En el concurso participaron más de 650 niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas Lola González, Pedro Claver, Eduardo Santos, La Independencia y Fe y Alegría, además de 150 estudiantes de primera infancia del Jardín Infantil Buen Comienzo Moravia. El proyecto es desarrollado por la Fundación Forjando Futuros, en articulación con la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

“Apoyar este proyecto es apostar por jóvenes que están construyendo ciudades más sostenibles, más justas y más preparadas para enfrentar el cambio climático”, expresó Montse Sánchez, integrante de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

El concurso invitó a los y las estudiantes a presentar propuestas creativas sobre el cuidado del medio ambiente y la influencia de las acciones cotidianas en el entorno, con mensajes para promover prácticas sostenibles en la escuela, el hogar y la comunidad.

Para seleccionar las iniciativas premiadas tuvimos en cuenta distintos criterios, como los enfoques de género y derechos humanos, la claridad de los mensajes, su capacidad para sensibilizar y motivar, la relación con la realidad de los centros educativos, los hogares y las comunidades, y la creatividad de las propuestas. También se valoró la incorporación de perspectivas relacionadas con la igualdad de género.

Como resultado, 25 propuestas de primaria y bachillerato fueron seleccionadas como ganadoras y recibieron material tecnológico. En primera infancia, los cinco grupos participantes fueron reconocidos colectivamente con elementos para fortalecer sus procesos de huertas.

“Desde Asamblea de Cooperación por la Paz apostamos firmemente por ciudades verdes inclusivas en las que la juventud se convierta en protagonista de su desarrollo a través de las instituciones públicas y el tejido asociativo”, manifestó Mercedes Morillo, delegada de ACPP Madrid.

De las aulas a la vida cotidiana

La experiencia ha permitido que los aprendizajes sobre el cuidado ambiental trasciendan las aulas y se reflejen en las prácticas cotidianas de los estudiantes. Así lo destaca Lisardo Castrillón Herrera, docente que acompañó el proceso y resalta tanto la creatividad de los participantes como los cambios en sus hábitos.

“Una de las cosas bonitas es que nosotros les enseñamos a los y las estudiantes a que tenían que decirlo en inglés”, cuenta el profesor. Como parte de la apuesta por el bilingüismo de su institución educativa, los estudiantes elaboraron carteleras, dibujos, exposiciones y videos para compartir sus mensajes ambientales.

El docente también destaca avances en el manejo de residuos dentro de la institución. “Ya los y las estudiantes tienen un poquito más de conciencia de cómo desechar las basuras”, señala. Además, la institución dispuso canecas para clasificar los residuos, una medida que permite llevar a la práctica los aprendizajes promovidos por EcoHuertas.

Para los y las estudiantes, el concurso fue una oportunidad de aprender mientras encontraban nuevas formas de comunicar sus ideas. Miguel Guisao Echeverri, de la Institución Educativa La Independencia, destaca el valor de la creatividad para involucrar a otros niños, niñas y jóvenes.

“El concurso me pareció muy bueno, ya que ayuda a los estudiantes a desarrollar la creatividad para contar historias y que este proyecto sea aún más divertido para los estudiantes. Con nuestras propuestas invitamos a cuidar el medio ambiente”, afirma.

Orianis Cardona, de la Institución Educativa Eduardo Santos, participó con dibujos. Para ella, estas actividades permiten que los aprendizajes ambientales lleguen a diferentes espacios de la vida cotidiana.

“Es importante para que los niños aprendan sobre medio ambiente, reciclen y cuiden las plantas. Además, aprendí a que las EcoHuertas pueden ayudar en casa, en la escuela y en todos los lugares”, expresa.

Educación ambiental para construir comunidades sostenibles

El concurso “Nuestra Influencia Sobre el Medio”, a través de actividades pedagógicas, busca que niños, niñas, jóvenes y docentes reconozcan su capacidad para generar cambios desde sus hogares, instituciones educativas y comunidades.

La iniciativa también conecta la formación ambiental con desafíos como el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia sociedades más sostenibles. Para Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, la participación de toda la comunidad educativa es fundamental para alcanzar ese propósito.

