A menos de dos semanas del 7 de agosto, Colombia presencia una controversia poco común en su vida institucional reciente. La discusión sobre el lugar donde prestaría juramento el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dejó de ser un asunto de organización para convertirse en un intenso debate político, jurídico y mediático. Lo que inicialmente parecía un detalle protocolario terminó ocupando el centro de la conversación pública.

El Congreso, los medios de comunicación y las redes sociales han alimentado la polémica desde perspectivas distintas. El Senado aprobó que la posesión pueda  realizarse en un lugar diferente al tradicional y ahora la decisión espera el pronunciamiento de la Cámara de Representantes, lo que abrió un nuevo frente de discusión jurídica.

Desde sectores cercanos al gobierno saliente se sostiene que el cambio de sede no habilita automáticamente cualquier escenario. También se recuerda que el uso de instalaciones bajo administración militar requiere una autorización específica del comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Gustavo Petro manifestó públicamente su desacuerdo con esa posibilidad y el asunto llegó al conocimiento de los organismos de control. Todo ello ocurre en medio de una transición caracterizada por la escasa comunicación entre los equipos del gobierno saliente y del entrante.

Los principales medios de comunicación han seguido cada episodio de esta controversia. Programas radiales de amplia audiencia dedican buena parte de su agenda a examinar el alcance jurídico y político de un eventual cambio de sede. Los diarios impresos y digitales registran las actuaciones del Congreso, los pronunciamientos del presidente saliente y las declaraciones del equipo entrante sobre el carácter austero que tendría el acto.

Así, una ceremonia esencialmente protocolaria terminó convertida en una noticia permanente, impulsada por el flujo continuo de información y opiniones que circulan en las redes sociales.

En ese contexto, un análisis de Álvaro de Jesús Forero, presentado en un video (https://www.facebook.com/share/v/1BdimYhSMd/), propone una reflexión que trasciende el debate jurídico. Se concentra en el significado político del lugar escogido para la posesión y en el mensaje institucional que transmite esa decisión.

Álvaro de Jesús recuerda que la Plaza de Bolívar posee una carga simbólica excepcional por estar rodeada por el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y la Casa de Nariño. Asimismo, destaca que la Constitución establece el juramento ante el Congreso porque esa corporación representa la voluntad popular. Desde esa perspectiva, considera que un homenaje a la Fuerza Pública puede realizarse en cualquier otro momento, mientras que la posesión presidencial conserva un significado institucional propio e irremplazable.

Su análisis incorpora además una hipótesis desde la comunicación política. A su juicio, la elección de un escenario diferente podría expresar un reconocimiento a la Fuerza Pública y, al mismo tiempo, responder al propósito de controlar el impacto visual y narrativo de la ceremonia.

Para sustentar esa interpretación, recuerda la capacidad de Gustavo Petro, durante su gobierno, y de Iván Cepeda, durante la campaña, para convocar concentraciones multitudinarias en espacios abiertos. Esos antecedentes le sirven de referencia para contrastarlos con la estrategia de Abelardo de la Espriella, caracterizada por un mayor énfasis en la producción audiovisual y en la realización de eventos cuidadosamente diseñados.

De la hipótesis planteada por Álvaro de Jesús Forero podría inferirse que el recurso a los símbolos no constituiría únicamente una herramienta de campaña, sino también un rasgo distintivo del ejercicio del poder. Desde esa perspectiva, la construcción permanente de acontecimientos cargados de simbolismo orientaría la atención de la opinión pública hacia la escenificación política y relegaría a un segundo plano la evaluación de las decisiones, los resultados y la gestión cotidiana del gobierno.

La interpretación invita a reflexionar sobre el riesgo de que la narrativa política termine adquiriendo mayor protagonismo que la acción pública y sus efectos concretos.

Bajo esa lógica, el lugar escogido para la posesión adquiere un significado adicional. Una ceremonia en la Plaza de Bolívar facilitaría comparaciones inmediatas sobre la capacidad de convocatoria del nuevo gobierno. En cambio, un recinto de acceso restringido permitiría un mayor control sobre las imágenes, el desarrollo del acto y la narrativa que acompañará el inicio del mandato.

Junto a la hipótesis planteada por Álvaro de Jesús Forero, cabría explorar otras razones —no necesariamente excluyentes— que explicarían el interés de Abelardo de la Espriella por evitar la Plaza de Bolívar. Entre ellas: consideraciones de seguridad en un clima político polarizado; el deseo de marcar una ruptura simbólica deliberada con los actos masivos característicos de la era Petro; la posibilidad de filtrar con mayor control la lista de invitados y el relato visual del acto; o, más de fondo, un estilo de gobierno inclinado hacia la gestión controlada de la comunicación oficial y distante de los espacios tradicionales de deliberación pública. La imaginación es el límite, las posibilidades no se agotan.

Ninguna de estas conjeturas cuenta hoy con evidencia concluyente. Se trata de ejercicios interpretativos, no de hechos verificados. Sin embargo, la sola multiplicidad de lecturas posibles revela hasta qué punto la elección de un lugar de posesión ha dejado de ser un asunto protocolario para convertirse en materia de disputa sobre el significado mismo del poder.

Más allá de la decisión que finalmente se adopte, la controversia ya produjo un efecto político. Antes incluso de la primera determinación de gobierno, el debate instaló en la opinión pública la idea de una posible ruptura con una tradición republicana de larga data. Un acto ceremonial terminó convertido en el primer escenario de confrontación simbólica entre el gobierno que concluye y el que comienza.

En un país donde los símbolos, los gestos y las imágenes forman parte del ejercicio del poder, la manera como se resuelva esta controversia tendrá un alcance que trasciende el protocolo. El lugar de la posesión comunicará una determinada concepción del poder y de la relación del nuevo gobierno con las instituciones y el pueblo. Ese primer mensaje podría resultar tan elocuente como las primeras decisiones de política pública del nuevo gobierno y anticipar el estilo con el que buscará construir su legitimidad ante la sociedad.

