solamente presupuestales, también son consecuencias para las víctimas. El recorte pondría en riesgo los $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los $29.362 millones requeridos para mantener las sedes de la JEP en Bogotá. También comprometería recursos tecnológicos esenciales para la seguridad de la información y el desarrollo de los macrocasos.

La JEP ha producido resultados que la justicia penal ordinaria no logró durante décadas. Ha imputado a 28 generales de la República, ocho de ellos con reconocimiento de responsabilidad, por graves crímenes como ejecuciones extrajudiciales, el genocidio de la Unión Patriótica y ataques contra pueblos étnicos. Ninguno de estos funcionarios públicos había sido imputado por la justicia ordinaria en toda su historia.

Por eso, como organización en la que trabajamos por los derechos de las víctimas y la construcción de paz, hacemos un llamado a proteger la JEP, garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento y preservar su autonomía e independencia judicial.

Desfinanciar la JEP es poner en riesgo los derechos de las víctimas y debilitar una de las principales herramientas creadas por el Acuerdo de Paz para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, dijo la organización social por medio de su representante legal, Nora Isabel Saldarriaga Flórez.

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Relatoría del foro “Arquitecturas de la representación: experiencias de representación judicial de organizaciones sociales en los macrocasos de la JEP”

La participación de las víctimas ha sido uno de los pilares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese enfoque, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han desempeñado un papel fundamental: han contribuido a entender los contextos, participado activamente en las diligencias, impulsado el acceso a la verdad y orientado a las víctimas para acceder a la justicia.

El foro “Arquitecturas de la representación: experiencias de representación judicial de organizaciones sociales en los macrocasos de la JEP” se llevó a cabo en el auditorio 1 del Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia, con la participación los abogados y abogadas de Ana María Gallego, del Instituto Popular de Capacitación; Luis Alfonso Castillo Rodríguez, de la Corporación Jurídica Libertad y Karen Paola Barreda Sánchez, de la Fundación Forjando Futuros. La moderación estuvo a cargo de Manuel Alonso Espinal, director de la Unidad Hacemos Memoria.

En el evento se abordaron las experiencias de representación judicial en los macrocasos 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado), 04 (situación territorial de la región de Urabá) y 08 (crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles). 

Más que un balance jurídico, el diálogo evidenció que la representación constituye un proceso de acompañamiento político, pedagógico y psicosocial que fortalece la capacidad de las víctimas para incidir en los procesos de justicia.

Temáticas abordadas

El papel de las organizaciones sociales en el acompañamiento a las comunidades

Las intervenciones coincidieron en que la representación judicial no se limita a actuar dentro de los expedientes. Las organizaciones realizan un trabajo sostenido en los territorios orientando a las víctimas sobre la acreditación en los macrocasos, fortaleciendo procesos organizativos, promoviendo la formación en derechos y acompañando emocional y políticamente a las comunidades. En varios casos, este trabajo antecede por años a la existencia de la JEP y se basa en procesos de litigio estratégico y defensa de derechos humanos desarrollados junto con las víctimas.

Los panelistas resaltaron igualmente la importancia de comprender la representación como una disputa por el relato y la memoria. Acompañar a las víctimas implica fortalecer su capacidad para convertirse en sujetos políticos, participar activamente en los escenarios judiciales y disputar las narrativas sobre lo ocurrido. Desde esta perspectiva, la memoria no constituye un resultado accesorio, sino una dimensión central del proceso de justicia.

El escenario de la justicia transicional

Uno de los principales ejes de discusión fue el cambio de paradigma que introdujo la justicia transicional en la representación judicial de las víctimas. Las organizaciones coincidieron en que la JEP transformó la manera de entender el litigio, al desplazar el énfasis de la sanción penal hacia un modelo que quiere poner en el centro a las víctimas, sus expectativas y su derecho a participar activamente en la construcción de verdad.

La Corporación Jurídica Libertad y Forjando Futuros llegaron a la JEP después de décadas de litigio estratégico y defensa de los derechos humanos, mientras que el IPC encontró en esta jurisdicción un escenario para complementar su labor de investigación, educación popular y trabajo comunitario con la representación judicial de víctimas. En conjunto, estas experiencias muestran que la representación judicial se ha convertido en un proceso integral que combina dimensiones jurídicas, pedagógicas, políticas y psicosociales.

