En el encuentro participaron 16 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, junto a 20 comparecientes del Batallón de Infantería número 33 Junín del Alto Sinú y del Gaula Córdoba, quienes durante varios meses sostuvieron espacios de escucha, reconocimiento y reflexión sobre los hechos ocurridos.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó el valor de estos procesos para el país y la necesidad de ampliarlos a otras regiones: “Sí se puede; necesitamos que este tipo de procesos se amplifiquen en todos los territorios del país, porque aún hay mucho dolor”, afirmó, al resaltar que estos encuentros permiten avanzar hacia la reconciliación desde el reconocimiento de lo ocurrido.

Durante el acto, se desarrollaron acciones restaurativas construidas de manera conjunta, como la entrega de sombreros vueltiaos tejidos entre víctimas y comparecientes, relicarios con códigos QR que recogen la memoria del proceso y la siembra de una bonga, árbol emblemático de la región. Estos símbolos representaron la dignidad, la memoria y el compromiso de no repetición.

Uno de los momentos más significativos fue la intervención de Jesús Riascos, compareciente ante la JEP, quien reconoció el daño causado: “Hoy no venimos a cumplir un protocolo, hoy vinimos a hablarles mirándolos a los ojos, con el peso de nuestra historia; admiramos la valentía y generosidad de las víctimas; destruimos familias, vidas, proyectos, y entendimos la magnitud de nuestras acciones”.

Las autoridades destacaron que este proceso, acompañado por la JEP y con apoyo técnico de la OIM, demuestra que el diálogo y la verdad pueden abrir caminos de reparación y reconciliación. La ARN reiteró su compromiso de seguir impulsando estos espacios en el país, para que el dolor se transforme en memoria y en oportunidades de paz duradera.

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Durante tres días, este espacio, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reunirá en Barranquilla a más de 180 actores claves para trazar el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales, posicionándola como un pilar fundamental de la paz, la justicia social y el desarrollo territorial sostenible. 

A través de 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, estos actores definirán estrategias para dar impulso a la reparación integral de las víctimas en el país. 

Se abordarán desafíos como las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de los territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos, entre otros aspectos para consolidar una política más efectiva y cercana a los territorios.

“El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios de nuestro país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, recalcó el mayor Giovani Yule, director general de la URT. 

Durante el Congreso se darán a conocer los hitos de la Unidad alcanzados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el impulso con cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, la nueva ruta para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales que priorizan a las poblaciones vulnerables. 

Estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos: hoy, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley se han gestionado en este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de las víctimas.

(Foto principal/Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras en la fase inicial del Congreso​.​)

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Apartadó-Lideresas sociales, presidentas de Juntas de Acción Comunal, así como representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas se dieron cita en la Mesa de Mujeres y Restitución, un espacio de diálogo y aprendizaje que este año priorizó la resolución de conflictos territoriales a través del liderazgo femenino. Este escenario, impulsado por la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y desarrollado por la Dirección Territorial Apartadó, busca ampliar la participación de las mujeres y garantizar la defensa de sus derechos.

En esta ocasión, lideresas provenientes de zonas como el Bajo Atrato, el Darién chocoano y el Urabá se reunieron para dialogar sobre las principales problemáticas y barreras que enfrentan en el proceso y las afectaciones cuando existen controversias territoriales entre las comunidades étnicas o rurales.

Para Dary Luz Chaverra León, representante legal del Consejo Comunitario Manatíes de Turbo, este encuentro fue vital: “aquí se reflejan los procesos de restitución que lideramos las mujeres y cómo nos fortalecemos; cómo también hacemos parte de esa restitución que vivimos desde el cultivar, desde el cuidar y empoderarnos.

Lo digo como mujer rural, líder y negra que represento a mi comunidad y las mujeres de mi territorio”. Durante el encuentro se resaltó el papel de las mujeres en el avance de los procesos de reparación integral en la región, tanto en ruta colectiva como individual, en el marco de los lineamientos de género contenidos en la Circular 0008 de 2023, y se orientó a las participantes sobre las rutas de acceso a la política pública.