 *Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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«Héctor Iván García ejerció la rectoría con un profundo sentido humano. Entendió que la autoridad no depende únicamente de las atribuciones del cargo. También se construye mediante la presencia, la escucha y el reconocimiento de las personas. Su gestión mostró que la cercanía no debilita el liderazgo. Por el contrario, lo fortalece». 

En un tiempo en el que las universidades públicas suelen aparecer asociadas a crisis  financieras, conflictos internos y tensiones de gobernabilidad, la rectoría encargada de Héctor Iván García García dejó una enseñanza diferente. Durante casi seis  meses mostró que es posible ejercer el  liderazgo desde la cercanía y no desde la distancia que con frecuencia impone el cargo. Su gestión anunció una forma distinta de entender el gobierno universitario. 

Los resultados administrativos fueron relevantes. La Universidad certificó ante el Ministerio de Educación el cumplimiento del plan de mejoramiento exigido y obtuvo  los recursos necesarios para cerrar la vigencia sin sobresaltos de tesorería. En su  carta de despedida, el propio rector resume ese momento con una frase que transmite confianza. La Universidad, afirma, ha vuelto a creer en sí misma. 

Sin embargo, su principal legado trasciende esas realizaciones. Héctor Iván García ejerció la rectoría con un profundo sentido humano. Entendió que la autoridad no depende únicamente de las atribuciones del cargo. También se construye mediante la presencia, la escucha y el reconocimiento de las personas. Su gestión mostró que la cercanía no debilita el liderazgo. Por el contrario, lo fortalece. 

En su carta de despedida relata que, durante los primeros días, recorrió los campus sin que la mayoría  supiera quién era. Era simplemente otra persona caminando por los pasillos. Cuando empezó a ser reconocido, mantuvo la misma costumbre. Continuó transitando la Universidad, conversando con estudiantes, profesores, empleados y trabajadores. Quiso conocer la institución desde la  experiencia cotidiana de quienes la viven y  no solamente desde la perspectiva de quien  la dirige. Esa decisión rompió una barrera que suele levantarse alrededor de los cargos de dirección. Escuchó inquietudes sin  intermediarios, recibió saludos espontáneos  y conoció historias que difícilmente llegan a los informes administrativos. Reconoció el trabajo silencioso de quienes sostienen la vida universitaria y comprendió que gobernar exige, antes que hablar, aprender a escuchar.

Su forma de ejercer la rectoría expresó una convicción sencilla y profunda. La Universidad no está definida por sus edificios, sus estatutos o sus presupuestos. La hacen posible las personas que la habitan cada día. El estudiante que inicia su formación, el profesor de cátedra, la trabajadora de la cafetería, el vigilante, el investigador y el empleado administrativo conforman una misma comunidad. Durante su rectoría esa idea dejó de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana. 

Su balance tampoco eludió las dificultades.  Señaló el individualismo y la falta de  empatía como factores que debilitan el  tejido universitario. Advirtió que ningún plan financiero será suficiente si la comunidad no recupera el sentido de lo colectivo. Esa reflexión merece especial atención porque desplaza el debate desde  los recursos económicos hacia la cultura  institucional, un terreno donde se juega buena parte del futuro de la Universidad.

En esa misma dirección quedan iniciativas como los Puntos de Encuentro, concebidos  para fortalecer el diálogo entre los distintos estamentos. También permanece su llamado a consolidar una democracia universitaria que vaya más allá de la consulta formal y promueva una

participación auténtica. De igual manera, deja una comprensión de la  autonomía como responsabilidad compartida y no como privilegio. 

Su mensaje de despedida al profesor Luquegi Gil, nuevo rector de la Universidad, resume con claridad esa visión. Lo invitó a no tener miedo de  caminar los campus. No fue una recomendación protocolaria. Fue una  manera de entender el liderazgo universitario. Gobernar también significa  compartir la cotidianidad de la institución, escuchar con respeto y reconocer la dignidad de cada persona.

Héctor Iván García García no será  recordado únicamente por las decisiones administrativas que debió asumir durante un periodo de transición. Su rectoría  demostró que es posible dirigir la Universidad con cercanía, sencillez y profundo respeto por la comunidad universitaria. En una institución donde con frecuencia el poder corre el riesgo de aislar a quienes lo ejercen, él eligió recorrer los pasillos, conversar y escuchar. 

Su paso por la rectoría deja una enseñanza que trasciende a una administración  particular. El mejor liderazgo no nace del  protocolo, del nombramiento ni de la  investidura. Se construye con los pies en la tierra, el oído atento y la disposición permanente de servir. En eso consiste,  quizá, la forma más auténtica de ejercer el gobierno universitario.

Más que despedir a un rector encargado, la Universidad tiene razones para agradecer una manera de ejercer el liderazgo que recordó una verdad esencial. La Universidad no se sostiene únicamente por sus normas, sus edificios o sus recursos. Se sostiene, sobre todo, por las personas que cada día le dan vida.  

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Se ha vuelto común afirmar que la política no debe mezclarse con la amistad. La frase parece sensata porque invita a preservar los afectos por encima de las diferencias. Sin embargo, parte de una separación artificial. La política no es únicamente una disputa entre partidos ni una conversación sobre elecciones. Es, ante todo, una expresión de los valores con los que cada persona decide vivir.

