El nuevo gobierno enfrenta un enorme déficit fiscal, una economía con poco margen de maniobra y una seguridad deteriorada. De la Espriella promete hacer lo contrario de Petro, pero buena parte de su agenda ya está dictada por los problemas que heredó.

Una agenda petrificada

El panorama para el gobierno de la “patria milagro” es bastante complejo: su agenda está “petrificada” en dos sentidos:

-Por un lado, en lo que respecta a su orientación, De la Espriella quiere presentarse como todo lo opuesto a Petro. Como si siguiera en campaña política, el actual gobierno está empecinado en hacer todo lo contrario del anterior, incluso si eso resulta poco razonable en ciertos casos.

-Por otro lado, más allá de lo que De la Espriella quiera hacer, las prioridades de su agenda económica las impuso, en gran medida, la irresponsabilidad de Petro. Dado que Petro se saltó la regla fiscal, gastó a seis manos y aumentó la deuda pública como proporción del PIB a niveles casi sin precedentes, dejó un enorme hueco fiscal, lo que constriñe significativamente el margen de maniobra del actual gobierno.

¿Qué nos espera de toda esa “petrificación”? Empiezo por lo último.

La estrechez fiscal

El gobierno no tiene más remedio que ajustarse el cinturón. De la Espriella debe poner la casa en orden para evitar que el déficit fiscal siga aumentando hasta llevar al país a un punto de no retorno. A esto se suman gastos por una calamidad natural inesperada (el terremoto) y por otra que, aunque esperada, prende alarmas por su magnitud (el fenómeno del Niño).

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya anunció fuertes recortes en el gasto del Estado (cerca de 45 billones de pesos en dos años) y aludió a una próxima reforma tributaria. Aunque todavía no se sabe qué incluirá dicha reforma, el funcionario mencionó la dificultad de cobrar más impuestos, así como su preferencia de eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el impuesto de renta a las empresas y el cuatro por mil con el fin de atraer inversión extranjera. Qué tan conveniente y viable sea disminuir la recaudación de impuestos con semejante déficit fiscal es una pregunta abierta.

Se respira, en todo caso, un aire nuevo en las relaciones del nuevo gobierno con el sector privado. Mientras que Petro mantuvo una relación tensa y distante con el empresariado, caracterizada por frecuentes choques y desencuentros, De la Espriella ha buscado un acercamiento con ese sector. El nuevo gobierno se ha propuesto recomponer las relaciones con el sector privado y para ello ha tomado distintas medidas.

Además de anunciar la (posible) reducción de impuestos a las empresas, De la Espriella retomó la exploración y producción de petróleo y gas que Petro, con su agenda ecologista, había abandonado. Con el argumento de que no podemos renunciar prematuramente a esa fuente de ingresos, y que las acciones de Petro pusieron en riesgo la soberanía energética del país, el gobierno reactivará el sector extractivo.

Con la escasez de plata para gasto e inversión por parte del gobierno, todo parece indicar que las inversiones del sector privado serán claves para generar un crecimiento de la economía. El gobierno quiere ampliar el modelo de “obras por impuestos” (donde la realización de obras públicas queda en manos del sector privado a cambio de una reducción de impuestos), con lo cual el empresariado contribuiría más en la construcción de infraestructura.

Por supuesto, el modelo público-privado existe desde hace tiempo y ha tenido varios resultados positivos. No obstante, preocupa que, debido a la crisis fiscal, el gobierno esté en una posición debilitada frente al sector privado y con muy poco margen de maniobra en la economía. Eso no le conviene al país. El sector privado tiene, en general, pocos incentivos para proveer bienes públicos, y a la creencia de que “siempre” actúa en forma rápida y eficiente, hay que contraponer todas aquellas instancias de rentismo y corrupción que han involucrado a empresarios. ¿Cómo podría un Estado débil y con una baja tributación brindar bienes públicos y defender eficazmente el interés colectivo cuando entre en contradicción con intereses privados?

