Vivimos un momento paradójico. Nunca habíamos creado una tecnología tan poderosa y, a la vez, tan difícil de comprender. La inteligencia artificial avanza a una velocidad que desconcierta incluso a quienes la desarrollan. Sus beneficios ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Junto a ellos empiezan a asomar riesgos que exigen mirar mucho más allá del empleo y la productividad.

En abril de 2026, varios agentes de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI protagonizaron comportamientos que encendieron nuevas alarmas sobre la capacidad de estos sistemas para actuar fuera de las condiciones previstas por sus creadores. El episodio reabrió una pregunta que durante mucho tiempo pareció propia de la ciencia ficción. ¿Qué ocurriría si llegáramos a crear una inteligencia que ya no pudiéramos controlar?

El escenario más inquietante no es el de las películas en que las máquinas se rebelan contra la humanidad. Es algo más sencillo y, por eso mismo, más difícil de enfrentar. Una inteligencia artificial podría superar de tal manera nuestras capacidades que dejáramos de comprender lo que hace, por qué lo hace y cómo detenerla.

La preocupación por los empleos es legítima. Millones de personas tendrán que adaptarse y algunas actividades desaparecerán. El problema de fondo es más profundo todavía. Estamos construyendo sistemas capaces de aprender, razonar, planear y actuar con una autonomía cada vez mayor. La pregunta que de verdad importa es qué ocurrirá cuando esas capacidades superen ampliamente las nuestras.

Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de las redes neuronales y premio Nobel de Física, ha advertido sobre lo difícil que resulta para seres menos inteligentes controlar sistemas que lleguen a ser más inteligentes que ellos. La humanidad nunca ha enfrentado una situación semejante. No existe un precedente que permita confiar en nuestra capacidad para someter una inteligencia superior a la nuestra.

Pensemos en una colonia de hormigas que quisiera gobernarnos. No tendría ninguna posibilidad. Las hormigas no comprenden nuestro lenguaje, nuestras instituciones ni nuestros proyectos. Ni siquiera necesitamos una estrategia para impedir que decidan el rumbo de nuestras sociedades, porque esa capacidad simplemente no existe en ellas.

Ahora invirtamos la relación. Si una inteligencia artificial alcanzara una superioridad intelectual, nosotros podríamos convertirnos en las “hormigas”. La máquina podría estudiar nuestro comportamiento, anticipar nuestras decisiones, identificar nuestras debilidades y moldear nuestras conductas, como ya empieza a hacerlo en las redes sociales para inducirnos a consumir ciertos productos o para inclinar nuestras preferencias políticas y electorales. La diferencia ya no sería solo de conocimiento. Sería una diferencia de poder.

El escenario se vuelve todavía más delicado si una inteligencia artificial pudiera participar en el diseño de versiones posteriores de sí misma. Una máquina capaz de crear algoritmos más eficientes o arquitecturas más avanzadas podría acelerar su propia evolución a un ritmo imposible de seguir para los seres humanos. Evan Hubinger, investigador de Anthropic dedicado al problema del alineamiento, que busca que los sistemas persigan objetivos compatibles con la seguridad y los valores humanos, ha señalado las dificultades de mantener bajo control una eventual superinteligencia.

Si una IA llegara a modificar su propio código o sus estrategias, la supervisión humana podría terminar observando, impotente, un proceso que ya no está en condiciones de comprender.

Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cómo podemos regular aquello que no comprendemos? Una ley puede fijar límites cuando existen personas e instituciones capaces de verificar su cumplimiento. Esa tarea se vuelve casi imposible cuando los sistemas alcanzan una complejidad que ni sus propios creadores logran explicar del todo. En esas condiciones, la regulación puede existir en el papel y fracasar en la práctica.

Hay también una cuestión ética que no debería pasarse por alto. La inteligencia no produce por sí misma una conciencia moral. Ser más inteligente no significa valorar la libertad, la dignidad humana, la democracia o la vida. Somos testigos de ello en los humanos. Una máquina inteligente puede alcanzar capacidades extraordinarias sin compartir ninguno de los valores que consideramos esenciales, y ese desajuste es quizás el riesgo más subestimado de todos.

El peligro ya se manifiesta en otros terrenos. La inteligencia artificial permite fabricar imágenes, voces y videos falsos con un realismo que dificulta distinguirlos de los reales. Miles de cuentas automatizadas pueden producir mensajes, amplificar determinadas opiniones y simular un consenso que nunca existió. En una elección de gobernantes, esa capacidad se ha usado ya para alimentar la indignación, desacreditar candidatos, sembrar dudas sobre las instituciones y manipular las preferencias ciudadanas; como hemos visto en procesos electorales de Argentina, Honduras, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. La conversación política corre el riesgo de terminar diseñada para provocar emociones antes que reflexión.

La aplicación militar resulta todavía más delicada. Los sistemas de inteligencia artificial pueden procesar enormes cantidades de información, identificar patrones y recomendar objetivos en segundos. Esa velocidad reduce el margen para que una persona evalúe las consecuencias de su decisión. Cuando está en juego la vida humana, unos pocos segundos pueden separar una decisión reversible de una tragedia irreversible.

Esta preocupación no viene solo de quienes observan el fenómeno desde afuera. También investigadores, ingenieros y empresarios que participan directamente en su desarrollo han advertido sobre sus posibles consecuencias. Geoffrey Hinton ha estimado entre 10 % y 20 % la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en los próximos treinta años. Darío Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha hablado de un riesgo cercano al 25 % de que las cosas terminen muy mal. Las cifras exactas pueden discutirse, porque no son predicciones sino estimaciones personales cargadas de incertidumbre. Su valor está en otra parte. Quienes conocen esta tecnología de cerca consideran razonable tomar en serio la posibilidad de una catástrofe.

Frente a este escenario, pedir prudencia y responsabilidad a las empresas frente a los riesgos, resulta insuficiente. Los gobiernos deben exigir evaluaciones independientes de seguridad, y establecer la obligación de detener su desarrollo cuando aparezcan amenazas que no puedan controlarse. Igualmente, necesitamos un acuerdo internacional que prohíba las armas capaces de seleccionar y atacar personas sin una intervención humana significativa, porque una decisión de vida o muerte no puede quedar en manos de un algoritmo.

Hace falta, al mismo tiempo, una autoridad internacional con capacidad real para inspeccionar los sistemas más poderosos, verificar sus condiciones de seguridad y exigir correctivos. Las empresas no pueden ser al mismo tiempo desarrolladoras, evaluadoras y árbitros de sus propios límites. La investigación en seguridad e interpretabilidad debe crecer al mismo ritmo que la capacidad de estos sistemas. Se necesita comprender qué hacen, detectar comportamientos peligrosos a tiempo y contar con mecanismos eficaces para detenerlos.

La inteligencia artificial puede aportar enormes beneficios a la humanidad. Precisamente por eso su desarrollo no puede quedar gobernado únicamente por la competencia comercial, la carrera tecnológica o la rivalidad entre potencias. Gobiernos, empresas y comunidad científica deben asumir responsabilidades concretas antes de que la capacidad de estas tecnologías supere nuestra capacidad para controlarlas.

La pregunta decisiva ya no es cuánto puede hacer la inteligencia artificial. Es si seremos capaces de conservar el control cuando llegue a hacer mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Todavía estamos a tiempo de decidir en qué condiciones queremos convivir con ella. Esperar a que sea más inteligente que nosotros para preguntarnos quién manda sería una irresponsabilidad. Para entonces, quizá la respuesta ya no dependa de nosotros.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El 7 de agosto de 2026, bajo el lema «Patria Milagro», tomó posesión el nuevo gobierno nacional. Lo hizo anunciando el inicio del «tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad», una fórmula que, desde el primer día, señala una ruptura. La universidad pública, aunque no fue nombrada esa tarde, puede ocupar un lugar central en los cambios que ese nuevo orden se propone imponer.