“Este proyecto nos muestra que la educación ambiental transforma vidas y que los niños, las niñas y toda la comunidad educativa deben participar. El medio ambiente, el cambio climático, la acción climática y las sociedades sostenibles son parte de nuestro trabajo”, afirma.

Con el reconocimiento a las propuestas ganadoras, EcoHuertas destaca el papel de la educación y la creatividad infantil y juvenil en la protección del medio ambiente. Los trabajos premiados muestran que los mensajes sobre reciclaje, cuidado de las plantas y consumo responsable pueden convertirse en herramientas para movilizar a las comunidades y promover cambios en la vida cotidiana.

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Desde la Fundación Forjando Futuros respaldamos la continuidad, autonomía y financiación de la JEP, justicia transicional que es producto del Acuerdo Final de Paz para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado.

La JEP no puede ser desfinanciada ni debilitada. Su funcionamiento no es opcional: hace parte de los compromisos asumidos por el Estado colombiano con la firma del Acuerdo Final de Paz y de las garantías constitucionales para las víctimas.

La propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la justicia ordinaria se suma a una desfinanciación acumulada de $84.663 millones. De concretarse, afectaría recursos fundamentales para la protección de víctimas y testigos, el funcionamiento de sus sedes y la tecnología necesaria para adelantar procesos judiciales.

Las consecuencias no son solamente presupuestales, también son consecuencias para las víctimas. El recorte pondría en riesgo los $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los $29.362 millones requeridos para mantener las sedes de la JEP en Bogotá. También comprometería recursos tecnológicos esenciales para la seguridad de la información y el desarrollo de los macrocasos.

La JEP ha producido resultados que la justicia penal ordinaria no logró durante décadas. Ha imputado a 28 generales de la República, ocho de ellos con reconocimiento de responsabilidad, por graves crímenes como ejecuciones extrajudiciales, el genocidio de la Unión Patriótica y ataques contra pueblos étnicos. Ninguno de estos funcionarios públicos había sido imputado por la justicia ordinaria en toda su historia.

Por eso, como organización en la que trabajamos por los derechos de las víctimas y la construcción de paz, hacemos un llamado a proteger la JEP, garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento y preservar su autonomía e independencia judicial.

Desfinanciar la JEP es poner en riesgo los derechos de las víctimas y debilitar una de las principales herramientas creadas por el Acuerdo de Paz para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, dijo la organización social por medio de su representante legal, Nora Isabel Saldarriaga Flórez.

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200 estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa La Paz, en Apartadó, culminaron su formación y recibieron la certificación en Cátedra de Paz, un proceso orientado a fortalecer sus capacidades para comprender la memoria, los derechos humanos, el territorio y la construcción de paz desde la vida cotidiana.

El cierre contó con la participación de delegados de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Educación Municipal, estudiantes y docentes de la I.E. La Paz, así como docentes de la I.E. San Juan Bosco.

“Estos espacios son importantes porque fortalecen valores como el respeto, la tolerancia, el diálogo, les permite aprender a resolver los conflictos de manera pacífica y a construir una sociedad más justa y reconciliada”, expresó Liliana Prada, profesional psicosocial de la Gobernación de Antioquia.

Uno de los principales resultados fue que los y las estudiantes llevaron sus aprendizajes más allá del aula y los transformaron en acciones concretas dentro de su institución: dos murales, un jardín vertical y una galería fotográfica, iniciativas con las que hicieron memoria y expresaron su compromiso como actores de paz desde temprana edad.

El proceso corresponde a la segunda fase de la Cátedra de Paz del proyecto “Construyendo paz territorial con enfoque de género en el Urabá antioqueño”, que busca contribuir a la construcción de paz y la defensa de derechos en la región. La formación abordó temas como memoria histórica, justicia y derechos humanos, género e igualdad, medio ambiente y territorio, participación juvenil, democracia, reconciliación y cultura de paz.

“La cooperación internacional demuestra que construir paz también significa invertir en las capacidades de las nuevas generaciones. Desde la Fundación Forjando Futuros seguiremos articulando esfuerzos con nuestros aliados para que en Urabá la educación, los derechos humanos y la participación sean herramientas concretas para transformar los territorios”, dijo Aleyda Gaitán Pedraza, socia de la Fundación Forjando Futuros.

