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En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, entre otros, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informa que tras la emergencia sísmica del pasado 10 de agosto, los operadores de red (OR) han avanzado oportunamente en el restablecimiento del servicio de energía en los departamentos más afectados y la activación de sus planes de gestión de riesgos.

En el caso del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo se reportan daños estructurales y de conducción en bocatomas, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento en municipios de Caldas, Risaralda y Chocó. También hay retrasos en rutas de recolección y restricciones en sitios de disposición final.

Restablecimiento del servicio de energía eléctrica

Con información preliminar con corte al 13 de agosto de 2026 y de acuerdo con la información reportada por los operadores de red (OR) y por el operador del mercado (XM), las principales afectaciones se concentran en redes de distribución local (SDL) y en algunos activos del Sistema de Transmisión Regional (STR) de los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Nariño.

Previo al evento, el Sistema Interconectado Nacional registraba una demanda cercana a 9.400 megavatios (MW). Como consecuencia del sismo se presentó una reducción temporal de la demanda cercana al 18 % (aproximadamente 1.700 MW), que se ha venido recuperando de manera sostenida.

Evolución de usuarios sin servicio por operador de red

Información preliminar de la evolución de los usuarios sin servicio entre el 10 y el 13 de agosto de 2026:

Cifras preliminares con base en los reportes de los OR y de XM/CND; sujetas a actualización. El total inicial es un valor mínimo estimado (no incluye la cuantificación puntual de EEP–Pereira, cuya afectación inicial fue del 100%).

Al corte del 13 de agosto permanecían aproximadamente 75.000 usuarios sin servicio en el Sistema Interconectado Nacional, frente a más de 1,5 millones afectados al inicio del evento. Esto equivale al restablecimiento del servicio a más de 1,45 millones de usuarios, lo que representa una recuperación superior al 95 % de la afectación inicial.

El caso de mayor atención es el Chocó (OR DISPAC), cuyo sistema opera de manera radial por la indisponibilidad de la línea Cértegui 115 kV, lo que reduce su capacidad de respuesta ante nuevas contingencias.

Zonas No Interconectadas (ZNI) – Chocó

En las Zonas No Interconectadas se registran afectaciones a plantas de generación que mantienen sin servicio a tres localidades del departamento del Chocó, sobre las cuales la SSPD realiza seguimiento prioritario:

Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

Como consecuencia del movimiento sísmico, 11 prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo ubicados en Valle del Cauca (Alcalá, Cali y Yotoco), Caldas (Pácora y Viterbo), Chocó (El Carmen de Atrato y Tadó) y Risaralda (Guática, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas) han reportado afectaciones operativas y de infraestructura:

Acueducto y Alcantarillado: daños estructurales y de conducción en bocatomas, desarenadores, plantas de tratamiento (PTAP) y tanques de almacenamiento en municipios como Pacora, Guática, El Carmen de Atrato, Santa Rosa de Cabal y Alcalá.

Servicio de Aseo: retrasos en rutas de recolección y restricciones en sitios de disposición final por el bloqueo de vías con escombros y deslizamientos en Cali, Tadó, Yotoco y Dosquebradas.

De igual manera, en la ciudad de Cali se reportó el colapso estructural de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de la Asociación de Recicladores de la Comuna 20, hecho en el que lamentablemente se registró una víctima fatal.

Desde el inicio de la emergencia, los operadores han garantizado la atención continúa participando activamente en los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y adaptando la reubicación de sedes operativas en los casos necesarios.

Frente a esta situación, y reafirmando el compromiso de proteger a los usuarios mediante el restablecimiento —a la mayor brevedad posible— de la continuidad, seguridad y calidad de los servicios públicos, la Superservicios estructuró un plan de seguimiento a los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC).

Asimismo, se instalaron mesas de trabajo permanentes para el reporte e Inspección, Vigilancia y Control (IVC), apoyadas en una matriz donde los prestadores registran los avances y la superación de la emergencia.