Se socializó el trámite para abordar de los traslapes, con ejemplos prácticos entre comunidades, y se asumieron compromisos para el avance de los casos. Según el director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, la apuesta de estas mesas es que las mujeres tengan un proceso que las dignifique.

“Con un enfoque intercultural, compartimos con las mujeres los logros que resalta la Unidad en estos cuatro años del Gobierno del Cambio, y los lineamientos que hemos creado desde la Dirección Jurídica, Social y DAE en favor de ellas, para avanzar en la restitución en Urabá”, informó.

Entidades como la Defensoría del Pueblo, Comfenalco y la Unidad de Victimas acompañaron la jornada con su oferta institucional, enfocada en el acceso a los derechos económicos y su oferta con enfoque de género. En Urabá 40% de las solicitudes de restitución de tierras han sido presentadas por mujeres, lo que equivale a más de 3.900 casos en los últimos años.

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Según la resolución expedida por la ANI, el incumplimiento se configuró tras múltiples requerimientos realizados al concesionario desde febrero de 2023 para que presentara las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y la firma del acta de inicio.

Sin embargo, el proyecto no ha podido comenzar y ni siquiera cuenta con acta de inicio, pese a que desde hace años se ha anunciado su puesta en marcha.

Además, la póliza de seriedad de la oferta, expedida por Seguros del Estado S.A., venció el 20 de abril de 2023, sin que el concesionario lograra renovarla ni presentar las garantías exigidas.

Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, la decisión confirma una cadena de incumplimientos que se han prolongado durante años.

“Hace más de ocho años están diciendo que el puerto pronto empieza y no ha iniciado. El Estado concedió este contrato por 30 años y ni siquiera existe acta de inicio. Ahora la ANI confirma el incumplimiento por no presentar las garantías contractuales”, señaló.

Vega también destacó que dentro del proceso sancionatorio fueron reconocidas como parte interesada seis familias víctimas del conflicto y reclamantes de tierras, representadas por la Fundación Forjando Futuros, quienes fueron despojadas de sus predios en la zona donde se proyecta el puerto.

“Las autoridades nacionales aceptaron a las víctimas como parte interesada en este proceso sancionatorio. Ellas tienen decisiones judiciales a su favor y un acuerdo con la empresa que aún no se ha cumplido”, explicó.

Las seis familias lograron fallos judiciales favorables y un acuerdo que incluye la entrega de 30 hectáreas de tierra, vivienda, un proyecto productivo y la creación de una empresa cooperativa, compromisos que aún siguen pendientes por parte de la compañía.

Precisamente por ese incumplimiento, las víctimas interpusieron una denuncia contra la sociedad portuaria por estafa agravada y abuso de confianza.

“Queremos que miren la situación de las víctimas. Nos sentimos engañados y vulnerados, porque ni siquiera aparecen ni muestran interés en responder por los acuerdos que ellos mismos firmaron”, expresó Yuranis Pacheco, una de las reclamantes de tierras.

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Por fallarle a las víctimas y no colaborar con la Justicia Especial para la paz (JEP), el general, Mauricio Alfonso Santoyo Velasco fue expulsado de esta corte, aunque la medida goza aun del recurso de reposición. El compareciente está siendo procesado por delitos de lesa humanidad, se desprende del expediente.

“En síntesis, las contribuciones realizadas por el compareciente no han  sido suficientes en aras de materializar el derecho a la verdad que les asiste  a las víctimas y a la sociedad colombiana. A partir de lo expuesto, considera esta Subsala, que no es posible continuar con el trámite de sometimiento a la JEP del GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, pues se ha evidenciado de su parte una falta de cumplimiento del régimen de condicionalidad” afirm ala JEP. 

En atención a las consideraciones expuestas, resulta jurídicamente  inviable la solicitud de permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz,  formulada por la defensa y coadyuvada por la delegada del Ministerio Público.