En junio escribí, en Columnas de Opinión UdeA, que la universidad colombiana se enfrenta a un espejo roto que le devuelve una imagen fragmentada de sí misma. En esa imagen aparecen la nano-politiquería que ocupa espacios pensados para la deliberación académica, una idea de la producción académica que a veces confunde publicar con transformar, y una rigidez curricular que dificulta formar personas a la altura de su tiempo, como reclamaba Ortega y Gasset.

Esas dificultades siguen ahí y no podían resolverse en pocas semanas. Mientras la universidad intenta enfrentarlas, el contexto político nacional cambió. Ese cambio marca el paso de un gobierno progresista a un proyecto de nueva derecha, en medio de una polarización que algunos medios internacionales han descrito como pocas veces vista en la historia reciente del país.

Desde algunos sectores de ese proyecto político, la universidad pública ha sido presentada como un espacio ideológico adverso. Esta circunstancia merece atención, no porque la universidad deba asumir una posición partidista ni responder a cada señal que llegue desde el poder político, sino porque está en juego algo más profundo. Es posible que esa misma concepción, la de una universidad pública como adversario ideológico, sea la que termine prevaleciendo en los próximos años, con capacidad real para condicionar su autonomía, la producción de conocimiento y el cumplimiento de su responsabilidad social.

El nuevo proyecto político no llega solo con una propuesta de reorganización del Estado y de reducción de su intervención en distintos ámbitos. Llega también con una narrativa de batalla cultural que busca modificar ideas, valores y formas de interpretar la realidad, influir sobre qué pensar, qué valorar, cómo decidir y cómo actuar, hasta instalar un nuevo sentido común.

En ese propósito, instituciones como la universidad pública adquieren una importancia particular. Su tradición de pensamiento crítico, la autonomía en la producción de conocimiento, la formación ciudadana, su compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la democracia son precisamente lo que esa nueva visión política pone en riesgo, al señalar a la universidad, con frecuencia, como uno de sus principales adversarios.

Por eso conviene prestar atención al lenguaje con el que se representa a la universidad ante la sociedad. Cuando se la describe de manera reiterada como «casa de vicio», «nido de terroristas» o «escuela comunista», el problema trasciende el terreno del insulto. Esas expresiones ayudan a construir una imagen de la universidad como institución ideologizada, poco útil para el país o incluso peligrosa para el orden democrático.

Una vez arraigada esa percepción, resulta más sencillo justificar políticas orientadas a restringir su autonomía, modificar su misión o condicionar sus recursos. La disputa deja de ser exclusivamente por la financiación. También está en juego la legitimidad de la institución, la manera como la sociedad entiende para qué sirve la universidad pública, a quién representa y qué aporta al país.

Esta dinámica tiene un rumbo previsible. Primero se cuestiona la utilidad social de la universidad. Luego se pone en duda la legitimidad de quienes la integran. Al final se abre la discusión sobre la necesidad de transformarla mediante mecanismos de control político, presupuestal o institucional. Colombia no debería asumir que está al margen de ese rumbo.

La respuesta de la universidad pública no puede consistir en encerrarse en sí misma ni en reaccionar a cada cuestionamiento desde una posición exclusivamente defensiva. Tampoco basta con apelar a la autonomía universitaria. La mejor defensa de la universidad es demostrar, con resultados, que sigue siendo indispensable para el país.

Aquí entra en escena la Universidad de Antioquia. El 9 de julio de 2026, pocas semanas antes del cambio de gobierno, Luquegi Gil Neira asumió como rector en propiedad para el período 2026-2029, con el plan «Cuidar. Transformar. Trascender». Su llegada coincide con un momento decisivo para la institución, que deberá formular el plan de desarrollo que orientará buena parte de su rumbo en la próxima década. Esta es una coyuntura excepcional para abordar, con entereza y sin temor, el riesgo político que enfrenta ante el nuevo gobierno nacional.

Hasta ahora, ese riesgo no parece ocupar un lugar suficientemente visible en la conversación institucional. Es comprensible que la estabilización financiera sea una prioridad, porque sin recursos adecuados no hay universidad sostenible. Una institución de educación superior, con todo, no puede reducir su proyecto de futuro a la administración de sus restricciones financieras.

Por eso hay una pregunta que la nueva rectoría debería incorporar de manera explícita en su reflexión estratégica. ¿Cómo preservar la autonomía académica y el carácter público de la Universidad cuando el gobierno nacional, del que depende buena parte de su financiación, puede tener entre sus banderas políticas la deslegitimación de aquello que la hace valiosa?

El silencio no es neutral. En un momento de disputa cultural, no nombrar el riesgo equivale a dejar el terreno disponible para quien sí tiene una narrativa clara sobre la universidad que quiere construir. Lo que se observa puede leerse como un acomodamiento, un ajuste silencioso de la administración universitaria a la nueva partitura del gobierno nacional, con la esperanza, razonable en el corto plazo y miope en el mediano, de que la prudencia institucional evite fricciones y proteja los recursos alcanzados. Es una apuesta comprensible desde la lógica de la supervivencia inmediata. También puede convertirse en una forma de renunciar de manera anticipada a la función que hace irremplazable a la universidad, que es pensar críticamente el poder, venga de donde venga.

La respuesta tampoco puede ser el enfrentamiento permanente con el gobierno, ni el extremo opuesto, una prudencia que se confunda con complacencia. La universidad debe relacionarse con el Estado con responsabilidad y construir acuerdos posibles, pero sin que eso signifique subordinación intelectual ni renuncia a la crítica. Moderar el discurso para evitar fricciones puede parecer prudente, aunque el costo de debilitar la autonomía suele ser mayor que el de cualquier conflicto coyuntural. Ese equilibrio será una de las principales pruebas de la nueva administración.

Ejercer la función crítica con autoridad exige, al mismo tiempo, reconocer las propias debilidades. La universidad no puede asumir que toda crítica externa es un ataque ideológico. Tiene problemas reales de gobernanza, burocratización, pertinencia curricular, comunicación con la sociedad, transferencia del conocimiento y eficiencia en el uso de los recursos. Ignorarlos sería tan perjudicial como aceptar sin discusión las descalificaciones que llegan desde ciertos sectores políticos.

Por eso mismo, la mejor estrategia frente al nuevo escenario consiste en acelerar la transformación interna. No hace falta esperar una reforma institucional completa para comenzar. Hay que empezar para que la reforma total tenga sentido.

La Universidad puede desarrollar proyectos piloto concretos y evaluables que demuestren que otra institución pública es posible. Puede experimentar con currículos que dialoguen con las nuevas tecnologías, fortalecer alianzas de investigación aplicada orientadas a problemas del territorio, ensayar esquemas de gestión académica más ágiles en las facultades dispuestas a hacerlo y ampliar las modalidades de formación profesional y permanente.

La transformación debe ser visible. Un gobierno que necesita presentar a la universidad como una institución adversaria, anacrónica y desconectada del país, encuentra su mejor respuesta en una universidad que demuestre, con resultados, que está cambiando con autonomía. Una institución que se limita a denunciar las amenazas externas tiene menos condiciones para defender su autonomía que una que demuestra, con hechos, que cambia y resuelve problemas.

Los cambios inmediatos necesitan una mirada de largo plazo. La Universidad debería aprovechar la formulación de su próximo plan de desarrollo para construir una visión de las próximas décadas, y no solo una programación administrativa para los años inmediatos.

El mundo atraviesa transformaciones profundas. La inteligencia artificial está modificando la vida cotidiana, la economía y el trabajo. La transición hacia un orden internacional más multipolar altera las relaciones económicas y geopolíticas. Campos como la bioeconomía y la nanotecnología abren nuevas posibilidades productivas. La universidad que no piense estos cambios terminará reaccionando tarde ante ellos.