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Se trata de un análisis del estado de ejecución de los proyectos de expansión, de las restricciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN) reportadas por XM, y de los posibles efectos económicos y operativos derivados del atraso de la infraestructura de transmisión, con corte a mayo de 2026.

La principal conclusión del informe establece que el incumplimiento de las fechas de puesta en operación (FPO) de los proyectos del STN y del STR se encuentra asociado principalmente a aspectos logísticos y técnicos de la ejecución de las obras, demoras en los trámites de licenciamiento ambiental y dificultades en la gestión predial y de servidumbres.

Sin embargo, la oportunidad en la ejecución de estos proyectos constituye un elemento determinante para la incorporación de nueva generación y el avance de la transición energética, dado que la disponibilidad de la infraestructura de transmisión condiciona la conexión de estas iniciativas al Sistema Interconectado Nacional.

A mayo de 2026, el informe encuentra que el 48,5 % de las restricciones identificadas (189 de 390) no presenta un proyecto de expansión asociado, y que el 94,9 % no cuenta con una obra en ejecución conforme al cronograma, lo que evidencia restricciones cuya atención aún no ha sido incorporada mediante obras de expansión del sistema.

Puntos clave del análisis técnico:

El costo de las restricciones del SIN —que los usuarios pagan a través de la tarifa— acumuló $58,9 billones entre 2008 y 2025. De ese total, $24,9 billones, equivalentes al 42,2 %, se concentraron en los últimos cuatro años del período, en línea con el aumento de los proyectos de expansión vencidos, que pasaron de cero en 2008 a 30 en 2025.

 El costo total llegó a un máximo de 8,34 billones de pesos en 2024 —7,2 veces el valor registrado en 2008— y, aunque descendió a 5,36 billones en 2025 por la normalización hidrológica, se mantuvo en un nivel 4,7 veces superior al de hace 18 años.

 El área operativa Caribe concentra el 39,0 % de las restricciones identificadas, de las cuales setenta y tres (73) no cuentan con proyecto asociado, lo que implica una exposición diferencial de los usuarios de esa región.

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ISA Energía hace un llamado a las comunidades, en especial las que están cerca de las líneas de transmisión de energía eléctrica y subestaciones, para prevenir las quemas e incendios que ponen en riesgo la vida, el ambiente y la infraestructura que transporta la energía eléctrica del país.
Aunque las temporadas secas y fenómenos como El Niño aumentan la probabilidad de incendios, posibles riesgos que pueden producirlos tienen su origen en actividades humanas como la preparación de terrenos para cultivos, quema de residuos o la renovación de pastos mediante fuego.
Sin embargo, éstas y otras prácticas asociadas a las quemas generan graves impactos sobre el suelo, el aire y la biodiversidad. Además, cuando ocurren cerca de líneas de transmisión o subestaciones, las altas temperaturas, el humo y las partículas pueden ocasionar fallas eléctricas, interrupciones del servicio y riesgos para las comunidades y los equipos de atención de emergencias.
Frente a esta situación, ISA Energía promueve la campaña “Vecinos con buena energía”, una iniciativa que invita a las personas a convivir responsablemente con el territorio, proteger la vida, cuidar el ambiente y prevenir acciones que puedan afectar la prestación del servicio de energía eléctrica.
La compañía también invita al uso de alternativas más sostenibles al uso del fuego, como el compostaje, el control mecánico de vegetación, los sistemas silvopastoriles y otras prácticas que permiten desarrollar actividades productivas sin poner en riesgo los ecosistemas ni la confiabilidad del servicio de energía.

En caso de presentarse un incendio, ISA Energía recomienda mantener una distancia segura, reportar a la línea local de emergencias y a la línea de atención de la compañía (01 8000 942001), alejar a personas y animales de la zona de riesgo y evitar intentar controlar el fuego sin el apoyo de los organismos especializados.
Porque ser un “Vecino con buena energía” es proteger la vida, cuidar el ambiente y contribuir a la seguridad energética del país.