Vuelve a la Fiscalía

En relación con los procesos de la referencia,- sigue diciendo la JEP- se tiene que al señor  Mauricio Alfonso Santoyo Velasco le fue concedido el beneficio transicional  de privación de la libertad en unidad policial o militar —PLUMP— el cual  la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar. En consecuencia,  el señor Santoyo Velasco será puesto a disposición de la Fiscalía 56  Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá D.C., con el fin de continuar con el proceso No. 10179, actualmente en etapa de  acusación. Esta determinación se adopta en cumplimiento de la medida de  aseguramiento de detención preventiva impuesta el 26 de abril de 2019 por la referida autoridad, la cual, a su vez, libró la correspondiente orden de Captura.

Para el cumplimiento de lo anterior, se ordenará a la Inspección General  de la Policía Judicial, al Centro Especial de Reclusión de la Escuela de  Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en el que se encuentra actualmente privado de la libertad, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— que, en firme esta decisión, bajo estrictas medidas de

seguridad, coordinen el traslado del señor Mauricio Alfonso Santoyo  Velasco a un centro de reclusión, conforme a lo señalado en la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en su contra.

Sin beneficios

Con lo anterior, se deja sin prerrogativas y beneficios transicionales al  compareciente, quien a partir de este momento pierde dicha calidad por haber incumplido las obligaciones y deberes que su sometimiento a la JEP y el  régimen de condicionalidad al que se encontraba sometido demandaban,  debiendo sus asuntos retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento.

“El señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo  Velasco, identificado con la C.C. No. 13.845.379, incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad, específicamente la  condición esencial de acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz,  consistente en aportar verdad plena.”

“Como consecuencia de lo anterior, expulsar al señor GR (r)  Mauricio Alfonso Santoyo Velasco,   del Sistema Integral para la Paz.

El señor GR (r) Mauricio Alfonso Santoyo  Velasco ha perdido los tratamientos especiales y beneficios otorgados por las  autoridades judiciales y administrativas —ordinarias y transicionales—, en  desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la  Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como la posibilidad de acceder a otros.

Comunicar esta decisión a los magistrados relatores de los  Macrocasos 06, denominado “Genocidio contra el partido político Unión  Patriótica”, y 08, denominado “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes  del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto  armado”, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de  Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, para lo de su competencia. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación” Concluye la JEP.

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“Esta candidatura tiene el propósito de recuperar el sentido original de la curul de paz: que elCongreso escuche a las víctimas y garantice su participación, a las mujeres campesinas, a la ruralidad y a los pueblos históricamente marginados del país y en particular, a los habitantes dela región de Urabá” dijeron los promotores de esta iniciativa.

“Quiero ser congresista para que nos cumplan a las víctimas, para que las más de 400 mil víctimas que estamos en esta subregión encontremos garantías en la implementación de la Ley 1448 introduciendo artículos que permitan acelerar los procesos de reparación y restitución que hoy sobrepasan las más de 10.000 solicitudes y siguen a la espera desde hace más de 20años”, dijo la candidata.  

“Para el Congreso vamos con una propuesta legislativa que se construirá con la gente en el territorio, garantizando la ampliación de la ley de víctimas y restitución hasta que se satisfagan los derechos de las víctimas, vamos a priorizar el derecho a la paz que tenemos los campesinos porque somos quienes convivimos día a día con los actores armados, necesitamos  que se garantice la participación de las víctimas como protagonistas centrales de cualquier negociación”, Agregó Ayineth.

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Apartadó, 9 de octubre de 2025- Tras dos días de diálogo y  concertación, y con la asistencia de más de 2.000 personas, pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Urabá, cerró la  quinta Asamblea Regional ‘Tejiendo la Restitución’, realizada en Apartadó. Allí se  abordaron estrategias conjuntas para garantizar la reparación integral y la  construcción de paz en la región.

Como hecho destacado, en el espacio se formalizó la entrega de $1.737 millones  de pesos en compensaciones y compra de vivienda para víctimas y segundos  ocupantes, por parte del director general de la URT, Giovani Yule, el coordinador  del Grupo Fondo de la entidad, Antonio Martínez y el director territorial de la  Unidad en Apartadó, José Alberto Kunzell.