Hablar de paz desde Urabá

Por la historia de conflicto armado que ha atravesado a Urabá, el cierre incluyó un conversatorio sobre los desafíos de construir y sostener la paz en el territorio. Participaron Carolina Hernández, investigadora del Instituto Kroc; Claudia Marcela Daza, profesional de la ARN; Mariana Moreno, profesional psicosocial de la Fundación Forjando Futuros, y Alan Zúñiga, docente de la I.E. La Paz.

El diálogo puso en el centro el papel de las nuevas generaciones y la pregunta sobre cómo niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden contribuir a la construcción de paz desde sus colegios, familias y comunidades.

“Es una experiencia que trasciende el aula de clase, trasciende la familia. Es una experiencia que invita a nuestros estudiantes, maestros y a toda la comunidad educativa a seguir construyendo ese proceso de paz que en Colombia necesitamos urgentemente”, manifestó Doris Eliana Arcila, rectora de la I.E. La Paz.

Esta jornada representó la culminación de un proceso que busca hacer de la escuela un espacio para aprender, dialogar, hacer memoria y ejercer ciudadanía. La iniciativa fue ejecutada por Fundación Forjando Futuros y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

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Treinta años después de haber sido desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en Urabá, recibieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de los noventa.

La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años y representa un nuevo avance en uno de los casos de despojo de tierras más emblemáticos de Colombia.

«Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de grupos paramilitares de la familia Castaño, de Carlos Castaño, Vicente Castaño y Sor Teresa, la hermana de ellos. A través de ellos fueron despojadas esas tierras. Hoy, por fin, después de 30 años, celebramos que les devuelvan la tierra a esas familias», manifestó Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros.

La Fundación representa a la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir de Tulapas. En 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar.

«Entraron los paramilitares y comenzaron a matar a los vecinos, entonces nos tuvimos que ir y ellos dieron 15 días para que la gente desocupara la zona», recuerda Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia.

Tres décadas después, la familia ya comenzó a regresar a su tierra. «Ya nos autorizaron que entráramos a la finca. Nosotros estamos trabajando, sembrando de todo un poquito», cuenta Fernando Cotúa Agamez, hijo de Julia, quien acompañó el proceso de restitución durante todos estos años.

La sentencia permitirá que las 12 familias recuperen formalmente sus predios, retornen a sus territorios y accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.

El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, es considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.

Aunque esta decisión representa un avance significativo para las familias beneficiadas, la Fundación Forjando Futuros insiste en que aún cientos de víctimas continúan esperando que el Estado les garantice su derecho a la restitución y al retorno digno a sus territorios.

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Tras más de dos décadas sin una decisión judicial de fondo, el Estado colombiano dio respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diciendo que en este caso “no se han agotado los recursos internos disponibles, ni se ha excedido plazo razonable para su resolución”. La afirmación contrasta con la realidad de las 21 familias víctimas, motivo por el cual la Fundación Forjando Futuros acude al sistema interamericano.

En la espera de justicia, cuatro víctimas han muerto: Edelmira Chiquillo Fuentes, Alberto Padilla Ruiz, Darío de Jesús Bolívar y Aquibaldo Palacios Agualimpia.

Este caso de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca (ASOTEC) refleja la demora en los procesos de restitución de tierras en Colombia. Desde 2003, cuando paramilitares forzaron la venta de los predios mediante amenazas, las víctimas han estado sometidas a tramitar sus casos así:

En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció el despojo oficialmente y tampoco restituyó. En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, sin ningún resultado hasta hoy. Desde 2021 la JEP reconoce estas 21 familias como víctimas, sin resultados tampoco. Y en 2025, la sentencia de Justicia y Paz, que condena al Bloque Bananero de los paramilitares, tampoco devolvió la tierra a estas familias.

“Llevamos 23 años de trámites, procedimientos, recursos, instancias, diferentes autoridades y nada. El Estado colombiano alega ante tribunales internacionales que eso aún es poco tiempo, que tiene más tiempo para hacer trámites. Esperemos que no muera más gente, esperando que la Unidad de Restitución de Tierras le devuelva sus predios”, manifestó Gerardo Vega Medina, abogado de Forjando Futuros.