Las quemas pueden afectar nuestra salud, la biodiversidad y la infraestructura eléctrica que hace posible prestación del servicio de energía.

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A través del Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno del Cambio expidió dos nuevas resoluciones que modernizan la normatividad para la interconexión eléctrica con los dos países vecinos, y fortalece la cooperación energética en la región.

En el caso de Venezuela, la resolución fija reglas claras para la conexión, rehabilitación y operación de interconexiones eléctricas, promoviendo un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente bajo estrictos criterios de seguridad, confiabilidad y transparencia.

La norma, sin embargo, establece que no se podrá afectar el abastecimiento de la demanda nacional, y faculta al Centro Nacional de Despacho para limitar o suspender intercambios cuando las condiciones del sistema lo requieran.

“Estos son tiempos de integración, no son tiempos del egoísmo ni de aislarnos, sino de de cooperación entre países. Hace 10 años Colombia y Venezuela estaban interconectados y se les llevaba energía barata a Puerto Carreño, en el Vichada, y el Gobierno de (Iván) Duque decidió romper relaciones cerrar la frontera: eso generó pobreza, ilegalidad y hambre. ¿Quién abrió la frontera? el presidente Gustavo Petro», señaló el jefe de la cartera energética, Edwin Palma Egea.

Para la interconexión eléctrica con Ecuador, en el marco de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, la resolución fortalece las transacciones internacionales de electricidad mediante reglas comerciales transparentes que preservan el despacho económico de los sistemas y garantizan la libre competencia entre los participantes.

“La integración energética regional no significa poner en riesgo el suministro de los colombianos. Todo lo contrario: estas resoluciones garantizan que primero está el abastecimiento nacional y, sobre esa base, Colombia pueda aportar a la seguridad energética de nuestros países vecinos mediante reglas claras, transparencia y confiabilidad.», insistió el funcionario.

Con estas decisiones, Colombia fortalece su papel como proveedor confiable de energía para la región, impulsa la integración energética andina y crea condiciones para un mercado eléctrico más eficiente, competitivo y resiliente, manteniendo como prioridad la seguridad energética de los colombianos.

“Estamos construyendo una política energética con visión latinoamericana. Aprovechamos la infraestructura existente, fortalecemos la cooperación con Ecuador y los países fronterizos y consolidamos a Colombia como un actor estratégico de la transición energética regional, siempre defendiendo nuestra soberanía y la seguridad del Sistema Interconectado Nacional», puntualizó el ministro Palma Egea.

El anuncio de la expedición de estas dos resoluciones las hizo el jefe de la cartera energética durante la entrega de la Granja Solar en el municipio de El Agrado, Huila.

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El Gobierno nacional anunció el éxito de la más reciente subasta de expansión energética realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un proceso que permitirá incorporar cerca de 15 nuevos proyectos de generación eléctrica para los años 2029 y 2030, con inversiones estimadas por más de $16 billones.

La subasta logró una asignación superior en cerca de 8 % a la demanda media proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y enviando una señal de confianza para inversionistas nacionales e internacionales interesados en el sector energético colombiano.

Entre los proyectos adjudicados se encuentran iniciativas de energías limpias, especialmente solares y eólicas, que contribuirán al cumplimiento de las metas de transición energética impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y a la incorporación de nuevas fuentes renovables al sistema eléctrico nacional.

“El resultado de esta subasta demuestra que la transición energética en Colombia sí es posible y que las nuevas reglas del mercado funcionan. Muchos decían que esta subasta iba a fracasar, pero hoy podemos decirle al país que fue un éxito total, con nuevos proyectos, más competencia y cerca de $16 billones en inversión”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El funcionario destacó que el Gobierno nacional ha venido impulsando transformaciones regulatorias orientadas a proteger a los usuarios, promover tecnologías más limpias y garantizar tarifas más justas para los hogares colombianos.