El mayor Yule manifestó la importancia de este encuentro: “nos reunimos más  de 2.000 personas en una conversa que nos permitió juntar la fuerza institucional  del Gobierno y el Estado con la fuerza organizativa de las comunidades, para  sacar adelante nuestra misión, que es restituir los derechos de quienes han sido despojados en el marco del conflicto y la violencia”.

Como hecho destacado, en el espacio se formalizó la entrega de $1.737 millones  de pesos en compensaciones y compra de vivienda para víctimas y segundos  ocupantes, por parte del director general de la URTComo hecho destacado, en el espacio se formalizó la entrega de $1.737 millones  de pesos en compensaciones y compra de vivienda para víctimas y segundos  ocupantes, por parte del director general de la URT.

Por su parte, Antonio Martínez se refirió a la entrega de compensaciones, vivienda y proyectos productivos a víctimas y segundos ocupantes: “a esta materialización de sentencias, se le suma la cadena de inicio de producción agrícola en los proyectos productivos, que ascienden a $4.000 millones de pesos en 2025. Esto es una noticia positiva, que reactiva el agro y va con relación al proyecto del presidente Petro de ubicar a Colombia como potencia agropecuaria; terminar el conflicto con generación de empleo y mover la economía campesina como la que tiene Urabá”.

Por último, el director territorial de la URT Apartadó, José Alberto Kunzell, manifestó: “estamos con la población víctima, con la población campesina del Urabá, para manifestarle a las comunidades los avances logrados, en los tres años del Gobierno del Cambio, frente a la política pública de la restitución de tierras en la región. Les mostramos los resultados de los proyectos productivos y el pago de compensaciones a beneficiarios”.

Encuentros como la Asamblea Regional ‘Tejiendo la Restitución’, y acciones como el cumplimiento de los desembolsos en favor de las familias que sufrieron el conflicto armado en la región, demuestran el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro con las víctimas, a las que ha puesto en el centro de las políticas públicas. Por ello podemos recalcar: ¡con dignidad, estamos cumpliendo!

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El espacio combinará actos culturales y armonizaciones con una agenda enfocada en el cumplimiento de las sentencias de restitución dirigidas a las comunidades ancestrales, bajo la orientación de la Dirección de Asuntos Étnicos. Asimismo, se realizará la entrega de proyectos productivos, compensaciones y apoyos por parte del Grupo Fondo de la URT, junto con la atención interinstitucional a beneficiarios.

Al inicio, intervendrán directivos de la URT y autoridades locales. Así mismo, se hará pedagogía sobre la atención en ruta individual o colectiva. Después se instalará un diálogo con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) sobre avances y pendientes en el cumplimiento de órdenes.

Entregas del Grupo Fondo

Durante la asamblea, el Grupo Fondo, a través de su coordinador Antonio Martínez, realizará entregas simbólicas a beneficiarios de proyectos productivos familiares, así como compensaciones, alivios de pasivos y apoyos de vivienda a beneficiarios.

En la tarde del 8 de octubre se abordará la etapa posfallo, con cuatro mesas de trabajo para pueblos étnicos (Tanela, Urquía, Cutí y Eyakera). Estas contarán con participación de entidades como ANT, MinInterior, UARIV, UNP, ANLA, MinAmbiente, IGAC, ART, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con el fin de revisar puntos críticos, responsabilidades y cronogramas por cada orden judicial.

En paralelo, se adelantará un seguimiento a medidas cautelares para procesos específicos (Chidima–Toló y Pescadito, Uradá Jiguamiandó, Río Domingo Dó, Pedeguita y Mancilla, Jaikerazaví, Cocomasur y La Larga), consolidando compromisos y rutas de impulso. El 9 de octubre se instalará una jornada de atención personalizada, en articulación con entidades del SNARIV.

La quinta Asamblea ‘Tejiendo la Restitución’ será un punto de encuentro entre la justicia y la esperanza, donde las comunidades del Urabá reafirmarán su papel como guardianas del territorio y constructoras de paz. ¡Con dignidad, cumplimos!

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En total, 25 hectáreas de las fincas aprehendidas fueron entregadas a la Asociación Campesina de Trabajadores y Productores del Valle del Cauca, con presencia en Tuluá y otros municipios del Valle. 