La amistad auténtica tampoco puede reducirse a un conjunto de rituales ni a una construcción poética. Es un sentimiento que habita en nuestro interior. Se cultiva con paciencia, se fortalece con la confianza y se cuida como un jardín. Nacida de la sinceridad, permanece viva a pesar de los océanos de distancia o de los años de silencio. Parece hibernar, pero basta un encuentro fugaz para que recobre toda su fuerza. No envejece ni pierde intensidad. Conserva intacta la alegría de los momentos compartidos y se convierte en el refugio al que acudimos en las horas difíciles. Entonces, el abrazo, el consejo y la palabra esperanzadora del amigo siguen siendo el mejor elixir para el espíritu.

Nada de ello ocurre por casualidad. La amistad verdadera no flota en el vacío. Descansa sobre un suelo firme de principios compartidos. Confiamos en quienes actúan con honestidad, respetan la dignidad ajena y son coherentes con su palabra. Los afectos fortalecen la amistad, pero son los valores los que la sostienen frente al paso del tiempo, los desacuerdos y las pruebas de la vida.

Desde esa perspectiva, la política adquiere un significado mucho más profundo. Al elegir un candidato no solo respaldamos un programa de gobierno: revelamos nuestra manera de entender la justicia social, la libertad, la equidad, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana. Expresamos qué principios consideramos irrenunciables y cuáles estamos dispuestos a relativizar. Cada voto deja entrever nuestra conciencia moral, los límites éticos que orientan nuestras decisiones y el proyecto de sociedad que aspiramos a construir.

Por esa razón, conocer la opción política de una persona puede ofrecer una pista importante sobre la posibilidad de construir una amistad genuina. No porque todos deban pensar igual. La democracia necesita del pluralismo, del debate y del desacuerdo. Lo que una amistad difícilmente puede soportar es la ausencia de un mínimo compartido de principios. Sin ese fundamento, la confianza termina debilitándose y el vínculo pierde solidez.

Quien respalda proyectos políticos que justifican la mentira, normalizan la corrupción, alimentan el odio o desconocen la dignidad de quienes piensan diferente revela mucho más que una preferencia electoral. Pone de manifiesto una determinada escala de valores. No se trata de juzgar a las personas por el nombre de un candidato o por el color de una bandera. Se trata de reconocer que las decisiones políticas también hablan del carácter, de las prioridades y de la forma como entendemos la convivencia.

La amistad no consiste únicamente en compartir recuerdos, aficiones o buenos momentos. Consiste, sobre todo, en caminar junto a personas cuya visión del mundo hace posible la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. La coherencia forma parte de ese compromiso. Los valores que defendemos en la vida pública difícilmente pueden separarse de aquellos que orientan nuestra conducta en la vida privada. Aceptar esa fractura significaría renunciar a la integridad.

En definitiva, la amistad auténtica y la política no pertenecen a mundos distintos. Ambas brotan de una misma conciencia moral. La amistad expresa con quiénes elegimos compartir el camino de la vida. La política, el tipo de sociedad que queremos construir. Tanto nuestros verdaderos amigos como nuestras decisiones políticas son el reflejo de la misma escala de valores que orienta nuestra existencia. Por eso, la verdadera integridad consiste en que nuestras convicciones públicas sean coherentes con la forma en que vivimos nuestras relaciones personales. Es en esa coherencia ética donde la amistad y la política dejan de ser ámbitos separados para convertirse en expresiones de una misma manera de entender y habitar el mundo.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Hay un credo siniestro que está reconfigurando el poder mundial. El profesor Jorge Aguilera lo ha descrito con claridad —en https://www.facebook.com/share/v/1Cp2vDyvCF/— y conviene prestar atención a su advertencia. Para esta visión del mundo, la democracia incomoda, la igualdad estorba, las mayorías resultan prescindibles y el Estado deja de existir para proteger a sus ciudadanos. Su única función consiste en servir a quienes concentran dinero, datos, algoritmos y, cada vez más, capacidades de coerción privada.

No estamos frente a una simple reforma institucional ni a un ajuste del sistema, afirma el profesor Aguilera. Lo que está en marcha es un proyecto orientado a destruirlo desde su interior. Su propósito consiste en sustituir el gobierno de los ciudadanos por el gobierno de las corporaciones tecnológicas y las élites financieras, donde el mercado se imponga sobre la política y el poder económico quede liberado de cualquier control democrático.

En distintos lugares del mundo avanza un movimiento impulsado por magnates tecnológicos y grupos de poder que aspiran a instaurar un orden gobernado por una minoría convencida de su propia superioridad. Consideran que el Estado, con sus regulaciones y su soberanía, limita la expansión ilimitada de las grandes corporaciones tecnológicas. Por eso no buscan transformar las instituciones, sino vaciarlas de contenido, desmontar las reglas de convivencia, someter a los países, apropiarse de sus recursos y convertir la riqueza pública en patrimonio de sus imperios privados.

Este mecanismo opera como una plaga silenciosa. Como langostas tecnológicas. Utiliza algoritmos como auténticas armas de destrucción matemática para intervenir los procesos democráticos desde adentro. Primero condiciona la conversación pública mediante la manipulación de la información y las emociones. Después influye sobre las decisiones electorales. Finalmente emplea el aparato estatal para desmontar las instituciones que limitan el poder económico. El resultado es un modelo de extracción y dominación cuyos costos sociales y humanos son inmensos.

La doctrina que inspira este proyecto es el pensamiento neorreaccionario, conocido también como la Ilustración Oscura. Hugo Thornton Rawley explica, al analizar las ideas de Curtis Yarvin, que esta corriente considera la Revolución Francesa y sus principios de libertad, ciudadanía y soberanía popular como un error histórico que debe corregirse. La expresión Ilustración Oscura encierra una paradoja reveladora. Invoca el lenguaje de la Ilustración para combatir precisamente los valores que esta consagró. La oscuridad representa la necesidad de apagar los derechos para consolidar el poder de unos pocos.

