Esta reactivación de las 22 sedes se ha ido dando paulatinamente durante las últimas semanas en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Antioquia y Norte de Santander. “Todo este trabajo de recuperación de cada oficina afectada ha estado acompañado por acciones concretas para apoyar a nuestros clientes en este difícil momento, y en el primer mes, después de ocurrido el sismo, ya se han pagado 1.024 siniestros con el seguro paramétrico de daños, que permitió identificar satelitalmente las zonas afectadas y acelerar la respuesta automática para el pago, gracias a la agilidad de nuestra compañía aliada SBS Seguros”, ha informado la presidenta la presidenta ejecutiva de Bancamía, Viviana Araque Mendoza.

Sumado a esto, la líder del banco, cuenta que se han otorgado más de 1.200 alivios financieros a los clientes microempresarios que atiende la entidad en las zonas más afectadas, con medidas como periodos de gracia, reducción de tasas y ampliación de plazos, entre otras.

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El terremoto que sacudió al país el pasado lunes de 10 de agosto con una intensidad de 7,4 grados en la escala de Ritter, ya ha dejado 312 personas muertas en los departamentos del Valle, Risaralda y Caldas, especialmente, mientras que la cifra de desaparecidos se mantiene en 290 y a medida que trascurre el tiempo, la esperanza de rescatarlos con vida se desvanece.

Con corte al 18 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también actualizó la cifra de 4.380 personas heridas y el rescate de otras 358.

En total fueron 15 departamentos y 470 municipios afectados y un total de 143.533 familias afectadas por la tragedia, el mismo reporte oficial da cuenta de 294.503 personas afectadas, lo que aumenta en 63 familias y 225 personas frente al reporte anterior.

En cuanto a las viviendas, el balance registra 134.282 inmuebles averiados y 29.680 destruidos. En comparación con el reporte del martes, las viviendas con daños aumentaron en 158 y las destruidas en 132. Por su parte, permanecen en 5.808 los edificios averiados y en 277 los que presentan colapso.

La infraestructura de salud y educación también presenta cambios. El número de centros de salud afectados bajó de 335 a 334, mientras que los establecimientos educativos afectados aumentaron de 3.421 a 3.423. Los centros comunitarios afectados pasaron de 4.028 a 4.054.

Las cifras se han venido ajustando en la medida que las regiones azotadas por el terremoto que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), van gestionando los registros de damnificados.

El reporte actualizado registra 421 vías afectadas, 11 menos que en el reporte anterior. En contraste, los puentes vehiculares con daños aumentaron de 52 a 56. Los cinco aeropuertos y los 97 acueductos afectados mantienen las mismas cifras de la actualización anterior.

Operación mascota

La UNGRD mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), junto a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para hacer seguimiento permanente a las acciones de respuesta frente al sismo del 10 de agosto y a las necesidades de las comunidades afectadas.

La atención también incluye a los animales. Con corte al 19 de agosto, se reportan 2.003 animales afectados en 69 municipios de cuatro departamentos: 562 desaparecidos, 668 lesionados, 30 muertos, 660 rescatados y 83 en alojamiento temporal. Los mayores reportes se concentran en Quindío, Valle del Cauca y Risaralda.

Además, se hizo un llamado a los entes territoriales responsables del Registro Único de Damnificados (RUD) para avanzar en su consolidación y mantenerlo actualizado. Este registro es fundamental para identificar a las familias damnificadas y facilitar su acceso a los subsidios de arriendo.

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Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, informa que de las 22 oficinas que han tenido cierre preventivo desde el primer día de la tragedia, habilita la atención en 14 de ellas, todas con informes técnicos elaborados por expertos que certifican la idoneidad de las edificaciones para poder operar en condiciones de seguridad tanto para clientes como para colaboradores, lo que viabiliza el inicio de la prestación del servicio.

Las sedes que retoman servicio son:

Valle del Cauca: Candelaria, Cerrito, Cali Casona, Cartago y Tuluá.

Chocó: Quibdó e Istmina.

Caldas: Riosucio, Anserma y Manizales.

Quindío: Armenia.

Cauca: Popayán Norte.

Antioquia: El Bagre.

Norte de Santander: Cúcuta Centro.

En el centro de todo el proceso de atención de Bancamía ha estado el bienestar de los colaboradores ubicados en los municipios afectados, a quienes el banco ha atendido desde el primer momento de ocurrido el sismo, para acompañarlos de manera integral a reestablecer sus condiciones de vida, conociendo cada caso para entregarles el apoyo económico, laboral y psicosocial que se ha requerido frente a la emergencia.