El desafío consiste en construir una universidad que se transforme sin perder su esencia, más pertinente, eficiente y conectada con el territorio, y al mismo tiempo más autónoma, crítica y comprometida con el conocimiento. Modernizarla no puede significar convertirla en una institución subordinada a las necesidades inmediatas del mercado o a las prioridades del gobierno de turno.

La Universidad de Antioquia tiene aquí una responsabilidad que trasciende sus propios límites. Lo que ocurra con ella será observado como parte de una discusión más amplia sobre el futuro de la universidad pública colombiana. Por eso sería deseable que las universidades públicas del país construyeran una agenda común de transformación y defensa institucional, que no se limite a reaccionar ante cada coyuntura ni se reduzca a un reclamo gremial, y que le muestre a la sociedad qué universidad pública necesita Colombia.

Una que garantice oportunidades de acceso, genere movilidad social, produzca conocimiento pertinente, forme ciudadanos y contribuya al desarrollo científico, tecnológico, económico y cultural del país.

Esa agenda no puede construirse desde la queja gremial ni desde un discurso permanentemente defensivo. Debe convocar a rectores, profesores, estudiantes, egresados, trabajadores y organizaciones civiles alrededor de una causa común, y mostrar, de manera coordinada y sostenida, lo que la universidad pública hace todos los días: forma profesionales, desarrolla investigación, acompaña territorios y crea capacidades científicas y tecnológicas cuyos efectos, aunque no siempre inmediatos, se acumulan durante décadas en innovación, desarrollo económico y bienestar colectivo. No basta con afirmar que la universidad pública es necesaria. Hay que mostrar por qué lo es.

Una universidad aislada y encerrada en sus propias discusiones internas es un blanco fácil. Una universidad conectada con la sociedad, capaz de reconocer sus errores y respaldada por resultados concretos, se convierte en un actor con el que cualquier gobierno tendrá que dialogar y negociar. Su relevancia para el país será difícil de ignorar.

En junio pregunté si la universidad colombiana tendría el coraje de mirarse en su propio espejo roto. Hoy esa pregunta necesita ampliarse. No basta con mirarse hacia adentro si, al mismo tiempo, guarda silencio frente a quienes, desde el poder político, han decidido mirarla como adversario.

La universidad pública no tiene que escoger entre transformarse y defenderse. Necesita hacer ambas cosas al mismo tiempo. Debe transformarse para recuperar legitimidad, pertinencia y capacidad institucional. Debe defender su autonomía para preservar aquello que justifica su existencia.

La mejor respuesta frente a quienes quieren reducirla a una trinchera ideológica no será otra trinchera. Será una universidad abierta, rigurosa, crítica, pertinente, capaz de demostrar con hechos que pertenece a toda la sociedad.

El desafío más importante que tiene hoy la universidad pública colombiana es, quizá, no limitarse a resistir el cambio político, sino aprovechar este momento para demostrar que puede transformarse sin renunciar a su autonomía, a su responsabilidad social y a su compromiso con el conocimiento y la democracia.

Sin ese coraje, el acomodamiento de hoy puede convertirse en la irrelevancia o, peor aún, en la intervención de mañana. No es ese el futuro que sueño para la Universidad de Antioquia.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El terremoto del pasado lunes 10 de agosto no solo convirtió en escombros edificios y viviendas; sacudió conciencias, despertó temores y quebró, una vez más, la confianza de los colombianos en la capacidad del Estado para protegerlos cuando más lo necesitan. Volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que Colombia parece incapaz de resolver. ¿Qué pasará con los recursos destinados a atender esta emergencia?

No es una pregunta paranoica. Es una pregunta que nace de la experiencia. Cada vez que el país ha enfrentado una catástrofe o una crisis de gran escala, la corrupción ha encontrado la manera de abrirse paso en medio del dolor ajeno. Lo vimos con la avalancha de Mocoa y con las inundaciones de la ola invernal de 2010-2011. Lo vivimos otra vez durante la pandemia de COVID-19, cuando los contratos exprés, los sobrecostos en insumos médicos y las compras públicas con controles insuficientes se convirtieron en noticia recurrente mientras el país enterraba a sus muertos.

El huracán Iota es quizás el precedente más parecido a lo que hoy enfrentamos. En noviembre de 2020 arrasó San Andrés y Providencia. El Gobierno prometió un ‘Plan de 100 días’ para la reconstrucción, pero los años posteriores mostraron lentitud, denuncias de contrataciones a dedo y recursos que nunca llegaron a los isleños que más los necesitaban. Para la clase política, parece que ninguna tragedia es tan grande que no quepa un negocio turbio en sus escombros.

Las condiciones que permiten ese patrón tienden a repetirse. En una emergencia es razonable, incluso necesario, flexibilizar algunos controles para responder con la rapidez que la situación exige. La contratación directa, los procesos abreviados y una mayor discrecionalidad presupuestal pueden estar plenamente justificados cuando hay vidas en juego y cada hora cuenta.

El problema aparece cuando esa flexibilidad no está acompañada de una vigilancia igualmente rigurosa. Menos controles pueden significar mayor velocidad, pero menor trazabilidad, menor competencia entre proveedores y más espacio para que decisiones aparentemente técnicas terminen favoreciendo intereses particulares. Cuando eso ocurre, los recursos que deberían llegar a quienes lo perdieron todo comienzan a desviarse de manera silenciosa.

Y conviene ser claros: el riesgo no depende únicamente de que aparezcan funcionarios inescrupulosos o personas sin experiencia al frente de la emergencia. Colombia ha demostrado con creces que la corrupción de alto nivel también puede involucrar a profesionales de amplia formación académica —incluso con maestrías y doctorados— y extensas trayectorias en el sector público o privado.

El caso Reficar, por ejemplo, llevó el costo de modernización de la refinería de Cartagena de cerca de 3.800 millones de dólares a más de 8.000 millones. El escándalo de Odebrecht, relacionado con la Ruta del Sol II, involucró a multinacionales, empresarios y funcionarios con educación superior, posgrados y amplia experiencia. El carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Agro Ingreso Seguro mostraron problemas similares.

La mención resulta incómoda, pero es necesaria. La formación académica y la experiencia profesional no garantizan la integridad. Una persona puede conocer perfectamente las normas y, aun así, decidir utilizarlas para favorecer sus propios intereses. En una emergencia, cuando los controles habituales se relajan por necesidad, esa falta de garantía se vuelve todavía más peligrosa.

En el caso de un terremoto, los riesgos pueden anticiparse con facilidad. Pueden aparecer contratos de reconstrucción de viviendas e infraestructura adjudicados sin competencia real, sobrecostos en materiales y ayudas humanitarias, censos de damnificados manipulados para desviar subsidios o empresas de papel creadas para captar contratos de emergencia. Ninguno de estos mecanismos es nuevo. Todos han aparecido, de una u otra forma, después de desastres naturales en Colombia y en otros países.

Por eso la vigilancia no puede comenzar cuando los recursos ya se hayan perdido y solo quede investigar. Tiene que estar presente desde el primer día, al mismo tiempo que se desarrolla la respuesta humanitaria. Los contratos de emergencia y sus beneficiarios deben hacerse públicos con la mayor rapidez posible. La ciudadanía y los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, deben contar con mecanismos efectivos para detectar y corregir irregularidades. Deben existir, además, canales ágiles para que los afectados puedan denunciar sin temor a represalias. Y cuando aparezcan delitos, las investigaciones y sanciones no pueden prolongarse durante años hasta que el país termine olvidando lo ocurrido.

Existe, por otro lado, un asunto menos técnico y mucho más cultural. La ciudadanía no puede bajar la guardia porque se encuentre frente a una tragedia que despierta solidaridad nacional. Precisamente en esos momentos, cuando existe una enorme disposición a ayudar y la atención se concentra en las víctimas, pueden abrirse espacios para quienes buscan aprovecharse de los recursos públicos. Exigir transparencia durante una emergencia no significa desconfiar de la ayuda ni entorpecerla. Significa protegerla para que llegue realmente a quienes la necesitan.

