Colombia tiene un problema que va más allá de la polarización. No se trata únicamente de que los colombianos estén divididos, algo propio de cualquier democracia en funcionamiento. El problema de fondo es otro. La política ha dejado de ser el espacio donde se confrontan ideas y se ha convertido en un escenario en el que se busca destruir personas.

Lo que hoy circula con mayor frecuencia en redes sociales, en noticieros y en conversaciones cotidianas no son propuestas para resolver los problemas críticos del país. Son acusaciones. No son argumentos. Son etiquetas. Y lo más preocupante no es su existencia, sino que se asuman como verdades. Que una sola palabra, dicha con suficiente fuerza y repetida con insistencia, termine sustituyendo cualquier análisis de la realidad.

Llamar “guerrillero” a alguien sin una sola prueba se ha vuelto un recurso aceptado para algunos. Llamar “paramilitar” a otro con la misma ligereza también. Ninguna de las dos afirmaciones requiere sustento para ellos. Solo necesita eco. Y el eco, en la era de las redes sociales, abunda.

Este deterioro en la opinión pública no ocurrió de la noche a la mañana. Tiene historia, tiene actores y responde a una lógica que conviene entender. Durante décadas, Colombia vivió un conflicto armado que acostumbró a la sociedad a pensar en términos de bandos. Se estaba de un lado o del otro. Esa lógica binaria, que pudo tener cierta utilidad descriptiva en medio de la guerra, se trasladó intacta al debate político. Y allí se convirtió en veneno.

El resultado ha sido una conversación pública en la que ya no se discute qué hacer con la educación, la salud o la tierra. Se discute quién es el enemigo. Y una vez identificado, todo lo demás sobra. No hace falta escucharlo ni refutarlo. Solo hace falta neutralizarlo.

Esa dinámica beneficia a quienes no tienen propuestas sólidas que ofrecer. Es mucho más sencillo señalar que construir. Más barato sembrar miedo que elaborar un programa de gobierno. Más efectivo, en el corto plazo, despertar desconfianza que ganarse la confianza con hechos.

El miedo, además, tiene una propiedad política especialmente útil para quienes lo promueven. Cierra la razón antes de que el argumento llegue. Una ciudadanía atemorizada no evalúa, reacciona. No compara propuestas, busca protección. Y quien se presenta como el único capaz de ofrecerla tiene más posibilidades de ganar.

Colombia ya vivió ese ciclo. En la antesala de elecciones de comienzos de siglo, y en varios procesos electorales posteriores, la violencia se intensificó de manera sistemática y el miedo se instaló como el principal criterio de decisión política. No fue casualidad ni coincidencia. Fue un patrón que se repitió intencionalmente con suficiente regularidad como para exigir una explicación que vaya más allá del azar.

En ese clima enrarecido, las propuestas que exigían reflexión, paciencia y visión de largo plazo perdieron terreno frente a discursos que prometían soluciones rápidas, mano dura y certezas inmediatas. No porque fueran mejores o más convenientes, sino porque el miedo no espera, no compara y no delibera.

Hoy ese patrón no solo amenaza con repetirse. Ya está ocurriendo. La actual contienda electoral para elegir presidente de Colombia se ha convertido en escenario de una campaña deliberada para instalar el miedo, la indignación y la incertidumbre como argumentos centrales.

Desde sectores de la oposición al gobierno actual y frente a la candidatura de Iván Cepeda Castro, se han activado proyectos políticos y mediáticos cuyo propósito no es debatir ideas sino sembrar temor. El mensaje que se repite, con distintas palabras, pero con el mismo trasfondo, es siempre el mismo: si gana el progresismo, el país caerá en el caos, la inseguridad se desbordará y la libertad estará en riesgo.

Esa narrativa no es espontánea ni inocente. Está construida con precisión y difundida con recursos. Aparece en titulares que mezclan hechos y especulaciones. Circula en cadenas de mensajes que nadie verifica, pero muchos reenvían. Se instala en el imaginario colectivo antes de que la razón alcance a reaccionar. Y cumple exactamente la función para la que fue diseñada, no convencer sino atemorizar.

La estrategia combina tres ingredientes cuidadosamente. Primero, el miedo, una amenaza difusa pero constante de que algo terrible ocurrirá si el voto va en la dirección equivocada. Segundo, la indignación, la construcción permanente de un agravio, real o exagerado, que mantiene a la ciudadanía en estado de irritación e impide la reflexión serena. Tercero, la incertidumbre, la siembra deliberada de dudas sobre instituciones, procesos y personas, de modo que nadie sepa en qué creer y cualquier promesa de orden resulte atractiva.

Los tres elementos juntos no buscan informar ni persuadir con argumentos. Buscan empujar. Empujar hacia una propuesta radical que ofrece la guerra como solución, el enfrentamiento como método y la eliminación del adversario como horizonte político.

Esa propuesta radical no siempre se presenta con ese nombre. Se disfraza de seguridad, de firmeza, de defensa de valores. Pero su contenido es el mismo de siempre. Más confrontación, menos diálogo, más armas, menos acuerdos. Y para que resulte aceptable, necesita que el miedo haya hecho primero su trabajo. Necesita una ciudadanía suficientemente asustada como para aceptar soluciones que, en condiciones de calma, rechazaría sin dudar.

Lo revelador es que quienes agitan ese miedo rara vez ofrecen una propuesta alternativa concreta. No presentan un plan para reducir la desigualdad, garantizar la seguridad o enfrentar la crisis social del país. Se limitan a señalar al adversario como una amenaza y a presentarse como el dique que impide el desastre. Es una estrategia tan antigua como efectiva, y funciona mejor cuanto menos se examina.

Los señalamientos sin prueba vuelven a circular con fuerza. Las etiquetas vuelven a reemplazar los argumentos. Y la violencia, cuando aparece, no solo destruye vidas. También desplaza el debate, endurece las posiciones y otorga ventaja a quienes viven de la confrontación.

Vale la pena preguntarse con honestidad a quién le sirve que el país no pueda debatir con calma. ¿A quién beneficia que una figura pública sea reducida a una caricatura antes de que sus ideas puedan ser evaluadas? ¿A quién le conviene que la ciudadanía vote con el estómago revuelto por el miedo y la cabeza nublada por la indignación, en lugar de hacerlo con la razón despejada por el análisis?

 ¿A quién beneficia realmente la violencia y que sea el tema central de los medios corporativos de información y no las propuestas de los candidatos? Las respuestas no son cómodas. Pero son necesarias.

Una democracia no muere únicamente cuando alguien toma el poder por la fuerza. También muere, más lentamente y con menos ruido, cuando la mentira se normaliza, cuando la acusación reemplaza al argumento y cuando los ciudadanos dejan de exigir pruebas porque se han acostumbrado a que nadie las presente.

Recuperar el debate no es una tarea exclusiva de los políticos. Es una responsabilidad colectiva. Exigir coherencia, pedir evidencia, resistir la tentación de la etiqueta fácil y negarse a ser instrumento del miedo ajeno son actos políticos tan importantes como el voto mismo.