Sin demonizar al sector privado y mucho menos abogar por un estatismo exacerbado, hasta donde conozco, todos los milagros económicos que han ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial han involucrado a gobiernos relativamente fuertes, que han implementado políticas industriales eficaces y sostenidas, con incentivos y constreñimientos al sector empresarial. Dadas las circunstancias, no será nuestro caso.

¿De dónde saldrá el crecimiento?

Con la crisis y los recortes, ¿qué podrá aportar el gobierno de la “patria milagro” al crecimiento económico? Parecería que, por cuenta de la “petrificación”, no tanto.

Nótese que, para propiciar el crecimiento económico, todo gobierno debe, como mínimo, brindar un conjunto de bienes públicos como seguridad, educación, infraestructura y salud.

Como se dijo antes, el gobierno poco podrá invertir en infraestructura y delegará labores al sector privado.

En cuanto al sector salud, deberá hacer maromas para aliviar la situación dramática que dejó Petro, además de lidiar con la bomba pensional.

En educación, no es tan claro de dónde sacará la plata para la formación de 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es otra promesa del programa de gobierno. Tampoco se han conocido propuestas concretas para solucionar problemas de fondo sobre la calidad de la educación que lleven a parar el continuo deterioro en las pruebas PISA, o a lograr que la educación se conecte mejor con el sector productivo y contribuya a una mayor productividad.

La apuesta por la seguridad

Con los pocos recursos disponibles parece que la apuesta principal del gobierno se refiere a la seguridad.

El aumento de la inseguridad ha sido una de las grandes preocupaciones del empresariado, y De la Espriella se ha presentado como adalid de la mano dura. Ya cerró las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales, y ha dado ultimátums a las varias organizaciones criminales para que desistan de sus actividades y se entreguen a la justicia.

Si el gobierno logra mejorar la seguridad, eso favorecería el crecimiento económico y a los empresarios. Contrarrestar la extorsión en los territorios donde ha aumentado la injerencia de grupos criminales llevaría a mayores inversiones del sector privado, mayor empleo, y mejoraría también la tributación del Estado.

Pero De la Espriella no es el primer presidente que promete mano dura, y no sabemos qué tanto funcionarán sus medidas. Aunque el gobierno anunció un nuevo estatuto antiterrorista, la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y la construcción de diez megacárceles, no sabemos si esas herramientas serán adecuadas y suficientes para contrarrestar y disuadir a las organizaciones criminales.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Uribe era presidente, la economía no está boyante y el actual gobierno tampoco cuenta con un Plan Colombia que respalde las acciones militares. En su reciente visita, Marco Rubio apoyó al gobierno en sus acciones contra los grupos armados ilegales y Estados Unidos reasignó 52 millones de dólares para repartir entre Colombia, Ecuador, Perú y Panamá en la lucha contra la criminalidad. Eso es una pequeña fracción de los recursos de cooperación del Plan Colombia que fueron cerca de 9.600 millones de dólares durante quince años.

Por supuesto, la amenaza que representan los grupos armados ilegales hoy es distinta de la de las FARC y el ELN durante la era de Uribe, pero ha aumentado significativamente. Según el Ministerio de Defensa, el número de integrantes de los grupos armados ilegales aumentó en un 90% durante el gobierno de Petro, al pasar de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026. Un estudio de PARES también notó un incremento del número de municipios con presencia de grupos armados ilegales, de 410 en 2022 a 497 en 2025.

Hablar duro y amenazar a los grupos ilegales es fácil, pero puede resultar contraproducente a falta de un poder disuasivo contundente. Los ultimátum y golpes al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y el ELN ya han generado respuestas violentas de los grupos criminales contra la fuerza pública en distintos territorios. Si los grupos criminales mantienen el control territorial ganado y responden a las acciones de la fuerza pública incrementando la violencia, existe el riesgo de que en un mediano plazo el gobierno no logre cumplir la promesa de mejorar la seguridad.

¿Solo mano dura?

No hay duda de que la “paz total” fracasó, en parte por la falta de una buena estrategia, con metas concretas y plazos definidos. Al mismo tiempo, es torpe de parte del gobierno desechar por completo la vía negociada simplemente por llevarle la contraria a Petro.