“Por decisión del presidente Gustavo Petro establecimos reglas para diferenciar precios por tecnologías y evitar que las energías limpias y más baratas sigan pagándose al precio de las más costosas e ineficientes. Aun con esos cambios, el mercado respondió positivamente y hoy llegan nuevas plantas y nueva energía para Colombia”, señaló el ministro Edwin Palma.

El jefe de la cartera energética recordó además que entre 2011 y 2019 no se realizaron subastas de expansión energética en el país, situación que, según explicó, contribuyó a las brechas actuales entre oferta y demanda de energía.

En contraste, indicó que el Gobierno nacional ya ha desarrollado dos subastas de expansión y tres subastas de reconfiguración, y prepara una nueva subasta de energías renovables prevista para julio, como parte de la estrategia para fortalecer la soberanía energética, garantizar el abastecimiento futuro y acelerar la incorporación de tecnologías limpias al sistema eléctrico nacional.

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Medellín- abril 2026/EPM continúa consolidando su compromiso con el fortalecimiento del sistema eléctrico de Antioquia, con la culminación de obras de modernización y ampliación en tres subestaciones estratégicas: Doradal, Necoclí y Dabeiba.

Los trabajos realizados en estas subestaciones fortalecen la infraestructura eléctrica en distintas subregiones de Antioquia y benefician de manera directa a más de 27.000 usuarios en Puerto Triunfo (corregimiento Doradal), Necoclí y Dabeiba. Esto contribuye a mejorar la atención a hogares, comercios, servicios y actividades productivas.

Inversión que se traduce en mejor servicio

En la subestación Doradal, ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, EPM concluyó un proyecto que permitió renovar los equipos necesarios para recibir, controlar y distribuir la energía hacia hogares y comercios de la zona.

Esta modernización, que contó con una inversión aproximada de 12.500 millones de pesos, beneficia a 4.719 usuarios y se refleja en un servicio más estable, con menor riesgo de fallas e interrupciones.

En la subestación Necoclí, en el norte de Urabá, EPM adelantó obras para aumentar la capacidad del sistema eléctrico y prepararlo para el crecimiento del municipio y la región.

Estos trabajos incluyeron la instalación de un nuevo transformador, la ampliación de la capacidad para manejar mayor demanda de energía y la construcción de un edificio desde donde se supervisa y controla la operación de la subestación.

Con una inversión cercana a 8.500 millones de pesos, las mejoras benefician actualmente a 14.879 usuarios, lo que facilita la conexión de nuevos clientes y mejora la continuidad del servicio.

Por su parte, en la subestación Dabeiba, ubicada en el casco urbano de la localidad, EPM llevó a cabo obras para optimizar la distribución de la energía, mediante la modernización de los sistemas que permiten controlar, proteger y operar la subestación.

Gracias a una solución técnica que optimiza el uso del espacio disponible, esta intervención fue posible con una inversión aproximada de 2.300 millones de pesos y beneficia a 8.281 usuarios, quienes hoy cuentan con una infraestructura eléctrica más segura, flexible y estable.

Compromiso con el futuro energético

La culminación de estas obras refuerza la capacidad del sistema eléctrico para responder a la demanda actual y futura, reducir la frecuencia y duración de las interrupciones, mejorar los tiempos de respuesta ante contingencias y brindar mayor seguridad a las personas y a las instalaciones.

Con proyectos como estos, EPM reafirma su compromiso con un sistema eléctrico más robusto, confiable y eficiente, que respalde la competitividad, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Antioquia.

Cada subestación modernizada representa una inversión que impulsa el progreso, genera oportunidades y fortalece la confianza de las comunidades, ratificando a la energía como un pilar fundamental del desarrollo de Antioquia.

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Impacto sanitario

Los resultados del informe “Estimación de los beneficios para la salud y económicos de los escenarios de mitigación, según la NDC colombiana” indican que el descenso en el uso de energías fósiles impacta directamente en la mortalidad nacional. Los puntos clave del análisis, realizado con apoyo de la OMS y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, señalan:

• Mortalidad: La disminución de estas defunciones «representa cerca del 20 % de las muertes vinculadas a la contaminación atmosférica en el país». 