Colombia merece una conversación a la altura de sus problemas. Y sus problemas son demasiado serios como para seguir siendo reemplazados por insultos, rumores y amenazas fabricadas desde el cálculo electoral. Merece ciudadanos que voten con convicción y no con pánico. Que elijan con criterio y no bajo el efecto de una indignación manufacturada. Que reconozcan, cuando el miedo llame a su puerta, que alguien lo envió con un propósito que no es el bien común. Conversemos sobre el futuro del país sin miedo. Debatamos sin temor para decidir sobre el futuro del país.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Cada primero de mayo se conmemora una conquista arrancada a costa de sacrificios, huelgas y vidas. Este año, a pocos días de la elección presidencial en Colombia, el Día del Trabajo adquiere un significado particularmente crítico. En esta ocasión, los trabajadores deberían formularse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuánto de lo conquistado durante el actual gobierno —pese a las obstrucciones del Congreso— estarían dispuestos a perder?

Una afirmación recurrente entre ciertos empresarios ayuda a dimensionar lo que está en juego. Suelen jactarse de crear empleo y «dar trabajo» para que la gente subsista; de alimentar al que «aguanta» hambre. En ocasiones llegan incluso a humillar o presionar a sus empleados con la amenaza del despido si no aceptan condiciones desfavorables. Esa idea —y esa actitud— distorsiona la realidad. El empleador no regala nada ni actúa por altruismo, y el trabajador no recibe una limosna. Lo que existe, en rigor, es una relación de intercambio en la que se entregan tiempo, capacidades y esfuerzo a cambio de un salario que, además, es inferior al valor que ese trabajo genera.

La riqueza que producen las empresas proviene del conocimiento aplicado en máquinas, métodos, procesos y rutinas que los trabajadores ponen en marcha. El capital, por sí solo, no se reproduce; es el trabajo el que lo hace posible. Negar esta realidad facilita justificar la precarización laboral. Eso es, precisamente, lo que está en disputa el 31 de mayo de 2026.

Esa disputa sobre el valor del trabajo y los derechos que de él se derivan no es abstracta, sino que se expresa hoy de manera concreta en el escenario electoral. Las tres candidaturas con mayor intención de voto parten de diagnósticos opuestos y plantean propuestas igualmente divergentes.

La del Pacto Histórico, encabezada por Cepeda, propone dar continuidad a las reformas impulsadas durante el gobierno de Petro y apuesta por dignificar el trabajo mediante mejoras salariales y en prestaciones sociales. Representa la continuidad de transformaciones laborales y pensionales entre las más ambiciosas del siglo.

La reforma pensional, impulsada por el gobierno del cambio y aprobada en el Congreso pese a la resistencia persistente de la oposición, incorporó un pilar solidario que hoy garantiza ingresos básicos a millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La reforma laboral recuperó los recargos dominicales y nocturnos, fortaleció el contrato indefinido y reconoció derechos a los trabajadores de plataformas digitales. A esto se suma un incremento significativo del salario mínimo que, por primera vez en décadas, superó ampliamente la inflación.

En contraste, las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella parten del supuesto de que el mercado laboral padece una rigidez normativa excesiva. Desde esa premisa, proponen desmontar avances recientes en las condiciones de vida de los trabajadores, flexibilizar o reducir recargos laborales, disminuir la participación del sistema público en pensiones o trasladar esa responsabilidad al mercado, y revertir las restricciones a la tercerización, debilitando así el contrato indefinido.

En la práctica, esto implicaría perder mejoras salariales, acentuar la presión para aceptar condiciones desfavorables y regresar a escenarios de inestabilidad laboral sin protección social. Los adultos mayores más pobres quedarían expuestos a mayores riesgos ante eventuales recortes en el gasto público.

Todo esto ocurre en un país con altos niveles de informalidad y jornadas extensas, donde el salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas en muchas ciudades. En ese contexto, la flexibilización no representa modernización, sino una profundización de la precariedad.

En ese sentido, la precariedad laboral no solo tiene efectos económicos directos, sino que también configura un terreno fértil para la disputa política y simbólica. Es precisamente en medio de estas condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad donde ciertos actores encuentran espacio para posicionar narrativas que apelan al temor como mecanismo de movilización.

El discurso del miedo que ha empleado la oposición para intentar recuperar la presidencia no es nuevo. Ha sido una estrategia recurrente durante los últimos cincuenta años, consistente en sembrar desconfianza sobre el futuro, anticipar supuestas amenazas y movilizar a los electores —unas veces indignados, otras prácticamente aterrados—. Esta lógica ha sido reactivada con fuerza desde sectores de derecha a través del proyecto JÚPITER, que busca intimidar y generar incertidumbre entre los trabajadores en espacios privados de grandes empresas, mientras el mensaje se amplifica en medios de comunicación y redes sociales.

Conviene, entonces, precisar qué es lo que está realmente en riesgo, pues no es la economía del país, ni la generación de riqueza, ni la inversión.

Lo que realmente está en juego para la clase trabajadora son los avances concretos derivados de las reformas laboral y pensional del gobierno del cambio, entre ellos la recuperación de recargos por horas extras y trabajo en festivos eliminados con la reforma de 2002, el acceso a seguridad social para adultos mayores, una pensión digna menos expuesta a la volatilidad de los fondos privados y una mayor estabilidad laboral frente a la tercerización abusiva. Eso es lo que pretenden revertir los candidatos de la derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Las advertencias sobre supuestas fugas de empresas o caídas en la inversión han acompañado históricamente toda resistencia a los derechos laborales. Esa narrativa opera como mecanismo de presión, pero no resuelve los problemas estructurales. Colombia necesita empresas que generen valor mediante conocimiento, productividad e innovación, no a costa de recortar derechos.

La conmemoración del primero de mayo no pertenece al pasado. Es una lucha vigente que debe expresarse —en Colombia— en las urnas, en el Congreso, en la movilización social y en cada relación laboral. Los avances recientes son frágiles y pueden revertirse con rapidez si se impone la idea de que el problema del país es el exceso de derechos.

Los trabajadores no son un recurso explotable ni desechable. Son personas con derechos, historia y dignidad. El próximo 31 de mayo no se elige solamente presidente, tampoco etiquetas o consignas vacías, sino que se decide si el trabajo se reconoce como un derecho o si vuelve a tratarse como una dádiva de empresarios. Se define si los logros conquistados se defienden o se entregan.

Celebrar el Día del Trabajo en Colombia este año implica votar con memoria y con conciencia el 31 de mayo…

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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«Hablar de decisión informada en esos contextos puede parecer un privilegio. Pero es, precisamente por eso, una razón más para buscar herramientas que ayuden a recuperar la autonomía, aunque sea con la mediación de la inteligencia artificial. En medio de ese panorama surge una opción que merece atención. No pretende reemplazar la decisión personal, pero sí enriquecerla con análisis. Se trata de «Neceser Presidencial», un agente de inteligencia artificial desarrollado por el profesor Óscar Ortega, docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia. La herramienta está disponible para cualquier persona con acceso a ChatGPT». 

A pocas semanas de una elección presidencial, el ruido se vuelve ensordecedor. Publicidad asfixiante, memes, encuestas contradictorias, agresiones en redes, debates y entrevistas manipuladas en medios corporativos que amplifican sin pausa a sus candidatos preferidos. En ese estruendo, muchos ciudadanos terminan sintiendo que votar es casi un acto de fe: se elige al que mejor cae, al que promete más, al candidato de toda la vida en la familia o, simplemente, al que parece menos riesgoso.