Ante este panorama, la Fundación Forjando Futuros reitera que acudirá a todas las instancias internacionales para lograr una decisión de fondo que garantice la restitución o la reparación integral de las familias de La Teca.

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La Fundación Forjando Futuros informa sobre una situación que genera preocupación entre las víctimas del caso Puerto Pisisí: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias. Apenas un mes después, el 2 de febrero de 2026, asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que hoy enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad.

El hecho cobra especial relevancia en medio del proceso administrativo en curso contra Puerto Pisisí, en el que la ANI impuso una multa superior a $14.286 millones por incumplimientos contractuales. Actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción.

En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, en calidad de apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. “Esperamos que el proceso sancionatorio efectivamente se cumpla y ese dinero pase a manos de las personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto, en el municipio de Turbo”, manifestó el abogado de la Fundación, Gerardo Vega Medina.

Las víctimas representadas por la Fundación corresponden a las familias de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, quienes suscribieron en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria. En este acuerdo, la empresa se comprometió a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación, compromisos que, a la fecha, no han sido cumplidos.

Adicionalmente, empresarios de la sociedad Puerto Pisisí fueron denunciados penalmente por los delitos de estafa y abuso de confianza, precisamente por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con las víctimas.

La Fundación reitera su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.

(Foto de portada/institucional de Pisisí)

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Según la resolución expedida por la ANI, el incumplimiento se configuró tras múltiples requerimientos realizados al concesionario desde febrero de 2023 para que presentara las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y la firma del acta de inicio.

Sin embargo, el proyecto no ha podido comenzar y ni siquiera cuenta con acta de inicio, pese a que desde hace años se ha anunciado su puesta en marcha.

Además, la póliza de seriedad de la oferta, expedida por Seguros del Estado S.A., venció el 20 de abril de 2023, sin que el concesionario lograra renovarla ni presentar las garantías exigidas.

Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, la decisión confirma una cadena de incumplimientos que se han prolongado durante años.

“Hace más de ocho años están diciendo que el puerto pronto empieza y no ha iniciado. El Estado concedió este contrato por 30 años y ni siquiera existe acta de inicio. Ahora la ANI confirma el incumplimiento por no presentar las garantías contractuales”, señaló.

Vega también destacó que dentro del proceso sancionatorio fueron reconocidas como parte interesada seis familias víctimas del conflicto y reclamantes de tierras, representadas por la Fundación Forjando Futuros, quienes fueron despojadas de sus predios en la zona donde se proyecta el puerto.

“Las autoridades nacionales aceptaron a las víctimas como parte interesada en este proceso sancionatorio. Ellas tienen decisiones judiciales a su favor y un acuerdo con la empresa que aún no se ha cumplido”, explicó.

Las seis familias lograron fallos judiciales favorables y un acuerdo que incluye la entrega de 30 hectáreas de tierra, vivienda, un proyecto productivo y la creación de una empresa cooperativa, compromisos que aún siguen pendientes por parte de la compañía.

Precisamente por ese incumplimiento, las víctimas interpusieron una denuncia contra la sociedad portuaria por estafa agravada y abuso de confianza.

“Queremos que miren la situación de las víctimas. Nos sentimos engañados y vulnerados, porque ni siquiera aparecen ni muestran interés en responder por los acuerdos que ellos mismos firmaron”, expresó Yuranis Pacheco, una de las reclamantes de tierras.

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Hace cinco años, tanto las víctimas como  empresarios del proyecto portuario Pisisí, celebraron con bombos y platillos la firma de un acuerdo conciliatorio que ponía fin a  años de litigio de tierras en esa zona y la importancia del dialogo para  dirimir conflictos. Hoy la verdad sale  a flote. Los empresarios simple y llanamente le hicieron conejo a las víctimas y ahora deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. fue presentada contra el representante legal de la sociedad portuaria Teófilo Lemus, y el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, quienes reclaman el cumplimiento de un acuerdo de reparación firmado hace cinco años.

