De la ANI a gerenciar a Pisisí
Jorge Alberto Acevedo Talero trabajó en la ANI hasta diciembre de 2025. En febrero de 2026 asumió como gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A.
Una grave denuncia hizo la Fundación Forjando Futuros sobre los incumplimientos de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A. con las víctimas del conflicto armado, sumado a que un funcionario del Estado que trabajaba para la ANI, terminó gerenciando dicho puerto en loque se conoce popularmente como la “puerta giratoria”.
La Fundación Forjando Futuros informa sobre una situación que genera preocupación entre las víctimas del caso Puerto Pisisí: el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias. Apenas un mes después, el 2 de febrero de 2026, asumió la gerencia de la misma sociedad portuaria que hoy enfrenta un proceso sancionatorio ante esa entidad.
El hecho cobra especial relevancia en medio del proceso administrativo en curso contra Puerto Pisisí, en el que la ANI impuso una multa superior a $14.286 millones por incumplimientos contractuales. Actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción.
En este contexto, la Fundación Forjando Futuros, en calidad de apoderada de las víctimas, radicó una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. “Esperamos que el proceso sancionatorio efectivamente se cumpla y ese dinero pase a manos de las personas que fueron afectadas, víctimas del conflicto, en el municipio de Turbo”, manifestó el abogado de la Fundación, Gerardo Vega Medina.
de Pisisí ante el Concejo de Turbo.
Las víctimas representadas por la Fundación corresponden a las familias de Hoober Quintero, Candelario Pérez de la Rosa y Luis Eduardo Cubides, quienes suscribieron en 2021 un Memorando de Entendimiento con la sociedad portuaria. En este acuerdo, la empresa se comprometió a entregar tierras, vivienda y proyectos productivos como medidas de compensación, compromisos que, a la fecha, no han sido cumplidos.
Adicionalmente, empresarios de la sociedad Puerto Pisisí fueron denunciados penalmente por los delitos de estafa y abuso de confianza, precisamente por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con las víctimas.
La Fundación reitera su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.
(Foto de portada/institucional de Pisisí)