De la misma manera, Bancamía avanza en la puesta en marcha de soluciones financieras para los microempresarios afectados, con periodos de gracia y otras alternativas de alivio en sus créditos, lo que les permitirá contar con las herramientas necesarias y el tiempo que requieren para continuar en sus labores productivas.

Con este objetivo, la entidad dispuso un formulario en su página web, redes sociales y canales digitales para que los usuarios reporten de manera directa el nivel de impacto sufrido en sus activos o actividades productivas.

En cuanto a los mecanismos de protección, Bancamía informa que más de 7.800 clientes ubicados en las áreas impactadas cuentan con coberturas vía pólizas de seguros, frente a daños sobre sus negocios, por lo que la entidad y la aseguradora aliada, se encuentran brindando acompañamiento para que los beneficiarios hagan uso de las protecciones y asistencias correspondientes.

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Con corte al domingo 16 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 289 personas fallecidas, 143 desaparecidas y 117.222 afectadas por la emergencia.

Si bien las cifras de fallecidos se han mantenido confiables con los reportes de las regiones y Medicina Legal, con las estadísticas de desaparecidos ocurren amplias diferencias, el dato oficial es de 143 desaparecidos, pero solamente Cali registra 111 y Pereira 140, reportes de los territorios sitúan la cifra de personas damnificadas en 186.016.

Igual ocurre con las cifras de personas, afectadas, familias, viviendas, edificios y estructuras públicas, ya que los datos que manejan las regiones no coinciden con las que maneja el gobierno nacional.

Hoy, a ocho días de registrada la tragedia, la angustia y el dolor se apoderan de los parientes que aún tienen a sus seres queridos bajo los escombros y guardan la esperanza de encontrarlos con vida.

En total fueron 15 departamentos y 448 municipios afectados, el último reporte de la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, confirma la muerte de 289 personas, como consecuencia del terremoto que el pasado lunes azotó varias regiones del país.

Las cifras oficiales hablan 117.222 y 3.974 heridos, 12.828 viviendas destruidas y 73.828 averiadas, 121 edificios colapsados, 2.205 centros educativos afectados, 240 centros de salud dañados, cuanto puentes, 73 acueductos y cinco aeropuertos dañados117.222

Hoy hace una semana, un terremoto de magnitud 7.4 grados en la escala de Ritter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó, azotó gran parte del país, cuando eran los 7 y 34 minutos de la mañana y la comunidad se disponía a iniciar la semana, laboral, administrativa y académica.

A medida que transcurre el tiempo las cifras se van ajustando a la realidad, la misma UNGRD ha advertido que se debe diligenciar el Registró Único de Damnificados.

El Registro Único de Damnificados (RUD) es un sistema oficial que identifica y contabiliza a las personas afectadas por desastres naturales en Colombia, permitiendo acceder a certificados y ayudas estatales.

También se han reportado choques en Cali y Pereira entre rescatistas, las autoridades y delegaciones llegadas de otros países especialmente de Israel, la delegación que más rechazo ha causado.

Las redes sociales y periodistas que cubren la información, han denunciado la politización en la entrega de ayudas en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó.

En conclusión, poco a poco se va normalizando la entrega de ayudas humanitarias, la remoción de escombros, los ajustes las cifras de bienes y personas afectadas y el país entero se prepara para la reconstrucción de los daños, al tiempo que sigue recibiendo importante apoyo de países y empresarios nacionales. La solidaridad de la gente de a pie, ha  sido descomunal y vital desde los primeros días de la tragedia.

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Esta primera etapa permitirá contar con un diagnóstico para orientar las decisiones frente a la continuidad del servicio educativo y la recuperación de la infraestructura, garantizando condiciones de seguridad para las comunidades.

Específicamente en el sector de la educación superior, se han recibido 243 reportes de afectación de 117 Instituciones de Educación Superior (IES) entre públicas y privadas. De acuerdo con la información consolidada, 54 sedes presentan altas afectaciones en infraestructura y 91 tienen suspendidas sus actividades académicas, situación que impacta a 114.855 estudiantes.

 El Ministerio hará acompañamiento para orientar la activación y fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las IES, la verificación de las condiciones de seguridad de las sedes y la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

 A partir de las necesidades identificadas, se definirán acciones para favorecer el bienestar de las comunidades de las IES, la continuidad académica y el restablecimiento del servicio, con apoyos en alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial cuando sean requeridos.