Esta organización agrupa a más de 80 familias campesinas de la región que desde hace tres años trabajan de manera colectiva en la transformación del café y han incursionado en nuevas líneas productivas como café gourmet y especial.

Con esta entrega, cinco de esas familias tulueñas se benefician directamente y proyectan ampliar su producción con cultivos de papaya, cítricos, ají y maíz. 

“Hoy inicia una nueva historia para nosotros. Estas tierras, que en el pasado estuvieron atadas a economías ilegales, llegan ahora a nuestras manos después de años de espera y lucha. Somos familias que sufrimos el despojo, y recibirlas significa un verdadero acto de justicia y reparación”, señaló con emoción Lizeth Carolina Moncayo, representante legal de asociación campesina.

“No venimos a legitimar mafias, venimos a recuperar tierras y devolvérselas al campesinado, porque las tierras del Estado deben estar al servicio del pueblo. Este es un paso histórico, no solo para el Valle del Cauca sino para Colombia”, afirmó Carlos Guerrero, abogado de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT.

En diciembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del CTI, ocupó 39 bienes registrados a nombre de testaferros de ‘Don Diego’.

Luego de la extinción de dominio, varios de estos predios quedaron bajo administración de la SAE, que los entregó en arriendo a terceros, quienes desarrollaron cultivos de caña, guayaba y actividades acuícolas. 

Con la finalización de dichos contratos en 2024, las tierras regresaron a la disponibilidad del Estado, lo que permitió avanzar en su incorporación a los procesos de Reforma Agraria para el campesinado en el Valle del Cauca.

Lo que en el pasado fue emblema del narcotráfico hoy florece como territorio campesino, en oportunidad productiva y en reparación colectiva. El campo vallecaucano afirma con fuerza: ¡Esta tierra sí es mía!

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Su nombramiento representa un espaldarazo del Gobierno del Cambio a las víctimas, ya que la entidad estará liderada por una víctima del conflicto armado, cuyo perfil profesional combina un enfoque técnico con la sensibilidad social. Desde sus primeros años en el mundo laboral como escolta, Romero Polanco ha construido una carrera profesional basada en el esfuerzo, la formación y el compromiso con lo público.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple a las víctimas del conflicto armado. Quiero enviar un saludo muy especial a los casi 10 millones de víctimas que tenemos en nuestro Registro Único de Víctimas (RUV), incluidas las que se encuentran en el exterior. Esta nueva Dirección va a estar de puertas abiertas, visitaremos los territorios y trabajaremos de manera articulada con todas las entidades estatales de la mano con las diferentes mesas de víctimas en todo el territorio nacional”, afirmó el nuevo director general de la Unidad para las Víctimas.

Romero Polanco también resaltó que asume el reto de dirigir la entidad con una visión centrada en dignificar a las víctimas y fortalecer su participación efectiva en diferentes escenarios sociales, y seguir avanzando en los procesos de reparación colectiva e individual.

Asi mismo, destacó que buscará consolidar una gestión cercana a las comunidades, que promueva la paz con justicia social y amplifique la voz de quienes han sufrido los impactos del conflicto, impulsando los ejercicios de verdad, memoria y no repetición.

“Es un día histórico para las víctimas.

Por primera vez, la Mesa Nacional de Participación Efectiva fue invitada a la posesión de un director general de la Unidad para las Víctimas. Queremos decirles a todas las víctimas que esto nos deja un buen mensaje, el director Adith Rafael nos ofrece trabajar de su mano para llegar al territorio, a los pueblos étnicos y para atender a las víctimas en el exterior”, aseguró Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas.

Por su parte, Yolanda Perea, integrante de la Comisión Nacional de Víctimas y de la fundación Arrópame con tu Esperanza, agregó que “celebramos la llegada de Adith Rafael Romero Polanco a la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. Vemos en él la disponibilidad de querer articular y trabajar de la mano, no solo con las mesas, sino también con las organizaciones, movimientos y federaciones de víctimas. Trabajaremos de la mano en pro de ese restablecimiento integral de derechos con nuestras voces”. (Información institucional)

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