Desde hace décadas, la ciencia política ha puesto nombre a esas formas de votar que todos reconocemos. Está quien sigue la tradición, como si heredara una camiseta de fútbol. Está quien decide con el corazón, arrastrado por un discurso encendido o por el temor a que gane el adversario. También está quien intenta ser metódico, compara programas, pero termina extraviado entre datos y versiones opuestas. Y no falta quien, hastiado de todo, vota por descarte o, directamente, opta por no votar.

Hoy el panorama es aún más complejo. Las redes sociales amplifican la polarización y el marketing político reduce a los candidatos a eslóganes de consumo rápido. En ese escenario, el votante emocional y el desinformado no son la excepción… son la norma. Y no se trata de un problema individual. Es el resultado de un entorno diseñado para capturar la atención, no para ofrecer claridad.

Pero hay algo más profundo —y más incómodo— que no puede ignorarse. En Colombia, no todos votan en libertad. Hay quien vende su voto por dinero o la promesa de una ayuda básica. Hay quien cede ante presiones para no perder un empleo o un contrato. Y en algunas regiones, hay quienes han sido obligados a votar bajo amenaza. Es una realidad que ha marcado nuestra historia y que, en ciertos territorios, podría no haber desaparecido del todo.

Hablar de decisión informada en esos contextos puede parecer un privilegio. Pero es, precisamente por eso, una razón más para buscar herramientas que ayuden a recuperar la autonomía, aunque sea con la mediación de la inteligencia artificial.

En medio de ese panorama surge una opción que merece atención. No pretende reemplazar la decisión personal, pero sí enriquecerla con análisis. Se trata de «Neceser Presidencial», un agente de inteligencia artificial desarrollado por el profesor Óscar Ortega, docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia. La herramienta está disponible para cualquier persona con acceso a ChatGPT.

Su funcionamiento es sencillo. El usuario indica qué temas le importan al votar —el empleo, la salud, la seguridad, el medio ambiente, entre otros— y puede expresar también sus valores y prioridades. Con esa información, la herramienta analiza los planes de gobierno de los candidatos a partir de fuentes públicas y verificables.

No se limita a repetir promesas. Evalúa las propuestas bajo el enfoque del desarrollo a escala humana, una perspectiva que sostiene que el bienestar colectivo no depende únicamente del crecimiento económico, sino de la satisfacción de necesidades fundamentales: la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad.

A partir de ese análisis, el agente ordena las candidaturas según su afinidad con lo que el ciudadano considera relevante, y explica con argumentos por qué una opción se aproxima más que otra a esas prioridades. No hay consignas de campaña ni opiniones sesgadas, sino razones sustentadas.

Una de sus mayores fortalezas está en ir más allá del discurso. Evalúa qué tan viables son las propuestas, si tienen respaldo técnico y financiero, y si el candidato cuenta con la capacidad real de ejecutarlas. También permite examinar cómo cada candidatura aborda problemas concretos, señalando tanto sus aciertos como sus vacíos.

En la práctica, funciona como un asesor que leyó todo lo que el ciudadano no tuvo tiempo de leer, y que está dispuesto a conversar sin prisa. Para el votante emocional, sirve para contrastar si su intuición tiene respaldo real. Para quien sigue tradiciones familiares, ofrece una mirada actualizada. Para el que busca datos, organiza la información y ahorra tiempo. Y para el indeciso, ayuda a poner orden en el caos.

Incluso para quienes han votado bajo presión, puede ser un primer paso hacia la autonomía. Tener acceso a información clara y sin intermediarios ya es una forma de recuperar el control sobre la propia decisión.

Esto no significa que una herramienta de este tipo deba decidir por nadie. La democracia sigue siendo un ejercicio personal e intransferible. Pero usar inteligencia artificial para filtrar el ruido, contrastar discursos y evaluar propuestas no es delegar la decisión. Es informarse mejor antes de tomarla.

En un contexto donde la desinformación y la manipulación son frecuentes, contar con herramientas rigurosas, desarrolladas desde la academia y sin afiliaciones políticas, puede marcar una diferencia real. Especialmente para quienes quieren que su voto sea algo más que una reacción al último video viral o a la presión del entorno.

El enlace está disponible. Vale la pena probarlo antes de decidir. Conversar, preguntar, contrastar. Y luego, votar. Porque votar bien no debería ser un salto al vacío. En un país donde tantos han sido empujados a decidir mal —por ignorancia, por miedo o por necesidad—, hacerlo con información no es un privilegio: es un acto de ciudadanía.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Un llamado a votar con conciencia y sentido humano

El próximo 31 de mayo Colombia vuelve a las urnas. Millones de ciudadanos tomarán un tarjetón, marcarán una opción y depositarán su voto. A simple vista parece un acto rutinario, casi un trámite, pero en realidad es una de las decisiones más importantes de la vida democrática.

En ese momento no solo elegimos un candidato. También definimos qué país queremos, qué sociedad respaldamos y qué responsabilidad asumimos con millones de personas.

El voto tiene algo profundamente especial. Es una decisión personal, un instante en el que cada quien, desde su conciencia, decide a quién le entrega su confianza. Pero al mismo tiempo ese gesto íntimo nos conecta con los demás. Votar también es decir que hacemos parte de esta sociedad y que nos importa lo que pase con ella. Ahí se encuentran lo personal y lo colectivo.

Elegir presidente hoy no es un asunto cualquiera. Es una decisión crucial. Significa definir quién conducirá el rumbo del país en un momento decisivo. Es optar por avanzar hacia una mayor equidad o permitir que la desigualdad siga creciendo. De esa elección dependen realidades concretas, como que un joven pueda estudiar, que una familia acceda a la salud, que el trabajo sea digno o que el campesino pueda vivir de su tierra. Está en juego la posibilidad de una vida digna para todos.

Cada voto cuenta, y cada abstención también. Quien no vota no permanece neutral, simplemente deja que otros decidan por él.

Por eso, antes de entrar al cubículo, vale la pena hacerse una pregunta fundamental. ¿En quién estoy pensando cuando voy a votar? Es natural pensar en nuestras propias necesidades y en lo que nos conviene. Todos lo hacemos. Pero una democracia verdadera nos invita a ir más allá, a mirar alrededor y preguntarnos si lo que elegimos también mejora la vida de quienes enfrentan mayores dificultades.

En cada voto hay muchos rostros. Está el de quienes viven en la pobreza, el de los jóvenes sin oportunidades, el de las madres que sacan adelante solas a sus hijos, el de los campesinos que sostienen el país, el de los abuelos que esperan tranquilidad y el de las comunidades que luchan por sus derechos. Votar con conciencia es recordarlos.

Cuando pensamos en el bienestar de todos, el voto deja de ser una preferencia individual y se convierte en un verdadero acto ciudadano. Votamos no solo por nosotros, sino también por quienes no tienen voz en los espacios donde se toman decisiones.