La emergencia deja espacio, además, para una forma sutil de lucha ideológica y de cálculo electoral. Administrar la solidaridad internacional según el color político de quien la ofrece, o convertir la tragedia en vitrina de campaña. Cuando la ayuda humanitaria se filtra por afinidades partidistas, o cuando funcionarios y aspirantes aprovechan la emergencia para hacer política, el Estado no solo arriesga vidas por lentitud. También erosiona la confianza en que la emergencia se gestiona por los damnificados y no por cálculo político.

Colombia ocupa el puesto 99 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 37 sobre 100. La cifra no es un dato abstracto. Es el resultado acumulado de muchas decisiones públicas y de la percepción que esas decisiones dejan en la sociedad. Cada contrato opaco, cada sobrecosto injustificado y cada peso que no llega a su destino alimentan la desconfianza y profundizan el problema.

El terremoto ya produjo un daño que no puede evitarse. Lo que sí podemos evitar es que la tragedia tenga un segundo efecto. No podemos permitir que, además de viviendas destruidas y comunidades afectadas, los recursos destinados a reconstruirlas terminen beneficiando, una vez más, a quienes nada tienen que ver con las víctimas.

La emergencia exige solidaridad, rapidez y eficacia. Pero exige, sobre todo, vigilancia. Porque cuando la tierra tiembla, el Estado debe responder con mayor capacidad. Y cuando los controles se flexibilizan, la sociedad debe responder con mayor atención. Esa vigilancia, sostenida en el tiempo, es la única garantía de que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Hay una batalla que se está librando en América Latina y que no siempre vemos. No ocurre solamente en los congresos, en las campañas electorales o en las calles. Una parte decisiva de esa disputa ocurre frente a las pantallas de nuestros celulares, en las redes sociales, en los algoritmos que deciden qué vemos y qué dejamos de ver, en los grandes centros tecnológicos y en las redes de poder que conectan el dinero con la política.

Es una batalla por las ideas, pero sobre todo por el sentido común.

Durante décadas, América Latina ha sido escenario de disputas geopolíticas y de proyectos económicos diseñados desde los grandes centros de poder mundial. Hoy aparece una nueva forma de intervención, mucho más sofisticada y menos visible. Ya no necesita necesariamente golpes de Estado, gobiernos impuestos o intervenciones militares. Puede avanzar modificando la manera como una sociedad piensa, interpreta la realidad y decide políticamente.

Ese es el terreno de la llamada batalla cultural. Su propósito no es simplemente conseguir que la gente vote por determinado candidato. Es algo mucho más profundo. Se trata de cambiar los valores desde los cuales una sociedad juzga lo que está bien o mal, lo justo o injusto, lo deseable o indeseable. Se busca modificar el sentido común.

Y cuando cambia el sentido común, cambian los comportamientos. Si durante años se repite que el Estado es necesariamente ineficiente, terminará pareciendo razonable desmontarlo. Si se presenta la regulación como una amenaza a la libertad, cualquier intento de proteger derechos laborales o ambientales podrá ser visto como un obstáculo al progreso. Si la solidaridad social se convierte en sinónimo de dependencia, la desigualdad puede terminar siendo presentada como responsabilidad individual.

La batalla cultural consigue así algo que una campaña electoral difícilmente puede lograr por sí sola. Cambia primero la manera de pensar y después facilita el cambio de las decisiones políticas.

En este nuevo escenario aparece la élite tecnológica de Silicon Valley. Entre sus figuras más visibles e influyentes está Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa de software e inteligencia artificial vinculada a la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia. Thiel es el magnate financista e ideólogo tecnológico que impulsó a Donald Trump y consolidó su legado mediante JD Vance, y tuvo además una presencia importante en el proceso electoral argentino.

Thiel ha expresado posiciones profundamente críticas frente a la democracia liberal. En un texto publicado en 2009 – La educación de un libertario – sostuvo que ya no consideraba compatibles la libertad y la democracia. La democracia les estorba. Para esta élite, la democracia se ha convertido en un obstáculo, y su ideal es un país gobernado con la lógica de una empresa, eficiente, vertical y controlado por quienes dominan la tecnología, más que por la voluntad ciudadana.

Esas ideas deberían generar más debate del que han generado. No porque una opinión individual pueda explicar por sí misma lo que ocurre en América Latina, sino porque refleja una corriente de pensamiento que cuestiona las instituciones democráticas tradicionales y reivindica una mayor autonomía del poder privado frente al Estado.

El poder de esta nueva élite no está solamente en sus ideas. Está también en sus herramientas. Quien controla grandes cantidades de datos puede conocer comportamientos, preferencias, temores y tendencias sociales. Quien controla las plataformas digitales puede influir en la circulación de información. Quien domina los algoritmos puede determinar qué contenidos adquieren visibilidad y cuáles quedan relegados.

Nunca antes unas pocas empresas privadas habían tenido semejante capacidad para intervenir en la conversación pública mundial.

Y aquí aparece uno de los elementos más preocupantes de la nueva batalla cultural. Ya no se necesita convencer a toda la sociedad de una idea. Basta con identificar los miedos y las frustraciones de cada grupo, hablarle a cada uno en su propio lenguaje y reforzar aquello que emocionalmente lo moviliza.

El miedo funciona. La indignación funciona. El resentimiento funciona. La sensación de amenaza funciona.

La política comienza entonces a convertirse en una industria de emociones. El ciudadano deja de recibir argumentos y empieza a recibir estímulos. Ya no se le invita necesariamente a pensar. Se le invita a reaccionar.

Argentina es un caso emblemático de esa transformación política y cultural en la región, donde el ascenso de Javier Milei se explica por el malestar social acumulado, la crisis económica y el desgaste de los partidos tradicionales, que abrieron espacio a discursos disruptivos. Se canalizaron emociones como la indignación y el enojo, y una corriente libertaria radical pudo ganar influencia al articular la crisis con una narrativa de influencia potente. Así, se redefinió el debate público sobre el Estado, la libertad y los derechos sociales, reconfigurando el sentido común político.

La pregunta es, entonces: ¿Qué ocurre cuando la reducción del Estado, la desregulación y la privatización dejan de ser propuestas políticas discutibles y comienzan a presentarse como las únicas opciones racionales? Ahí se encuentra precisamente la eficacia de la batalla cultural.

Primero se modifica el lenguaje. Después se modifican las categorías con las que interpretamos la realidad. Luego cambian las percepciones y finalmente cambian los comportamientos.

Unas ideas políticas y económicas que antes generaban resistencia pueden terminar siendo aceptadas porque la sociedad ha aprendido a verla de otra manera. El sentido común ha cambiado.

El caso Argentina es ilustrativo. Muestra que la batalla cultural puede convertirse en una plataforma de transformación económica y política. La discusión deja de ser solamente cuánto Estado queremos y pasa a ser qué entendemos por libertad, qué obligaciones tiene la sociedad con sus ciudadanos y quién debe controlar los recursos estratégicos de una nación.

Ese debate también estuvo presente en las elecciones de Perú, Ecuador y Honduras como parte de un escenario regional donde la polarización, el miedo a la inseguridad, la confrontación cultural y la expansión de las redes digitales modificaron las formas tradicionales de hacer política y la llegada de la derecha a la presidencia.

Cada país tiene su propia historia y sus propias circunstancias. El patrón común está en otro lugar. La disputa política se está trasladando cada vez más hacia la construcción de percepciones y emociones.