El destino de ese camino conduce a lo que la filósofa Wendy Brown denomina un pueblo sin atributos. Una sociedad despojada de ciudadanía, soberanía y capacidad de decisión. Un orden donde las elecciones pierden su sentido porque el poder efectivo deja de residir en la voluntad popular. Este escenario no pertenece únicamente a la ficción distópica. Tiene un laboratorio activo en Gaza, donde, según el análisis de Donatella Di Cesare, el tecnofascismo perfecciona tecnologías de vigilancia, control y gestión de poblaciones que después buscan expandirse hacia otras regiones, incluida América Latina. Es el regreso de un sistema en el que las personas dejan de ser sujetos políticos mientras una minoría administra los recursos colectivos para su propio enriquecimiento.

Comprender lo que puede ocurrir en Colombia y en la región exige mucho más que intuición. Requiere una lectura estructural de las transformaciones que están en curso. Suficiente literatura se ha publicado para explicar ese fenómeno:

• Tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis y Cédric Durand, muestra cómo el capitalismo evoluciona hacia un sistema de extracción de rentas digitales que convierte a los usuarios en siervos de una nueva gleba tecnológica.

• Armas de destrucción matemática, de Cathy O’Neil, revela el poder opaco de los algoritmos para reproducir y profundizar desigualdades.

• Manipulados, de Frenkel y Kang, expone la lógica implacable de las plataformas digitales.

•¿Por qué callan los corderos?, de Rainer Mausfeld, junto con La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli, describen el deterioro de la política democrática y el ascenso de nuevos centros de poder que están rediseñando el orden mundial.

Estos autores no relatan una conspiración imaginaria. Analizan tendencias verificables y documentan la hoja de ruta de un sistema que, bajo el prestigio de la innovación tecnológica y el poder financiero, busca debilitar los Estados democráticos para sustituirlos por un régimen de vigilancia, extracción de riqueza y dominación.

Desde esa perspectiva, varios procesos políticos recientes en América Latina pueden interpretarse como expresiones de un mismo patrón. Los acontecimientos electorales en Perú, Honduras, Chile y las pasadas elecciones en Colombia muestran campañas cada vez más condicionadas por el poder de las plataformas digitales, la manipulación algorítmica de la opinión pública, la polarización inducida y el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.

Colombia no constituye una excepción. Hace parte de un tablero geopolítico mucho más amplio donde las elecciones ya no representan únicamente una competencia entre proyectos nacionales. También son escenarios de una disputa global por el control de los Estados, los recursos estratégicos y los datos de millones de ciudadanos. Comprender esa dimensión resulta indispensable para interpretar el presente y defender la democracia antes de que el saqueo deje de necesitar ejércitos y termine ejecutándose, casi por completo, mediante algoritmos.

• Tecnofeudalismo (de Yanis Varoufakis y de Cédric Durand, dos títulos homónimos y complementarios)

• Armas de destrucción matemática: Big Data (Cathy O’Neil)

• Manipulados (Sheera Frenkel y Cecilia Kang)

• La invisible cárcel cibernética (Alfredo Jalife-Rahme)

• Curtis Yarvin & The Neoreactionary Canon, Made Simple (Hugo Thorton Rawley)

• Un pueblo sin atributos (Wendy Brown)

• El laboratorio palestino (Antony Lowenstein)

• Tecnofacismo (Donatella di Cesare)

• ¿Por qué callan los corderos? (Rainer Mausfeld)

• La hora de los depredadores (Giuliano da Empoli)

• La era de la crueldad (Fernando Pitaron y Marti Szulman) y

• Civilización o barbarie (Alan Barroso).

Enlace recomendado:

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El próximo 21 de junio, millones de colombianos acudirán a las urnas para decidir el rumbo del país. Entre ellos habrá ciudadanos que votarán impulsados por propuestas, principios y proyectos de futuro. Otros llegarán motivados principalmente por el rechazo hacia una persona, un movimiento político o una amenaza que perciben como inminente.

Votar únicamente en contra de alguien, o de etiquetas ideológicas convertidas en consignas de campaña, difícilmente constituye una decisión racional. Cuando la emoción sustituye al análisis y el rechazo reemplaza a los argumentos, el voto pierde parte de su capacidad transformadora y se convierte en una simple reacción. La democracia necesita ciudadanos que evalúen alternativas, no ciudadanos que respondan mecánicamente a sus temores o resentimientos.

Quienes votan en contra del proyecto de cambio movidos por una profunda animadversión hacia Gustavo Petro suelen pasar por alto una realidad elemental. La vida personal y política de un dirigente no se ve afectada por el resentimiento de sus opositores. En cambio, las decisiones electorales sí tienen consecuencias directas sobre la vida de quienes las toman y de las generaciones que vendrán. Cada voto influye en las oportunidades de empleo, el acceso a derechos, la distribución de la riqueza, la calidad de los servicios públicos y las condiciones de bienestar de millones de personas. Por eso, más que preguntarnos a quién queremos castigar, resulta necesario preguntarnos qué país queremos construir y qué decisiones contribuyen realmente al futuro que deseamos para Colombia.

Es comprensible que quienes han disfrutado históricamente de posiciones privilegiadas procuren preservar sus intereses. Esa conducta responde a una lógica de conservación del poder que ha estado presente en todas las sociedades. Lo que merece una reflexión más profunda es que amplios sectores populares terminen respaldando decisiones que pueden afectar sus propias posibilidades de progreso, aun cuando los beneficios obtenidos o esperados tengan un impacto directo sobre sus familias y comunidades.

Si el voto implica renunciar a avances que favorecen el acceso a la educación superior, la distribución de tierras, la protección de los ingresos laborales o la seguridad económica durante la vejez, la decisión merece un examen cuidadoso. Ningún ciudadano debería votar movido exclusivamente por la aversión hacia una persona, y menos en contra de sus propios intereses. La democracia exige comprender qué se gana, qué se pierde y quiénes resultan beneficiados con cada elección.