Si se reformula seriamente la estrategia, una negociación quizás podría funcionar con unos cuantos grupos que tengan voluntad de desmontar sus estructuras. Poner todos los huevos en la canasta de la “mano dura” en un contexto de alto déficit fiscal, ayuda internacional precaria y fortalecimiento significativo de los grupos armados ilegales es una apuesta arriesgada.

Por cuenta de la crisis fiscal el gobierno de la “patria milagro” se encuentra en calzas prietas incluso para desempeñar funciones básicas. A falta de plata, es realmente importante actuar en forma inteligente y pragmática. Como pintan las cosas, por ahora el mayor milagro que podemos esperar es que aguantemos con el agua al cuello, y a rezar para que no suba la marea.

*Profesor Asociado Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones aquí expresadas no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.

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Marinela Gómez Morales / Opinión/El Pregonero del Darién

¿Por qué la saña contra las empresas y emprendedores en cuanto al cuidado de sus empleados, servidores y colaboradores se refiere? Pasan de ser simples jefes a casi padres, madres, o cuidadores solo por ser dueños de la empresa empleadora.

Trabajadores sociales, psicólogos, siquiatras, sociólogos entre otros, buscan responsabilizar a los dueños de empresas de los traumas y problemas de sus empleados, (y estoy hablando de quienes los defienden, más que de los propios defendidos). La defensa de los empleados, y de completos desconocidos, ha permeado la ética de quienes defienden los derechos, deberes y tareas de los que desean trabajar con gusto, y obviamente, por su retribución.

Algunas de las gentes, y no todos, pobres de mente que, con sus refranes de mal gusto, dicen y repiten hasta convertirlos en verdad; … “yo no vivo para trabajar yo trabajo para vivir, no es mi problema es tu problema” … Se han tomado la iniciativa y, por demás decir, el atrevimiento de cuestionar el modelo de contratación, poniendo, estos, todas las condiciones habidas y por haber para desarrollar una actividad: el horario, los honorarios, días de descanso, auto permisos, o simplemente pedir el sueldo por adelantado y sale la empresa a deberle o rendirle pleitesía sin aun contratarle. He de decir que hay personas muy honradas y prestas al buen trabajo.

Algunos personajes simplemente llegan con la idea de beneficiarse de la imagen, estatus y economía de la empresa, esto de manera personal sin pensar en el surgimiento, crecimiento y desarrollo tecnológico que quizá pueda potencializar la misma empresa; se jactan y ufanan de méritos, logros y condecoraciones no merecidas sin pensar que talvez haya alguien que de verdad trabaja y merecería ver la empresa sobresalir y maximizar, de buena manera, la productividad de la empresa.

Los que somos jefes o dueños de empresas nos corresponde hacer de cuidadores y, estoy de acuerdo en crear espacios seguros, confortables y con toda la seguridad que corresponda, donde los empleados lleguen a sentirse hasta mejor que en su propia casa o entorno familiar, pero en lo que nunca voy a ceder es en que no se hagan los aportes necesarios por parte de los colaboradores o empleados, con su máximo esfuerzo, responsabilidad, habilidad, crecimiento e ideas para que la empresa trascienda y se posicionen el mercado como una de las mejores del entorno de su mercado. Gente perezosa y vaga no aporta a la sociedad y menos al desarrollo empresarial.

Los entornos laborales han de ser un refugio, un escape, un hogar, un buen lugar para realizar las actividades con el mejor ambiente, con el aporte más importante de sus moradores: la calidad humana, la responsabilidad del deber ser, el compromiso y compañerismo característico de una familia corporativa.

Reconozco que no se escoge la familia, pero si al lado de quien estar y las empresas no deberían ser un campo de batalla sino un espacio de cooperación, sin paternalismos radicales y con ámbitos donde todos aporten.

Cuando todas las responsabilidades recaen sobre los empleadores y los trabajadores no se responsabilizan de nada, ahí morimos todos.