En materia de infraestructura, primero se deberán completar las valoraciones técnicas y los trámites ante las aseguradoras para establecer el alcance de los daños y las coberturas correspondientes. Con esa información se determinarán las necesidades que no estén cubiertas y, a partir de allí, se definirán las acciones y apoyos que correspondan por parte del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de las sedes afectadas. 

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El terremoto del pasado lunes 10 de agosto no solo convirtió en escombros edificios y viviendas; sacudió conciencias, despertó temores y quebró, una vez más, la confianza de los colombianos en la capacidad del Estado para protegerlos cuando más lo necesitan. Volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que Colombia parece incapaz de resolver. ¿Qué pasará con los recursos destinados a atender esta emergencia?

No es una pregunta paranoica. Es una pregunta que nace de la experiencia. Cada vez que el país ha enfrentado una catástrofe o una crisis de gran escala, la corrupción ha encontrado la manera de abrirse paso en medio del dolor ajeno. Lo vimos con la avalancha de Mocoa y con las inundaciones de la ola invernal de 2010-2011. Lo vivimos otra vez durante la pandemia de COVID-19, cuando los contratos exprés, los sobrecostos en insumos médicos y las compras públicas con controles insuficientes se convirtieron en noticia recurrente mientras el país enterraba a sus muertos.

El huracán Iota es quizás el precedente más parecido a lo que hoy enfrentamos. En noviembre de 2020 arrasó San Andrés y Providencia. El Gobierno prometió un ‘Plan de 100 días’ para la reconstrucción, pero los años posteriores mostraron lentitud, denuncias de contrataciones a dedo y recursos que nunca llegaron a los isleños que más los necesitaban. Para la clase política, parece que ninguna tragedia es tan grande que no quepa un negocio turbio en sus escombros.

Las condiciones que permiten ese patrón tienden a repetirse. En una emergencia es razonable, incluso necesario, flexibilizar algunos controles para responder con la rapidez que la situación exige. La contratación directa, los procesos abreviados y una mayor discrecionalidad presupuestal pueden estar plenamente justificados cuando hay vidas en juego y cada hora cuenta.

El problema aparece cuando esa flexibilidad no está acompañada de una vigilancia igualmente rigurosa. Menos controles pueden significar mayor velocidad, pero menor trazabilidad, menor competencia entre proveedores y más espacio para que decisiones aparentemente técnicas terminen favoreciendo intereses particulares. Cuando eso ocurre, los recursos que deberían llegar a quienes lo perdieron todo comienzan a desviarse de manera silenciosa.

Y conviene ser claros: el riesgo no depende únicamente de que aparezcan funcionarios inescrupulosos o personas sin experiencia al frente de la emergencia. Colombia ha demostrado con creces que la corrupción de alto nivel también puede involucrar a profesionales de amplia formación académica —incluso con maestrías y doctorados— y extensas trayectorias en el sector público o privado.

El caso Reficar, por ejemplo, llevó el costo de modernización de la refinería de Cartagena de cerca de 3.800 millones de dólares a más de 8.000 millones. El escándalo de Odebrecht, relacionado con la Ruta del Sol II, involucró a multinacionales, empresarios y funcionarios con educación superior, posgrados y amplia experiencia. El carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Agro Ingreso Seguro mostraron problemas similares.

La mención resulta incómoda, pero es necesaria. La formación académica y la experiencia profesional no garantizan la integridad. Una persona puede conocer perfectamente las normas y, aun así, decidir utilizarlas para favorecer sus propios intereses. En una emergencia, cuando los controles habituales se relajan por necesidad, esa falta de garantía se vuelve todavía más peligrosa.

En el caso de un terremoto, los riesgos pueden anticiparse con facilidad. Pueden aparecer contratos de reconstrucción de viviendas e infraestructura adjudicados sin competencia real, sobrecostos en materiales y ayudas humanitarias, censos de damnificados manipulados para desviar subsidios o empresas de papel creadas para captar contratos de emergencia. Ninguno de estos mecanismos es nuevo. Todos han aparecido, de una u otra forma, después de desastres naturales en Colombia y en otros países.