El diálogo también puso de relieve que este nuevo modelo plantea desafíos para quienes acompañan a las víctimas, como la selección y priorización de casos. El análisis de patrones de macrocriminalidad no siempre logra responder preguntas individuales, lo cual genera tensiones permanentes en el ejercicio de la representación, pues dejan por fuera hechos, periodos o responsables cuya exclusión resulta difícil de explicar a las víctimas.

Se destacó que las expectativas de las víctimas no son homogéneas. Mientras algunas buscan conocer quién dio las órdenes o reconstruir los patrones de violencia, otras esperan encontrar a sus familiares desaparecidos, recuperar el tejido social o contar con garantías efectivas de no repetición.

De igual manera, se discutieron los límites de competencia de la JEP, la articulación insuficiente con otras entidades del Sistema Integral y las dificultades para lograr reparaciones efectivas.

El desafío de la no repetición
Las garantías de no repetición ocuparon un lugar central en la discusión y fueron identificadas como uno de los mayores desafíos de la justicia transicional. Los participantes coincidieron en que resulta difícil hablar de no repetición cuando en muchos de los territorios donde ocurrieron los crímenes persisten las dinámicas de violencia, el control de actores armados y las amenazas contra las comunidades. En regiones como Urabá, Ituango y algunos sectores de Medellín, las organizaciones señalaron que las víctimas continúan enfrentando restricciones a su vida cotidiana, situaciones de inseguridad y hechos que evidencian la continuidad de las violencias.

En este contexto, las organizaciones advirtieron que las medidas restaurativas y los procesos de verdad solo adquieren pleno sentido si van acompañados de transformaciones reales en los territorios. Las comunidades siguen reclamando condiciones para vivir sin miedo, recuperar sus formas de organización y reconstruir el tejido social afectado por décadas de conflicto. Incluso se mencionaron casos en los que acciones de memoria impulsadas por las propias víctimas, como monumentos o placas conmemorativas, han sido objeto de ataques o de nuevas expresiones de intimidación, lo que demuestra que las disputas por la memoria y el reconocimiento permanecen abiertas.

A partir de estas reflexiones, el foro concluyó que las garantías de no repetición no pueden entenderse únicamente como un compromiso jurídico, sino como un proceso que exige la presencia efectiva del Estado, la protección de las comunidades y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Mientras persistan las condiciones que dieron origen a las violencias, la búsqueda de verdad, justicia y reparación seguirá enfrentando importantes limitaciones. En ese sentido, los participantes coincidieron en que la construcción de paz depende tanto de las decisiones judiciales como de la capacidad institucional y social para transformar las realidades de los territorios.

Avances de la JEP

Aunque durante el foro se señalaron múltiples desafíos para la implementación de la justicia transicional, los participantes coincidieron en que la JEP ha representado avances significativos frente a la justicia ordinaria. Uno de los más importantes es la posibilidad de investigar y llamar a responder a máximos responsables de crímenes del conflicto armado, especialmente altos mandos militares y otros actores que durante años permanecieron fuera del alcance de la justicia. Para las organizaciones sociales, este cambio ha permitido ampliar el alcance de las investigaciones y cuestionar estructuras de poder que históricamente habían permanecido intocables.

Los abogados también destacaron que la JEP ha contribuido a construir una verdad más amplia sobre el conflicto armado. A diferencia de los procesos judiciales centrados en hechos aislados, la jurisdicción analiza patrones de macrocriminalidad que permiten comprender cómo operaron las estructuras armadas, quiénes impartieron las órdenes y cuáles fueron las dinámicas que hicieron posibles las violaciones de derechos humanos. Este enfoque ofrece una comprensión de los contextos y de las responsabilidades colectivas, aportando al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de memoria.