El odio es un mal consejero porque simplifica problemas complejos y reduce la política a una confrontación emocional. Cuando la rabia domina el juicio, las propuestas dejan de ser importantes, los programas pasan a un segundo plano y las consecuencias futuras se vuelven invisibles. En esas circunstancias, la capacidad de decidir libremente se debilita y el ciudadano corre el riesgo de actuar guiado por emociones que otros han sabido estimular con habilidad.

Existe una diferencia profunda entre el voto crítico y el voto de odio. El voto crítico surge de la reflexión, del análisis de resultados, de la comparación de propuestas y de la convicción de que existe una mejor alternativa. El voto de odio nace del rechazo visceral y convierte la política en un ejercicio de negación más que de construcción.

Por eso, antes de depositar el voto, vale la pena preguntarse si la decisión responde a una visión de país o simplemente a una emoción pasajera. En esa respuesta se juega mucho más que el destino de un gobernante. Se juega el futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades y de Colombia.

Vota por quien consideres mejor. Vota por tus convicciones. Vota por las propuestas que juzgues más convenientes para el país. Hazlo con información, con criterio y con plena conciencia de las consecuencias de tu decisión.

Vota con la razón y con la esperanza. La democracia no alcanza su grandeza cuando destruye adversarios. La alcanza cuando los ciudadanos son capaces de pensar en el bien común y de construir juntos el país que desean legar a las próximas generaciones.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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Nunca, al menos no tengo memoria, se había dado que un proyecto político en el país generara tanta simpatía e identidad con un pueblo y generara tanta creatividad para expresar esa identidad y acompañamiento en sus propósitos.

Desde las calles hasta las redes, desde los murales hasta las canciones, una energía colectiva ha desbordado los cauces tradicionales de la expresión política y ha encontrado formas propias, espontáneas y diversas de manifestarse.

No ha sido una movilización fabricada desde arriba, desde la dirigencia, ni una adhesión ciega, ha sido un encuentro genuino entre una propuesta y una esperanza largamente postergada.

La gente no solo ha interpretado, ha creado, ha defendido, ha celebrado y ha acompañado con su voto el proyecto del cambio. Ha hecho suyo un proyecto que, en muchos casos, va más allá de nombres y siglas, porque toca algo más profundo, la dignidad, el reconocimiento, la posibilidad de un país distinto. Y esa apropiación popular, esa explosión de arte, humor, símbolo y palabra alrededor de una causa política, es quizás el fenómeno más singular y más rico de todo lo que hemos vivido en estos años en Colombia.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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«… Son más las razones que nos pueden unir para construir un mejor país, que las que nos han separado por años en confrontaciones fratricidas absurdas, dolorosas e inhumanas, enfrentando a generaciones de colombianos por rivalidades partidistas o diferencias ideológicas…»

No es difícil imaginar una sola Colombia. Una Colombia unida en lugar de una separada, dividida. Dividida por ideologías, religiones, ideas políticas, diferencias partidistas o cualquier ficción. Al fin todos esos motivos son creencias aceptadas y compartidas por grupos de una totalidad que es única: Colombia.

Son muchas, y muchas más, las características que compartimos y que no podemos desconocer como colombianos, y especialmente, como seres humanos.

Como colombianos, compartimos la misma geografía, la misma historia, una misma lengua y una Constitución que declara en su artículo 13, que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.  Ella nos hace sujetos de los mismos derechos.

 Como seres humanos somos sujetos de las mismas necesidades. Todos comemos, dormimos, corremos, soñamos, trabajamos, nos alegramos… en fin, vivimos las mismas necesidades, desde las necesidades básicas de subsistencia hasta las de afecto y ocio.

Nos diferencia el grado de realización de las necesidades humanas, los niveles de satisfacción en sus logros. Diferencias en capacidades relacionadas con condiciones materiales de vida, con recursos y condiciones económicas, unas; otras, por precariedad de las capacidades o ausencia de oportunidades para desarrollarlas, que impiden el logro del bienestar o llevar una vida digna como ser humano.

Son más las razones que nos pueden unir para construir un mejor país, que las que nos han separado por años en confrontaciones fratricidas absurdas, dolorosas e inhumanas, enfrentando a generaciones de colombianos por rivalidades partidistas o diferencias ideológicas.

Para lograr los cambios que apremian, podemos sentarnos a dialogar y conjuntamente pensar en la integración en una nueva sociedad, un país próspero, y definir un camino a recorrer para alcanzar ese mundo mejor en beneficio de todos y todas.

En la construcción de ese nuevo país, podemos aún guiarnos por la Constitución del 91, un proyecto humanista y democrático de país que no hemos podido materializar en su verdadera dimensión como pacto político para poner fin a la violencia y la crisis institucional, como fue concebido para transformar la sociedad colombiana por cauces institucionales y generar un país más justo, equitativo, democrático y pacífico.

Y, esa puede ser nuestra carta de navegación para la transformación actual, porque en palabras del constitucionalista José Gregorio Hernández: buena parte de la preceptiva fundamental está por cumplir o desarrollar, y muchos de sus propósitos y principios han sido ignorados o tergiversados por reformas constitucionales y ramas y órganos del poder público.

Las diferencias que nos separan para hacer una sola Colombia, pueden alejarse de las brechas de indignidad que se han levantado históricamente, construyendo una Colombia unida, más justa y equitativa, materializando los propósitos de la Constitución; con un Estado que garantice los derechos fundamentales y ofrezca igualdad de oportunidades para que todos desarrollen “capacidades básicas” para actuar y vivir la vida de acuerdo con lo que estimen valioso.

Muchas serán las reformas requeridas en los sistemas de salud, judicial, seguridad social, educativo, político y económico.