Por eso la vigilancia no puede comenzar cuando los recursos ya se hayan perdido y solo quede investigar. Tiene que estar presente desde el primer día, al mismo tiempo que se desarrolla la respuesta humanitaria. Los contratos de emergencia y sus beneficiarios deben hacerse públicos con la mayor rapidez posible. La ciudadanía y los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, deben contar con mecanismos efectivos para detectar y corregir irregularidades. Deben existir, además, canales ágiles para que los afectados puedan denunciar sin temor a represalias. Y cuando aparezcan delitos, las investigaciones y sanciones no pueden prolongarse durante años hasta que el país termine olvidando lo ocurrido.

Existe, por otro lado, un asunto menos técnico y mucho más cultural. La ciudadanía no puede bajar la guardia porque se encuentre frente a una tragedia que despierta solidaridad nacional. Precisamente en esos momentos, cuando existe una enorme disposición a ayudar y la atención se concentra en las víctimas, pueden abrirse espacios para quienes buscan aprovecharse de los recursos públicos. Exigir transparencia durante una emergencia no significa desconfiar de la ayuda ni entorpecerla. Significa protegerla para que llegue realmente a quienes la necesitan.

La emergencia deja espacio, además, para una forma sutil de lucha ideológica y de cálculo electoral. Administrar la solidaridad internacional según el color político de quien la ofrece, o convertir la tragedia en vitrina de campaña. Cuando la ayuda humanitaria se filtra por afinidades partidistas, o cuando funcionarios y aspirantes aprovechan la emergencia para hacer política, el Estado no solo arriesga vidas por lentitud. También erosiona la confianza en que la emergencia se gestiona por los damnificados y no por cálculo político.

Colombia ocupa el puesto 99 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 37 sobre 100. La cifra no es un dato abstracto. Es el resultado acumulado de muchas decisiones públicas y de la percepción que esas decisiones dejan en la sociedad. Cada contrato opaco, cada sobrecosto injustificado y cada peso que no llega a su destino alimentan la desconfianza y profundizan el problema.

El terremoto ya produjo un daño que no puede evitarse. Lo que sí podemos evitar es que la tragedia tenga un segundo efecto. No podemos permitir que, además de viviendas destruidas y comunidades afectadas, los recursos destinados a reconstruirlas terminen beneficiando, una vez más, a quienes nada tienen que ver con las víctimas.

La emergencia exige solidaridad, rapidez y eficacia. Pero exige, sobre todo, vigilancia. Porque cuando la tierra tiembla, el Estado debe responder con mayor capacidad. Y cuando los controles se flexibilizan, la sociedad debe responder con mayor atención. Esa vigilancia, sostenida en el tiempo, es la única garantía de que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El último reporte de la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, confirma la muerte de como consecuencia del terremoto que el pasado lunes azotó varias regiones del país.

Además, la cifra de heridos se eleva 3.935, otras 320 personas aún permanecen como desaparecidas y 353 han sido rescatadas con vida entre las ruinas de edificios, apartamentos y residencias.

Otras afectaciones

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, presentó el balance con corte al 15 de agosto de 2026, 6:30 a. m. del terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó.

15 departamentos y 448 municipios afectados; 54.008 familias y 115.461 personas afectadas.

Población: 294 personas fallecidas, 3.935 heridas, 320 desaparecidas y 353 personas rescatadas.

Vivienda: 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados.

Infraestructura y servicios: 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios afectados.

298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.

188 animales rescatados y 578 afectados.

Reporte de Pereira

Balance en cifras de la ciudad de Pereira con corte del 14 de agosto de 2026:

Viviendas afectadas: más de 35.200 que representan el 15% de las viviendas de la ciudad.

Más de 40.000 familias damnificadas que son alrededor de 120 mil personas.

Toneladas de escombros recolectadas: 16.000

Personas Rescatadas: 260

Personas Desaparecidas: 270

Heridos: 259

Fallecidos: 95

Animales rescatados: 15

Edificaciones en colapso total: 66

Centros de Salud afectados: 7

Instituciones Educativas afectadas: 165

Las labores de búsqueda de sobrevivientes con apoyo de varios países, rescatistas nacionales y voluntarios, continúan por toda la zona de desastre, así como la entrega de ayudas, aunque periodistas que cubren la noticias de desde apartadas localidades y las mismas comunidades siguen informando sobre las dificultades para la entrega de los apoyos.

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Las medidas, definidas mediante la Resolución No. 20260019544, aplican a los operadores, establecimientos, puntos de venta, terminales y elementos que demuestren una afectación directa relacionada con el evento sísmico. La disminución de ventas, por sí sola, no constituye causal para acceder a los alivios.