Otro de los avances señalados es la capacidad de la JEP para ordenar medidas restaurativas y exigir la actuación de otras instituciones del Estado en favor de las víctimas. Los participantes resaltaron que estas decisiones trascienden la sanción judicial y pueden traducirse en acciones concretas de reparación, reconocimiento y garantías para la participación de las comunidades. Como ejemplo, mencionaron las órdenes impartidas a la Alcaldía de Medellín para facilitar la veeduría de las mujeres buscadoras en La Escombrera, una muestra de cómo la justicia transicional puede contribuir no solo al esclarecimiento de los hechos, sino también a la dignificación de las víctimas y al fortalecimiento de los procesos de memoria.

Conclusiones

El foro permitió identificar consensos entre las organizaciones participantes. En primer lugar, coincidieron en que la representación judicial se fortalece cuando está articulada con procesos organizativos, territoriales y de acompañamiento permanente a las víctimas.

En segundo lugar, señalaron que la verdad constituye una necesidad fundamental, pero que debe entenderse de manera amplia, incluyendo el reconocimiento de patrones de violencia, responsabilidades y memorias colectivas.

Asimismo, hubo consenso en que las mayores tensiones actuales provienen de la priorización de casos, las limitaciones institucionales para garantizar reparaciones integrales y la persistencia de la violencia en los territorios.

Los participantes coincidieron además en que la defensa de la JEP trasciende la protección de una institución: representa la defensa de los derechos de las víctimas y de los avances alcanzados por el Sistema Integral de Paz. En consecuencia, subrayaron la necesidad de fortalecer la movilización social, el litigio estratégico y el trabajo territorial para preservar los logros alcanzados y garantizar que la búsqueda de verdad, justicia, memoria y no repetición continúe siendo una prioridad para la sociedad colombiana.

Finalmente, se expresó preocupación por los riesgos políticos y presupuestales que enfrenta la JEP. Se advirtió que una eventual desfinanciación afectaría especialmente la participación de las víctimas y pondría en riesgo avances alcanzados gracias a años de movilización social.

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El terremoto que sacudió al país el pasado lunes de 10 de agosto con una intensidad de 7,4 grados en la escala de Ritter, ya ha dejado 312 personas muertas en los departamentos del Valle, Risaralda y Caldas, especialmente, mientras que la cifra de desaparecidos se mantiene en 290 y a medida que trascurre el tiempo, la esperanza de rescatarlos con vida se desvanece.

Con corte al 18 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también actualizó la cifra de 4.380 personas heridas y el rescate de otras 358.

En total fueron 15 departamentos y 470 municipios afectados y un total de 143.533 familias afectadas por la tragedia, el mismo reporte oficial da cuenta de 294.503 personas afectadas, lo que aumenta en 63 familias y 225 personas frente al reporte anterior.

En cuanto a las viviendas, el balance registra 134.282 inmuebles averiados y 29.680 destruidos. En comparación con el reporte del martes, las viviendas con daños aumentaron en 158 y las destruidas en 132. Por su parte, permanecen en 5.808 los edificios averiados y en 277 los que presentan colapso.

La infraestructura de salud y educación también presenta cambios. El número de centros de salud afectados bajó de 335 a 334, mientras que los establecimientos educativos afectados aumentaron de 3.421 a 3.423. Los centros comunitarios afectados pasaron de 4.028 a 4.054.

Las cifras se han venido ajustando en la medida que las regiones azotadas por el terremoto que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), van gestionando los registros de damnificados.

El reporte actualizado registra 421 vías afectadas, 11 menos que en el reporte anterior. En contraste, los puentes vehiculares con daños aumentaron de 52 a 56. Los cinco aeropuertos y los 97 acueductos afectados mantienen las mismas cifras de la actualización anterior.

Operación mascota

La UNGRD mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), junto a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para hacer seguimiento permanente a las acciones de respuesta frente al sismo del 10 de agosto y a las necesidades de las comunidades afectadas.

La atención también incluye a los animales. Con corte al 19 de agosto, se reportan 2.003 animales afectados en 69 municipios de cuatro departamentos: 562 desaparecidos, 668 lesionados, 30 muertos, 660 rescatados y 83 en alojamiento temporal. Los mayores reportes se concentran en Quindío, Valle del Cauca y Risaralda.