Al sistema educativo y a los educadores, en particular, nos corresponde ayudar a formar a los nuevos ciudadanos en capacidades para la participación social y política, activa y comprometida con el bienestar común y el desarrollo humano.

Los educadores, más que «instructores» o «entrenadores», tenemos el compromiso ético con el cambio, como formadores de las nuevas generaciones de colombianos. Tenemos la responsabilidad de coadyuvar en la formación de seres humanos para la vida en una sociedad más justa y equitativa, con capacidades para actuar y decidir de manera autónoma; para participar de la vida en comunidad e interactuar armoniosamente con otros de manera positiva, formal e informalmente.

Tenemos responsabilidad en la formación de nuevos colombianos con la disposición para participar efectivamente como ciudadanos; no solo en procesos electorales, sino en todo lo que le afecte individualmente en su barrio, pueblo, ciudad, y decidir sobre los proyectos sociales y de país para un mejor bienestar colectivo.

Esas nuevas capacidades ciudadanas deberán estar sustentadas en los principios y valores declarados en la carta magna, declaradas como propósitos de formación en los currículos y contempladas como resultados de aprendizaje transversales, más allá de un abordaje puramente cognitivo en cursos del área de ciencias sociales; creando ambientes educativos y experiencias de aprendizaje con vivencias auténticas de los valores y actitudes de los comportamientos ideales de ese nuevo colombiano y colombiana que deseamos.

Acompáñeme en ese propósito:

Sus nietos y los hijos de sus nietos se lo agradecerán. Se sentirán orgullosos y dirán:

Nuestros abuelos nos dejaron el regalo más grande que una generación puede darle a otra: un mundo habitable, donde el aire es limpio, el agua es pura y la naturaleza no es una herida abierta sino un hogar vivo. Nos dejaron una sociedad en armonía, donde las diferencias no dividen sino enriquecen, donde el vecino no es un extraño sino un hermano, donde la paz no es un sueño sino una costumbre. Nos dejaron una vida digna, donde ningún niño se acuesta con hambre, donde ningún anciano muere en el abandono, donde ningún ser humano vale menos que otro. Ellos pudieron mirar hacia otro lado y no lo hicieron. Ellos pudieron conformarse y eligieron comprometerse. Por esa valentía, por esa generosidad, por ese amor silencioso y profundo hacia quienes aún no habían nacido, hoy les decimos: gracias. Su mayor herencia no fue lo que acumularon, sino lo que cuidaron y lo que construyeron juntos.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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(Balada rock latino)

Cómo duele un país en riesgo

amenazado por la inconciencia y la soberbia

por las inequidades, esa piel tan vieja

de la injusticia social que no remedia.

Cómo duele solo imaginar

que hay semejantes con los sueños rotos, perdidos,

mientras otros nacen en cunas de privilegios

ríos de fortuna inundan sus días de comodidades.

—

¡Cómo duele, cómo duele!

Un país que profundiza inequidades

que niega posibilidades con indiferencias.

Duele, duele…

como una herida que no cierra

y todos miran hacia otro lado en la guerra.

—

Y duele saber que a algunos les invade la indolencia

en momentos donde muchos necesitan una mano amiga.

Cuando la vida golpea —y golpea sin permiso—

algunos estiran los brazos y otros cierran el portón.

Cómo duele un país que se duerme

mientras sus hijos aprenden a morder el hambre

y los que mandan hablan de sacrificios,

como si el sacrificio fuera solo para los de abajo.

—

¡Cómo duele, cómo duele!

Un país que profundiza inequidades

que niega posibilidades con indiferencias.

Duele, duele…

como una madre que no encuentra a su hijo

como un viejo que soñó y le dijeron «mira, no te aflijas».

—

A veces pienso si este dolor tiene nombre

si se llama codicia, si se llama omisión

si se llama «yo no fui», «no es mi problema»

o simplemente el terrible lujo de no mirar.

Pero duele igual.

Duele más.

Porque sabemos que se puede

y aún así… no se hace.

—

¡Cómo duele, cómo duele!

Un país en riesgo, un país que sangra

donde la indolencia es la segunda bandera

y la esperanza es un lujo de los otros.

Duele…

cómo duele…

cómo duele un país que pudo ser casa

y se volvió trinchera.

—

Duele…

Un país en riesgo.

Duele.

La canción se puede escuchar en el siguiente enlace:

https://makebestmusic.com/es/s/yDlyGJTE?pid=invite&source=makebestmusic

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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El fútbol tiene en Colombia una virtud extraordinaria que trasciende ampliamente lo deportivo. La selección nacional constituye una de las expresiones más sólidas de identidad colectiva que ha producido nuestra historia reciente. En una sociedad marcada por profundas diferencias políticas, económicas, sociales y regionales, el equipo nacional se convierte en un símbolo compartido capaz de convocar a millones de personas alrededor de una misma emoción.

La memoria colectiva conserva momentos que ilustran ese poder de unión. El agónico gol de Freddy Rincón frente a Alemania en Italia 90, la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 y tantas otras jornadas inolvidables forman parte de un patrimonio emocional que pertenece a todos los colombianos. En esos instantes, la selección deja de ser un simple equipo de fútbol para convertirse en una representación viva de la nación.

Cuando juega Colombia, la bandera, el escudo y el himno recuperan un significado que pocas instituciones logran despertar. Durante noventa minutos, las diferencias ideológicas pierden protagonismo, las tensiones sociales se atenúan y las rivalidades regionales parecen diluirse bajo una misma camiseta. Personas de distintas edades, clases sociales y visiones políticas comparten la misma expectativa, celebran los mismos triunfos y sufren las mismas derrotas.

La selección funciona como un espacio de encuentro donde la nación se imagina a sí misma como una comunidad unida. Allí se reconstruyen temporalmente vínculos que la vida cotidiana suele fragmentar. Es uno de los pocos escenarios donde el sentimiento de pertenencia colectiva logra imponerse sobre las divisiones que habitualmente dominan el debate público.