Medidas destacadas

Para los juegos localizados, Coljuegos habilitó mecanismos para facilitar la reubicación y reposición de elementos afectados. Entre las principales medidas se encuentran:

Traslados exprés y/o automáticos de elementos desde establecimientos afectados hacia otros locales autorizados.
Posibilidad de mantener temporalmente un establecimiento en condición de “local en cero”, sin pérdida de su autorización ni configuración de incumplimiento contractual.
Cuatro meses para reponer o completar el número mínimo de elementos dañados o perdidos por el sismo, plazo que podrá prorrogarse por una sola vez cuando persistan las causas de afectación.
Agilizar trámites para autorizar nuevos establecimientos cuando los locales hayan sido destruidos.
Agilización de la autorización de elementos destinados a reemplazar los afectados.

Por otro lado, para los juegos operados por internet (JOI), Coljuegos mantendrá, como regla general, los cronogramas vigentes de transmisión, reporte, declaración, liquidación y pago, teniendo en cuenta que estas operaciones cuentan con plataformas y sistemas tecnológicos centralizados. Sin embargo, se podrán evaluar solicitudes excepcionales de manera individual cuando el operador demuestre un vínculo directo y material entre la imposibilidad de cumplir y el sismo.
Con respecto a Baloto, Súper Astro y KENO, las medidas responden a las afectaciones que puedan haber sufrido puntos y terminales como consecuencia directa de la emergencia.

Así pues, en Baloto se podrá excluir temporalmente de determinados indicadores contractuales la indisponibilidad acreditada de puntos y terminales afectados, así como reprogramar visitas, pruebas, reemplazos y cronogramas de despliegue en los municipios afectados. También podrán aceptarse reportes consolidados posteriores.

Para Super Astro, se podrá reconocer la indisponibilidad de puntos y terminales durante el período acreditado de afectación, permitir la regularización posterior de archivos y cierres de jornada y establecer cronogramas especiales para la reparación o reactivación de terminales.

En KENO, se podrán reprogramar hitos de despliegue, pruebas y aceptación; excluir temporalmente puntos afectados de determinados indicadores; establecer nuevos cronogramas de recuperación y permitir la regularización posterior de reportes transaccionales.

En lo relacionado con las rifas, Coljuegos dará trámite prioritario a las solicitudes para modificar, cuando el marco aplicable lo permita, la fecha, lugar, período de comercialización o mecanismo operativo del sorteo. También podrán autorizarse nuevas fechas o mecanismos alternativos cuando sea necesario, preservando los derechos de quienes adquirieron válidamente sus participaciones.

Para los juegos promocionales, se priorizarán las solicitudes sustentadas en la emergencia que requieran modificar la vigencia, fecha o lugar del sorteo, mecánica operativa o plan de premios.

Por último, es importante destacar que estas medidas no implican condonación, devolución ni renuncia al recaudo de los derechos de explotación y gastos de administración destinados a la salud. Los alivios son temporales y estarán sujetos a la acreditación de la afectación y a los mecanismos de seguimiento y control de la entidad.

En caso de requerir más información, los operadores podrán consultar a través de los canales oficiales de la entidad.

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En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, entre otros, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informa que tras la emergencia sísmica del pasado 10 de agosto, los operadores de red (OR) han avanzado oportunamente en el restablecimiento del servicio de energía en los departamentos más afectados y la activación de sus planes de gestión de riesgos.

En el caso del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo se reportan daños estructurales y de conducción en bocatomas, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento en municipios de Caldas, Risaralda y Chocó. También hay retrasos en rutas de recolección y restricciones en sitios de disposición final.

Restablecimiento del servicio de energía eléctrica

Con información preliminar con corte al 13 de agosto de 2026 y de acuerdo con la información reportada por los operadores de red (OR) y por el operador del mercado (XM), las principales afectaciones se concentran en redes de distribución local (SDL) y en algunos activos del Sistema de Transmisión Regional (STR) de los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Nariño.

Previo al evento, el Sistema Interconectado Nacional registraba una demanda cercana a 9.400 megavatios (MW). Como consecuencia del sismo se presentó una reducción temporal de la demanda cercana al 18 % (aproximadamente 1.700 MW), que se ha venido recuperando de manera sostenida.