• Economía: Un escenario de mitigación intensiva representaría beneficios económicos del 0,64 % del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la reducción en la carga de enfermedad y la menor presión sobre el sistema de salud.

• Vulnerabilidad: Las decisiones energéticas inciden prioritariamente en la salud de menores de edad, adultos mayores y comunidades vulnerables.

El encuentro, coorganizado por Colombia y Países Bajos, presentará estas evidencias el 27 de abril durante los diálogos con gobiernos subnacionales y el sector privado. Para el 28 de abril, la jornada de alto nivel en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar contará con una plenaria de 50 países y una sesión liderada por el presidente Gustavo Petro, enfocada en lograr consensos para la reducción progresiva de estos combustibles.

La cumbre finalizará el 29 de abril con el anuncio de los resultados generales y la designación de la sede para la segunda edición del evento en 2027. Con esta agenda, el país busca posicionar la protección de la vida como el argumento central en la transformación de la matriz energética global.

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De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, cerca del 25% de las plantas de generación eléctrica se han acogido a esta nueva fórmula tarifaria, entre ellas entidades públicas como EPM, Gensa, Urrá y Gecelca, además de proyectos solares y otras tecnologías.

Este mecanismo busca corregir distorsiones históricas de más de 30 años en el mercado eléctrico, permitiendo que la energía generada con agua deje de estar indexada a los precios del gas importado o de combustibles líquidos, uno de los principales factores que ha encarecido las tarifas, especialmente en los periodos de sequía.

Según la cartera energética, esta decisión empieza a corregir un diseño de mercado que implantó esa regla desde el 20 de julio de 1995, y que ahora permite aliviar el bolsillo de millones de familias colombianas que ahora pagarán menos por el servicio eléctrico.

El Gobierno reconoce el compromiso de las empresas públicas y privadas que se acogieron a la medida, y señala que este avance permite construir un sistema energético más equitativo al servicio de la ciudadanía.

“Colombia hoy enfrenta las consecuencias de decisiones equivocadas del pasado: si Isagen siguiera siendo pública y no hubiera sido privatizada por el exministro Mauricio Cárdenas, hoy podríamos estar superando el 35% del sistema bajo este esquema y ampliando aún más el beneficio para los usuarios, dijo el ministro Edwin Palma.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que el Gobierno nacional continuará adoptando medidas regulatorias y de política pública orientadas a garantizar tarifas justas, soberanía energética y una transición hacia fuentes limpias.

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“La energía exportada por Colombia se ofrecía a precios competitivos, aprovechando la complementariedad entre los sistemas eléctricos y la capacidad del país de suministrar excedentes provenientes de una matriz diversificada, con alta participación de fuentes hídricas y renovables», explicó dicha cartera en un comunicado de prensa.

Indicó que, con la interrupción de estas transacciones, el sistema ecuatoriano ha debido recurrir principalmente a generación térmica, lo que incrementa los costos de producción.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que Colombia ha actuado con responsabilidad técnica y transparencia, priorizando la seguridad energética interna, sin cerrar la puerta a la integración regional bajo reglas claras y decisiones coordinadas.

“La suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los dos millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas», recalcó la viceministra de Energía, Karen Schutt.

La funcionaria enfatizó que la interconexión eléctrica constituye un mecanismo clave de eficiencia económica y confiabilidad para la región.

“La integración energética permite reducir costos y fortalecer la seguridad de los sistemas. Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos», sostuvo.

El Gobierno de Colombia insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, levantar restricciones que hoy afectan a ambas naciones y avanzar en soluciones concertadas.

El Ministerio puntualizó que medidas como el incremento de hasta el 900% en las condiciones del crudo hacia Ecuador y la suspensión de intercambios energéticos no fortalecen la integración regional ni benefician a los pueblos.

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