La corrupción, las mentiras y las promesas incumplidas han generado desconfianza. Ese desencanto es real y comprensible. Sin embargo, quedarse en casa no es la solución. No votar no castiga a quienes han fallado, al contrario, les facilita seguir haciendo lo mismo. Participar es la forma más clara de decir que no aceptamos esa realidad.

Abstenerse es renunciar al poder que tenemos. Es entregar el futuro a otros. Votar, en cambio, es un acto de dignidad. Es afirmar que estamos presentes, que nos importa y que no nos resignamos.

Estas elecciones son decisivas. Está en juego si el país continúa avanzando en transformaciones sociales o si regresa a modelos que han beneficiado a unos pocos. Regresar al país que la mayoría no quiere. El próximo presidente deberá tomar decisiones sobre temas fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno, el campo y la paz.

En los últimos años se han dado pasos importantes en distintos frentes. También han surgido resistencias de quienes prefieren mantener sus privilegios. Por eso esta elección no se trata solo de cambiar de gobernante, sino de definir el rumbo.

Hoy vivimos en medio de la polarización, el miedo y la rabia. Son emociones humanas, pero no construyen futuro. La política debería estar al servicio de las personas, no de intereses particulares ni de reacciones momentáneas. Debería poner en el centro la dignidad humana.

Votar con conciencia también implica rechazar el odio y creer en el diálogo. No significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con herramientas democráticas. Significa reconocer nuestras diferencias y aun así construir un país más justo.

Cuando estemos frente al tarjetón no estaremos solos. Nos acompañan los sueños y aspiraciones de una mejor vida de millones de colombianos que esperan mucho de esa decisión. En ese instante cada uno de nosotros se une a los demás para definir el futuro. Votemos sin miedo y sin odio, pero con firmeza, convencidos de que la dignidad de un pueblo no se negocia.

Ahí estarán el joven que sueña con estudiar, la mujer campesina que busca reconocimiento, el trabajador que necesita seguridad y el abuelo que espera tranquilidad. Todos estarán presentes en ese momento.

Si logramos ver esos rostros al votar, todo cambia. El voto deja de ser un gesto individual y se convierte en un acto de solidaridad y compromiso con el país que queremos.

Un país donde nadie se quede atrás, donde el origen no determine el destino y donde cada persona tenga una oportunidad real de vivir con dignidad.

Es momento de decidir con conciencia, de elegir con responsabilidad y de respaldar un proyecto de país incluyente, justo y coherente. Ese es el verdadero rostro detrás del voto. Ese es el sentido profundo de la democracia.

 Un voto por la dignidad.

Un voto por Colombia.

Un voto por el cambio.

A votar este 31 de mayo, por un país en armonía y con oportunidades para todos.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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 Viajar en el tiempo. ¿Un sueño? ¿Una realidad  distante? ¿Una posibilidad tecnológica en un futuro lejano? Durante mucho tiempo hemos creído que desplazarnos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo era cosa de la ciencia ficción o, en el mejor de los casos, de la memoria y la imaginación.Y no está mal. La memoria nos retrotrae a espacios y sentimientos del pasado; la imaginación nos aventura a mundos de ensueño y realidades fantásticas.

Pero hay un viaje al futuro más poderoso, más urgente y, sobre todo, más humano. No es el que ocurre solo en nuestra mente. Es el que construimos con nuestras  manos, con nuestras leyes, con nuestros artefactos  físicos y sociales. Es el viaje que implica dejar de ser espectadores para convertirnos en ingenieros del  tiempo que está por venir.

Los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria, y a menudo subutilizada o usada para privilegios particulares. Podemos diseñar y materializar el futuro. No a través de máquinas hipotéticas, sino mediante la construcción de puentes, hospitales, escuelas, sistemas de riego, redes eléctricas, pero también mediante instituciones más justas, reformas agrarias, sistemas de salud universales, democracia participativa y economías que pongan la vida en el centro. Cada política pública, cada decisión colectiva, cada artefacto que  fabricamos es un viaje real hacia un porvenir distinto.

Entonces, ¿a cuál viaje nos referimos cuando pensamos en el futuro? ¿Al viaje físico de la ciencia ficción? ¿Al viaje pasivo de imaginación de un mejor futuro? ¿O al viaje activo que todos podemos emprender hoy para mejorar nuestra situación de existencia, nuestro bienestar y la equidad de nuestra sociedad?

No creo que debamos negarlo. Nos consume más la preocupación por el futuro que la nostalgia por el pasado. Pero la preocupación no basta. La imaginación tampoco, si no va acompañada de acción. La imaginación es democrática, sí, pero sus frutos solo se vuelven reales cuando se organizan voluntades, se construyen mayorías políticas y se implementan transformaciones concretas.

Y aquí quiero ser claro. En Colombia, hoy, existe una opción que nos permite emprender ese viaje real hacia  un futuro mejor. El proyecto de país del Pacto Histórico. No es una ocurrencia pasajera ni una mera consigna proselitista. Es una propuesta de país que entiende algo elemental: el futuro no se improvisa, se construye. Se construye con artefactos sociales como la reforma agraria integral, que transforman la propiedad y el trabajo; con artefactos físicos como la transición energética justa, que cambian la matriz productiva y prohíben que el extractivismo siga devorando territorios; y con artefactos institucionales como la paz total y la justicia social, que reescriben las reglas del Estado y hacen posible una convivencia digna y duradera.

Tres tipos de artefactos, una sola dirección: dejar de soñar el futuro desde la tribuna para empezarlo a levantar, con las manos y sin excusas, desde la tierra misma.

Elegir en las elecciones para presidente al Pacto Histórico es elegir viajar hacia un destino donde el bienestar no sea privilegio de unos pocos, donde el territorio tenga voz, donde la vida campesina, indígena, afro y popular sea digna. Es decir, preferimos construir un país más equitativo y justo, aunque eso signifique enfrentar resistencias, antes que quedarnos soñando despiertos en un presente que nos duele.

Por supuesto, no existe una única interpretación del viaje en el tiempo. Pero hay una que nos convoca hoy  como colombianos. El viaje hacia adelante no es solo  imaginación, es voluntad política organizada. La  memoria nos da identidad; la imaginación nos da esperanza; pero solo la acción colectiva transforma la realidad.

Así que viajemos en el tiempo, sí. Pero no hacia atrás, para muchos doloroso. Viajemos hacia el futuro que podemos edificar con nuestras manos, con nuestros votos, con nuestros pactos. El proyecto de país del Pacto Histórico es, hoy, la máquina social más avanzada que tenemos para hacerlo realidad. No dejemos pasar esta oportunidad. Porque el futuro no  espera. Se construye. Y se construye ahora.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El tema de la Paz Total, como política pública, es profundamente delicado. Toca fibras sensibles y expone a quien opina a riesgos que no deberían existir en una democracia. Aun así, guardar silencio tampoco es una opción responsable cuando el país sigue atrapado en ciclos de violencia que se repiten y se transforman.

Escribir sobre el conflicto interno en Colombia y sobre sus posibles salidas obliga a tomar postura. No existe una neutralidad plena cuando se habla de vidas, territorios y décadas de dolor acumulado. Desde esa conciencia, sostengo que deben explorarse todas las estrategias posibles, privilegiando el diálogo sobre el uso de la fuerza para enfrentar a los grupos armados. Pero ese diálogo solo tiene sentido si apunta a resolver las causas profundas del conflicto y no se limita a  contener, de manera temporal, sus manifestaciones más visibles.