Evolución de usuarios sin servicio por operador de red

Información preliminar de la evolución de los usuarios sin servicio entre el 10 y el 13 de agosto de 2026:

Cifras preliminares con base en los reportes de los OR y de XM/CND; sujetas a actualización. El total inicial es un valor mínimo estimado (no incluye la cuantificación puntual de EEP–Pereira, cuya afectación inicial fue del 100%).

Al corte del 13 de agosto permanecían aproximadamente 75.000 usuarios sin servicio en el Sistema Interconectado Nacional, frente a más de 1,5 millones afectados al inicio del evento. Esto equivale al restablecimiento del servicio a más de 1,45 millones de usuarios, lo que representa una recuperación superior al 95 % de la afectación inicial.

El caso de mayor atención es el Chocó (OR DISPAC), cuyo sistema opera de manera radial por la indisponibilidad de la línea Cértegui 115 kV, lo que reduce su capacidad de respuesta ante nuevas contingencias.

Zonas No Interconectadas (ZNI) – Chocó

En las Zonas No Interconectadas se registran afectaciones a plantas de generación que mantienen sin servicio a tres localidades del departamento del Chocó, sobre las cuales la SSPD realiza seguimiento prioritario:

Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

Como consecuencia del movimiento sísmico, 11 prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ubicados en Valle del Cauca (Alcalá, Cali y Yotoco), Caldas (Pácora y Viterbo), Chocó (El Carmen de Atrato y Tadó) y Risaralda (Guática, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas) han reportado afectaciones operativas y de infraestructura:

Acueducto y Alcantarillado: daños estructurales y de conducción en bocatomas, desarenadores, plantas de tratamiento (PTAP) y tanques de almacenamiento en municipios como Pacora, Guática, El Carmen de Atrato, Santa Rosa de Cabal y Alcalá.

Servicio de Aseo: retrasos en rutas de recolección y restricciones en sitios de disposición final por el bloqueo de vías con escombros y deslizamientos en Cali, Tadó, Yotoco y Dosquebradas.

De igual manera, en la ciudad de Cali se reportó el colapso estructural de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de la Asociación de Recicladores de la Comuna 20, hecho en el que lamentablemente se registró una víctima fatal.

Desde el inicio de la emergencia, los operadores han garantizado la atención continúa participando activamente en los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y adaptando la reubicación de sedes operativas en los casos necesarios.

Frente a esta situación, y reafirmando el compromiso de proteger a los usuarios mediante el restablecimiento —a la mayor brevedad posible— de la continuidad, seguridad y calidad de los servicios públicos, la Superservicios estructuró un plan de seguimiento a los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC).

Asimismo, se instalaron mesas de trabajo permanentes para el reporte e Inspección, Vigilancia y Control (IVC), apoyadas en una matriz donde los prestadores registran los avances y la superación de la emergencia.

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De acuerdo con el reporte más reciente de la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, ya son 273 las personas fallecidas como consecuencia del terremoto que el pasado lunes azotó varias regiones del país.

3.824 personas han sido reportadas como heridas y 377 siguen desaparecidas entre los escombros.

El mismo informe advierte que son 40.753 familias afectadas con un total de 97.515 personas, 172 edificios colapsados, 12.584 viviendas destruidas y las ciudades más afectadas: Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Quibdó.

De los 250 cadáveres que han ingresado a Medicina Legal, 227 ya fueron reconocidos y 189 de ellos entregados a sus familiares.

En cuanto a las labores de rescate que sen han extendido a los animales, se conoció que 99 mascotas han destacadas.

La UNGRD también anunció que buscan realizar fotografías aéreas con aviones y drones en 85 municipios. Hasta ahora, se han realizado sobrevuelos y recolectados datos en 13 municipios de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, con el fin de optimizar la información y agilizar la entrega de las ayudas.

Otras afectaciones

Por su parte Asocapitales señaló que fuera de los daños ya reportados, las pérdidas humanas, heridos y desaparecidos, hay otras afectaciones de consideración así:

2.198 centros educativos afectados.

129 corredores viales con averías

20 estructuras con daños estructurales

825 centros comunitarios afectados.

216 centros de salud afectados.

71 acueductos afectados.

29 entidades bancarias afectadas.

5 aeropuertos afectados.

Finalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó el servicio del Chárter Internacional, un mecanismo de cooperación que facilita el acceso a imágenes satelitales para fortalecer la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La ayuda a los damnificados ha empezado a funcionar con mayor  fluidez, aunque en los sitios más remotos se registran dificultades de comunicación para acceder.

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