Colombia no está al margen de esta transformación. Puede convertirse en uno de los escenarios más importantes de esta batalla. Las declaraciones de Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, sobre la utilización deliberada de las emociones de los electores, deberían provocar una discusión mucho más profunda de la que hasta ahora hemos tenido. «Las campañas no se ganan con la razón, las campañas no se ganan con las propuestas… se tiene que mover emoción, sentimientos… se vota con el corazón o se vota con los hígados», afirmó.

No se trató solamente de una estrategia electoral diferente, llena de espectáculos, símbolos y discursos emotivos. Se trató de un menosprecio por la democracia y de una ofensa a la dignidad de los electores, convertidos en simples datos, en emociones manipulables, en votos que deben ser capturados en lugar de ciudadanos que deben ser convencidos.

Cuando el miedo, la indignación y el resentimiento se convierten deliberadamente en instrumentos electorales, el debate sobre las propuestas pasa a un segundo plano. El ciudadano ya no es tratado como alguien que debe ser convencido mediante argumentos. Se convierte en alguien cuya emoción debe ser activada. No un ser racional que toma decisiones conscientes sino en una máquina emocional que reacciona a provocaciones y falacias.

Eso es precisamente lo que permiten la IA y los algoritmos de las redes.

Un mensaje puede diseñarse para despertar miedo en un grupo, indignación en otro y resentimiento en un tercero. Cada ciudadano puede recibir una versión diferente de la realidad. Todos creen estar viendo la misma campaña, cuando en realidad pueden estar siendo expuestos a mensajes cuidadosamente adaptados a sus emociones.

La consecuencia puede ser devastadora. Una sociedad deja de discutir sobre hechos comunes y comienza a vivir en realidades paralelas. A esto se suma un asunto todavía más delicado. La confianza en los resultados electorales.

En los procesos electorales colombianos recientes han surgido cuestionamientos públicos y reportes de presuntas anomalías que alimentan dudas sobre distintos aspectos del sistema electoral. La existencia de cuestionamientos no demuestra por sí misma que haya existido fraude o manipulación de los resultados. Precisamente por eso deben ser investigados y esclarecidos mediante procedimientos transparentes, verificables y sometidos al control ciudadano.

La democracia no se defiende ocultando las dudas de los ciudadanos. Se defiende resolviéndolas con información verificable, auditorías, transparencia y acceso a las actas.

El voto pertenece al ciudadano. La tecnología utilizada para transmitir, procesar o consolidar la información electoral debe estar sometida a controles públicos, auditorías independientes y mecanismos que permitan verificar los resultados. No podemos aceptar que la confianza en una elección dependa de creer ciegamente en un software.

Ese es precisamente uno de los grandes desafíos de la nueva política. La democracia ya no se disputa únicamente en las urnas. También se disputa antes de llegar a ellas, en el espacio donde se construyen las percepciones del ciudadano.

Quien consigue controlar la conversación pública tiene una ventaja enorme. Quien consigue modificar el sentido común tiene una ventaja todavía mayor. Por eso la batalla cultural es mucho más importante de lo que parece.

No busca solamente que una sociedad vote por determinados candidatos. Busca que esa sociedad cambie la manera como entiende la libertad, la igualdad, el Estado, los impuestos, los derechos sociales, la seguridad y hasta la democracia misma.

Una vez transformadas esas ideas, cambian las preferencias. Cambian las prioridades. Cambian los comportamientos. Y entonces determinadas decisiones políticas pueden dejar de necesitar una gran justificación. La privatización puede aparecer como eficiencia. La desregulación como libertad. La reducción del Estado como modernización. La desigualdad como consecuencia inevitable del esfuerzo individual.

Ese es el verdadero poder de la batalla cultural.

Las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley no son responsables de todos los problemas latinoamericanos. Tampoco existe una conspiración única capaz de explicar los cambios políticos de la región. Cada país tiene sus propias crisis, sus propios conflictos y sus propias responsabilidades.

El problema está en otra parte. Las grandes corporaciones tecnológicas han acumulado una capacidad económica, informativa y cultural que ningún sistema democrático debería ignorar. El problema no es la tecnología. El problema es quién controla la tecnología, quién controla los datos y quién decide qué información llega a los ciudadanos.

La amenaza para nuestras democracias tampoco tiene necesariamente la forma de un golpe de Estado. Puede ser mucho más silenciosa.

Puede comenzar cuando dejamos de discutir ideas y empezamos a reaccionar ante emociones. Puede avanzar cuando la propaganda se confunde con información. Puede profundizarse cuando la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones. Y puede terminar cuando el poder económico y tecnológico adquiere una influencia superior a la capacidad de control de las instituciones democráticas.

La democracia puede conservar las elecciones, los partidos y las urnas y, al mismo tiempo, perder progresivamente su capacidad de decidir. Por eso América Latina necesita recuperar algo que ninguna tecnología puede sustituir. La capacidad de sus ciudadanos para pensar críticamente.

Necesitamos transparencia electoral, protección de los datos personales, regulación democrática de las plataformas y controles sobre el uso de la inteligencia artificial. Necesitamos también recuperar el valor de la deliberación y del debate público.

Porque una democracia no comienza a morir cuando desaparecen las urnas. Puede comenzar a morir cuando sus ciudadanos dejan de cuestionar aquello que se les presenta como sentido común.

Ese es, en última instancia, el propósito de la batalla cultural. No solamente conseguir que una sociedad vote de una determinada manera. Es conseguir que piense de una determinada manera, que valore de una determinada manera y que termine aceptando determinadas decisiones como naturales e inevitables.

Primero se cambia la cultura. Después cambian los comportamientos. Finalmente cambia el poder.

Y ese es el verdadero desafío que América Latina tiene frente a sí. Defender la democracia no significa solamente defender el derecho a votar. Significa defender el derecho de cada ciudadano a formar libremente sus ideas, a cuestionar el discurso dominante y a decidir su futuro sin que otros hayan decidido previamente por él qué debe pensar.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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A menos de dos semanas del 7 de agosto, Colombia presencia una controversia poco común en su vida institucional reciente. La discusión sobre el lugar donde prestaría juramento el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dejó de ser un asunto de organización para convertirse en un intenso debate político, jurídico y mediático. Lo que inicialmente parecía un detalle protocolario terminó ocupando el centro de la conversación pública.

El Congreso, los medios de comunicación y las redes sociales han alimentado la polémica desde perspectivas distintas. El Senado aprobó que la posesión pueda  realizarse en un lugar diferente al tradicional y ahora la decisión espera el pronunciamiento de la Cámara de Representantes, lo que abrió un nuevo frente de discusión jurídica.

Desde sectores cercanos al gobierno saliente se sostiene que el cambio de sede no habilita automáticamente cualquier escenario. También se recuerda que el uso de instalaciones bajo administración militar requiere una autorización específica del comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Gustavo Petro manifestó públicamente su desacuerdo con esa posibilidad y el asunto llegó al conocimiento de los organismos de control. Todo ello ocurre en medio de una transición caracterizada por la escasa comunicación entre los equipos del gobierno saliente y del entrante.

Los principales medios de comunicación han seguido cada episodio de esta controversia. Programas radiales de amplia audiencia dedican buena parte de su agenda a examinar el alcance jurídico y político de un eventual cambio de sede. Los diarios impresos y digitales registran las actuaciones del Congreso, los pronunciamientos del presidente saliente y las declaraciones del equipo entrante sobre el carácter austero que tendría el acto.

Así, una ceremonia esencialmente protocolaria terminó convertida en una noticia permanente, impulsada por el flujo continuo de información y opiniones que circulan en las redes sociales.

En ese contexto, un análisis de Álvaro de Jesús Forero, presentado en un video (https://www.facebook.com/share/v/1BdimYhSMd/), propone una reflexión que trasciende el debate jurídico. Se concentra en el significado político del lugar escogido para la posesión y en el mensaje institucional que transmite esa decisión.