Colombia no enfrenta un único conflicto, sino varios superpuestos que atraviesan el territorio con problemas particulares. Sus orígenes no son idénticos, tampoco lo son sus actores ni sus formas de expresión. Existe una historia de exclusión política que llevó a muchos a empuñar las armas bajo banderas ideológicas. A esto se sumó una economía ilegal, liderada por el narcotráfico, que terminó por distorsionar o sustituir esos discursos. Persisten además otras prácticas ilegales que se entrelazan con la vida  cotidiana de regiones enteras. Y en medio de  todo, comunidades que han vivido durante  décadas atrapadas en una guerra que nunca eligieron. Ignorar esa complejidad conduce a soluciones superficiales que alivian  momentáneamente a algunos sectores, pero dejan intacto el fondo del problema.

Frente a esta realidad, resulta comprensible la tentación de recurrir a la fuerza. Las operaciones militares, los golpes estratégicos, las capturas y las incautaciones generan una sensación inmediata de control. Son logros reales, pero con demasiada frecuencia resultan transitorios. La experiencia del país muestra que cada estructura desmantelada suele fragmentarse en otras más  pequeñas, más difíciles de rastrear y, en muchos casos, más violentas con la población civil. La fuerza, sin una estrategia política que la complemente, termina siendo un esfuerzo que se repite sin transformar de manera duradera la realidad.

El diálogo, por su parte, exige una lógica distinta. Es incómodo, genera rechazo y plantea dilemas morales profundos. Sentarse a negociar con quienes han causado daño implica reconocerlos como interlocutores, lo que resulta doloroso, especialmente para las víctimas. Sin embargo, la alternativa de prolongar indefinidamente la guerra tampoco ofrece un horizonte aceptable. El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio difícil: avanzar en acuerdos sin caer en la impunidad total, construir paz sin sacrificar la justicia, y sostener la voluntad política incluso cuando el proceso enfrente retrocesos.

Nada de esto será suficiente si el Estado no transforma las condiciones que alimentan la violencia. Mientras un joven en regiones como el Caquetá, el Chocó o el Catatumbo no tenga acceso real a educación, a tierra productiva, a mercados legales o a instituciones confiables, los grupos armados seguirán ocupando ese vacío. Para muchos, no representan una opción ideológica, sino la única alternativa de supervivencia. Enfrentar las causas estructurales, como la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades, no es una concesión. Es una necesidad urgente si se quiere evitar que el conflicto se reproduzca indefinidamente.

A esta complejidad se suma una sociedad profundamente dividida frente al tema. No se trata solo de opiniones distintas, sino de visiones que se han convertido en trincheras. Para algunos, la única salida legítima es la derrota militar de los grupos armados, y cualquier intento de diálogo es visto como una claudicación. Para otros, la negociación es el único camino éticamente aceptable, y el uso de la fuerza estatal es percibido como una forma de violencia que perpetúa el problema. Entre estos extremos existen matices importantes, pero suelen quedar opacados por la intensidad del debate.

Esa polarización tiene efectos inmediatos. Cada palabra que se pronuncia sobre el conflicto es interpretada como una señal de pertenencia. Losargumentos dejan de evaluarse por su contenido y pasan a leerse como confirmación o amenaza según la posición del lector. En este ambiente, resulta casi imposible evitar ser encasillado. Quien opina queda ubicado en un lado u otro, no necesariamente por lo que dice, sino por lo que los demás creen que quiso decir.

Ese riesgo no es menor. En Colombia, ser percibido como cercano a uno de los bandos ha tenido consecuencias graves. La historia está marcada por voces silenciadas, por opiniones que se volvieron peligrosas simplemente porque alguien decidió clasificarlas. Escribir en este contexto exige una honestidad adicional: reconocer que apostar por el diálogo sin  renunciar a la justicia, y por atacar las causas sin ignorar la violencia, no es una posición cómoda ni segura. Es, quizás, lo más humano. Una de las pocas que intenta reducir el sufrimiento acumulado sin simplificar la realidad.

Reflexionar sobre la paz, la paz social, la real, no es un ejercicio distante ni inocuo. No puede ser una ilusión. Es, en esencia, una toma de posición frente al tipo de país que estamos dispuestos a construir o a seguir tolerando. Las palabras que elegimos importan más de lo que parece. No solo describen la realidad, también la moldean, abren o cierran caminos, legitiman decisiones y fijan los límites de lo posible.

Por eso, hablar con claridad no debería ser un riesgo para el análisis y la construcción de soluciones para vivir en paz. Compromete y nos hace más responsable. En un país donde el conflicto ha mutado sin desaparecer, la honestidad no es un lujo, es una obligación. Porque seguir nombrando el problema sin enfrentarlo de fondo es, en el mejor de los casos, una forma de evasión, y en el peor, una manera silenciosa de permitir que todo continúe igual.

Colombia merece vivir en paz, en armonía, en un país donde las diferencias no se tramiten con violencia, sino que puedan resolverse de manera democrática, con instituciones que funcionen y con una sociedad que no tenga que acostumbrarse al miedo como forma de vida.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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«La experiencia profesional de un docente no pierde valor, pero ocupa un lugar distinto. No es el criterio último de legitimidad, sino un componente que debe ser interpretado e iluminado a la luz de marcos conceptuales más amplios. La calidad de un docente no se mide por la cantidad de obras realizadas ni por la lista de cargos ocupados, sino por su capacidad de entender, explicar, problematizar y ayudar a otros a apropiarse de un saber que domina. La universidad, en consecuencia, no es una simulación imperfecta de la «vida real», sino un espacio donde esa realidad se piensa, se analiza críticamente y se reconfigura». 

Dos episodios vividos en mi trayectoria docente pusieron en evidencia una confusión persistente y preocupante sobre el sentido de la educación superior y la naturaleza del conocimiento profesional.

El primero ocurrió hace más de 30 años, después de una conferencia en la antigua Sociedad Colombiana de Ingeniería Química, capítulo de Antioquia. Al conversar con un egresado que había sido mi estudiante, supe que había tardado casi 10 años en graduarse, sin interrupciones ni ampliaciones del calendario. Ya eso sugería dificultades en su paso por la universidad. Pero lo más inquietante vino después: afirmó que se había hecho ingeniero en la empresa donde trabajaba, mientras que en la universidad simplemente había escuchado «carreta».

Si, como sostenía, la verdadera formación ocurre exclusivamente en el mundo laboral, su decisión de permanecer una década en la universidad carece de toda racionalidad. No se trata de desestimar el valor de la experiencia, sino de señalar que su argumento, llevado hasta el final, invalidaba su propio título.

El segundo episodio ocurrió recientemente en la red LinkedIn. Un autodenominado profesor universitario afirmaba que ser docente en administración exige haber tenido una empresa, y que enseñar ingeniería civil requiere haber construido un puente. La idea suena a sentido común, pero revela una comprensión limitada del conocimiento.