Además, se hizo un llamado a los entes territoriales responsables del Registro Único de Damnificados (RUD) para avanzar en su consolidación y mantenerlo actualizado. Este registro es fundamental para identificar a las familias damnificadas y facilitar su acceso a los subsidios de arriendo.

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A las 7:34 am de hoy lunes, un terremoto de 6.4 en la escala de Ritter afectó a Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela.

Al momento los organismos de socorro reportan las 111 personas fallecidas y 85 lesionadas, especialmente en el Eje Cafetero y Valle, como consecuencia del terremoto que esta mañana sacudió a Colombia y cuatro países más.

Eras las siete 7: 34 minutos de la mañana de hoy lunes cuando la mayoría de los colombianos se aprestaba a iniciar su semana laboral y académica la tierra comenzó a moverse, con mayor intensidad en el centro del país, causando pánico entre transeúntes, conductores y habitantes de conjuntos y edificios residenciales, quienes buscaban afanosamente como protegerse de la caída de escombros

Hasta el momento se reporta que ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó, Medellín y algunos municipios del valle del Cauca, registran daños considerables en sus infraestructuras. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, reportó 40 personas fallecidas, 37 en la capital y tres en el municipio de la Virginia. El mandatario decretó el toque de queda y ordenó la suspensión de clases en las instituciones educativas.

Por su parte la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, reportó cuatro personas muertas y 69 más heridas de consideración.

El epicentro del terremoto fue el municipio chocoano de San José del Palmar, a 96 kilómetros de profundidad, a tres kilómetros de Nóvita Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Más de cien muertos

De acuerdo con las cifras entregadas por los organismos de socorro, la tragedia deja hasta el momento un saldo parcial de 111 personas fallecidas y 87 heridos,

Los daños conocidos se distribuyen de la siguiente manera:

Viviendas: 1.575 casas averiadas y 37 destruidas por completo.

Edificaciones urbanas: 61 edificios colapsados en diferentes ciudades.

Infraestructura de salud: 18 centros médicos presentan graves afectaciones.

Educación y comunidad: 52 centros educativos y 17 centros comunitarios dañados.

Red vial: 18 vías principales con afectaciones que dificultan la movilidad y el paso de ayudas humanitarias.

Infraestructura aérea: 6 aeropuertos con daños estructurales y fuera de operación comercial, incluyendo uno de ellos con afectaciones directas sobre su pista de aterrizaje.

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Eras las siete 7: 34 minutos de la mañana de hoy lunes cuando la mayoría de los colombianos se aprestaba a iniciar su semana laboral cuando la tierra comenzó a moverse, con mayor intensidad en el centro del país, causando pánico entre transeúntes, conductores y habitantes de conjuntos y edificios residenciales.

Hasta el momento se reporta que ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó y Medellín, registran daños considerables en sus infraestructuras. EL alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, reportó 18 personas fallecidas, mientras que la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, dijo que su jurisdicción presenta numerosos heridos.

El epicentro del terremoto fue el municipio chocoano de San José del Palmar, a 96 kilómetros de profundidad, entre las poblaciones vallunas de El Águila y El Cairo, a tres kilómetros de Nóvita Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Se trata de una serie de eventos similares que se registran en el llamado cinturón del Pacífico, también se le conoce como “Falla del Pacífico”, una amplia zona del mundo afectada por fuertes terremotos e intensa actividad sísmica, de acuerdo con los entendidos en estos temas.

(Foto redes sociales)

Balance de muertos, heridos y daños

El siguiente es el balance actualizado de víctimas mortales y daños estructurales dejado por el terremoto que sacudió esta mana al país, entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres UNGRD. La cifra de muertos se eleva a 37.

Departamentos:

Valle del Cauca: 27 fallecidos (4 menores) Cali, 44 edificios colapsados, 10 centros de salud inhabilitados o colapsados, se desarrollan acciones de búsqueda y rescate. Daños críticos en El Cairo, Zarzal y Cartago. Jamundí (2 viviendas colapsadas)

Risaralda: 18 fallecidos. 3 centros de salud averiados, 1 centro comunitario, múltiples viviendas averiadas en Pereira, Apia, Balboa, Quinchía, Guática y La Celia. Avenida torrencial en Rio Tunjo y Movimiento en Masa en Taiba.