Las víctimas son campesinos acreditados del conflicto armado por hechos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo (Antioquia), relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduaro Cubides, y el secretario del Concejo Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.

Estos hechos han sido reconocidos por el Estado colombiano a través de la Unidad de Restitución de Tierras, Juzgado Primero de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los predios despojados, hoy destinados al proyecto Puerto Pisisí de Urabá, fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, pese a que actualmente figuran a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A. Mediante decisiones judiciales de restitución, se ordenó una compensación por equivalencia que, a la fecha, no ha sido cumplida en su totalidad.

Además, el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento en el que la empresa se comprometió a entregar tierra rural, vivienda, proyectos productivos, crear una empresa asociativa y pagar tres salarios mínimos mensuales por núcleo familiar, compromisos que no han sido ejecutados.

“Han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas. Por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia”, afirmó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

Por su parte, las víctimas aseguran haber agotado todas las vías de diálogo sin obtener respuesta. “Fuimos engañados para llegar a un acuerdo que nunca se cumplió. Exigimos que se respete la memoria de quienes ya no están y los derechos de quienes seguimos esperando reparación”, señaló Vanderley Quintero, representante de las víctimas.

Desde la Fundación Forjando Futuros reiteraron su disposición al diálogo y su respaldo al desarrollo del proyecto portuario, siempre que se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas.

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En la casa de Maricela, cada movimiento cuenta. Allí viven cuatro personas: su esposo, Tomás Ibargüen; su hija Valeria; y Carlos Andrés, su hijo, quien tiene una discapacidad cognitiva asociada al trastorno del espectro autista, dificultades en el desarrollo del lenguaje y episodios de epilepsia. La vida cotidiana en este hogar ha estado marcada por el cuidado permanente y por la necesidad de adaptar cada espacio a las condiciones de Carlos Andrés.

Durante años, el baño fue uno de los mayores retos. Era pequeño, con una baldosa deslizante y sin las condiciones necesarias para atender a un adulto con movilidad constante y dificultad para permanecer quieto. Bañarlo allí resultaba casi imposible. La alternativa fue el patio, un espacio que se usaba para todo: el aseo, el lavado y las tareas del día a día, en medio del agua acumulada y el desorden propio de un lugar que no estaba pensado para cumplir tantas funciones.

“El baño era muy reducido, no cabíamos”, recuerda Maricela. La situación no solo dificultaba el cuidado de su hijo, sino que representaba un riesgo para ambos. En una ocasión, Carlos Andrés se cayó por el tipo de baldosa que se tenía, lo que confirmó que ese espacio no era seguro para él. Desde entonces, bañarlo dentro de la casa dejó de ser una opción.

La llegada del proyecto Mejoramientos sin barreras transformó por completo esa realidad. El baño fue ampliado y adecuado para responder a las necesidades de la familia. Se instaló una baldosa antideslizante, se eliminó cualquier desnivel y se incorporó una teleducha, una herramienta que hoy resulta clave para el cuidado de Carlos Andrés. “Él se mueve mucho, hay que seguirlo para bañarlo, y la teleducha nos permite dirigir el agua hasta donde él esté”, explica Maricela.

El nuevo espacio es amplio, accesible y sin obstáculos. Carlos Andrés puede desplazarse con mayor facilidad y seguridad, y la familia puede acompañarlo sin limitaciones. El baño dejó de ser un lugar restrictivo para convertirse en un entorno funcional, pensado desde la accesibilidad real. “No hay barreras, como lo dice el programa”, señala Maricela, convencida de que el diseño marcó la diferencia.

El impacto del mejoramiento no se quedó solo en el baño. El patio fue organizado y nivelado, y se adecuó un lavadero con las conexiones necesarias, lo que alivió significativamente las tareas domésticas. Antes, lavar ropa implicaba cargar baldes y un esfuerzo físico constante. Hoy, el proceso es más sencillo y menos agotador. “Todo se hace más fácil, ahora todos queremos lavar”, dice entre risas.

La intervención también permitió reorganizar los espacios internos de la vivienda. La sala quedó más amplia y funcional, facilitando el desplazamiento de Carlos Andrés dentro de la casa. Incluso, ahora puede ir solo al baño, abrir la puerta y usarlo con mayor autonomía, mientras su madre permanece atenta desde otros espacios del hogar, algo que antes era impensable.