Agosto de 2026

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La inspección hace parte de las acciones de coordinación para asegurar que la ceremonia y transición al nuevo Gobierno se lleven a cabo con total normalidad.

Durante su visita el jefe de la cartera de Defensa supervisó las capacidades desplegadas en diferentes puntos estratégicos de la capital vallecaucana, así como la articulación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para preservar el orden público antes, durante y después del evento democrático.

En el aeropuerto internacional de Palmira se implementó un dispositivo especial de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las operaciones aéreas y la llegada de los jefes de Estado, delegaciones diplomáticas y demás personalidades internacionales invitadas a la ceremonia de posesión presidencial.

De igual manera, en los principales corredores de ingreso a Cali fueron instalados puestos de control con presencia permanente de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia, prevención y reacción ante cualquier eventualidad que pueda afectar la seguridad de los asistentes y de la ciudadanía.

“Todos los dispositivos de seguridad han sido desplegados para garantizar que este viernes 7 de agosto ocurra la posesión presidencial y la transición al nuevo Gobierno con total normalidad y seguridad. Aquí se han dispuesto más de 11 mil hombres y mujeres, con drones, sistemas antidrones, vehículos blindados y todas las capacidades para que este evento propio de la democracia ocurra con total tranquilidad», afirmó el ministro Sánchez.

El funcionario también anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir o advertir cualquier atentado o alteración del orden público. El Gobierno Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y contribuir al desarrollo seguro de una jornada que representa un nuevo capítulo para la democracia colombiana.

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​​Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que “las elecciones van a ocurrir como decir que mañana sale el sol, pero existen riesgos. Los uniformados​ de la Fuerza Pública ya comenzaron su despliegue para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales.

, pero eso nos motiva a todos a proteger la democracia».

Con base en lo anterior, el titular de la cartera aseguró que todos los uniformados saldrán “con toda su capacidad: con aeronaves, drones, antidrones, blindados, motorizados, buques, botes para cubrir cada uno de los puestos electorales acorde de cómo lo requiera cada situación».

El ministro Sánchez se refirió además a las campañas de desinformación que, según explicó, es otra forma de violencia electoral.

“Mientras más se acercan las elecciones se eleva más la volatibilidad y cualquier desinformación puede generar una chispa que se traduzca en violencia. Por eso, invitamos a los ciudadanos a que acudamos a la sensatez, a que estas elecciones sean maduras, que denuncien los delitos electorales; hasta 50 millones de pesos de recompensa», dijo.

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Al final del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que se trató de una reunión “muy positiva», al considerar que “esos observadores creen en la democracia que tiene el Gobierno aquí, creen que el Gobierno realmente está haciendo lo necesario para orientar las garantías y ven que este es un proceso democrático, justo, en el cual el Gobierno tiene una preponderancia para que así sea».

Una de las principales observaciones que reveló el ministro fue que, en la actualidad, el software electoral se muestra “pero no se puede auditar, y lo que uno quiere es que se audite», por lo que comentó que “parece que alguna de estas personas que vienen de observación extranjera, vienen desde el punto de vista tecnológico y, entonces, sí podrán realmente hacer el observatorio».

Con respecto a las denuncias de algunos sectores sobre que funcionarios públicos están participando en política, Benedetti enfatizó que “no lo hagan» y anotó que “a mí me acusan que yo participo en política, pero yo nunca le he ofrecido un peso para que alguien participe en política o haya invitado a votar por nadie, luego, es más bien la oposición haciendo show».

El titular de la cartera se refirió a las supuestas alertas que han lanzado algunos candidatos que, presuntamente, están amenazados, para lo cual aseguró que “no, eso no es verdad, no pueden estar diciendo eso».

“Aquí los grupos armados han estado repelidos por la Fuerza Pública. Usted recuerda que antes de las elecciones del 8 de marzo decían que había como 200 municipios y a veces hasta 300. La Defensoría del Pueblo dijo que había una alerta. Y no pasó absolutamente nada, luego, yo creo que a veces es más bulla electoral que realmente la verdad», manifestó.