Quindío (1 municipios): Armenia, daños estructurales. •

Caldas (8 municipios): Sentido fuerte en Supía, Manzanares, Palestina, Pensilvania (vivienda colapsada), Belalcázar, Pensilvania, Neira (corte fluido eléctrico). Manizales (17 edificaciones colapsadas y 2 fallecidos), vías entre Marquetalia y Manzanares, Neira y Manizales colapsadas.

Antioquia (3 municipios): Sin personas lesionadas, 24 instituciones educativas averiadas, 5 centros de salud averiados, 54 viviendas averiadas y 7 centros comunitarios

Cundinamarca (21 municipios): Sentido fuerte en Puerto Salgar, Venecia, Pacho, Chocontá, Arbeláez, Tocaima, Yacopí, Cabrera, Lenguazaque, Bojacá, Guayabetal, El Colegio, Medina, Zipaquirá, Fusagasugá, Cáqueza (colegio afectado), Facatativá, Villapinzón, Mosquera, Tena (1 iglesia), Pacho, La Vega, Nocaima y Madrid.

Boyacá (3 municipios): Tunja, Villa de Leyva y Samacá

Huila: barrido con los 37 municipios informan evento sísmico sentido muy fuerte hasta la hora sin reporte de novedades especiales.

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Se ha hecho público un juicioso trabajo de investigación de varios periodistas colombianos, quienes narran la tragedia vivida por el periodismo en medio del conflicto armado que por desgracia no termina en el país, que por el contrario continúa generando víctimas, como los más recientes en Antioquia y Cúcuta.

Se trata de un paciente trabajo en colectivo, prologado por Dagoberto Muñoz Erazo en que hacen un amplio y documentado recorrido por todo el país tras las huellas de hombres y mujeres asesinados en el cumplimiento de su deber de informar, otros condenados al exilio y a desplazamiento, unos más silenciados bajo diferentes métodos.

Como ellos mismos afirman, este no será el fin, sino el comienzo, tal vez un punto de partida, para afrontar el espinoso tema.

“El Plan Integral de Reparación Colectiva nos ha permitido reconocer el dolor de nuestros periodistas, pero más que eso, nos ha obligado a replantear nuestro papel como testigos de la historia.

Este libro busca reivindicar el periodismo que ha sido víctima del conflicto armado, no desde la tragedia, sino desde la fortaleza colectiva que sigue levantando la verdad como bandera” Se lee en uno de los apartes del libro.

Quienes deseen conocer más sobre esta obra, pueden acudir al siguiente portal

https://www.calameo.com › proclamacaucayvalle › books

Ningún otro texto como este de Dagoberto Muñoz Erazo podrá resumir la tragedia del periodismo en el conflicto armado colombiano. Ahí se van muriendo los comunicadores, otros terminan por marginarse de la lucha, ante la desida de un Estado que se niega a escuchar, a cumplir con sus deberes de proteger a sus ciudadanos.

La entrada Voces Silenciadas-Periodismo y Conflicto Armado se publicó primero en El Pregonero del Darién.

En el encuentro participaron 16 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, junto a 20 comparecientes del Batallón de Infantería número 33 Junín del Alto Sinú y del Gaula Córdoba, quienes durante varios meses sostuvieron espacios de escucha, reconocimiento y reflexión sobre los hechos ocurridos.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó el valor de estos procesos para el país y la necesidad de ampliarlos a otras regiones: “Sí se puede; necesitamos que este tipo de procesos se amplifiquen en todos los territorios del país, porque aún hay mucho dolor”, afirmó, al resaltar que estos encuentros permiten avanzar hacia la reconciliación desde el reconocimiento de lo ocurrido.

Durante el acto, se desarrollaron acciones restaurativas construidas de manera conjunta, como la entrega de sombreros vueltiaos tejidos entre víctimas y comparecientes, relicarios con códigos QR que recogen la memoria del proceso y la siembra de una bonga, árbol emblemático de la región. Estos símbolos representaron la dignidad, la memoria y el compromiso de no repetición.