Ese poder de cohesión social constituye una riqueza que merece ser protegida. La polarización política, que ha penetrado numerosos ámbitos de la vida nacional, amenaza hoy, también, este espacio de encuentro. Cada vez que figuras deportivas, dirigentes o actores políticos intentan vincular la selección con intereses partidistas, se abre una grieta en un símbolo que debería permanecer al servicio de todos los ciudadanos.

La historia demuestra que el deporte posee una enorme capacidad para movilizar emociones y construir legitimidades. Gobiernos de muy distintas orientaciones ideológicas han intentado apropiarse de los éxitos deportivos para fortalecer su imagen pública. No se trata de un fenómeno exclusivo de Colombia. El prestigio de una selección nacional puede convertirse fácilmente en un recurso político debido a que el fútbol llega a lugares emocionales donde los discursos tradicionales encuentran mayores dificultades para penetrar.

La selección no le pertenece a nadie en particular. Por esa razón, la responsabilidad de jugadores, entrenadores, dirigentes y líderes políticos es particularmente grande. La enorme visibilidad de la selección exige prudencia y sentido de responsabilidad pública. Cada gesto, cada mensaje y cada posicionamiento en el debate político tiene la capacidad de influir sobre millones de personas que reconocen en la camiseta nacional un símbolo de unidad.

La discusión no consiste en negar la libertad de expresión de los deportistas, ni de sus dirigentes, ni en exigir una neutralidad imposible. Se trata de comprender que la selección representa algo más amplio que las preferencias individuales de quienes circunstancialmente la integran. Su valor principal radica precisamente en su capacidad para reunir a ciudadanos que piensan distinto y que, sin embargo, encuentran en ella un motivo legítimo para sentirse parte de una misma comunidad.

Colombia necesita preservar aquellos espacios que todavía permiten reconocernos como miembros de un proyecto común. La selección nacional es uno de ellos. Cuidarla de la confrontación partidista no es una cuestión menor ni un simple asunto deportivo. Es una forma de proteger uno de los pocos escenarios donde el país logra encontrarse consigo mismo.

En tiempos de polarización creciente, la camiseta de la selección debe seguir siendo un símbolo de unidad y no una bandera de ningún partido, movimiento político o candidato. Su verdadero valor reside en recordarnos que, más allá de nuestras diferencias, todavía existen causas, emociones y esperanzas capaces de reunirnos bajo los mismos colores.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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«El momento actual exige algo más que un diagnóstico. La universidad enfrenta un escenario profundamente distinto al de hace treinta años. La transición hacia un orden multipolar, la emergencia climática, la inteligencia artificial, la bioeconomía, la nanotecnología y la biotecnología ya forman parte del presente. Las plataformas digitales, los programas intensivos de formación y las microcertificaciones responden a necesidades que la universidad ha tardado en reconocer. La discusión no consiste en competir por el mercado de credenciales. La pregunta consiste en definir cuál es el valor diferencial de la universidad en una época donde el acceso a la información y a múltiples formas de aprendizaje se ha expandido radicalmente». 

El espejo roto de la academia: identidad, rankings y el coraje para reimaginar la universidad pública.
Hay algo profundamente paradójico en una institución que ha dedicado siglos a estudiar, comprender y explicar el mundo, y que encuentra dificultades para examinarse a sí misma. La universidad colombiana atraviesa una crisis que no se resuelve con más presupuesto ni con el simple relevo de autoridades; se trata de una crisis de identidad que alcanza su propia esencia. Enfrentarla exige algo que escasea con frecuencia en los espacios académicos: coraje.

La situación actual supera la necesidad de un ajuste administrativo. La universidad se encuentra frente a un espejo roto que devuelve una imagen fragmentada de lo que es y de lo que podría llegar a ser. La imagen que emerge muestra una institución dotada con poderosos recursos —mentes brillantes, bibliotecas, laboratorios y acumulación de conocimiento— funcionando con un sistema de gestión heredado de modelos institucionales concebidos para otra época y dirigido por estructuras que dudan en asumir una orientación clara. Mientras el mundo cambia a una velocidad sin precedentes, la universidad colombiana perfecciona el arte de conservarse.

La crisis presenta varias dimensiones que se entrelazan y se alimentan mutuamente. Una de ellas es política. Durante demasiado tiempo, la politiquería —entendida como el entramado de cálculos electorales internos, pactos de micropoderes y beneficios particulares— ha ocupado espacios de deliberación y decisión que deberían responder a criterios académicos. Los cargos directivos terminan siendo definidos con frecuencia por alineamientos y acuerdos políticos antes que por mérito, visión institucional o capacidad transformadora.

El resultado es una estructura cercana a una anarquía organizada. El poder se fragmenta entre facultades, escuelas y comités que avanzan en direcciones distintas y hasta caprichosas. La ausencia de liderazgos claros deja espacio a intereses dispersos y convierte la gestión estratégica en un discurso que con frecuencia permanece archivado. Los periodos de relevo de autoridades académicas —desde rectorías hasta decanaturas— suelen convertirse en disputas por recursos y cuotas de influencia. Una institución pública concebida para pensar el futuro del país queda atrapada en lógicas de reparto y control. Esa realidad representa una deuda con la sociedad que la sostiene.

La dimensión académica tampoco escapa a esta situación. Una parte importante de la investigación universitaria parece haber derivado hacia una especie de microempresariado del conocimiento. Las dinámicas de publicaciones, ​rankings​​ y acumulación de puntos salariales han desplazado progresivamente el propósito social de la producción académica. El modelo humboldtiano, que entendía enseñanza e investigación como procesos inseparables, permanece muchas veces como una referencia retórica. Se producen artículos que fortalecen currículos profesorales y alimentan bases de datos internacionales, mientras numerosos problemas urgentes de los territorios continúan esperando respuestas. La distancia entre el volumen de producción científica y su capacidad efectiva para transformar realidades sociales parece ampliarse cada vez más.