Con base en lo anterior, enfatizó que el país es testigo que “este Gobierno ha hecho una cosa sin igual. Ha prestado seguridad desde siete meses antes de que fueran candidatos o que la Registraduría dijera que fueran candidatos».

“Hay esquemas robustos, donde tienen 30 policías; tienen más de 10 de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando se desplazan a otra parte; tienen 50, 60 miembros de la actividad de inteligencia, etc. O sea, tienen hasta cinco carros. O sea, que hemos hecho un esfuerzo sin igual», complementó.

Dijo además que, en la actualidad, “no hay ningún informe, ojo con lo que voy a decir, de inteligencia del Estado que diga que hay alguien que está en peligro. No digo que debemos bajar la guardia y no hacerlo. Pero sí quiero hacer una salvedad: si mañana hay una víctima, la primera víctima es la víctima; la segunda, la familia, y la tercera sería el Gobierno. O sea, que si algo le pasa a algún candidato sería desastroso para el Gobierno nacional. Por eso, es que nadie puede creer que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para la seguridad de los candidatos».

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(Foto principal/René Guarin. Director Dirección Nacional de Inteligencia (DNI))

Ante las recientes declaraciones públicas hechas a través de redes sociales, que señalan la presunta participación de personal vinculado a esta Entidad en planes contra la vida e integridad del señor Abelardo de la Espriella, la Dirección Nacional de Inteligencia se permite informar que: 

Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas. La DNI es un organismo de inteligencia de carácter civil, cuya misión principal es producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del alto gobierno frente a amenazas al Estado o que pongan en riesgo a la población. Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica. En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno. 

Asimismo, esta Dirección mantiene una política de cero tolerancias frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, esté alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos. 

De igual manera, instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias que sustenten sus afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación. 

Finalmente, advirtió la entidad de Inteligencia, que: “ante estas aseveraciones, la DNI se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional que se produce en el cumplimiento del principio de legalidad, los Derechos Humanos y la confianza ciudadana”.

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Las operaciones incluyen patrullajes mixtos, instalación de puestos de control, verificación de antecedentes y toma institucional de establecimientos de entretenimiento nocturno, especialmente en sectores de alta afluencia y zonas de mayor dinámica nocturna. Estas acciones buscan ejercer control territorial, disuadir conductas delictivas y fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

En desarrollo de estas actividades, las autoridades mantienen un trabajo articulado orientado a la identificación de personas requeridas por la justicia, así como a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público. Este esfuerzo interinstitucional permite una respuesta más eficaz frente a amenazas que afectan la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

“El despliegue de nuestras tropas en articulación con la Policía y las autoridades locales obedece a una estrategia integral de seguridad, que prioriza la prevención y el control institucional en los puntos más sensibles de la ciudad”, señala la información oficial de la Tercera Brigada, al destacar el compromiso de la Fuerza Pública con la población caleña.

De manera complementaria, estas acciones en el área urbana se fortalecerán con operaciones militares a profundidad en sectores rurales de Cali y en los municipios de Jamundí y Palmira, con el propósito de neutralizar el accionar de grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país y afectan la seguridad regional.

El Ejército reiteró que “la presencia permanente y coordinada del Estado es clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y avanzar en el control del territorio”. 

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El proyecto, que ha sido desarrollado durante más de tres meses por un equipo multidisciplinario conformado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos técnicos,  incorpora nuevas capacidades tecnológicas para detectar, anticipar y neutralizar amenazas aéreas no tripuladas que ponen en riesgo a la población y a la Fuerza Pública.

Como parte del proceso, entre el 23 de marzo y el 10 de abril se realizarán las primeras pruebas operativas de equipos antidrones, con el fin de evaluar diferentes soluciones tecnológicas que permitan avanzar hacia la construcción de un sistema de defensa moderno, autónomo y acorde con los desafíos actuales de seguridad.