Uno de los momentos más significativos fue la intervención de Jesús Riascos, compareciente ante la JEP, quien reconoció el daño causado: “Hoy no venimos a cumplir un protocolo, hoy vinimos a hablarles mirándolos a los ojos, con el peso de nuestra historia; admiramos la valentía y generosidad de las víctimas; destruimos familias, vidas, proyectos, y entendimos la magnitud de nuestras acciones”.

Las autoridades destacaron que este proceso, acompañado por la JEP y con apoyo técnico de la OIM, demuestra que el diálogo y la verdad pueden abrir caminos de reparación y reconciliación. La ARN reiteró su compromiso de seguir impulsando estos espacios en el país, para que el dolor se transforme en memoria y en oportunidades de paz duradera.

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Durante tres días, este espacio, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reunirá en Barranquilla a más de 180 actores claves para trazar el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales, posicionándola como un pilar fundamental de la paz, la justicia social y el desarrollo territorial sostenible. 

A través de 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, estos actores definirán estrategias para dar impulso a la reparación integral de las víctimas en el país. 

Se abordarán desafíos como las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de los territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos, entre otros aspectos para consolidar una política más efectiva y cercana a los territorios.

“El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios de nuestro país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, recalcó el mayor Giovani Yule, director general de la URT. 

Durante el Congreso se darán a conocer los hitos de la Unidad alcanzados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el impulso con cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, la nueva ruta para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales que priorizan a las poblaciones vulnerables. 

Estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos: hoy, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley se han gestionado en este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de las víctimas.

(Foto principal/Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras en la fase inicial del Congreso​.​)

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Apartadó-Lideresas sociales, presidentas de Juntas de Acción Comunal, así como representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas se dieron cita en la Mesa de Mujeres y Restitución, un espacio de diálogo y aprendizaje que este año priorizó la resolución de conflictos territoriales a través del liderazgo femenino. Este escenario, impulsado por la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y desarrollado por la Dirección Territorial Apartadó, busca ampliar la participación de las mujeres y garantizar la defensa de sus derechos.

En esta ocasión, lideresas provenientes de zonas como el Bajo Atrato, el Darién chocoano y el Urabá se reunieron para dialogar sobre las principales problemáticas y barreras que enfrentan en el proceso y las afectaciones cuando existen controversias territoriales entre las comunidades étnicas o rurales.

Para Dary Luz Chaverra León, representante legal del Consejo Comunitario Manatíes de Turbo, este encuentro fue vital: “aquí se reflejan los procesos de restitución que lideramos las mujeres y cómo nos fortalecemos; cómo también hacemos parte de esa restitución que vivimos desde el cultivar, desde el cuidar y empoderarnos.

Lo digo como mujer rural, líder y negra que represento a mi comunidad y las mujeres de mi territorio”. Durante el encuentro se resaltó el papel de las mujeres en el avance de los procesos de reparación integral en la región, tanto en ruta colectiva como individual, en el marco de los lineamientos de género contenidos en la Circular 0008 de 2023, y se orientó a las participantes sobre las rutas de acceso a la política pública.

Se socializó el trámite para abordar de los traslapes, con ejemplos prácticos entre comunidades, y se asumieron compromisos para el avance de los casos. Según el director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, la apuesta de estas mesas es que las mujeres tengan un proceso que las dignifique.

“Con un enfoque intercultural, compartimos con las mujeres los logros que resalta la Unidad en estos cuatro años del Gobierno del Cambio, y los lineamientos que hemos creado desde la Dirección Jurídica, Social y DAE en favor de ellas, para avanzar en la restitución en Urabá”, informó.

Entidades como la Defensoría del Pueblo, Comfenalco y la Unidad de Victimas acompañaron la jornada con su oferta institucional, enfocada en el acceso a los derechos económicos y su oferta con enfoque de género. En Urabá 40% de las solicitudes de restitución de tierras han sido presentadas por mujeres, lo que equivale a más de 3.900 casos en los últimos años.

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