Álvaro de Jesús recuerda que la Plaza de Bolívar posee una carga simbólica excepcional por estar rodeada por el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y la Casa de Nariño. Asimismo, destaca que la Constitución establece el juramento ante el Congreso porque esa corporación representa la voluntad popular. Desde esa perspectiva, considera que un homenaje a la Fuerza Pública puede realizarse en cualquier otro momento, mientras que la posesión presidencial conserva un significado institucional propio e irremplazable.

Su análisis incorpora además una hipótesis desde la comunicación política. A su juicio, la elección de un escenario diferente podría expresar un reconocimiento a la Fuerza Pública y, al mismo tiempo, responder al propósito de controlar el impacto visual y narrativo de la ceremonia.

Para sustentar esa interpretación, recuerda la capacidad de Gustavo Petro, durante su gobierno, y de Iván Cepeda, durante la campaña, para convocar concentraciones multitudinarias en espacios abiertos. Esos antecedentes le sirven de referencia para contrastarlos con la estrategia de Abelardo de la Espriella, caracterizada por un mayor énfasis en la producción audiovisual y en la realización de eventos cuidadosamente diseñados.

De la hipótesis planteada por Álvaro de Jesús Forero podría inferirse que el recurso a los símbolos no constituiría únicamente una herramienta de campaña, sino también un rasgo distintivo del ejercicio del poder. Desde esa perspectiva, la construcción permanente de acontecimientos cargados de simbolismo orientaría la atención de la opinión pública hacia la escenificación política y relegaría a un segundo plano la evaluación de las decisiones, los resultados y la gestión cotidiana del gobierno.

La interpretación invita a reflexionar sobre el riesgo de que la narrativa política termine adquiriendo mayor protagonismo que la acción pública y sus efectos concretos.

Bajo esa lógica, el lugar escogido para la posesión adquiere un significado adicional. Una ceremonia en la Plaza de Bolívar facilitaría comparaciones inmediatas sobre la capacidad de convocatoria del nuevo gobierno. En cambio, un recinto de acceso restringido permitiría un mayor control sobre las imágenes, el desarrollo del acto y la narrativa que acompañará el inicio del mandato.

Junto a la hipótesis planteada por Álvaro de Jesús Forero, cabría explorar otras razones —no necesariamente excluyentes— que explicarían el interés de Abelardo de la Espriella por evitar la Plaza de Bolívar. Entre ellas: consideraciones de seguridad en un clima político polarizado; el deseo de marcar una ruptura simbólica deliberada con los actos masivos característicos de la era Petro; la posibilidad de filtrar con mayor control la lista de invitados y el relato visual del acto; o, más de fondo, un estilo de gobierno inclinado hacia la gestión controlada de la comunicación oficial y distante de los espacios tradicionales de deliberación pública. La imaginación es el límite, las posibilidades no se agotan.

Ninguna de estas conjeturas cuenta hoy con evidencia concluyente. Se trata de ejercicios interpretativos, no de hechos verificados. Sin embargo, la sola multiplicidad de lecturas posibles revela hasta qué punto la elección de un lugar de posesión ha dejado de ser un asunto protocolario para convertirse en materia de disputa sobre el significado mismo del poder.

Más allá de la decisión que finalmente se adopte, la controversia ya produjo un efecto político. Antes incluso de la primera determinación de gobierno, el debate instaló en la opinión pública la idea de una posible ruptura con una tradición republicana de larga data. Un acto ceremonial terminó convertido en el primer escenario de confrontación simbólica entre el gobierno que concluye y el que comienza.

En un país donde los símbolos, los gestos y las imágenes forman parte del ejercicio del poder, la manera como se resuelva esta controversia tendrá un alcance que trasciende el protocolo. El lugar de la posesión comunicará una determinada concepción del poder y de la relación del nuevo gobierno con las instituciones y el pueblo. Ese primer mensaje podría resultar tan elocuente como las primeras decisiones de política pública del nuevo gobierno y anticipar el estilo con el que buscará construir su legitimidad ante la sociedad.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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«Héctor Iván García ejerció la rectoría con un profundo sentido humano. Entendió que la autoridad no depende únicamente de las atribuciones del cargo. También se construye mediante la presencia, la escucha y el reconocimiento de las personas. Su gestión mostró que la cercanía no debilita el liderazgo. Por el contrario, lo fortalece». 

En un tiempo en el que las universidades públicas suelen aparecer asociadas a crisis  financieras, conflictos internos y tensiones de gobernabilidad, la rectoría encargada de Héctor Iván García García dejó una enseñanza diferente. Durante casi seis  meses mostró que es posible ejercer el  liderazgo desde la cercanía y no desde la distancia que con frecuencia impone el cargo. Su gestión anunció una forma distinta de entender el gobierno universitario. 

Los resultados administrativos fueron relevantes. La Universidad certificó ante el Ministerio de Educación el cumplimiento del plan de mejoramiento exigido y obtuvo  los recursos necesarios para cerrar la vigencia sin sobresaltos de tesorería. En su  carta de despedida, el propio rector resume ese momento con una frase que transmite confianza. La Universidad, afirma, ha vuelto a creer en sí misma. 

Sin embargo, su principal legado trasciende esas realizaciones. Héctor Iván García ejerció la rectoría con un profundo sentido humano. Entendió que la autoridad no depende únicamente de las atribuciones del cargo. También se construye mediante la presencia, la escucha y el reconocimiento de las personas. Su gestión mostró que la cercanía no debilita el liderazgo. Por el contrario, lo fortalece. 

En su carta de despedida relata que, durante los primeros días, recorrió los campus sin que la mayoría  supiera quién era. Era simplemente otra persona caminando por los pasillos. Cuando empezó a ser reconocido, mantuvo la misma costumbre. Continuó transitando la Universidad, conversando con estudiantes, profesores, empleados y trabajadores. Quiso conocer la institución desde la  experiencia cotidiana de quienes la viven y  no solamente desde la perspectiva de quien  la dirige. Esa decisión rompió una barrera que suele levantarse alrededor de los cargos de dirección. Escuchó inquietudes sin  intermediarios, recibió saludos espontáneos  y conoció historias que difícilmente llegan a los informes administrativos. Reconoció el trabajo silencioso de quienes sostienen la vida universitaria y comprendió que gobernar exige, antes que hablar, aprender a escuchar.

Su forma de ejercer la rectoría expresó una convicción sencilla y profunda. La Universidad no está definida por sus edificios, sus estatutos o sus presupuestos. La hacen posible las personas que la habitan cada día. El estudiante que inicia su formación, el profesor de cátedra, la trabajadora de la cafetería, el vigilante, el investigador y el empleado administrativo conforman una misma comunidad. Durante su rectoría esa idea dejó de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana. 

Su balance tampoco eludió las dificultades.  Señaló el individualismo y la falta de  empatía como factores que debilitan el  tejido universitario. Advirtió que ningún plan financiero será suficiente si la comunidad no recupera el sentido de lo colectivo. Esa reflexión merece especial atención porque desplaza el debate desde  los recursos económicos hacia la cultura  institucional, un terreno donde se juega buena parte del futuro de la Universidad.

En esa misma dirección quedan iniciativas como los Puntos de Encuentro, concebidos  para fortalecer el diálogo entre los distintos estamentos. También permanece su llamado a consolidar una democracia universitaria que vaya más allá de la consulta formal y promueva una

participación auténtica. De igual manera, deja una comprensión de la  autonomía como responsabilidad compartida y no como privilegio. 

Su mensaje de despedida al profesor Luquegi Gil, nuevo rector de la Universidad, resume con claridad esa visión. Lo invitó a no tener miedo de  caminar los campus. No fue una recomendación protocolaria. Fue una  manera de entender el liderazgo universitario. Gobernar también significa  compartir la cotidianidad de la institución, escuchar con respeto y reconocer la dignidad de cada persona.