La dimensión pedagógica resulta especialmente inquietante. Hace casi un siglo, José Ortega y Gasset advertía que la misión de la universidad consistía en situar al ser humano a la altura de su tiempo y evitar la formación de especialistas incapaces de comprender el mundo más allá de su campo de conocimiento. Esa advertencia conserva una sorprendente vigencia. Los currículos continúan mostrando rigidez, hiperespecialización y escasa conexión con las transformaciones contemporáneas. La docencia recae cada vez más sobre profesores contratados bajo esquemas laborales inestables que debilitan el vínculo pedagógico y fragmentan los procesos formativos. El resultado es la formación de profesionales técnicamente competentes, con escasa preparación humanista y poca sensibilidad frente a los desafíos sociales de su tiempo. De manera gradual, la universidad termina produciendo el mismo tipo de profesional que debería evitar.

Detrás de estas expresiones de crisis existe un problema más profundo. La universidad parece haber perdido su proyecto de sociedad. Cuando una institución sustituye su horizonte ético por una lógica permanente de mercado, el conocimiento se transforma en mercancía y el estudiante en consumidor. La universidad deja de actuar como faro intelectual y pasa a operar como una simple prestadora de servicios. Desde esa posición ya no piensa el rumbo del país, ya no cultiva ciudadanos críticos ni imagina futuros posibles. Su energía termina concentrada en sobrevivir.

La incorporación de lógicas neoliberales tampoco puede entenderse como una imposición completamente externa. Estas dinámicas fueron asimiladas de manera progresiva desde el interior de la institución mediante estructuras que encontraron en el lenguaje de la eficiencia, la competitividad y el mercado una justificación para eludir preguntas sobre el verdadero impacto social de la universidad. Los indicadores de gestión orientados a mejorar posiciones en ​​rankings​​ globales como ​QS World University Rankings​​​ y ​​Times Higher Education World University Rankings​​​ pasaron de ser instrumentos para evaluar procesos a convertirse en fines en sí mismos. Cuando los medios sustituyen los propósitos que les dieron origen, la institución comienza a extraviar su sentido y su horizonte.

El momento actual exige algo más que un diagnóstico. La universidad enfrenta un escenario profundamente distinto al de hace treinta años. La transición hacia un orden multipolar, la emergencia climática, la inteligencia artificial, la bioeconomía, la nanotecnología y la biotecnología ya forman parte del presente. Las plataformas digitales, los programas intensivos de formación y las microcertificaciones responden a necesidades que la universidad ha tardado en reconocer. La discusión no consiste en competir por el mercado de credenciales. La pregunta consiste en definir cuál es el valor diferencial de la universidad en una época donde el acceso a la información y a múltiples formas de aprendizaje se ha expandido radicalmente. La irrelevancia institucional puede convertirse en un riesgo precisamente cuando la sociedad necesita más conocimiento, más pensamiento crítico y mayor capacidad de orientación colectiva.

La transformación requerida supera cualquier cambio cosmético. Se necesita una renovación profunda capaz de cuestionar las formas tradicionales de concebir la academia: «reimaginar» la universidad. La universidad del futuro no puede limitarse a ser una institución encerrada en un campus físico. Debe constituirse como un cuerpo social de conocimiento, una comunidad de inteligencias que interactúe en entornos físicos y virtuales, produzca conocimiento pertinente, preserve cultura y extienda su presencia hacia los territorios y hacia redes globales de cooperación.

Esa transformación exige repensar también la pedagogía. La pregunta sobre para quién y para qué forma la universidad ya no admite la respuesta automática de preparar individuos para el mercado laboral. En una época donde la inteligencia artificial puede transferir información con una rapidez superior a la capacidad humana, la docencia basada exclusivamente en la transmisión de contenidos pierde sentido. La educación universitaria necesita desplazarse hacia una formación integral centrada en la vida, la convivencia y el pensamiento crítico. Se requiere educar para la empatía, la creatividad y la cooperación; se requiere formar ciudadanos capaces de imaginar y construir realidades distintas. Los currículos necesitan adquirir flexibilidad, dinamismo y capacidad de adaptación permanente. Las investigaciones deben surgir de necesidades y problemas concretos de las comunidades.

La gobernanza universitaria requiere liderazgos estratégicos acompañados de mecanismos reales de rendición de cuentas ante la sociedad que financia y legitima la institución. Avanzar hacia modelos dinámicos donde la gestión apoye una academia conectada con las necesidades sociales representa una condición para su permanencia histórica.

La Universidad de Antioquia, en su camino hacia el 2030, tiene la oportunidad de superar la administración de la inercia y asumir una transformación más profunda. Los desafíos que enfrenta redefinen su responsabilidad ética y social. Integrar la inteligencia artificial sin debilitar el pensamiento crítico, recuperar la gobernanza frente a la politiquería y devolver a la investigación su capacidad de intervenir sobre los problemas reales del país son asuntos que exigen decisiones de gran alcance.

No se necesita una reforma adicional ni un nuevo documento institucional destinado a los archivos. Se necesita honestidad para reconocer dónde estamos y audacia para imaginar dónde podríamos estar. Las transformaciones comienzan cuando alguien decide que ya es tiempo de iniciarlas. La pregunta es si la Universidad de Antioquia y la universidad colombiana tendrán el coraje de mirarse en ese espejo roto, reconocer con sinceridad aquello que observan y emprender una reinvención que les permita recuperar su sentido histórico. Sin voluntad ética no existe transformación posible. Sin responsabilidad colectiva tampoco existe futuro universitario.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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