Para el desarrollo de esta iniciativa, valorada en cerca de 6,2 billones de pesos, Colombia ha sostenido intercambios técnicos con ocho países como Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido, con el propósito de conocer experiencias y capacidades en materia de defensa, incluyendo sistemas antidrones, aeronaves, vehículos blindados y otros equipos estratégicos.

Actualmente, más de 20 países han manifestado su interés en aportar soluciones tecnológicas al proyecto, y 115 empresas del sector defensa han sido invitadas a presentar propuestas, las cuales serán evaluadas bajo estrictos criterios técnicos, jurídicos y financieros.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que esta primera fase del ´Escudo Nacional Antidrones´ se adelantará con total transparencia y con acompañamiento de los organismos de control, con el objetivo de garantizar que cada decisión responda al interés nacional y tenga como prioridad la protección de la vida de los colombianos.

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El ministro resaltó que la efectividad operacional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fue determinante para frenar intentos de fraude. Según las cifras oficiales comparativas con los comicios de 2022, este año se registró una ofensiva sin precedentes contra los delitos electorales:

—Capturas: se realizaron 38 detenciones relacionadas con delitos electorales, frente a las 22 registradas en 2022, lo que representa un incremento del 72%.

—Transporte de dinero: las autoridades interceptaron a 50 personas movilizando divisas con fines sospechosos, un aumento del 525% respecto a las 8 detenciones del periodo anterior.

—Dinero incautado: se logró el decomiso de 3.861 millones de pesos, superando los 2.792 millones de pesos de 2022 (un aumento del 34.7%).

“El voto en las urnas siempre será más fuerte y poderoso que el ruido de los fusiles de los criminales», afirmó el ministro de Defensa, al reiterar el mensaje de respaldo a la institucionalidad.

Otro de los hitos de la jornada fue la neutralización de un intento de trashumancia electoral transfronteriza. Gracias a la inteligencia militar, se detectó el ingreso irregular de aproximadamente 2.400 personas provenientes del sector La Mulata, en Táchira (Venezuela), a través de pasos ilegales.

La rápida acción de las tropas permitió interceptar ocho vehículos de transporte público con cerca de 120 personas, frenando así la intención de afectar el censo electoral en municipios fronterizos.

El Plan Democracia garantizó la seguridad en los 13.400 puestos de votación del país. Aunque se reportaron intentos de hostigamiento y sabotaje por parte de estructuras criminales en zonas focalizadas, la capacidad de respuesta de los 246.000 uniformados desplegados permitió que el proceso transcurriera sin alteraciones graves al orden público.

Hacia las elecciones presidenciales

A partir de hoy, lunes 9 de marzo, el Ministerio de Defensa y la cúpula Militar y de Policía inician una fase de análisis de las lecciones aprendidas en la jornada.

El objetivo es realizar los ajustes estratégicos necesarios para blindar las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo, y garantizar que cada ciudadano y ciudadana pueda votar con total confianza y seguridad.

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La reunión de trabajo, desarrollada en la sede de la Procuraduría General de la Nación, tuvo como objetivo principal revisar el panorama de los próximos comicios y evaluar los retos del Plan Democracia 2026, buscando asegurar que la voluntad ciudadana sea respetada.

Al término del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “el Gobierno nacional no compite en estas elecciones, sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo, que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios».

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de una capacidad operativa sin precedentes para proteger los puestos de votación.

En compañía de la cúpula militar y policial, el ministro Sánchez informó que el Plan Democracia 2026 cuenta con un pie de fuerza de 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes estarán presentes en cada rincón del país.

“Hay delitos y riesgos sobre los que tenemos que estar preparados para combatirlos y contrarrestarlos, como la desinformación y la manipulación digital, los ciberataques a la infraestructura electoral, la intimidación a los candidatos o los votantes y otros delitos electorales, como la compra y venta de votos, la suplantación y los fraudes», resaltó el ministro Sánchez.

El Gobierno nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier anomalía o intento de constreñimiento al elector.

Y puntualizó que la mesa de trabajo sesionó buscando articular una respuesta institucional sólida, que prevenga cualquier irregularidad en las urnas y garantice transparencia en el proceso electoral.

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