Héctor Iván García García no será  recordado únicamente por las decisiones administrativas que debió asumir durante un periodo de transición. Su rectoría  demostró que es posible dirigir la Universidad con cercanía, sencillez y profundo respeto por la comunidad universitaria. En una institución donde con frecuencia el poder corre el riesgo de aislar a quienes lo ejercen, él eligió recorrer los pasillos, conversar y escuchar. 

Su paso por la rectoría deja una enseñanza que trasciende a una administración  particular. El mejor liderazgo no nace del  protocolo, del nombramiento ni de la  investidura. Se construye con los pies en la tierra, el oído atento y la disposición permanente de servir. En eso consiste,  quizá, la forma más auténtica de ejercer el gobierno universitario.

Más que despedir a un rector encargado, la Universidad tiene razones para agradecer una manera de ejercer el liderazgo que recordó una verdad esencial. La Universidad no se sostiene únicamente por sus normas, sus edificios o sus recursos. Se sostiene, sobre todo, por las personas que cada día le dan vida.  

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Se ha vuelto común afirmar que la política no debe mezclarse con la amistad. La frase parece sensata porque invita a preservar los afectos por encima de las diferencias. Sin embargo, parte de una separación artificial. La política no es únicamente una disputa entre partidos ni una conversación sobre elecciones. Es, ante todo, una expresión de los valores con los que cada persona decide vivir.

La amistad auténtica tampoco puede reducirse a un conjunto de rituales ni a una construcción poética. Es un sentimiento que habita en nuestro interior. Se cultiva con paciencia, se fortalece con la confianza y se cuida como un jardín. Nacida de la sinceridad, permanece viva a pesar de los océanos de distancia o de los años de silencio. Parece hibernar, pero basta un encuentro fugaz para que recobre toda su fuerza. No envejece ni pierde intensidad. Conserva intacta la alegría de los momentos compartidos y se convierte en el refugio al que acudimos en las horas difíciles. Entonces, el abrazo, el consejo y la palabra esperanzadora del amigo siguen siendo el mejor elixir para el espíritu.

Nada de ello ocurre por casualidad. La amistad verdadera no flota en el vacío. Descansa sobre un suelo firme de principios compartidos. Confiamos en quienes actúan con honestidad, respetan la dignidad ajena y son coherentes con su palabra. Los afectos fortalecen la amistad, pero son los valores los que la sostienen frente al paso del tiempo, los desacuerdos y las pruebas de la vida.

Desde esa perspectiva, la política adquiere un significado mucho más profundo. Al elegir un candidato no solo respaldamos un programa de gobierno: revelamos nuestra manera de entender la justicia social, la libertad, la equidad, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana. Expresamos qué principios consideramos irrenunciables y cuáles estamos dispuestos a relativizar. Cada voto deja entrever nuestra conciencia moral, los límites éticos que orientan nuestras decisiones y el proyecto de sociedad que aspiramos a construir.

Por esa razón, conocer la opción política de una persona puede ofrecer una pista importante sobre la posibilidad de construir una amistad genuina. No porque todos deban pensar igual. La democracia necesita del pluralismo, del debate y del desacuerdo. Lo que una amistad difícilmente puede soportar es la ausencia de un mínimo compartido de principios. Sin ese fundamento, la confianza termina debilitándose y el vínculo pierde solidez.

Quien respalda proyectos políticos que justifican la mentira, normalizan la corrupción, alimentan el odio o desconocen la dignidad de quienes piensan diferente revela mucho más que una preferencia electoral. Pone de manifiesto una determinada escala de valores. No se trata de juzgar a las personas por el nombre de un candidato o por el color de una bandera. Se trata de reconocer que las decisiones políticas también hablan del carácter, de las prioridades y de la forma como entendemos la convivencia.

La amistad no consiste únicamente en compartir recuerdos, aficiones o buenos momentos. Consiste, sobre todo, en caminar junto a personas cuya visión del mundo hace posible la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. La coherencia forma parte de ese compromiso. Los valores que defendemos en la vida pública difícilmente pueden separarse de aquellos que orientan nuestra conducta en la vida privada. Aceptar esa fractura significaría renunciar a la integridad.

En definitiva, la amistad auténtica y la política no pertenecen a mundos distintos. Ambas brotan de una misma conciencia moral. La amistad expresa con quiénes elegimos compartir el camino de la vida. La política, el tipo de sociedad que queremos construir. Tanto nuestros verdaderos amigos como nuestras decisiones políticas son el reflejo de la misma escala de valores que orienta nuestra existencia. Por eso, la verdadera integridad consiste en que nuestras convicciones públicas sean coherentes con la forma en que vivimos nuestras relaciones personales. Es en esa coherencia ética donde la amistad y la política dejan de ser ámbitos separados para convertirse en expresiones de una misma manera de entender y habitar el mundo.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Hay un credo siniestro que está reconfigurando el poder mundial. El profesor Jorge Aguilera lo ha descrito con claridad —en https://www.facebook.com/share/v/1Cp2vDyvCF/— y conviene prestar atención a su advertencia. Para esta visión del mundo, la democracia incomoda, la igualdad estorba, las mayorías resultan prescindibles y el Estado deja de existir para proteger a sus ciudadanos. Su única función consiste en servir a quienes concentran dinero, datos, algoritmos y, cada vez más, capacidades de coerción privada.

No estamos frente a una simple reforma institucional ni a un ajuste del sistema, afirma el profesor Aguilera. Lo que está en marcha es un proyecto orientado a destruirlo desde su interior. Su propósito consiste en sustituir el gobierno de los ciudadanos por el gobierno de las corporaciones tecnológicas y las élites financieras, donde el mercado se imponga sobre la política y el poder económico quede liberado de cualquier control democrático.

En distintos lugares del mundo avanza un movimiento impulsado por magnates tecnológicos y grupos de poder que aspiran a instaurar un orden gobernado por una minoría convencida de su propia superioridad. Consideran que el Estado, con sus regulaciones y su soberanía, limita la expansión ilimitada de las grandes corporaciones tecnológicas. Por eso no buscan transformar las instituciones, sino vaciarlas de contenido, desmontar las reglas de convivencia, someter a los países, apropiarse de sus recursos y convertir la riqueza pública en patrimonio de sus imperios privados.

Este mecanismo opera como una plaga silenciosa. Como langostas tecnológicas. Utiliza algoritmos como auténticas armas de destrucción matemática para intervenir los procesos democráticos desde adentro. Primero condiciona la conversación pública mediante la manipulación de la información y las emociones. Después influye sobre las decisiones electorales. Finalmente emplea el aparato estatal para desmontar las instituciones que limitan el poder económico. El resultado es un modelo de extracción y dominación cuyos costos sociales y humanos son inmensos.

La doctrina que inspira este proyecto es el pensamiento neorreaccionario, conocido también como la Ilustración Oscura. Hugo Thornton Rawley explica, al analizar las ideas de Curtis Yarvin, que esta corriente considera la Revolución Francesa y sus principios de libertad, ciudadanía y soberanía popular como un error histórico que debe corregirse. La expresión Ilustración Oscura encierra una paradoja reveladora. Invoca el lenguaje de la Ilustración para combatir precisamente los valores que esta consagró. La oscuridad representa la necesidad de apagar los derechos para consolidar el poder de unos pocos.

El destino de ese camino conduce a lo que la filósofa Wendy Brown denomina un pueblo sin atributos. Una sociedad despojada de ciudadanía, soberanía y capacidad de decisión. Un orden donde las elecciones pierden su sentido porque el poder efectivo deja de residir en la voluntad popular. Este escenario no pertenece únicamente a la ficción distópica. Tiene un laboratorio activo en Gaza, donde, según el análisis de Donatella Di Cesare, el tecnofascismo perfecciona tecnologías de vigilancia, control y gestión de poblaciones que después buscan expandirse hacia otras regiones, incluida América Latina. Es el regreso de un sistema en el que las personas dejan de ser sujetos políticos mientras una minoría administra los recursos colectivos para su propio enriquecimiento.