Estos mejoramientos se realizaron en el marco del proyecto Mejoramientos sin barreras, financiado por el Ayuntamiento de San Fernando y ejecutado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz.

Para Maricela y su familia, la transformación fue profunda. “Ha cambiado nuestras vidas”, afirma sin dudar. El nuevo baño no solo facilita el cuidado de Carlos Andrés, sino que le dio otra cara a la casa. Hoy, quienes la visitan se sorprenden con el cambio y reconocen el impacto del mejoramiento en la vida diaria de la familia.

Maricela sueña con seguir adecuando su hogar, con organizarlo poco a poco y continuar mejorándolo. Pero reconoce que este paso fue fundamental. “Ese baño ha sido una bendición”, dice. Y no se refiere solo a lo estético, sino a lo que representa: menos riesgos, más autonomía y un hogar que, por fin, se adapta a quienes lo habitan.

Porque cuando la vivienda se piensa desde la accesibilidad, no solo se mejora una infraestructura. Se fortalece el cuidado, se dignifica la vida cotidiana y se abre espacio para que las familias puedan vivir con mayor tranquilidad.

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Nila Rosa Pérez Suárez vive en el barrio Obrero junto a su nieta. Es una mujer adulta mayor que, como muchas personas de su comunidad, enfrenta condiciones de salud que requieren mayor cuidado y espacios adecuados dentro de la vivienda. Durante años, su casa no contaba con un baño ni con un lavadero en condiciones, una situación que hacía más complejas las actividades diarias y aumentaba el esfuerzo físico que debía realizar.

Nila Rosa convive con diversas afecciones de salud, entre ellas problemas de tiroides, diabetes y dolores constantes en los huesos y la columna. Estas condiciones limitan su movilidad y hacen que tareas básicas, como usar el baño o asearse, demanden un esfuerzo mayor. A esto se sumaba el estado del patio, que era hondo y se inundaba con facilidad, provocando acumulaciones de agua que llegaban hasta la base donde se ubicaba una estructura improvisada para el sanitario, deteriorada y poco funcional.

La situación representaba una dificultad permanente. La antigua taza estaba dañada y la obligaba a agacharse y levantarse con dificultad, algo especialmente complejo para una persona con dificultades en su sistema óseo y de movilidad. Cada uso implicaba un esfuerzo físico adicional que impactaba directamente su bienestar.

La llegada del proyecto Mejoramientos sin barreras marcó un punto de inflexión en su vivienda. En su casa se construyó un baño adecuado, se niveló el patio y se instaló un lavadero que hoy facilita las labores diarias. También se incorporó una banca para poder sentarse durante el baño y una agarradera de apoyo, elementos fundamentales para reducir el esfuerzo y mejorar la seguridad en el uso del espacio.

Desde la intervención, el entorno cambió de manera significativa. El patio dejó de inundarse, el baño es funcional y la nueva taza permite un uso más cómodo. “Ahora me asiento y me baño sin tanto esfuerzo”, cuenta Nila Rosa, destacando la utilidad de las adecuaciones realizadas.

Estos mejoramientos de vivienda hacen parte del proyecto Mejoramientos sin barreras, financiado por el Ayuntamiento de San Fernando y ejecutado por la Fundación Forjando Futuros, con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz.

Para Nila Rosa, el mejoramiento llegó en un momento importante de su vida. Lo describe como una ayuda que le permitió continuar su rutina con mayor tranquilidad dentro de su hogar. Valora especialmente la banca y los elementos de apoyo, que hoy le facilitan el aseo diario y reducen el impacto del dolor físico.

A pesar de las dificultades de salud, Nila Rosa mantiene un deseo claro: seguir mejorando su casa. Quiere adecuarla, cuidarla y permanecer allí con dignidad. El baño y el lavadero que hoy tiene representan un avance concreto en ese camino y una mejora tangible en su calidad de vida, resultado de un trabajo conjunto que pone la vivienda al servicio del cuidado y del bienestar cotidiano.

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