El filósofo Immanuel Kant ya explicó que el saber no es una copia pura de la experiencia, sino una construcción del entendimiento. La experiencia aporta contenidos, pero es la razón quien los organiza y los convierte en conocimiento comunicable y sistemático. Además, la postura del usuario de LinkedIn se autodestruye al examinar sus consecuencias: ¿acaso un historiador debería haber vivido los períodos que estudia? ¿Un médico tener todas las enfermedades que trata? ¿Un abogado haberse sumergido en el mundo del delito para defender a un delincuente? La respuesta es evidentemente negativa.

El problema de fondo va más allá de esta falsa oposición. Detrás de esas afirmaciones hay una comprensión empobrecida del propósito mismo de la universidad. La formación universitaria no puede reducirse a una capacitación instrumental para entornos laborales específicos, como si el mundo profesional se limitara a rutinas empresariales repetitivas.

Por el contrario, un buen docente de ingeniería civil puede no haber construido un puente, pero sí haber analizado decenas de casos de fallas estructurales, estudiado las propiedades de los materiales en condiciones extremas y enseñado a sus estudiantes a realizar cálculos de fatiga y estabilidad. Su saber no es menos real por haberse generado en un aula o en un laboratorio.

Autores como Donald Schön, con su noción del profesional reflexivo, nos ayudan a superar esta dicotomía. La experiencia no es bruta, sino que ya contiene pensamiento y reflexión en la acción. Y Lee Shulman, al distinguir entre el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico y, especialmente, el conocimiento pedagógico del contenido —pedagogical content knowledge—, muestra que enseñar no consiste solo en relatar lo que uno ha hecho, sino en transformar el saber disciplinar en representaciones y estrategias comprensibles para los estudiantes.

En un momento donde muchas universidades son presionadas por rankings de empleabilidad y discursos que las reducen a centros de capacitación, esta falsa dicotomía sirve a intereses concretos. Justifica recortes en humanidades, exige profesores con experiencia comprobable en la industria —como si enseñar no fuera también una práctica exigente— y desprecia la investigación que no tenga aplicación inmediata.

La función de la educación superior hoy ya no es instruir para ejecutar rutinas que una inteligencia artificial o una máquina pueden realizar mejor. La universidad debe formar sujetos capaces de discernir, cuestionar, decidir con responsabilidad y crear esas tecnologías, no solo usarlas. La formación profesional no busca reproducir lo ya sabido, sino preparar personas capaces de enfrentar problemas inéditos en contextos cambiantes. Eso exige pensamiento crítico y dominio conceptual profundo, no un inventario de soluciones conocidas.

Desde esta perspectiva, la experiencia profesional de un docente no pierde valor, pero ocupa un lugar distinto. No es el criterio último de legitimidad, sino un componente que debe ser interpretado e iluminado a la luz de marcos conceptuales más amplios. La calidad de un docente no se mide por la cantidad de obras realizadas ni por la lista de cargos ocupados, sino por su capacidad de entender, explicar, problematizar y ayudar a otros a apropiarse de un saber que domina.

La universidad, en consecuencia, no es una simulación imperfecta de la «vida real», sino un espacio donde esa realidad se piensa, se analiza críticamente y se reconfigura. Su propósito no es «producir» ejecutores eficientes de lo existente, sino formar sujetos capaces de transformarlo con criterio, conocimiento y responsabilidad ética.

Ambas situaciones —la del egresado y la del usuario de LinkedIn— no son meras anécdotas. Son síntomas de una tendencia más amplia que desvaloriza el conocimiento académico en favor de una noción empobrecida de la experiencia. Frente a ello, vale la pena preguntarnos cuántas veces hemos escuchado en pasillos y aulas esa falsa oposición entre «lo que sirve» y «lo que se aprende en la teoría». La universidad no debe reproducir esa confusión, sino ser el lugar donde se disuelve. Porque no forma mejor quien más ha hecho, sino quien mejor comprende lo que hace y logra que otros lo cuestionen, lo transformen y lo hagan suyo.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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La decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos en su última reunión, a pesar de que tanto la inflación como el desempleo venían en descenso, no puede entenderse como un simple acto técnico. Todo indica que se trata de una jugada política deliberada, diseñada para deteriorar el clima económico justo antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y favorecer así a los candidatos de oposición, que hoy parten con baja favorabilidad pero con una poderosa palanca en sus manos.

Para los economistas expertos, cuando una economía muestra señales de mejora, subir agresivamente las tasas de interés no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del manejo macroeconómico. Afirman que encarecer el crédito en ese momento frena la inversión, reduce el consumo y, a mediano plazo, destruye empleo.

Algunos economistas y exministros de Hacienda han recurrido al principio de autoridad para pretender blindar esa decisión frente a cualquier crítica sobre su pertinencia o validez, elevando a la condición de incuestionable la supuesta autonomía de la Junta frente a cualquier interés distinto al de preservar un desempeño eficiente de la economía.

Sin embargo, la autoridad académica y la autonomía  institucional no pueden asumirse como dogma. Lo que está en duda y en discusión es precisamente si subir la tasa es la decisión conveniente, sustentada apenas en la presunción teórica de un incremento de la inflación cuando no existe ningún dato que confirme su aumento en los dos meses siguientes al alza del salario mínimo en el 23%. La autonomía no otorga inmunidad frente al escrutinio público ni frente al cuestionamiento sobre la pertinencia de decisiones que se maquillan de independencia y autoridad técnica. 

La única explicación coherente para esa decisión «técnica» de la Junta del Banco no es un objetivo económico, sino uno político: crear las condiciones para que el gobierno actual cargue con el costo electoral de una recesión que otros provocaron.

Para ubicar en un contexto interpretativo más amplio, la pretensión de esa decisión, basta comparar lo que hicieron en el mismo período los dos bancos centrales más influyentes del mundo. En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia sin  cambios en el rango de 3,5 a 3,75 % en su reunión de marzo de 2026, luego de haber realizado tres recortes consecutivos a lo largo de 2025. Esa decisión de bajar tasas respondió a señales de debilitamiento del mercado laboral, aun cuando la inflación seguía por encima de la meta del 2%. Con una inflación proyectada del 2,7 % y un desempleo del 4,4% para 2026, la Fed eligió proteger el empleo y esperar.

En la zona euro, el contraste es aún más revelador. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa principal en el 2,15 %, en una pausa que acumulaba ya cinco reuniones consecutivas sin cambios, tras un ciclo de ocho recortes previos. La inflación en Europa cayó al 1,7 % en enero de 2026, prácticamente en la meta, y el desempleo se ubicó en el 6,2% con  tendencia estable. Ante ese panorama, el BCE no movió las tasas ni hacia arriba ni hacia abajo.

Colombia, en ese mismo momento, vivía sus mejores cifras laborales en lo que va del siglo. El desempleo cerró 2025 en el 8,9% promedio anual, el nivel más bajo registrado desde 2001, y en febrero de 2026 cayó  al 9,2%, con una reducción de 1,1 puntos  porcentuales frente al mismo mes del año anterior. La inflación, aunque todavía por encima de la meta del 3%, venía descendiendo desde su pico de 2023 y cerró 2025 en el 5,1%. El cuadro era, en términos relativos, el más alentador que había tenido Colombia en años.  Y fue precisamente en ese contexto macroeconómico cuando la Junta del Banco de la República decidió subir las tasas de forma agresiva, acumulando 200 puntos básicos en menos de dos meses.