Comprender lo que puede ocurrir en Colombia y en la región exige mucho más que intuición. Requiere una lectura estructural de las transformaciones que están en curso. Suficiente literatura se ha publicado para explicar ese fenómeno:

• Tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis y Cédric Durand, muestra cómo el capitalismo evoluciona hacia un sistema de extracción de rentas digitales que convierte a los usuarios en siervos de una nueva gleba tecnológica.

• Armas de destrucción matemática, de Cathy O’Neil, revela el poder opaco de los algoritmos para reproducir y profundizar desigualdades.

• Manipulados, de Frenkel y Kang, expone la lógica implacable de las plataformas digitales.

•¿Por qué callan los corderos?, de Rainer Mausfeld, junto con La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli, describen el deterioro de la política democrática y el ascenso de nuevos centros de poder que están rediseñando el orden mundial.

Estos autores no relatan una conspiración imaginaria. Analizan tendencias verificables y documentan la hoja de ruta de un sistema que, bajo el prestigio de la innovación tecnológica y el poder financiero, busca debilitar los Estados democráticos para sustituirlos por un régimen de vigilancia, extracción de riqueza y dominación.

Desde esa perspectiva, varios procesos políticos recientes en América Latina pueden interpretarse como expresiones de un mismo patrón. Los acontecimientos electorales en Perú, Honduras, Chile y las pasadas elecciones en Colombia muestran campañas cada vez más condicionadas por el poder de las plataformas digitales, la manipulación algorítmica de la opinión pública, la polarización inducida y el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.

Colombia no constituye una excepción. Hace parte de un tablero geopolítico mucho más amplio donde las elecciones ya no representan únicamente una competencia entre proyectos nacionales. También son escenarios de una disputa global por el control de los Estados, los recursos estratégicos y los datos de millones de ciudadanos. Comprender esa dimensión resulta indispensable para interpretar el presente y defender la democracia antes de que el saqueo deje de necesitar ejércitos y termine ejecutándose, casi por completo, mediante algoritmos.

• Tecnofeudalismo (de Yanis Varoufakis y de Cédric Durand, dos títulos homónimos y complementarios)

• Armas de destrucción matemática: Big Data (Cathy O’Neil)

• Manipulados (Sheera Frenkel y Cecilia Kang)

• La invisible cárcel cibernética (Alfredo Jalife-Rahme)

• Curtis Yarvin & The Neoreactionary Canon, Made Simple (Hugo Thorton Rawley)

• Un pueblo sin atributos (Wendy Brown)

• El laboratorio palestino (Antony Lowenstein)

• Tecnofacismo (Donatella di Cesare)

• ¿Por qué callan los corderos? (Rainer Mausfeld)

• La hora de los depredadores (Giuliano da Empoli)

• La era de la crueldad (Fernando Pitaron y Marti Szulman) y

• Civilización o barbarie (Alan Barroso).

Enlace recomendado:

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El próximo 21 de junio, millones de colombianos acudirán a las urnas para decidir el rumbo del país. Entre ellos habrá ciudadanos que votarán impulsados por propuestas, principios y proyectos de futuro. Otros llegarán motivados principalmente por el rechazo hacia una persona, un movimiento político o una amenaza que perciben como inminente.

Votar únicamente en contra de alguien, o de etiquetas ideológicas convertidas en consignas de campaña, difícilmente constituye una decisión racional. Cuando la emoción sustituye al análisis y el rechazo reemplaza a los argumentos, el voto pierde parte de su capacidad transformadora y se convierte en una simple reacción. La democracia necesita ciudadanos que evalúen alternativas, no ciudadanos que respondan mecánicamente a sus temores o resentimientos.

Quienes votan en contra del proyecto de cambio movidos por una profunda animadversión hacia Gustavo Petro suelen pasar por alto una realidad elemental. La vida personal y política de un dirigente no se ve afectada por el resentimiento de sus opositores. En cambio, las decisiones electorales sí tienen consecuencias directas sobre la vida de quienes las toman y de las generaciones que vendrán. Cada voto influye en las oportunidades de empleo, el acceso a derechos, la distribución de la riqueza, la calidad de los servicios públicos y las condiciones de bienestar de millones de personas. Por eso, más que preguntarnos a quién queremos castigar, resulta necesario preguntarnos qué país queremos construir y qué decisiones contribuyen realmente al futuro que deseamos para Colombia.

Es comprensible que quienes han disfrutado históricamente de posiciones privilegiadas procuren preservar sus intereses. Esa conducta responde a una lógica de conservación del poder que ha estado presente en todas las sociedades. Lo que merece una reflexión más profunda es que amplios sectores populares terminen respaldando decisiones que pueden afectar sus propias posibilidades de progreso, aun cuando los beneficios obtenidos o esperados tengan un impacto directo sobre sus familias y comunidades.

Si el voto implica renunciar a avances que favorecen el acceso a la educación superior, la distribución de tierras, la protección de los ingresos laborales o la seguridad económica durante la vejez, la decisión merece un examen cuidadoso. Ningún ciudadano debería votar movido exclusivamente por la aversión hacia una persona, y menos en contra de sus propios intereses. La democracia exige comprender qué se gana, qué se pierde y quiénes resultan beneficiados con cada elección.

El odio es un mal consejero porque simplifica problemas complejos y reduce la política a una confrontación emocional. Cuando la rabia domina el juicio, las propuestas dejan de ser importantes, los programas pasan a un segundo plano y las consecuencias futuras se vuelven invisibles. En esas circunstancias, la capacidad de decidir libremente se debilita y el ciudadano corre el riesgo de actuar guiado por emociones que otros han sabido estimular con habilidad.

Existe una diferencia profunda entre el voto crítico y el voto de odio. El voto crítico surge de la reflexión, del análisis de resultados, de la comparación de propuestas y de la convicción de que existe una mejor alternativa. El voto de odio nace del rechazo visceral y convierte la política en un ejercicio de negación más que de construcción.

Por eso, antes de depositar el voto, vale la pena preguntarse si la decisión responde a una visión de país o simplemente a una emoción pasajera. En esa respuesta se juega mucho más que el destino de un gobernante. Se juega el futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades y de Colombia.

Vota por quien consideres mejor. Vota por tus convicciones. Vota por las propuestas que juzgues más convenientes para el país. Hazlo con información, con criterio y con plena conciencia de las consecuencias de tu decisión.

Vota con la razón y con la esperanza. La democracia no alcanza su grandeza cuando destruye adversarios. La alcanza cuando los ciudadanos son capaces de pensar en el bien común y de construir juntos el país que desean legar a las próximas generaciones.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Nunca, al menos no tengo memoria, se había dado que un proyecto político en el país generara tanta simpatía e identidad con un pueblo y generara tanta creatividad para expresar esa identidad y acompañamiento en sus propósitos.

Desde las calles hasta las redes, desde los murales hasta las canciones, una energía colectiva ha desbordado los cauces tradicionales de la expresión política y ha encontrado formas propias, espontáneas y diversas de manifestarse.

No ha sido una movilización fabricada desde arriba, desde la dirigencia, ni una adhesión ciega, ha sido un encuentro genuino entre una propuesta y una esperanza largamente postergada.

La gente no solo ha interpretado, ha creado, ha defendido, ha celebrado y ha acompañado con su voto el proyecto del cambio. Ha hecho suyo un proyecto que, en muchos casos, va más allá de nombres y siglas, porque toca algo más profundo, la dignidad, el reconocimiento, la posibilidad de un país distinto. Y esa apropiación popular, esa explosión de arte, humor, símbolo y palabra alrededor de una causa política, es quizás el fenómeno más singular y más rico de todo lo que hemos vivido en estos años en Colombia.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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