La diferencia no es solo de magnitud sino de dirección y de criterio. La Fed y el BCE actúan con cautela en entornos de incertidumbre, priorizando el empleo cuando la inflación ya está bajo control o en descenso. El Banco de la República, en cambio, apretó el acelerador justo cuando los datos domésticos mostraban la mejor combinación de empleo e inflación a la baja que Colombia había visto en décadas.

Un banco central que sube tasas mientras los demás las mantienen o las bajan, y que lo hace cuando su propia economía muestra señales históricamente positivas, no está siguiendo la ciencia económica: está persiguiendo otro objetivo. Usando la economía como arma política para enfrentar decisiones del gobierno del cambio.

¿El aumento del salario mínimo del 23 %, un logro bandera del gobierno, le sirvió a la oposición dentro de la Junta del Banco como pretexto para justificar la de tasas? El argumento implícito fue que el gobierno era irresponsable y que ellos venían a poner orden. Pero ese orden no favorece a las familias ni a las pequeñas empresas, sino a los sectores financieros y rentistas.

Lo cierto es que el aumento de la tasa de interés golpea de manera directa y comprobada al empleo real, a la clase media, al obrero y a las pequeñas empresas, para quienes se encarece tanto el crédito así como el precio de algunos productos y servicios.

Con esta maniobra, la oposición busca movilizar a empresarios, ahorradores y clases medias a quienes  afecta el encarecimiento del crédito, que temen el desborde inflacionario, aunque el propio desborde que invocan no existía antes de su intervención.

Una economía artificialmente enfriada genera desempleo, caída de ingresos y descontento en la gente. El gobierno llegará entonces a las urnas cargando el peso de una recesión técnica inducida por quienes, desde el Banco de la República, son sus propios adversarios. En ese escenario, la oposición no necesita ganar por sus propios méritos. Le basta con desprestigiar al gobierno del cambio por asfixia económica y capitalizar después el voto de protesta.

Los elementos que apuntan a esta estrategia son difíciles de ignorar. El alza de 200 puntos se concentró en un período brevísimo, justo a dos meses de la primera vuelta de la elección presidencial. Los miembros de la Junta del Banco de la República, con afinidades opositoras, votaron en bloque a favor de la medida. La autonomía formal del Banco no borra el  hecho de que sus integrantes tienen posiciones políticas conocidas. Cuando esas posiciones coinciden exactamente con una decisión que daña al gobierno y beneficia a sus contendientes, la supuesta neutralidad de la institución se vuelve insostenible.

El resultado más grave de todo esto no es electoral sino humano. Los trabajadores formales pueden perder sus empleos, los pequeños empresarios no pueden acceder al crédito y los hogares endeudados ven sus cuotas volverse impagables. Mientras tanto, la oposición, con baja popularidad y todo, gana un argumento de campaña listo para usar: la economía está mal y la culpa es del gobierno. Lo que nunca dicen es que ellos mismos, desde el Banco de la República, contribuyeron a hacerla añicos.

La tasa de interés ha dejado de ser una herramienta al servicio del bienestar general para convertirse en un arma de guerra política. El objetivo es deteriorar las condiciones económicas, erosionar el apoyo popular al gobierno, posicionar a la oposición como una alternativa de orden y, en el mejor de los casos para ellos, llegar a una segunda vuelta con posibilidades reales de remontada.

Mientras la Reserva Federal y el Banco Central  Europeo (BCE) calibran sus decisiones mirando los datos, protegiéndose de la incertidumbre y evitando hacerle daño innecesario a sus economías, la Junta del Banco de la República subió las tasas en contravía de la evidencia, en contravía del ciclo global y en contravía de sus propias cifras de empleo. La ciudadanía, una vez más, termina pagando los platos  rotos de una disputa en la que la economía es el  campo de batalla y las personas corrientes son el daño colateral.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El peligro del lobo que aprendió a susurrar

La campaña presidencial colombiana de 2026 tiene dos figuras de la derecha que merecen una observación cautelosa. Abelardo de la Espriella, durante años identificado como abogado de élites, hoy intenta proyectarse como tribuno popular, mientras Paloma Valencia, reconocida por la firmeza de su discurso y la rigidez de sus convicciones, ensaya una suavidad que hasta hace poco le era ajena.

El cambio es evidente en el tono, en los gestos y en la forma de acercarse al electorado. Ambos han pulido maneras y adoptado un lenguaje más próximo, menos confrontacional. Pero conviene no dejarse confundir, porque una variación en el discurso rara vez implica una transformación real de aquello que se está dispuesto a hacer.

Lo que estamos viendo no es una conversión sino una  adaptación. Donde antes había dureza frontal, ahora  hay sonrisas medidas y palabras escogidas con  guantes de seda. De repente aparecen preocupados  por la gente que durante años no figuró en sus  prioridades, por los barrios que no recorrían, por  problemas que rara vez ocuparon sus discursos. No es  que hayan descubierto una nueva sensibilidad, es que  entendieron que el país también cambió y que el miedo, por sí solo, ya no alcanza para ganar elecciones.

Entonces lo combinan. Mantienen el mismo fondo, pero lo envuelven en un lenguaje más amable, en  gestos de empatía, en una apariencia de moderación  que inquieta a algunos y confunde a muchos. Hablan de reconciliación sin que medie una autocrítica real. Mencionan la pobreza sin tocar las estructuras que la  producen. Prometen futuro defendiendo un modelo  que lleva décadas arrojando los mismos resultados,  desigualdad persistente, violencia sin resolver y un Estado demasiado cercano a intereses privados.

En esos vacíos es donde vale la pena detenerse. No en lo que dicen hoy, sino en la distancia entre ese discurso y su propia trayectoria. Porque esa grieta no es menor, y tampoco es nueva. Es, más bien, el lugar donde suele esconderse el cálculo político.

Basta mirar hacia atrás para encontrar las mismas posiciones de siempre frente a reformas laborales que buscaban proteger al trabajador informal, frente a la  distribución de la tierra, frente al acceso a la educación pública o frente a políticas de equidad de  género que durante años fueron objeto de desdén o abierta oposición.

Nada de eso ha sido revisado con rigor ni explicado con franqueza. Apenas se ha cubierto con una capa de lenguaje más amable, como si el cambio de tono  alcanzara para diluir el pasado. Es, en el fondo, marketing político en estado puro.

El camuflaje, además, se ha extendido a terrenos más simbólicos. Hoy los vemos invocando la fe, citando textos religiosos, hablando de propósito y de conversión, como si la espiritualidad pudiera ponerse y quitarse según el calendario electoral. En el caso de Abelardo de la Espriella, el contraste es evidente si se recuerda su trayectoria como abogado de figuras del poder, entre ellas David Murcia y Alex Saab. En el de Paloma Valencia, el viraje hacia un discurso incluyente  no ha venido acompañado de una revisión de fondo sobre lo que ha defendido durante años.

La pregunta, entonces, no es retórica, aunque lo parezca. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? ¿En qué momento se produjo esa transformación tan conveniente? ¿Antes de que las encuestas mostraran sus límites o después de que los números empezaran a apretar?

Cuando se juntan las piezas, el nuevo lenguaje no encaja. Puede sonar bien para el desprevenido o el incauto, pero pierde consistencia al contrastarlo con las decisiones, las alianzas y las causas que han respaldado. Y en política, cuando el relato no se sostiene frente a los hechos, lo que queda es estrategia, no convicción.

Ahí radica el verdadero riesgo que encarnan esos candidatos. En hacer creer que la forma ha transformado el fondo, en presentar la moderación discursiva como una evolución genuina cuando no pasa de ser una táctica y en construir una cercanía que no tiene raíces. Colombia ya ha visto esa película más de una vez, con distintos protagonistas y desenlaces previsibles, candidatos que prometen renovación y terminan profundizando lo mismo, discursos de seguridad que derivan en abusos, promesas de buen gobierno que acaban en redes de favores y contratos opacos.

La suavización del discurso no es una novedad, es una táctica. Se habla al centro para ganar y se gobierna para los de siempre cuando se alcanza el poder. Y en ese tránsito, quien termina perdiendo es el electorado, que vota por una versión edulcorada de un proyecto que, en lo esencial, no ha cambiado.

No se trata de una discusión entre derecha e izquierda, ni de una disputa ideológica en abstracto. Se trata, más bien, de algo mucho más elemental, la coherencia entre lo que se dice y lo que se ha hecho, y la memoria como referencia obligada, no como como lo que se prefiere olvidar.

Porque si algo enseña la experiencia es que el grito, al menos, advierte. El susurro, en cambio, desactiva las alarmas mientras avanza. Y ese es, quizás, el cambio  más delicado de todos.

Por eso conviene mirar menos el tono y más las huellas. Revisar trayectorias, entender quiénes rodean a cada candidato, quién financia sus campañas, qué  intereses los sostienen. La política no cambia por lo que se declara en campaña, cambia por las decisiones que se toman cuando se tiene el poder.

El Estado no es un trofeo de campaña ni una palanca al servicio de intereses privados. Es el patrimonio común de todos los colombianos, una herramienta con la que la sociedad se protege, distribuye oportunidades y corrige injusticias históricas. Entregarlo a quienes han concentrado el poder, seducidos por un discurso repentinamente amable, no solo resulta costoso, sino que implica un retroceso en  el proyecto de cambio.

Al final, la tarea del elector es menos emocional de lo que parece y bastante más exigente de lo que se quisiera. No basta con escuchar, hay que contrastar. No basta con creer, hay que verificar. No basta con mirar el presente, hay que ponerlo frente al pasado.

El lobo puede aprender a susurrar, a sonreír, incluso a rezar frente a las cámaras. Puede perfeccionar el disfraz hasta volverlo casi convincente. Pero hay algo que no cambia, las huellas. Y en política, como en la vida, es en esas huellas donde, tarde o temprano, termina apareciendo la verdad.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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En cada ciclo electoral nos enfrentamos a una realidad incómoda que debemos mirar de frente. Millones de colombianos marginados por décadas, el desempleado que busca una oportunidad que no llega, el trabajador informal que inventa su sustento diario en la calle sin protección y el joven cuyos sueños se truncan por falta de recursos, terminan votando muchas veces por quienes históricamente han legislado y gobernado en su contra.

No se trata de falta de inteligencia ni de criterio. Han sido atrapados durante años por los partidos tradicionales, que los mantienen cautivos con el miedo y falsas promesas de progreso individual.

Lo mismo ocurre con muchos trabajadores que madrugan cada día y, sin embargo, terminan apoyando a quienes se han opuesto sistemáticamente a mejorar sus salarios, condiciones laborales y prestaciones. Convencidos de que el esfuerzo individual basta, respaldan con su voto a quienes, en la práctica, les cierran oportunidades mediante leyes injustas, sin advertir que así refuerzan las mismas condiciones que los perjudican.

Romper este ciclo no depende solo de discursos técnicos, campañas de alto presupuesto ni de grandes concentraciones. El camino más poderoso y complementario es la conversación sincera en el barrio, la plaza de mercado, la esquina o cualquier espacio cotidiano. Escuchar primero las angustias de quien no llega a fin de mes, antes de intentar convencer.

La clave para que el ciudadano vote con mayor conciencia radica en mostrarle que los cambios del actual gobierno ya están transformando su vida real. Hoy el trabajador informal que vendió tinto o laboró en la construcción sabe que la reforma pensional avanza en el reconocimiento de un apoyo digno para la vejez. Ya no es solo una ayuda ocasional, se consolida como un derecho por haberle servido al país desde la informalidad toda la vida.

Al desempleado hay que mostrarle que la economía se está diversificando más allá de los sectores tradicionales, con un impulso creciente a actividades como el turismo, la economía cultural, la agricultura sostenible y los servicios locales, que generan oportunidades más estables y cercanas al territorio. En ese contexto, el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias permite que los propios vecinos participen en la ejecución de obras y proyectos en sus barrios, creando empleo directo y tangible para el maestro de obra, el ayudante y muchos otros trabajadores de la cuadra.

El joven que antes estaba sin rumbo ni oportunidades hoy tiene la certeza de que puede acceder a la educación superior pública con matrícula gratuita. Su familia ya no tiene que endeudarse ni empeñar lo poco que tiene para pagar un semestre.

En la mesa de cada hogar también se siente el cambio. Mientras en gobiernos anteriores la comida subía sin control, el salario mínimo ha recuperado valor real en estos años. Se compra más mercado con el sueldo actual que hace cuatro años, gracias al control de la inflación de alimentos y a ajustes significativos que buscan acercarlo a un salario digno. Además, el campesino, antes extraño en su propia tierra, hoy recibe títulos de propiedad y acceso a hectáreas fértiles, más de 1,8 millones de hectáreas formalizadas y cientos de miles gestionadas para redistribución, lo que permite producir comida más barata para las ciudades.

Estos, entre otros avances son los que algunos grandes medios intentan opacar o minimizar, mientras la oposición bloquea reformas en el Congreso. Repite que dignificar la vejez o mejorar el sueldo lleva al desastre económico, cuando en realidad es la ruta hacia una justicia social que nos fue negada durante décadas.

Llegó el momento de bajar el tono de la pelea ideológica y hablar de estos hechos prácticos que generan bienestar concreto a la gente. Cada uno de nosotros tiene ahora un compromiso personal. Llevar este mensaje de esperanza no solo con publicidad, sino de igual a igual, desde el líder comunitario, el estudiante informado o el docente del barrio.

El ciudadano que hoy parece estar en la otra orilla no es un adversario. Es un aliado que aún no ha descubierto plenamente el alcance de su poder de decisión. No se le pide cambiar de bando por capricho, sino reconocer que el proyecto de cambio ha sido, desde siempre, su verdadero lugar.

Revisar con honestidad su posición social y política puede ser el primer paso para romper la trampa histórica del engaño y vincularse a la ruta de transformación de la sociedad colombiana por vías institucionales. Solo así podremos construir un país más justo, equitativo, democrático y en paz para todos.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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